Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130839
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.839, "Quijano, Pablo Daniel; Quijano, Cristian Javier y Salas, Matías Darío s/ Recurso de queja en causa n° 78.909 y sus acumuladas n° 78.912, 78.913 y 78.921 del Tribunal de Casación Penal, Sala III" y su acumulada causa P. 133.079, "Pugliese, Jonathan Ricardo s/ queja en causa n° 78.909 y sus acumuladas 78.912, 78.913 y 78.921 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el día 1 de agosto de 2017, rechazó los recursos de la especialidad presentados por la defensa oficial de Pablo Daniel Quijano, Cristian Javier Quijano y Matías Darío Salas y por el entonces abogado particular de Jonathan Ricardo Pugliese contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro que condenó al primero de los nombrados a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas más declaración de reincidencia por resultar coautor de los delitos de homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por haberse utilizado armas de fuego en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el uso de arma; al segundo le impuso pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautor de los delitos de homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra y de uso prohibido (tres hechos) en carácter de autor, en concurso real con homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por haberse utilizado armas de fuego en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el uso de arma por los que deberá responder en carácter de coautor; al tercero lo condenó a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por haberse utilizado armas de fuego en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el uso de arma; finalmente, al cuarto de ellos lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar instigador de los delitos de homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de autor (v. fs. 507/521).
Asimismo, el Tribunal de Alzada corrigió la sentencia de grado excluyendo la aplicación del art. 41 bis del Código Penal.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad a favor de Pablo Daniel Quijano, Cristian Javier Quijano y Matías Darío Salas (v. fs. 530/548 vta.).
De igual manera, el entonces defensor particular de Jonathan Ricardo Pugliese, doctor Mariano Hugo Kinan, presentó idéntica vía extraordinaria (v. fs. 810/817 vta.).
El Tribunal de Alzada las desestimó por inadmisibles.
En consecuencia, la defensa oficial presentó queja a favor de Pablo Daniel Quijano, Cristian Javier Quijano y de Matías Darío Salas.
Esta Corte, el día 10 de abril de 2019, admitió la queja y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que el agravio relativo a la afectación del derecho a la revisión amplia del fallo de condena (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP) se planteó con la suficiencia necesaria (v. fs. 582/585).
Por su parte, Pugliese le revocó el cargo a su entonces abogado particular y pasó a ser asistido por el citado señor defensor oficial que, frente a la voluntad impugnativa del nombrado, presentó queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 826/827 vta. y 829/835).
Este Tribunal, el día 27 de noviembre de 2019, declaró procedente la queja y admitió la vía del art. 494 del Código de rito respecto de Pugliese únicamente en lo que hace al planteo de errónea aplicación de los arts. 45 del Código Penal y 5 inc. "c" de la ley 23.737, a la par que confirmó la inadmisibilidad de la denuncia de afectación al principio in dubio pro reo por no reunir la suficiencia técnica necesaria (v. fs. 837/839).
Oído el señor Procurador General a fs. 591/595 y 847/849 vta., dictada la providencia de autos a fs. 853, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado a favor de Pablo Daniel Quijano, Cristian Javier Quijano y Matías Darío Salas?
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Jonathan Ricardo Pugliese?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado a favor de Pablo Daniel Quijano, Cristian Javier Quijano y Matías Darío Salas se reseñarán los agravios.
El señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, denunció revisión aparente del fallo de condena (conf. arts. 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; CSJN causa "Casal"; v. fs. 533 vta. y 534).
Alegó que el tribunal de casación, al confirmar la coautoría de Pablo Quijano y de Cristian Quijano en el marco de la causa 4591/15 y la coautoría de estos junto con la de Salas en el expediente 4606/15, cumplió su tarea de modo aparente por dos motivos: 1) reiteró los elementos probatorios ponderados por el órgano de mérito sin analizarlos de manera razonada; 2) no efectuó un análisis razonado de los elementos probatorios con incorporación y estudio de los argumentos primordiales de la defensa introducidos en el recurso de casación (v. fs. 535 vta.).
I.1. Causa 4591/15.
Luego de reeditar textualmente los hechos que se tuvieron por probados, denunció que el Tribunal de Alzada se limitó a reiterar las consideraciones del fallo de mérito.
