Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129286
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 129.286, "González, Horacio Fernando s/ recurso de queja en la causa n° 78.951 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 18 de abril de 2017, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Horacio Fernando González contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, que lo condenó a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (arts. 40, 41, 45 y 79, Cód. Penal; v. fs. 102/110, con relación a fs. 12/45).
El defensor particular dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 118/134 vta.), el que fue declarado inadmisible por la mencionada Sala (v. fs. 135/138 vta.).
Incoada la queja prevista en el art. 486 bis del Código Procesal Penal (según t.o. ley 14.647; v. fs. 173/182), el día 16 de agosto de 2017 esta Corte reputó mal denegado el recurso referido y lo concedió (v. fs. 183/184 vta.). Al efecto, consideró que en el caso la tacha de arbitrariedad respecto de la valoración de la prueba y en la aplicación de la ley sustantiva (arts. 79 y 84, Cód. Penal), como también la supuesta afectación del derecho al recurso, entre otros tópicos de índole federal, habían sido denunciados con aptitud como para ser examinados en esta instancia.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 189/193 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 197) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el recurso aludido en los antecedentes, la defensa de Horacio Fernando González denunció, en primer término, lo que entendió fue una revisión aparente de la sentencia de condena, en violación de los arts. 8.2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la doctrina emergente de los fallos "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que el tribunal intermedio, invocando supuesta insuficiencia impugnativa, limitó su escrutinio para finalmente concluir en afirmaciones dogmáticas ajenas a las constancias comprobadas de la causa. También lo censuró por autocontradictorio, dado que las deficiencias ritualmente invocadas no le habrían impedido el abordaje de los agravios propuestos (v. fs. 127).
Adujo que la casación reeditó los mismos fundamentos de la mayoría del tribunal de grado cuando el caso exigía que explicara, sin absurdo, la existencia de "...un plan homicida concretado mediante el hecho de dejar un perro circunstancialmente atado en la vía pública" (fs. 120 vta./121 vta.), y que al así obrar incurrió en igual carencia motivacional (v. fs. 123 y sigs.).
I.2.a. Luego tachó de arbitrario el fallo, entre otras cuestiones, por cuanto -a su entender- fundó el dolo atribuido a su asistido por remisión a situaciones fácticas anteriores y posteriores al hecho en juzgamiento o lugar (v. fs. 124).
Afirmó que tal vicio se replica por efecto de la valoración segmentada de algunas constancias probatorias en desmedro de otras que conllevarían a la conclusión contraria (v. fs. 127), y merced a sostener la prueba del presunto dolo eventual a partir de indicios sumados de manera arbitraria.
También se quejó de la valoración que se hizo del informe del Ministerio de Seguridad de la Provincia respecto a la peligrosidad del animal basándose para ello en la ley provincial 14.107 (v. fs. 124 y vta.). Explicó que se incurrió en un contrasentido por cuanto se le intentó asignar carácter delictivo a meras contravenciones sancionadas con multa.
I.2.b. En paridad, denunció arbitrariedad por interpretación ilegítima del art. 79 del Código Penal y violación de los principios de legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad (v. fs. 129).
Tras realizar una transcripción de lo decidido por el Tribunal de Casación Penal, sostuvo que las circunstancias fácticas comprobadas en la causa no encuadran en los extremos de un homicidio doloso, pues su asistido no contó con la posibilidad concreta de dominar el hecho (v. fs. 129 vta./130 vta.).
Refirió a tres sucesos respecto de los cuales su pupilo no tuvo incidencia: "...a) la reacción agresiva del perro, que no fue incitado en forma alguna por el imputado ni adiestrado para ello, b) la presencia de la pequeña víctima, que no estaba bajo su responsabilidad ni custodia y c) la absoluta falta de contacto directo y o cuidado por parte de los adultos responsables" (fs. 131).
Añadió que el perro no estaba suelto, sino atado con una soga al vehículo que limitaba su desplazamiento, lo que hacía que no pudiera alejarse más que unos centímetros por fuera de aquél. Y echó mano a estadísticas para responsabilizar al imputado comparando los homicidios que podrían tener lugar por parte de perros reputados "peligrosos" respecto de los accidentes de tránsito (v. fs. 132).
Afirmó que suponer la existencia de un riesgo concreto de homicidio advertible por su defendido configura un juicio ex post que parte de la producción del resultado para luego deducir que aquél fue realmente querido (v. fs. 132), cuando es sabido que el dominio del suceso (y su representación) debe juzgarse con los datos con los que contaba el autor al momento del hecho (v. fs. 131 vta.).
