Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129018
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.018, "P., D. F. s/ Recurso Extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa n° 78.773 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de marzo de 2017, rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular a favor de D. F. P. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata que lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado y agravado por la condición de encargado de la guarda (art. 119 primero, tercero y cuarto párrafos, inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 225/247).
El defensor particular, doctor Santiago Moscardini, interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en un mismo escrito (v. fs. 256/265 vta.) los que fueron declarados inadmisibles por la Sala interviniente (v. fs. 270/273). Formulada por la parte la queja respectiva, esta Corte le hizo lugar, los declaró mal denegados y concedió las vías extraordinarias solicitadas (v. fs. 439/441).
A fs. 433 y vta. se presentó el señor D. F. P. revocando el mandato conferido a los doctores Santiago Moscardini, Diego José Martín Raidan y Cristian Omar Novoa como sus defensores particulares, aclarando que no implicaba desistimiento del presente recurso. El señor defensor ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Coriolano, asumió su intervención a fs. 434.
La Procuración General dictaminó a fs. 452/456 vta. y a fs. 457 se dictó la providencia de autos. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la defensa particular?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La defensa sostuvo que la sentencia cuestionada vulneró el art. 168 de la Constitución provincial por haber omitido el tratamiento de cuestiones esenciales (v. fs. 257).
Indicó que su parte ante aquella instancia había denunciado motivos de agravios que no fueron tratados en la sentencia, tales:
a) La incorporación de pruebas obtenidas de manera irregular, y en particular que la condena solo se basó en la declaración de la víctima a la que no se le instruyó de las penas por falso testimonio ni requirió juramento de decir verdad.
b) La omisión a la valoración del segundo video de la Cámara Gesell, donde F. realizó revelaciones de importancia para la defensa "...como por ejemplo reconocer que tuvo cuatro novios; que su actual novio es tres años mayor y que, previo a estar con ella, tuvo sexo con una de sus amigas..." (fs. 257 y vta. –el destacado figura en el original-) y en donde relató que D. P. nunca se quedó al cuidado de ella y sus hermanos.
c) La privación a la defensa de controlar la prueba acusadora, en especial "...las innumerables ocasiones en las cuales se limitó el derecho a formular preguntar a los testigos durante el debate..." (fs. 257 vta. –el destacado figura en el original-), así como la ausencia de control sobre las peritos psicólogas, quienes se negaron a cumplir con la orden emanada del tribunal de grado de realizar una nueva pericia sobre el imputado.
d) La utilización como prueba de cargo de "tests proyectivos" en particular el test de Roscharsch, sin que tengan acreditado rigor científico alguno.
e) La deliberada omisión de mencionar un elemento de prueba fundamental para la defensa, como ser el libro de guardia del lugar de trabajo de D. P. que acreditó su presencia en un lugar distinto al momento de la ocurrencia de los hechos denunciados.
I.2. Como segundo agravio denunció la transgresión al art. 171 de la Constitución provincial, ante la falta de fundamentación legal en respuesta a sus planteos de inobservancia al protocolo aprobado por resolución 908/12 de esta Corte, específicamente en sus apartados B.2."e" y C al recibírsele declaración a la víctima bajo la modalidad de Cámara Gesell y; al de violación al sistema acusatorio por parte de los jueces del tribunal de juicio por haber excedido sus facultades de interrogar haciendo las veces de fiscales, no cumpliendo con lo normado por el art. 364 del Código Procesal Penal (v. fs. 261 vta. y 262).
Aclaró que si bien la Casación, no omitió tratarlos, se limitó a rechazarlos en pocas líneas realizando expresiones meramente subjetivas desprovistas de fundamento legal o bien con citas incompletas.
II. Coincido con el señor Subprocurador General en que el recurso debe rechazarse.
III. Respecto al primer agravio, el recurrente no demuestra el carácter esencial ni la incidencia que las cuestiones que se dicen omitidas, tendrían en el resultado del presente proceso.
En tal sentido, debe ponerse de resalto que es doctrina de este Tribunal que la esencialidad que se atribuye a una cuestión omitida debe ser cabalmente demostrada por el recurso de nulidad, como así también que esa omisión tenga directa incidencia en el resultado del proceso, aspectos estos que, como se adelantó, no han sido expuestos en la impugnación en trato (doctr. causas P. 41.162, sent. de 16-IV-1991 y P. 76.228, sent. de 4-VI-2008).