Puntualizó que no se especificó cuáles fueron las pruebas que quedaron sin refutar por parte de la defensa; que se tuvo por probada la autoría de los hermanos Quijano a partir de las testimoniales de Gómez y Jaldín pese a que no estuvieron presentes en el momento del hecho; y que los citados testigos dijeron que luego de escuchar un disparo vieron a un solo sujeto salir corriendo, por lo que, eventualmente, tales testimonios podrían incriminar a uno solo de los hermanos Quijano (v. fs. 537 y vta.).
Agregó que se ponderó como prueba de cargo que Jaldín reconoció la campera secuestrada en poder de los Quijano como similar a la que llevaba el sujeto que vio correr. Frente a ello, la defensa cuestionó que las características comunes de esa prenda de ropa (campera azul con la insignia "AFA") hacían que pudiera pertenecer a un número indeterminado de personas. Resaltó que los imputados negaron que fuera de su propiedad y afirmaron que "...fue plantada en la escena del allanamiento" (fs. 537 vta.).
En cuanto a las apreciaciones de los testigos de cargo sobre las apariencias físicas de los autores del hecho, criticó que el tribunal de casación se haya remitido a lo expuesto en el fallo de primera instancia sin precisar de qué manera se tuvieron por certeros los reconocimientos. En lo que respecta a la sindicación de Cristian Quijano por parte la víctima Rubén Dalponte en la audiencia de debate, indicó que el órgano revisor no respondió la objeción de la defensa a ese "reconocimiento" ni expresó motivo alguno por el cual lo ponderaba favorablemente pese a ser impropio (v. fs. 537 vta. y 538).
De seguido, frente a la manifestación de la testigo Melany Santillán, que declaró que Cristian Quijano mató a Berdugo y que Pablo Quijano "...se había zarpado pateando a la víctima", lo que a criterio de los sentenciantes fue corroborado por la autopsia y por la posterior declaración de Vanina Ferrón, el recurrente consideró que no se dieron razones suficientes para explicar por qué se juzgó que tales declaraciones eran altamente creíbles. Alegó que la autopsia no dio precisiones sobre la fecha de las lesiones ni sobre la compatibilidad de los golpes con puntapiés. Y que tampoco se acreditó con los dichos de Dalponte que las supuestas patadas hubieran sido en la cabeza (v. fs. 538 y vta.).
Luego, criticó que se descartaran por "confus[o]s" los dichos de Pablo y Cristian Quijano. A su entender, sus defendidos dieron vastas explicaciones de dónde y con quién estaban el día de los hechos (v. fs. 538 vta.).
Reiteró que el Tribunal de Casación Penal reprodujo la prueba de cargo ponderada por el órgano de mérito sin dar razones suficientes que demostraran el cumplimiento de las reglas de la sana crítica (v. fs. 539 y vta.).
Por otra parte, sostuvo que tampoco se estudiaron ni refutaron los argumentos expuestos por la defensa en el recurso casatorio (v. fs. 539 vta.). En tal sentido, recordó que se planteó que el único conflicto previo acreditado fue entre Pugliese y la víctima Berdugo, no así entre este último y los hermanos Quijano (v. fs. cit. y 540).
Adujo que también se planteó que las testigos de cargo Vanina Ferrón y Melany Santillán fueron pareja de los Quijano y que por el mal modo en que terminaron sus relaciones tenían "...claras intenciones de perjudicarlos" (fs. 540). Rememoró que en el recurso de casación se pusieron en evidencia las contradicciones en que incurrieron las citadas testigos en cuanto a una agresión con agua hirviendo, así como también sobre una caja de proyectiles hallada durante el allanamiento (v. fs. cit.).
Adunó que tampoco se dio debida respuesta al planteo de que la campera azul secuestrada tenía características comunes y que podía pertenecer a un número indeterminado de jóvenes (v. fs. 540 vta.).
Por otra parte, en lo que respecta al reconocimiento de Cristian Quijano efectuado por parte de Dalponte, sostuvo que no resultó contundente pues dio cuenta de características que no revisten ninguna particularidad por lo que, a su entender, la víctima "...puede haberse equivocado". A ello agregó que no se practicó reconocimiento en rueda de personas (v. fs. 540 vta.).
