Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130530
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.530, "B., M. Á. s/ Recurso de queja en causa n° 78.844 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de marzo de 2018, desestimó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley interpuesta contra la decisión de ese mismo órgano que rechazó el recurso de casación deducido frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que condenó a M. Á. B. a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por el vínculo y por la convivencia (en concurso real), en concurso ideal con promoción de corrupción de menores agravada con acceso carnal (v. fs. 110/113 vta.).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial ante aquella instancia -doctora Ana Julia Biasotti- articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 193/204). Por resolución del 5 de septiembre de 2018, este Cuerpo admitió la misma y concedió el remedio extraordinario en trato (v. fs. 209/211 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 217/221), dictada la providencia de autos a fs. 222, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La recurrente tacha de arbitraria la sentencia en crisis "...por violación al principio de necesaria correlación entre la imputación y el fallo, tal como lo establece el art. 18 de la C.N." (fs. 98 vta.).
Denuncia que en autos el representante del Ministerio Público Fiscal adunó -sorpresivamente- una calificación legal a los hechos descriptos (corrupción de menores), lo que importó una mutación esencial de la base fáctica atribuida, produciéndose "...un quebrantamiento de las reglas del debido proceso que instaura el art. 18 de la C.N...." (fs. 100).
Sostiene que la circunstancia de que en la descripción de la materialidad ilícita o en la requisitoria de elevación a juicio de la causa se haya incluido que el imputado obligaba a una de las víctimas a mirar películas pornográficas, sin que ello se tuviera como constitutivo del delito de promoción a la corrupción agravada de menores, imponía que en el desarrollo del debate -si se aclaraban y precisaban ciertos datos y detalles que permitían al acuse efectuar una descripción de los hechos más circunstanciada-, el fiscal debió acudir al procedimiento previsto en el art. 359 del Código Procesal Penal.
Señala que en el relato fáctico se describieron distintos tocamientos inverecundos que, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar se calificaron como abuso sexual gravemente ultrajante y reiterado, y que la circunstancia de haber obligado a la menor a mirar películas pornográficas, fue el motivo por el que el fiscal de juicio amplió la calificación legal al inicio del debate, sin aguardar la oportunidad procesal para ello, con lo que la sorpresa para el imputado y su defensa es innegable (v. fs. 100 vta. y 101).
Explica que la sentencia de condena tuvo por probada en la exteriorización material la promoción a la corrupción de menores cuando -según su entender- "...la obligación de mirar películas pornográficas a V. se encontraba como uno de aquellos actos inverecundos enumerados por el representante público y como constitutivos del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y no de promoción a la corrupción de menores de edad" (fs. 102 vta. y 103).
De seguido, efectúa algunas consideraciones en torno al principio de congruencia y su vinculación con el derecho de defensa en juicio (v. fs. 103 vta. y 104) para afirmar que en el caso "...producida la modificación del sustrato fáctico entre el hecho por el que B. fue elevado a juicio y sin ampliación de la acusación por el fiscal en la oportunidad del art. 359 del CPP..." (fs. 104 vta. y 105), la violación al citado derecho era incuestionable, por lo que la sentencia dictada resultaba arbitraria al apartarse de los precedentes de la Corte en la materia sin brindar fundamentos pertinentes para resolver de ese modo.
En definitiva, expone que su asistido no fue intimado por una materialidad ilícita que lo tuviera como autor del delito de promoción de la corrupción de menores, sino que el fiscal, en los lineamientos dados al comienzo del debate, alegó que intentaría probar la autoría del imputado en los hechos al que agregó el de corrupción de menores y al finalizar la prueba acusó también por él, sin hacerlo en la oportunidad del art. 359 del Código Procesal Penal (v. fs. 105 y vta.).
I.2. En segundo término, denuncia la desnaturalización de la tarea revisora a los fines de garantizar el derecho del imputado al doble conforme de su sentencia de condena; ello en el tramo correspondiente a la determinación de la pena "...al haberle privado el tribunal intermedio [...] que se dé tratamiento a aquellas cuestiones esenciales omitidas por los jueces de grado, que llevaban sin más a anular la misma por violación al art. 168 de la C. Provincial..." (fs. 106 vta.).