Por otro lado, el órgano casatorio dio respuesta a los agravios formulados con relación a la declaración de la víctima F. G. bajo el sistema de Cámara Gesell así como con el cumplimiento del protocolo de esta Corte para la recepción de testimonios a menores o personas con padecimientos y deficiencias mentales víctimas de abuso sexual. Al respecto, refirió que las licenciadas Verónica Silva Acevedo y Ayelén Rodríguez relataron que era criterio de la Asesoría Pericial departamental que el interrogatorio en el contexto de una IPP debía ser conducido por el fiscal por el contenido de alcance jurídico y asesorado previamente por los funcionarios actuantes y que de ser necesario intervendrían en el curso de la declaración (v. fs. 230).
Señaló que el protocolo habilitaba que si el experto (psicólogo) advirtiera que "...para el caso concreto, resulta conveniente, para un mayor resguardo de la salud psíquica del niño, adolescente o incapaz, que éste sea interrogado en Cámara Gesell por el Fiscal o Juez así lo hará saber...", encontrando ajustado el accionar de las peritos a dicho instrumento. Enfatizó que asesoraron debidamente a la víctima de autos y que el art. 102 bis del Código Procesal Penal permite al fiscal o juez a realizar el interrogatorio pudiendo requerir asistencia profesional (v. fs. 230/231).
De igual modo recordó que si bien la víctima, F. G. no era menor de edad, padecía un retraso mental a partir de una patología de nacimiento por falta de oxigenación, por lo que tenía un desarrollo de una niña de seis años de edad, indicando que cualquier tipo de sobreexposición hubiera significado revictimizarla, siendo conteste con lo manifestado por los profesionales que declararon en la audiencia (v. fs. 231 y vta.).
Por último, subrayó que la diligencia concerniente a que la víctima declarase bajo la modalidad de Cámara Gesell fue puesta debidamente en conocimiento del juez de garantías, habiendo participado el imputado, así como su defensora particular quedando garantizada de ese modo, su legalidad (v. fs. 231 vta.).
Cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada argumento de la parte, si la faena valorativa conlleva un implícito rechazo del planteo, o su desplazamiento, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (conf. doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; e.o.). Y, por lo demás, es sabido que "Los simples argumentos de las partes no constituyen cuestiones esenciales cuya omisión de tratamiento haga viable el recurso [en ciernes]" (conf. causa Ac. 2.484, "Condez", "Acuerdos y Sentencias", 1959, Tomo II, pág. 178). Con mayor especificación se ha indicado que no encaja en esa vía la denuncia referida a "La falta de consideración [...] de [alguna] prueba...", en razón de haberse asignado prevalencia a otras (conf. causa Ac. 1.421, "Moreyra", "Acuerdos y Sentencias", 1958, Tomo IV, pág. 104). Por último, es dable reiterar que el cuestionamiento del acierto o la profundidad de lo resuelto es materia ajena a este recurso.
Con ese norte, resulta útil resaltar que el magistrado que expuso el voto en primer término analizó la prueba y entendió que la condena encontraba amparo no sólo en los dichos de la víctima, sino que a ellos se sumaban los de su progenitora, su tía, como los de su maestra y el médico psiquiatra Héctor Méndez, añadiendo que tales testimonios se apoyaban en las experticias realizadas por las profesionales actuantes en autos y el informe efectuado por la ginecóloga Sara Bobadilla Inchausti, ratificado en el debate (v. fs. 240 vta. y 241).
Asimismo, descartó los testimonios brindados por Fernando González, Nicolás Peratta y Julio Mino, que fueron ofrecidos por la defensa, al considerar que "...no aportaron nada, tratando de construir una débil coartada, que pareció armada, teniendo en cuenta la precisión matemática en cuanto a los horarios que señalaron" (fs. 241).
En consecuencia, no se advierte que haya habido una puntual cuestión esencial omitida en los términos del art. 168 de la Constitución provincial.
IV.1. Finalmente, con relación al agravio denunciando la falta de fundamentación legal, el órgano casatorio como fuera reseñado en el acápite III dio debida respuesta al cumplimiento del protocolo aprobado por resolución 908/12 de esta Corte, por lo que allí me remito.
En punto a la violación al sistema acusatorio por parte de los jueces de grado, el Tribunal de Alzada si bien refirió que "Asistiría un principio de apoyo al despliegue defensivo en el aspecto apuntado, en cuanto menudean las intervenciones del Tribunal en el material reproducido", también dijo que "...a poco de reparar en su contenido, fluyen prístinas las razones imperiosas que determinaron a los magistrados a preguntar y luego a ampliar su interrogatorio" (fs. 232 vta.).