A su entender, en el caso no se ha valorado la particular circunstancia de que el imputado González no sabía ni pudo representarse que un niño de apenas dos años estaría solo en la calle en esa fecha y hora. En tal sentido, afirma que la consideración acerca de que tal previsión subjetiva ha existido solo se han derivado "...de discusiones intervecinales previas, referidas a incidentes con los perros propiedad de González" (fs. 132 vta.).
Finalmente, valoró que para probar el dolo no alcanza ni la presencia de un balde de agua fuera del auto, ni la opinión personal del empleado de Zoonosis, pues, aun el dolo eventual, no se presume (v. fs. cit.).
II. En repaso de las constancias más relevantes del proceso cabe señalar que el tribunal de juicio tuvo por acreditado que "...con anterioridad a las 14:30 horas del día 29 de mayo del año 2014, un sujeto masculino, poseedor de al menos ocho perros Pitbull dejó atado a un can de dicha raza -que no era de su propiedad pero cuyo cuidado le había sido confiado- con una soga de aproximadamente 1,50 mts. al volante de un rodado Fiat 147 que en estado de abandono se encontraba sobre la vereda del domicilio de calle Bonpland nro. 913 de la localidad de Alejandro Korn, sin bozal y con la puerta del vehículo abierta lo que le permitía al animal desplazarse por la vereda que separaba la ubicación del automóvil del frente del domicilio antes individualizado. Que en ese marco -e inadvertidamente para los adultos que con él se encontraban-, se acercó hasta el sitio en el que el perro se hallaba el niño Santiago Alejandro Veer, de tan solo dos años de edad -vecino del tenedor de los perros-, quien en esas circunstancias resultó atacado por el perro el que le produjo heridas desgarrantes que le provocaron la muerte" (fs. 12 y vta.).
Entre otros elementos de prueba ponderó que Gabriela Edith Pacheco -madre del niño- relató que el día del hecho y aproximadamente en el horario antes referido estaba en su casa, cuando escuchó los gritos de Horacio González que la llamaba, y al salir corriendo vio que su vecino tenía en sus brazos a su hijo Santiago mientras decía "...ya no hay nada que hacer" (fs. 13). Que alertado por la situación su tío Hugo Savona apareció con una escopeta, lo que motivó un incidente con Horacio quien se interpuso para que no matara al animal, aclarando que luego ella tomó en sus brazos al niño y se fueron con su tío al hospital, relatando finalmente el momento en que el propio Horacio dio muerte al perro.
También que la testigo señaló que el animal estaba atado con una soga al volante del vehículo marca Fiat 147 color rojo, estacionado en la vereda frente a la casa del imputado, pese a que dicho automóvil era usado por los niños del barrio para jugar (v. fs. cit.); que el auto tenía la puerta abierta y había "...un balde con agua justo afuera del vehículo"; y que, si bien no pudo precisar la extensión de la soga, señaló que el can "...tenía margen para moverse" (fs. cit.).
Tuvo presente que en el debate la madre agregó que el procesado tenía varios perros de la raza Pitbull, cerca de ocho, todos atados, que los sacaba a pasear con cadena, pero sin bozal. Se refirió a que algunos vecinos tuvieron problemas relacionados con ataques de los animales y, si bien hubo reclamos para que tomara alguna medida, González "...nunca hizo nada" (fs. 13 vta.).
Complementariamente valoró el testimonio de la abuela del niño -Claudia Alejandra Savona- quien también expuso sobre lo acaecido el día del hecho, y que inmediatamente de sucedido pudo ver al animal afuera del auto, con la puerta abierta y la cabeza ensangrentada (v. fs. 14). Rememoró que a partir del año 2012 González comenzó a traer los perros al barrio, y que en varias oportunidades le reclamó que tuviera más seguridad con ellos, ya que le habían matado unos "...quince o dieciséis chivos porque [...] se escapaban". Contó que realizó varios reclamos, uno de ellos terminó con una denuncia en Zoonosis de la Municipalidad, y le advirtió al encausado respecto a que los canes "...podrían agarrar a un chico" (fs. 14 vta.).
Sopesó además que Héctor Hugo Savona añadió a lo ya testimoniado que -para él- "...ese perro estaba atado en el auto hacía un tiempo" y que puntualizó que "...por la vereda no se podía pasar, había que pasar por la calle, el perro llegaba con la cadena o soga hasta la reja de la casa de Horacio y la puerta del auto del lado del chofer estaba abierta. Ya le habíamos advertido a los hijos de González [...], que tuvieran cuidado porque varias veces los perros se habían agarrado entre sí, y si bien tenían sogas o cadenas, nunca tenían bozales" (fs. 15); al que sumó los dichos de Thierry Joel Savona y Pedro Manuel Savona (v. fs. 15 vta./16 vta.).