Cuestiona el temperamento adoptado por el a quo que al considerar el agravio de la defensa por el que denunció la omisión de tratamiento de ciertas pautas atenuantes, en lugar de reenviar el expediente a la instancia de origen para que se aboque a ello, asumió competencia y rechazó el reclamo.
Indica que "...si bien la Casación admite la violación al art. 168 de [la] CP -lo que sin más [...] le imponía casar la sentencia llevada a su revisión como garantía del imputado al doble conforme de la sentencia de condena, en el caso en el tramo correspondiente a la determinación de la sanción- por haber omitido el juzgador el tratamiento de cuestiones esenciales para ello- afirma dogmáticamente que la defensa no demostró que las minorantes solicitadas deban operar en el caso como tal, respuesta que en todo caso, corresponde a los jueces de la instancia y cuya revisión sí le competía al intermedio, con lo que le quitó al imputado ejercer la garantía de los arts. 8.2 h de la CADH y 14.5 del PIDCyP y el debido proceso legal" (fs. 108 y vta.).
Por todo lo expuesto, solicita que se case el fallo en crisis, se lo anule y se lo reenvíe a los efectos de que se dicte un nuevo pronunciamiento abordando la cuestión planteada (v. fs. 109).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 217/221). Coincido con su dictamen.
III.1. El primero de los planteos por el que se denuncia la arbitrariedad del fallo, fundada esencialmente en la vulneración del principio de congruencia, no puede prosperar.
III.2. En lo que hace a dicho extremo, el a quo sostuvo que no podía progresar la queja por la cual se cuestionaba el molde legal referido al delito de promoción de la corrupción de menores, denunciando la violación al principio de congruencia, pues "...si se tienen en cuenta los lineamientos de la acusación (que constan en el acta de debate), seguidos en líneas generales durante los alegatos, y la descripción de la materialidad ilícita efectuada por el juzgador de mérito, no puedo sino concluir en que no medió corrimiento del objeto procesal que produjera sorpresa o disminuyera de algún modo el derecho de defensa..." (fs. 70).
Explicó que en el terreno de los hechos nada había sido cambiado, pues la conducta que el tribunal de mérito reprochó como promotora de la corrupción de una de las víctimas, fincó en la contingencia de exhibir el acusado películas pornográficas a la menor, para luego poner en práctica lo que allí se hacía, lo cual desde el inicio del debate estuvo referenciado en la exposición del Ministerio Público Fiscal. "Entonces, así las cosas, en la sentencia no hubo apartamiento del hecho acusado, debiendo recordarse que el denominado 'principio de congruencia' no puede ser empleado como un latiguillo facilista que se esgrime sin mayor cuidado para hacer pie sobre diferencias presuntamente trascendentes, con la finalidad de apuntar a desajustes formales que sustenten pedidos de nulidad que, no son otra cosa que solicitudes de invalidez por la invalidez misma" (fs. 71).
Agregó que la regla primordial para el análisis de la violación a la garantía era la demostración de que había mediado una sorpresa que deterioró el derecho de defensa, provocando un perjuicio al procesado. "Y que el hecho descripto desde un momento inicial por el Fiscal no cambió. Tampoco la acusación en los términos del art. 125 del C.P., más allá de que, conforme el desarrollo del proceso penal, resulte natural que progresivamente se vayan aclarando y precisando ciertos datos y detalles que luego van a servir para nutrir la descripción de los hechos de una manera más circunstanciada, pero cuya esencialidad debe ser comprobada cuando se alega la transgresión al principio de congruencia, hipótesis que en el caso no se ha dado a partir de las generalidades ensayadas por la defensa" (fs. 71 y vta.).