En ese sentido, recalcó que "Todos los interrogantes fueron aclaratorios y expresados de manera precisa" tendientes a perseguir un mayor acercamiento a la verdad, destacando que la parte agraviada no formuló objeción alguna al respecto ni protesta de recurrir en Casación, prevaleciendo la doctrina de los propios actos (v. fs. cit.).
Sostuvo que no fue conculcado el derecho a un debido proceso ni la garantía de la defensa en juicio. Aludió al acta del debate que reflejó fielmente lo ocurrido, así como lo escuchado en las grabaciones de los audios, citando como ejemplo el testimonio de las peritos psicólogas las que se explayaron interrogadas por las partes y que el tribunal sólo les formuló preguntas aclaratorias o permitió que especificaran términos técnicos propios de su saber y entender (v. fs. 233).
Mencionó como muestras el testimonio de Sara Verónica Bobadilla Inchausti, médica ginecóloga, el que duró aproximadamente diez minutos y en donde "...no se observan preguntas en demasía por parte del Tribunal ni que se modifiquen sus dichos", así como el brindado por la madre de la víctima, donde pudo corroborar que "...a los diez minutos de grabación [...] el Tribunal le solicit[ó] que contara expresamente cómo su hija le transmitió lo ocurrido y otra pregunta aclaratoria símil a los cincuenta y nueve minutos cuarenta y cuatro segundos" (fs. 233 vta.). Y finalmente, aseveró que no se acreditó que se hayan cambiado los dichos de los testigos ni que "...el tribunal dejara de lado su rol para interrogar como acusador, simplemente indagó a efectos de acercarse a la verdad de los hechos..." y reiteró que "...no exist[ió] protesta por parte de la defensa ante las preguntas de los Magistrados" (fs. cit.).
IV.2. Considero que el fallo atacado no presenta irregularidades que contravengan el estándar exigido por el art. 171 de la Constitución provincial.
En el planteo en examen el desarrollo del recurrente está dirigido a impugnar el método del tribunal a quo para resolver la cuestión, tema que es ajeno entonces al ámbito de conocimiento del remedio impetrado.
Ello así, por cuanto de la lectura conglobada de la respuesta brindada por el juez Natiello al tratar los planteos nulificantes y lo específicamente reseñado en torno al desarrollo efectuado sobre la conducta de los jueces durante el debate al valorar la prueba, se permite ver con nitidez el desacierto del recurrente en su afirmación sobre la ausencia de fundamentación legal en el tramo sentencial indicado, lo que torna ineficaz el planteo nulificatorio (causa P. 83.645, sent. de 15-II-2006).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como primer paso considero necesario realizar alguna precisión sobre el agravio que es objeto de examen en este tramo del recurso (v. fs. 263 vta./265).
Si bien esta Corte, al admitir -a través de la queja- la vía de inaplicabilidad de ley deducida, tuvo en consideración el cumplimiento de las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal referidas al monto de la pena como a la índole del motivo de agravio (basado en la errónea aplicación del inc. "b" del cuarto párrafo del art. 119 del Cód. Penal); lo cierto es que del desarrollo que de éste realiza el recurrente se advierte que no se trata -tal como lo anuncia- de un planteo dirigido a poner en evidencia una incorrecta aplicación de ley sustantiva, sino -según refiere- la violación del principio de congruencia y afectación de la defensa en juicio.
Expresamente el impugnante circunscribió la cuestión federal a la vulneración del derecho "...a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada" con invocación de los arts. 14.3 "a" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 "b" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 264 vta. y 265).
De manera que es bajo el acotado marco revisor referido a dicha cuestión federal (conf. doctr. CSJN Fallos: "Strada", 308:490; "Christou", 310:324 y "Di Mascio", 311:2478) que analizaré el planteo.
II. En tal sentido el recurrente cuestionó que el Tribunal de Casación convalidase lo dictaminado por el inferior, en cuanto sostuvo que "...el sustrato fáctico se mantuvo inalterable a lo largo de todo el proceso", toda vez que de la lectura de la descripción fáctica al inicio del debate se advierte que no coincide con la impuesta en la sentencia.
Señaló que, si bien el fiscal sorprendió con el cambio de calificación en su alegato, el perjuicio de la defensa se basó en que la nueva calificación no era aplicable a la descripción del hecho. Explicó que la acusación inicial dio cuenta de una situación de "autoridad y convivencia", mientras que en la sentencia se agregó la expresión "en ocasiones en que se encontraba a su cuidado", vulnerando el principio de congruencia (v. fs. 264).
