Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130846
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.846, "Z, L. E. s/ recurso de queja en causa n° 78.287 y sus acumuladas n° 78.285 y n° 78.286 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Kogan, Torres.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 2 de noviembre de 2017, rechazó sendos recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a H. O. E.a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor responsable de los delitos de corrupción de menores agravada por la convivencia previa con un menor de dieciocho años, por ser encargado de la guarda -víctimas M. B. Z. y C. Z.-, y por ser padre conviviente -en el caso de L. C. , C. M. y A. M. E.-, en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, en la modalidad de delito continuado, agravado por la convivencia con un menor de dieciocho años y por ser encargado de la guarda -respecto de M. B. Z. y C. Z.-, y por el vínculo -con relación a L. C. E., C. M. y A. M. E.-, con acceso carnal -respecto de C. M. y A. M. E.-, cinco hechos en concurso real entre sí respecto de cada uno de las víctimas; a L. E. Z. a la pena de veintisiete años de prisión, accesorias legales y costas, por ser autor responsable de los delitos de corrupción de menores agravada por la convivencia previa con un menor de dieciocho años y por tratarse del encargado de la guarda, en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia preexistente con un menor de dieciocho años y por tratarse del encargado de la guarda -víctimas L. C. , C. M. y A. M. E.-, tres hechos en concurso real entre sí; y a C. G. R. a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por ser cooperadora penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores agravada por ser madre conviviente -con relación a M. B. Z. y C. Z., C. M., L. C. y A. M. E.-, en concurso ideal con abuso sexual agravado por configurar un sometimiento sexual gravemente ultrajante y por el vínculo -respecto de M. B. Z. y C. Z., L. C., A. M. y C. M. E.-, cinco hechos que concurren materialmente entre sí respecto de cada una de las víctimas (arts. 40, 41, 45, 54, 55, 119 párrafos segundo, tercero y cuarto apdos. "b" y "c", 125 párrafo tercero y 133, Cód. Penal; v. fs. 152/178 vta. con relación a fs. 42/71 vta.).
Contra lo así resuelto, el señor defensor oficial adjunto ante aquella instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de H. O. E.(v. fs. 185/196 vta.); por su parte el doctor Nicolás Agustín Blanco, también defensor oficial adjunto ante el tribunal casatorio dedujo igual recurso en beneficio de L. E. Z. (v. fs. 198/211); finalmente, el doctor Daniel Aníbal Sureda, defensor oficial adjunto ante Casación articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de C. G. R. (v. fs. 212/226 vta.). Todos ellos fueron declarados inadmisibles por el Tribunal de Casación Penal (v. fs. 227/235), posteriormente esta Corte admitió las quejas incoadas y los concedió (v. resols. de fs. 348/351; 510/512 y 673/676).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 680/693), dictada la providencia de autos (v. fs. 694), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 185/196 vta. a favor de H. O. E.?
2ª) ¿Lo es el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 198/211 en beneficio de L. E. Z.?
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 212/226 vta. por la defensa de C. G. R. ?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor oficial denunció que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente de la sentencia de condena en lo concerniente a la fundamentación del monto de pena. Expresó que se incurrió en la omisión de tratamiento de una cuestión que estimó como esencial y que ello sería configurativo de un supuesto de arbitrariedad, con frustración de la garantía de la revisión amplia. Invocó los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 187 vta./191).
Alegó que, de los cuatro agravios esgrimidos en el recurso de casación sobre la determinación de la pena el tribunal revisor habría tratado "únicamente tres", dejando sin respuesta el restante referido a que "pese a haberse valorado atenuantes no tenidas en consideración por la Fiscalía, se impuso la misma pena de treinta años de prisión que fuera requerida por aquella..." (fs. 189 vta.).
En su opinión, el a quo habría procedido a "fragmentar" el planteo llevado a su conocimiento, frustrándose la operatividad de la garantía de revisión amplia del fallo de condena y configurando un supuesto de arbitrariedad (v. fs. 191). Agregó que los conceptos vertidos por la casación (v. fs. 176), en cuanto entendió que las sanciones impuestas no constituían una pena desproporcionada, no abastecerían la exigencia de la revisión amplia conforme la garantía establecida en los citados arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que esa premisa se utilizó por igual respecto de los tres inculpados sin detenerse a verificar en el caso de E. si se daba una "...situación irregular por falta de motivación" en ese punto en cuestión (v. fs. 192).