En cuanto a episodios anteriores y violentos en los que participaron los perros de Horacio González, declararon en el debate Aldo Darío Pérez, Margarita del Carmen Figueroa y Verónica Alejandra Sosa (v. fs. 17/18 vta.), exponiendo los detalles de esos eventos.
Por último, el tribunal se ocupó de la versión brindada por el propio imputado en la audiencia del juicio. Éste, entre otras particularidades, sostuvo que "...era el tercer día que el animal venía a [su] casa"; que tomó "...la determinación de dejarlo en el auto hasta preparar el canil", esto es provisoriamente, colocándole agua en un balde de color negro para su hidratación y "...atado con una soga de 1,50 mts. dentro del auto", y cerrando la puerta que "...solo se abría de afuera", mientras "...las ventanillas estaban cerradas porque estaban rotas". Puntualizó que "...enseguida que entr[ó] a buscar esas cosas a [su] casa, escuch[ó] una perra bóxer que toreaba y al mirar, v[io] que la puerta del auto estaba abierta" y al salir corriendo hasta el lugar, advirtió que el perro tenía algo, que al gritarle lo soltó y al llegar vio que se trataba "...de la criatura". En relación con lo ocurrido consideró que tal vez pudo haber dejado mal cerrada la puerta, y que cuando colocó allí al can no había visto a ningún niño en la zona (v. fs. 19).
Al analizar la participación de González en el hecho acreditado, el tribunal de mérito sostuvo que había quedado probado que fue la persona que dejó al perro en la vía pública "...en condiciones que representaban un gran peligro para los bienes jurídicos de terceros y que, merced a ese comportamiento atribuible al imputado, se produjo la muerte del pequeño" (desarrollo de fs. 21/24 vta.). A criterio de ese órgano judicial, González "...introdujo un riesgo jurídicamente desaprobado generador de una situación de singular peligro de lesión para los bienes jurídicos de terceros, que se concretó en el mortal resultado sufrido por el pequeño Veer", e indicó que éste debía ser atribuido en comisión por omisión al imputado y achacársele -tal como si lo hubiera provocado- a través de un comportamiento activo (v. fs. 24 vta. y 25).
Se refirió a la posición de garante de Horacio Fernando González respecto del animal, por su condición de cuidador. En tal sentido afirmó que debía controlar al perro, en tanto que "Quien posee en su esfera de dominio una fuente de peligro (instalaciones, animales, máquinas) para bienes jurídicos, es el responsable de que tal peligro no se realice" (fs. 25 y vta.).
Finalmente, hizo alusión a la posibilidad que tuvo González de evitar el resultado mencionando, a modo de ejemplo, haber colocado un bozal al perro, haber cerrado las puertas del auto, haber mantenido al animal dentro de su campo visual, etcétera (v. fs. 26 vta. y 27).
Al momento de calificar el suceso el tribunal consideró justo que su autor debía responder por homicidio simple (art. 79, Cód. Penal) con dolo eventual, "...en virtud de una consideración reflexiva de las particularísimas circunstancias que rodearon a este caso y a su autor" (fs. 30).
Para justificar la imputación dolosa tuvo en cuenta: la creación voluntaria por parte del agente de una situación de peligro para los bienes jurídicos de terceros merced al modo en que dejó el animal en la vía pública y que el resultado mortal no fue consecuencia de un descuido, sino de una situación de peligro consciente para el autor; su indiferencia ante las advertencias previas al hecho que lo alertaban sobre los riesgos que entrañaban los perros en las condiciones que los tenía; el conocimiento de que algunos niños del vecindario usaban ese automóvil para jugar; la actitud desaprensiva una vez producido el resultado letal como comportamiento posterior al hecho; y el mayor deber de control que debió ejercer sobre el animal siendo que no era de su propiedad. Finalmente, se refirió a las teorías sobre el dolo y la solución al caso (v. fs. 30 vta./37 vta.).
III. Frente a la insistencia ante el Tribunal de Casación Penal acerca de la errónea aplicación del art. 79 e inobservancia del art. 84, ambos del Código Penal (v. fs. 52/68 vta.), el a quo desestimó esa pretensión impugnativa porque justipreció que el fallo cumplía con la exigencia contenida en el art. 106 del Código Procesal Penal y que no advertía la falta de fundamentación alegada, en tanto expresaba las razones por las cuales se tuvo por acreditada la imputación (v. fs. 104 vta. y 105).