III. El señor Subprocurador General aconsejó el rechazo del recurso, concuerdo con su dictamen (v. fs. 455/456 vta.).
III.1. El tribunal intermedio tuvo por probada la misma plataforma fáctica que el de grado la que quedó descripta del siguiente modo: "...[que] al menos desde el día 27 de agosto del año 2.013 y hasta el día 29 -inclusive- del mismo mes y año, en horas de la tarde noche, en el domicilio sito en calle 34 y … nro. … de La Plata, un sujeto de sexo masculino previa intimidación abusó sexualmente de la hija de su pareja (F. N. G.), mediante tocamientos inverecundos accediéndola carnalmente vía vaginal -aprovechándose de que la misma padecía de una discapacidad física y mental-, en ocasiones en que se encontraba a su cuidado" (fs. 234).
III.2. Ahora bien, la defensa en el recurso casatorio, alegó la violación a la congruencia dado que la calificante "encargado de la guarda" fue incorporada por el fiscal recién en los alegatos, argumentando que el tribunal de juicio intentando justificarla manifestó que los hechos atribuidos se mantuvieron incólumes y por el principio iura novit curia , esa calificación resultaba más específica y adecuada a las circunstancias fácticas probadas (v. fs. 80 y vta.).
El Tribunal de Casación dio respuesta a este planteo. Después de estimar que había sido correcta la valoración de los elementos de prueba y el razonamiento del juzgador para dar por acreditada la existencia material de los accesos carnales sufridos por F. G., así como la autoría responsable de P., rechazó el agravio explicando que el sustrato fáctico se mantuvo inalterable a lo largo de todo el proceso, que el hecho siempre pivoteó alrededor del abuso sexual con acceso carnal y que el aquí imputado fue acusado, juzgado y condenado por el mismo hecho que fuera descripto por el fiscal desde el comienzo del proceso, cambiando tan solo el encuadre jurídico otorgado al mismo (v. fs. 242 vta. y 243).
Enfatizó que "...el hecho histórico fue siempre el mismo, ampliándose tan sólo la calificación legal, en lo atinente a las agravantes...", por lo que sólo varió el encuadre legal del mismo suceso fáctico, no encontrándose vulnerado su derecho de defensa en juicio (v. fs. 243 vta.).
En oposición a la respuesta dada por el a quo , el recurrente, insiste aquí en que el perjuicio a su parte surge de la circunstancia de que la calificación legal determinada por el tribunal de juicio "...no resulta aplicable a la descripción fáctica dada al inicio del debate" (fs. 264) habiéndose modificado tal plataforma con omisión del procedimiento establecido en el art. 359 del Código Procesal Penal.
Aun cuando no ha logrado demostrar que haya habido una variación fáctica dentro de los lindes de la propia acusación (pues del acta de debate surge que en los alegatos de apertura el fiscal de juicio se remite a la descripción fáctica realizada en la requisitoria de elevación a juicio -v. fs. 6 vta.-), tiene dicho esta Corte que "Lo que resguarda el principio de congruencia está dado porque la sentencia que se dicte sea sobre el mismo hecho materia de acusación y que tanto la defensa como el imputado hayan podido tener conocimiento y de tal suerte, resistirla sin sorpresas. Mas no necesariamente el hecho de la declaración indagatoria, o de la requisitoria fiscal en la elevación a juicio -y mucho menos su calificación legal- debe ser exactamente el mismo en la acusación bajo apercibimiento de transgresión a la aludida congruencia. Por el contrario, el límite resulta del hecho por el que se intima al imputado en la acusación, respecto del cual se habrá de defender (arg. art. 18, Const. nac.).
De modo tal que, si este límite ha sido respetado, la mentada violación no es tal. Máxime cuando el recurrente no logra demostrar que los hechos que comportan la materialidad ilícita del fallo difieran de modo sustancial de aquéllos ponderados en el planteo acusatorio, y menos aún que resultare visible una discordancia fáctica de aspectos relevantes, no meramente accesorios o menores, entre lo expuesto en la acusación y en la sentencia de condena" (conf. causas P. 99.586, sent. de 16-VII-2014; P. 120.665, sent. de 9-XII-2015; P. 122.950, sent. de 19-X-2016; e.o.).
Y conforme surge del acta de debate, el acuse expr
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