Respecto al secuestro de la munición 9 mm plateada, la defensa oficial puso en discusión que fuera un hallazgo de relevancia para la investigación pese a coincidir con las vainas servidas halladas en el lugar de los hechos argumentando que "...en cualquier barrio de emergencia de la Provincia se pueden conseguir" (fs. 540 vta.). A su vez, señaló que "...cuando el Fiscal en el alegato destacó por qué iban a tener tanta cantidad de proyectiles sin tener el arma correspondiente la respuesta es de toda lógica y sentido común: se pueden cambiar o vender, pero no puede inferirse que por tener las municiones necesariamente tenían el arma homicida" (fs. 540 vta. y 541).
De seguido, apuntó que también se dejaron sin respuesta los siguientes argumentos: "...es sumamente extraño que no se hallara el arma homicida en poder de los imputados"; "...ambos reconocieron las armas que le fueron secuestradas pero ello no implica que sean autores del homicidio"; "...el testigo Gómez declaró que observó a una persona muerta y al herido Dalponte y este le manifestó que habían entrado dos personas, cuando en realidad Dalponte manifestó haber visto una 'sombra'"; "...si fuese cierto que la persona que pasó por allí observada por Gómez y Jaldín fuese alguno de los Quijano ello no los convierte tampoco en los autores"; "...Vanina Ferrón, Melany Santillán y Maximiliano Cejas son testigos de oídas que declararon detalles ni siquiera expuestos por Dalponte, único testigo presencial" (fs. 541).
Concluyó que el Tribunal de Alzada no dio una respuesta particular a cada una de estas cuestiones (v. fs. cit.).
I.2. Causa 4606/15.
En lo que respecta a la causa 4606/15, la defensa oficial alegó que el Tribunal de Casación Penal no dio razones suficientes para sostener que las declaraciones testimoniales de las víctimas Hugo Gutiérrez y Víctor Gutiérrez, así como también de Santiago Gutiérrez, Cintia Gil y del personal policial fueron valoradas adecuadamente y que resultaban concordantes entre sí (v. fs. 542).
Puntualizó que la testigo Gil no pudo ser ubicada para declarar en el juicio y que su testimonio se incorporó por lectura, a lo que agregó que esta no mencionó a Matías Salas entre los autores, sino que sindicó a "Maxi Rodríguez" (fs. cit.).
Se agravió de que el órgano revisor reprodujera lo resuelto por el tribunal de mérito y no analizara "...si ante la existencia de un conflicto previo entre imputados y víctimas, encontrándose una de las víctimas detenida al comparecer a juicio y otra prófuga de la justicia no guardaba asidero la tesis de la falta de credibilidad de [sus dichos]". Consideró que "...desviar la mirada hacia los imputados es una respuesta tangencial que no cumple el estándar de revisión en materia de doble conforme" (fs. 542 y vta.).
Criticó que se hubiera descartado la declaración de Salas, conteste con las manifestaciones de Torres y Monzón por "...confusas y contradictorias en sí mismas". Recordó que Salas estuvo con los nombrados a la tarde, que luego los tres fueron a bailar a un local de nombre "Tropitango", y que Salas fue detenido al día siguiente sin saber el motivo. Estimó que el Tribunal de Casación Penal ratificó lo actuado por el tribunal de San Isidro sin explicar por qué consideró confusas y contradictorias tales declaraciones (v. fs. 542 vta. y 543).
Por otra parte, en lo que respecta a las declaraciones exculpatorias de Pablo Quijano relativas a que el día de los hechos estaba en el cumpleaños de Elizabeth Moyano, ratificadas por esta última, así como también con la fecha de nacimiento de su Documento Nacional de Identidad (DNI), aseveró que el Tribunal de Casación Penal confirmó lo sostenido por el órgano de mérito en cuanto a que tales explicaciones resultaban inverosímiles, pero no dio argumentos nuevos para descalificarlas conforme las reglas de la sana crítica razonada (v. fs. 543).
En cuanto al equipo de música y la supuesta sustracción, se agravió de los argumentos con los que el Tribunal de Alzada tuvo por demostrada su existencia, pues no analizó el contenido de las declaraciones testimoniales de Hugo y Cristian Gutiérrez ni su coherencia intrínseca y extrínseca. Afirmó que "...así de inequívocos como se valora[ron] los testimonios de las víctimas en cuanto a que había un equipo de música prendido y luego no estaba, podrían valorarse igualmente inequívocas las posibilidades de que ya no estuviera allí por otras razones, de que fuera sustraído por otro sujeto de los no habidos en la investigación, de que pese a haberse acreditado su compra podría haberse vendido, regalado o trasladado a terceros con anterioridad, etcétera" (fs. 543 vta.).