Seguidamente indicó que se habían cuestionado dos puntos de la materialidad ilícita: 1) si la puerta del vehículo se encontraba cerrada; y, 2) que la testigo Pacheco dijo que nunca vio perros dentro de ese rodado (v. fs. 105). Respecto del primero señaló que había quedado probado que la puerta del automóvil se hallaba abierta, trayendo a colación varios testimonios y otros elementos de prueba (v. fs. 105 y vta.). En cuanto al segundo, indicó que no surgía del relato transcripto en el veredicto y tampoco se había dejado constancia alguna en el acta de debate. De todas formas, destacó que lo relevante en el caso era el hecho de que Gabriela Edith Pacheco pudo ver el balde con agua "...justo afuera del vehículo", que la puerta de aquél "...estaba abierta" y que "...el perro estaba atado con una soga", disponiendo de un margen para moverse (v. fs. 105 vta.).
Sobre la controversia relativa al obrar doloso o imprudente reputó que el recurso se revelaba insuficiente, con estimaciones descontextualizadas de las particularidades de la causa, exponiendo su propia visión, sin refutar lo decidido en el fallo de origen, todo lo cual lo llevó a confirmar la calificación del suceso en los términos del art. 79 del Código Penal (v. fs. cit. y 106 vta.).
Destacó la cualidad del peligro que fue creado por el imputado: dejar un perro Pitbull amarrado al volante del automóvil estacionado en la vía pública, en las condiciones ya aludidas (v. fs. 106 vta. y 107); y la opinión vertida en el informe confeccionado por la Dirección de Veterinaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia en relación con la peligrosidad potencial del perro (v. fs. 107). Resaltó, además, que González era consciente de la clase de peligro que creaba porque se dedicaba a la cría y cuidado de ese tipo de perros y, también, pese a su negativa, porque ya había tenido problemas relacionados con el comportamiento manifestado por dichos animales, mostrando indiferencia al respecto, tal lo informado por los testigos.
En resumen concluyó que el condenado en primera instancia "...conocía la peligrosidad del animal cuyo cuidado tenía a su cargo, sabía también que niños pequeños se acercaban al automóvil para jugar, sin embargo, pese a todo y habiendo tenido experiencias adversas en lo que concierne al comportamiento de otros ejemplares de la misma raza, dejó a un Pitbull allí amarrado, sin bozal, con una soga de metro y medio de longitud y con la puerta del automóvil abierta, a punto tal que hasta puso un tacho con agua fuera del vehículo para que el perro pudiera hidratarse, representándose la posibilidad de que el perro ataque a un niño y sabiendo de antemano el probable desenlace de ese encuentro; con lo cual, el acusado de autos creó un peligro que no cubrió ni aseguró, por cuanto durante o después de su acción habían de intervenir la suerte y la casualidad solas o en gran parte para que el tipo no se realice, lo que deviene demostrativo, junto al resto de las consideraciones efectuadas, de su decisión por la posible lesión del bien jurídico vida (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 68.404, 'Kuret', reg. 678/2015...)" (fs. 108 y vta.).
IV. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo del recurso (v. fs. 189/193 vta.).
V.1. Coincido con él en que el primer agravio expuesto en el recurso, conectado a la vulneración del derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena, con base en su fiscalización aparente (arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; v. supra I.1.), no procede.
Surge de la reseña efectuada que los reclamos postulados en la pieza impugnativa (v. fs. 52/69) fueron abordados en su completitud en la sentencia del órgano revisor sin cortapisas formales (v. fs. 102/110).
Contrariamente a lo afirmado por la parte, el a quo dio respuesta a cada uno de los planteos del defensor particular de Horacio Fernando González, los cuales giraron en torno a la denuncia de absurdo en la valoración probatoria a fin de lograr un cambio en la calificación legal y, por ende, respecto de la infracción normativa (v. fs. 52/68 vta.). Pues, si bien le reprochó insuficiencia, argumento cuestionado por dicha defensa ante esta instancia (v. fs. 120 vta. y 121), de todos modos, ingresó al tratamiento del tema "verdaderamente controvertido" vinculado a las objeciones acerca de si la muerte del niño fue consecuencia de un accionar imprudente del imputado -como afirmaba la defensa- o a título doloso, como sostiene la condena.
En esa senda el mismo órgano judicial destacó la cualidad del peligro que fue creado por el imputado, la importancia de la opinión vertida en el informe confeccionado por la Dirección de Veterinaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia en relación con la peligrosidad potencial del animal, la conciencia de parte de González de la clase de peligro que creaba al dejar al perro en ese lugar y en las c
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