De ahí que concluyó que de las consideraciones efectuadas, podía concluirse -en consonancia con lo resuelto en la instancia- que no se había configurado en el caso la infracción al principio de congruencia, toda vez que la sentencia no se apartó de los hechos contenidos en la acusación, más allá de que a la hora de encapsular legalmente los hechos, los jueces hubieran efectuado un análisis más acabado que el desarrollado por el Ministerio Público Fiscal, lo que en sí mismo no implicó la violación al principio invocado por el recurrente. "En el caso siempre se habló de los mismos actos (especialmente la exhibición de pornografía y su imitación) como los idóneos para corromper el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima, por prematuros y excesivos" (fs. 71 vta.).
III.3. Frente a lo resuelto, la defensa de B. reedita el planteo llevado ante la instancia casatoria sin reparar en las razones que concluyeron en sentido adverso a su pretensión (art. 495, CPP). Sus desarrollos se muestran más como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta que demuestre aquello que intentó denunciar.
Las alegaciones efectuadas no se ocupan de demostrar de qué modo se alteró la plataforma fáctica sobre la cual se asienta la calificación jurídica o, antes bien, cómo B. se habría visto despojado de las garantías de debido proceso y defensa en juicio a partir del encuadramiento legal del hecho efectuado por el juzgador (art. 495, CPP y su doctr.).
Tampoco evidencia que hubiera existido sorpresa para su parte, ya que tanto el imputado como su representante tuvieron oportunidad de cuestionar los acontecimientos que fueron afirmados por el tribunal de mérito en la sentencia y su modo de interpretarlos, ya que no surgieron en dicho fallo, sino que la defensa se encontraba advertida de ello desde el inicio del juicio.
Cabe recordar aquí que el órgano casatorio, en oportunidad de responder otro agravio (violación al derecho de defensa por resultar indeterminada la acusación fiscal en lo que hace a la extensión temporal de los hechos reprochados) afirmó que "...cuando el imputado decidió declarar y admitir los hechos, especificó que los mismos se habían producido tal cual había contado su hija V., lo cual despeja toda posibilidad de elucubrar acerca de una sorpresa o indeterminación en perjuicio de la defensa, pues el relato de la citada víctima fue rico en precisiones y datos" (fs. 68 vta.). Además agregó que del veredicto y del acta de debate surgía que "...a la hora de exponer el Ministerio Público Fiscal los lineamientos de la acusación, intimó a M. Á. B. por haber abusado sexualmente de su hija V. cuando la menor tenia entre seis y siete años de edad (año 2003), hasta aproximadamente los diez años (año 2007), sacándole la ropa y manoseándola en todo el cuerpo, intentando penetrarla vía vaginal y anal, masturbándose y frotando su pene contra el cuerpo de la niña y eyaculando sobre la misma, obligándola a practicarle sexo oral y a mirar películas pornográficas, todos hechos que se produjeron de forma reiterada" (fs. 68 vta. y 69). A lo que agregó que, a partir de esos datos temporales conocidos por la defensa, al igual que de las precisiones en cuanto al lugar y modalidad de ocurrencia de los diversos episodios reiterados en el tiempo, y respecto de los cuales tuvo oportunidad de alegar y discutir en el desarrollo del debate, y que incluso el imputado llegó a admitir de conformidad fuera relatado por la víctima, no podía decirse que la imputación así formulada importara una afectación del derecho de defensa en juicio. Luego, y una vez descripta la plataforma fáctica, aseguró que "No hubo sorpresa ni incongruencia alguna entre la acusación inicial y la fijación de los hechos formulada por el sentenciante. Por lo demás, la insuficiencia del embate se advierte también porque no señala concretamente qué defensa se vio impedida de ejercer o qué prueba no tuvo oportunidad de aportar a partir de la queja anunciada, máxime cuando el imputado (como ya quedó dicho) admitió los hechos en los mismos términos que los señalados por la víctima. De tales circunstancias se desprende sin hesitaciones que la sorpresa [...] invocada por la defensa a la hora de señalar conculcado el derecho de defensa por una pretensa indeterminación de la acusación, no ha sido tal..." (fs. 69 vta. y 70).