Agregó que el equipo de música no fue incautado en ninguno de los allanamientos, de ahí que sostener la condena de sus asistidos más allá de toda duda razonable exigía un mayor esfuerzo de argumentación (v. fs. cit. y 544).
En cuanto al reconocimiento por parte de las víctimas de las armas secuestradas a los hermanos Quijano como aquellas utilizadas en el hecho, criticó que no se hubieran dado explicaciones sobre el lugar en que se encontraban los damnificados en el momento de los acontecimientos y su real posibilidad de verlas, más aún cuando dijeron que se "...'guarecieron' para evitar ser heridos" (fs. 544).
Por otra parte, denunció que no se estudiaron ni refutaron los siguientes argumentos llevados por la defensa en el recurso de casación:
"...los testigos Gutiérrez se contradijeron en torno a cuál de los imputados portaba cada una de las armas", situación que no fue reconstruida por el Tribunal de Casación Penal;
"Las supuestas víctimas no se interesaron en atenderse médicamente en un nosocomio el día de los hechos, es decir, el 18 de mayo de 2014, y los informes médicos datan recién [de] los días 29 y 30 de mayo de 2014. De manera tal que no puede establecerse si las lesiones constadas en esa fecha se produjeron el día 18";
La falta de realización de peritaje balístico, peritaje de rastros, cotejos y la ausencia de constatación de impactos de bala;
La testigo Cintia Gil descartó la presencia de Salas en el lugar de los hechos, pese a lo cual sus dichos se valoraron para incriminarlo;
La versión de Salas sobre su presencia en el local "Tropitango" no pudo corroborarse por haberse requerido tardíamente las filmaciones de las cámaras del lugar, falencia que no puede reprocharse a su asistido;
En cuanto a los dichos de Elizabeth Moyano y la afirmación de que el día de los hechos los hermanos Quijano estaban en su cumpleaños, el órgano revisor los descartó sin verificar "...los pormenores de su relato" (fs. 544 vta. y 545).
Concluyó que únicamente el argumento referido a la falta de verificación de la existencia y sustracción del equipo de música fue someramente contestado (v. fs. 545).
I.3. Por todo lo expuesto, afirmó que las restricciones cognoscitivas en las que incurrió el Tribunal de Casación Penal, por haber efectuado un mero repaso formal de los testimonios y elementos de prueba y por haber omitido planteos pertinentes de los recursos de casación en el marco de los expedientes 4591/15 y 4606/15, afectó el derecho al recurso de sus asistidos (conf. art. 8.2.h, CADH; CIDH caso Herrera Ulloa ; CSJN causa "Carrera"; e.o.; v. fs. 545/548).
II. En su dictamen de fs. 591/595, el señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso deducido.
Como él, entiendo que los planteos no pueden prosperar.
III. La denuncia de violación de los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos es improcedente en tanto el Tribunal de Casación Penal otorgó debido tratamiento a los planteos de la defensa y dio razones suficientes para confirmar la condena de Pablo Daniel Quijano, Cristian Javier Quijano y Matías Darío Salas (art. 496, CPP).
Veamos.
III.1. En lo que respecta a la causa 4591/15, el fallo casatorio, en primer lugar, recordó los hechos que se tuvieron por probados:
"[E]l 26 de mayo de 2014, siendo aproximadamente las 16.30 horas, en el interior del domicilio sito en la calle Italia n° 1602, esquina Humaitá de la Localidad de San Fernando, dos sujetos mediando un plan previamente acordado entre ellos para actuar sobre seguro, interceptaron sorpresivamente al propietario de la vivienda aludida, Daniel Juan Berdugo, quien se encontraba a escasa distancia de la puerta de acceso de la misma, siendo que uno de los sujetos mencionados, con la anuencia y colaboración directa del segundo, lo atacó de improvisto, aprovechándose de su estado de indefensión y que se hallaba desprevenido, efectuándole una cantidad de disparos cercanos a la decena con un arma calibre 9 mm. en dirección al cuerpo del mencionado Berdugo, con claras intenciones de quitarle la vida, así como inmediatamente después otros con el mismo designio criminal a su empleado Rubén Dalponte, quien se hallaba en el interior de la finca llevando a cabo tareas de pintura, produciendo el inmediato deceso del primero de los nombrados, producto de un shock hipovolémico causado por el ingreso de uno de los proyectiles en la región escapular derecha, ev
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