Acompañó su reclamo con la invocación del fallo dictado por esta Corte en la causa "Ruiz" (P. 83.260), también de los precedentes "Miara", "Squilario", "Casal" y "Martínez de Areco" de la Corte federal, y de los casos "Herrera Ulloa" y "Mohamed" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación (v. especialmente fs. 685 vta./687 de su dictamen).
III. Para dar respuesta a los agravios traídos en la vía extraordinaria en examen, resulta oportuno reseñar lo siguiente:
III.1. El sentenciante de origen computó como pautas atenuantes de la pena a favor de E. las siguientes: 1) las "vivencias experimentadas" en su niñez y adolescencia; 2) la carencia de antecedentes penales; 3) la circunstancia de ser portador del virus HIV, que lo coloca en una posición de "extrema vulnerabilidad"; y 4) su "triste historia de vida" (v. fs. 62/63, sent. de condena).
A su vez ponderó como agravantes de la sanción las circunstancias derivadas del maltrato físico, el estado de abandono tanto de las niñas sometidas como de los hermanos menores de edad, el daño psicológico irrogado a las jóvenes víctimas y el mal concepto vecinal. Por otro lado, descartó el pedido de que se valoren en ese carácter las amenazas proferidas por E. durante el juicio (v. fs. 63 vta./64 vta.).
III.2. En el recurso de casación, en lo que resulta de interés, la defensa oficial había cuestionado la determinación del monto de pena establecido para el coimputado E., tildando de arbitraria la sentencia por evidenciar "defectuosa fundamentación" en esa cuestión. En lo pertinente, se había alegado que a pesar de haberse computado atenuantes ello no habría menguado "siquiera un ápice la pretensión punitiva" y que tampoco se habría "explicado" la incidencia de las agravantes en el "proceso intelectual de mensuración de la pena", concluyendo en que la sanción impuesta resultó elevada (v. fs. 78 vta./81 vta., legajo cas. n° 78.285).
III.3. A su turno, el Tribunal del recurso abordó en el acápite "V" de su fallo el control sobre la medida de la pena con relación a los tres imputados (v. fs. 175 y sigs., legajo casatorio n° 78.287).
Luego de confirmar las agravantes impuestas, sostuvo que las sanciones aplicadas a los encartados, E. entre ellos, "...por la cantidad de hechos que se les imputan, la duración en el tiempo, la naturaleza de los mismos y la posición de garantes en la que todos se encontraban respecto de las víctimas menores de edad y descendientes directos de los mencionados, en función de las escalas aplicables, con fundamento en las circunstancias mensuradas en el veredicto y cuanto resulta de los indicadores de los artículos 40 y 41 del Código Penal", no constituían penas desproporcionadas (v. fs. 176).
Refirió que para la determinación de la pena no debe atenderse a la consideración fragmentaria y aislada de las pautas que se proponen, debido a que el proceso individualizador no importa un mero cálculo matemático y atiende a la apreciación de los aspectos objetivos del hecho y a las calidades del autor; y que conforme surge de la lectura del decisorio impugnado, el sentenciante fundó concretamente la graduación de la sanción en cada caso particular, explicitando las circunstancias agravantes que concurrieron para cada uno de los imputados, indicando cómo habían quedado acreditadas y cuál era su incidencia sobre el juicio de culpabilidad -esto es si implicaban un agravamiento o una atenuación del reproche- (v. fs. 176 vta. y 177).
Seguidamente, citó doctrina de esta Corte respecto del grado de incidencia que sobre el quantum de la pena a aplicar tendrían las circunstancias agravantes y atenuantes ponderadas por el tribunal -cuya existencia y sentido asignado no se discutió- y que ello no implica ni significa violación legal alguna. Expresó además que "...en el marco de los artículos 40 y 41 del Código de fondo, la ausencia de agravante -y aun la concurrencia de atenuantes- no implica la obligación de fijar el mínimo de pena contemplada para el delito respectivo, ni existe -para las divisibles- un punto de ingreso a la escala" (fs. 177).
IV. Sentado lo anterior, concuerdo con lo dictaminado por el señor Procurador General en cuanto a que carecen de asidero los motivos en que la defensa sustentó la denuncia de revisión aparente del monto de pena impuesto a E.; lo mismo en cuanto a que el recurso evidencia la ausencia de un desarrollo argumental con aptitud para controvertir la decisión casatoria sobre la correcta determinación punitiva en el caso (v. esp. fs. 685 vta./687).
En efecto, de los términos de la impugnación se advierte que la parte asentó su crítica evidenciando una posición distinta sobre el modo de efectuar el proceso de determinación de la sanción penal, técnica ineficaz para demostrar que la revisión encarada por el tribunal revisor fuese aparente o arbitraria (art. 495, CPP).
Conforme quedó expuesto, la casación abordó el tema relacionado con la selección del quantum de pena establecido para cada uno de los imputados -entre ellos, E.- y confirmó el juicio efectuado por la instancia de origen, además de brindar fundamentos propios en sustento de su postura, citando para ello doctrina de esa instancia y de esta Suprema Corte.
Así entonces, resulta que la sentencia recurrida cuenta con fundamentación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad denunciada y que, en rigor, la defensa ha desarrollado su reclamo poniendo en evidencia un mero disenso con el grado de incidencia que las circunstancias valoradas por el juzgador habrían tenido sobre la pena impuesta, no logrando de ese modo demostrar la presencia de vicios ni de irrazonabilidad en la decisión a efectos de la pretendida descalificación (art. 495, CPP).
En este punto, es dable destacar que el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el monto de la pena a aplicar de las circunstancias atenuantes y agravantes computadas no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003; P. 73.338, sent. de 25-VI-2003; P. 130.081, sent. de 5-XII-2018; entre muchas).
En ese sentido, vale recordar que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación punitiva, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013).
Por otro lado, cabe decir que si bien el recurrente denunció que el fallo casatorio se habría apartado de la doctrina de esta Corte establecida en el precedente P. 83.260, "Ruiz" y de los fallos "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incurrió en la deficiente técnica de transcribir parcelas de dichos pronunciamientos sin relacionarlos con las concretas circunstancias de esta causa de manera de demostrar por qué resultarían parangonables con la situación aquí juzgada. Dicho déficit sella la suerte adversa del planteo (art. 495, CPP).
Finalmente, es igual de impróspera la alegada ausencia de revisión amplia sobre la determinación de la pena impuesta a E. (conf. arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), en tanto de los términos del pronunciamiento en crisis resulta que el a quo -como quedó reseñado- abordó el control sobre la medida de la pena y se pronunció sobre las críticas llevada a su conocimiento, las que -en lo sustancial- habían estado dirigidas a controvertir la selección del quantum de pena establecido en la instancia de origen, dando así debido tratamiento a los agravios de la defensa y resolviendo en sentido adverso a sus pretensiones.
En suma, no se observa en lo decidido la restricción cognoscitiva que el recurrente endilgó a la sentencia casatoria (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; art. 495, CPP).
Por lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La defensa del coimputado L.E.Z., con sustento en los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18 y 33 de la Constitución nacional, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena.
En primer lugar, criticó el fallo casatorio en lo concerniente a la acreditación de la intervención de Z. en los hechos juzgados. Sostuvo que el órgano revisor no habría contestado los argumentos contenidos tanto en el recurso de casación como en el memorial presentado ante la instancia intermedia.
En opinión del recurrente, el pronunciamiento en crisis contendría "meras afirmaciones genéricas" (fs. 201) que habrían significado una limitada y desnaturalizada tarea revisora.
Afirmó que el tribunal a quo "...se limitó a reeditar los dichos de las víctimas a través de los informes de las psicólogas intervinientes, sin un análisis propio de tales elementos probatorios..." y sin atender el planteo de la defensa referido a que las niñas "...en el debate oral desvincularon expresamente a [Z. ] como autor de abuso alguno" (fs. 201 vta.).
Luego de transcribir la materialidad del suceso que se tuvo por acreditado, tanto por el órgano de juicio como por el tribunal revisor, aludió al cuestionamiento que la defensa había efectuado respecto de las declaraciones de las peritos psicólogas que entrevistaron a las menores hijas del matrimonio R.-E..
El planteo estuvo referido a que el tribunal de juicio habría otorgado una "arbitraria preponderancia" a dichos informes "...por sobre lo declarado por las menores víctimas en la audiencia de debate oral" (fs. 203). Agregó que ellas fueron escuchadas por vez primera en esa ocasión, en tanto no se llevó a cabo la diligencia de Cámara Gesell conforme lo establece el Protocolo respectivo.
Sostuvo que nada de ello fue tratado en la sentencia casatoria, transgrediéndose así el derecho a la doble instancia y a la defensa en juicio.
En afán de destacar la importancia de esa cuestión, expresó que "...no existe un solo testigo directo del hecho que señale a Z. como uno de los coautores de abuso sexual y corrupción de menores", que las víctimas no lo acusaron y que el relato de la menor L. C. E., del que resultaría que este imputado también abusó de ella y sus hermanas, habría sido introducido a través de un "testigo de oídas (la Lic. Finocchi)" (fs. 203 vta.).
Alegó que ni la sentencia de condena ni la del revisor habrían explicado "...por qué eligen descartar todas las argumentaciones efectuadas por la defensa en pos de demostrar la existencia de la orfandad probatoria denunciada o al menos, la de un margen de duda razonable" (fs. 204).
Enfatizó en que no se habría verificado la aplicación correcta del método histórico con el límite que impone el in dubio pro reo, ni efectuado un "examen integral" del fallo de condena.
Concluyó este apartado del recurso denunciando la conculcación del derecho a la doble instancia y a la defensa en juicio. Invocó los fallos de la Corte federal in re "Casal" y "Martínez de Areco" y los precedentes P. 99.084 y P. 89.939 de esta Corte.
I.2. En segundo término, el señor defensor oficial argumentó sobre la denunciada errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, y afirmó que el monto de pena impuesto a Z. habría carecido de debida fundamentación.
Sostuvo que la defensa había cuestionado las circunstancias agravantes de la sanción y que el Tribunal de Casación se limitó a convalidarlas sin un análisis propio de los argumentos expuestos en la impugnación anterior. También adujo que en esa decisión se hicieron referencias a situaciones que no fueron solicitadas por el agente fiscal y que ni siquiera habrían estado mencionadas por el órgano de la primera instancia.
Asimismo, criticó que no se haya explicitado la imposición de una "...pena superior al mínimo previsto para la escala legal aplicable al caso" (fs. 206), lo que tornaría al pronunciamiento recurrido en arbitrario.
Y, sobre la base de una comparación con la pena impuesta a E., consideró que la sanción de Z. resultó "totalmente irrazonable y desproporcionada" (fs. cit.) con relación a las conductas que le fueron atribuidas.
Concluyó afirmando que el tribunal revisor efectuó un "examen parcial y arbitrario" (fs. 207) sobre la pena impuesta a Z. , lo que no se condeciría con la adecuada "revisión integral" que debió efectuar.
I.3. Por último y en subsidio del agravio referido a la intervención de Z. en los hechos juzgados, el señor defensor oficial denunció la errónea aplicación del art. 119, párrafo 4°, incs. "b" y "f" del Código Penal.
Afirmó que el órgano de juicio tuvo por acreditadas las agravantes de la figura básica "...en función de entender que cuando el matrimonio R.-E. se ausentaba[] de su casa las hijas menores de éstos quedaban al cuidado de Z." y que la defensa para refutar esa conclusión había alegado, esencialmente, que ante esas circunstancias "...era M. -no [su] pupilo quien quedaba al cuidado de sus pequeños hermanos" (fs. 208).
Con relación a la agravante "encargado de la guarda", con apoyo en cita de autores y de doctrina de esta Corte (causa P. 66.330, sent. de 20-III-2002), sostuvo que "...no se encuentra acreditado que Z. sea quien detente [] título (ni legal ni de hecho) sobre las menores E." (fs. 209).
Respecto de la "convivencia preexistente" establecida para calificar la figura básica de abuso sexual expresó, a contrario de lo afirmado por el revisor, que no estaría acreditada dicha circunstancia y que, aun de mediar una "relación de cercanía", tal situa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.