En tal sentido, viene al caso destacar que esta Corte tiene dicho que "Lo que resguarda el principio de congruencia está dado porque la sentencia que se dicte sea sobre el mismo hecho materia de acusación y que tanto la defensa como el imputado hayan podido tener conocimiento y de tal suerte, resistirla sin sorpresas. Mas no necesariamente el hecho de la declaración indagatoria, o de la requisitoria fiscal en la elevación a juicio -y mucho menos su calificación legal- debe ser exactamente el mismo en la acusación bajo apercibimiento de transgresión a la aludida congruencia. Por el contrario, el límite resulta del hecho por el que se intima al imputado en la acusación, respecto del cual se habrá de defender (arg. art. 18, Const. nac.). De modo tal que si este límite fue respetado, la mentada violación no es tal. Máxime cuando el recurrente no logra demostrar que los hechos que comportan la materialidad ilícita del fallo difieren de modo sustancial de aquéllos ponderados en el planteo acusatorio, y menos aún que resultare visible una discordancia fáctica de aspectos relevantes, no meramente accesorios o menores, entre lo expuesto en la acusación y en la sentencia de condena" (conf. causas P. 99.586, sent. de 16-VII-2014 y P. 120.665, sent. de 9-XII-2015).
En definitiva, la recurrente no logró demostrar que el aspecto que pone en crisis haya configurado en este caso un déficit que le impidiera conocer y defenderse de la acción que se le atribuyó a B. y respecto de la cual estuvo legalmente al tanto a lo largo de todo el proceso (conf. causa P. 99.820, sent. de 11-III-2009), ni el avasallamiento del derecho de defensa en juicio que denunció transgredido, en la medida que no se verificó un cambio sorpresivo en el tratamiento dado a la imputación que le haya obstaculizado el ejercicio de tal derecho, ni que al resolverse la cuestión se haya incurrido en un apartamiento de las reglas del debido proceso legal (art. 495, cit.).
Tampoco consigue evidenciar la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o que el fallo recurrido exhiba un juicio arbitrario que avale su eventual descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
IV.1. El planteo restante vinculado a la desnaturalización de la tarea revisora por haberle quitado al encausado la posibilidad de la garantía prevista en el art. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto se transgredió el art. 168 de la Constitución provincial, corre la misma suerte que el anterior.
El tribunal recurrido le otorgó la razón al recurrente en cuanto denunció la omisión de tratamiento en el fallo de varias circunstancias atenuantes solicitadas a favor de B. -el precario estado de salud del encartado, su edad, la confesión y sincero arrepentimiento y la actitud de querer revertir la situación, mejorando la calidad de vida de las víctimas desde lo económico (v. fs. 72 en función de fs. 24)- con lo cual, y a partir de considerar que en el caso se violentó el art. 168 de la Constitución local, se avocó a su tratamiento.
Sin embargo, consideró que la parte no había demostrado que las pautas esgrimidas debían, en el caso concreto, operar como atenuantes. "En efecto, las circunstancias que se pretenden atenuantes del reproche dependen, para tener dicho efecto disminuyente, en cada caso puntual, de una demostración concreta y efectivamente vinculada al peso que han tenido en la culpabilidad del sujeto, disminuyéndola, lo que no puede lograrse si no se las vincula con el hecho concreto que se endilga" (fs. 72 y vta.). Y a partir de esas insuficiencias, afirmó que ese aspecto del reclamo debía ser descartado.
IV.2. Frente a ello, la parte expresa su discrepancia con lo resuelto, mas no se ocupa de controvertir los argumentos que apuntalaron su modo de resolver. Y, aunque vincula su agravio con la garantía aludida, no consigue evidenciar su compromiso en tanto no se hace cargo de que nuestro Código adjetivo en sus arts. 460 y 461 regula puntualmente en qué casos el Tribunal de Casación, luego de casar una sentencia, debe disponer el reenvío a la instancia de origen o en su defecto, puede readecuar el pronunciamiento recurrido, asumiendo competencia positiva sin que el recurrente se haya ocupado de asignar alguna otra inteligencia a las normas que gobiernan ese trámite. Media insuficiencia (art. 495, CPP; conf. mutatis mutandi , entre otros, P. 126.664, sent. de 5-IV-2017).
Así las cosas, el planteo se devela carente de fundamento para demostrar la alegada violación al derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria a la luz de los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia