Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128878
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja articulada por José Luis López conjuntamente con su letrado de confianza (arts. 484 y 486 bis, CPP).
2Declarar la inoficiocidad de la tarea profesional desarrollada ante esta instancia a los fines regulatorios por el doctor Sergio Carlos Olguin (art. 30 dec. ley 8094/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"LOPEZ, JOSE LUIS S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 78.769 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI" Y "LOPEZ, JOSE LUIS S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 78.769 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI".
La Plata, 20 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.878-RQ, caratulada: "López, José Luis s/ Recurso de queja en causa n° 78.769 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" y su acollarada P. 129.047-RQ, caratulada: "López, José Luis s/ Recurso de queja en causa n° 78.769 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala VI del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial Zarate-Campana que tras el reenvío dispuesto por aquélla sede- resolvió que la condena impuesta a José Luis López en dos años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer empleo público y multa de setecientos pesos y costas, por resultar autor y coautor penalmente responsable del delito de peculado en concurso ideal con hurto calificado por haber sido ejecutado por un miembro de la policía bonaerense e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real entre sí, debía ser de ejecución condicional (v. fs. 15/18).
Para así decidir, expuso que la jurisdicción del a quo estaba limitada por el reenvío establecido (art. 461, CPP), no formando parte de ella el tópico que pretende cuestionar el impugnante validez de la pena de inhabilitación absoluta perpetua y planteo de inconstitucionalidad de la misma-. Adujo que dicho pedimento había sido realizado por la Defensora Oficial adjunta ante esa instancia, por lo que "frente a la respuesta adversa obtenida a partir de la sentencia dictada por e[s]e Tribunal, la parte debió utilizar la vía extraordinaria ante [esta Corte] (arts. 479 y ss., CPP)".
II. Frente a ello, se dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. fs. 5/13 vta.), el que fue declarado inadmisible con fecha 23 de marzo de 2017 (v. fs. 2/4).
Refirió que en el caso el requisito exigido respecto del monto de la pena no se encontraba abastecido y que, si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que puedan estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", la admisibilidad del reclamo en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que era menester su correcto planteamiento, pues sólo así esta Corte se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento como Superior Tribunal en la causa según los precedentes de la Corte federal antes referenciados.
De seguido, consideró que tal situación no se apreciaba en la especie pues el reclamo se desentendía de lo efectivamente resuelto por ese Tribunal, en tanto se había explicado que la jurisdicción del órgano de mérito se encontraba limitada por el reenvío dispuesto y que, frente a la respuesta adversa obtenida en su primera sentencia, la Defensa debió acudir a esta Corte. Sumó a ello que, de hecho, se advierte que la parte reconoció en la presentación en trato- la omisión apuntada.
Recordó que es doctrina de la Corte federal "la que afirma que constituye un requisito el mantenimiento del planteo constitucional ante el Tribunal de Alzada y su debida sustentación ante él (CSJN, Fallos: 305:1694), lo que no ocurre en el caso si, tal como se dijo, la parte omitió llevar oportunamente la cuestión ante el Superior de provincia".
Por lo demás, indicó que la defensa no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimaba comprometidas (art. 15, ley 48).
Concluyó que la cuestión que el recurrente planteó de naturaleza federal no constituía una crítica concreta y razonada de los argumentos en que esa Sala había sustentado el fallo impugnado por lo que el recurso carecía en este tramo de fundamentación autónoma y que dicho requisito no se satisfacía con la exposición genérica y esquemática de causales de arbitrariedad o la aseveración de una solución jurídica distinta cuando no se vinculaba directamente el contenido del fallo que resuelve las respectivas cuestiones.
III. Ante tal escenario, el encartado conjuntamente con su letrado de confianza, doctor Sergio Carlos Olguin- el 17 de abril de 2017 articuló recurso de queja en los términos del art. 433 del Código Procesal Penal (v. fs. 19/21 vta.).
Luego, las mismas partes interpusieron una nueva vía de idéntico tenor y contenido el 23 de mayo de 2017 (v. fs. 20/22, causa P. 129.047-RQ).
En ambas, sostuvieron que la sentencia que motivó la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley quebrantó el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio, en virtud de que la pena conjunta y accesoria de inhabilitación para ejercer cargo público, resultó desproporcionada y desmedida conforme el grado de su culpabilidad "trastocando ello el principio de racionalidad, culpabilidad y proporcionalidad de las penas".
Argumentaron que la pena de inhabilitación absoluta perpetua lesiona los derechos laborales amparados por el art. 14 bis de la Constitución nacional y quebranta la garantía constitucional de la estabilidad del empleo público.
IV. Liminarmente cabe poner de resalto que en la causa P. 128.878-RQ la parte no dio cumplimiento a los recaudos previstos por el art. 486 bis del Código Procesal Penal, en tanto no acompañó copia de la notificación del imputado a los fines de justificar la temporaneidad de la vía, ya que si se toma en cuenta la fecha de notificación del auto denegatorio a la defensa 31 de marzo de 2017- y la interposición de la queja 17 de abril-, la misma es extemporánea.
Sin embargo, en la restante causa que corre por cuerda a la presente se encuentran abastecidos acabadamente los requisitos formales exigidos por aquélla norma de rito.
En consecuencia, y más allá de que en autos sería de aplicación el principio de preclusión por consumación, según el cual cuando se ha incoado una impugnación no procede presentar nuevamente otra pues el perfeccionamiento del acto de recurrir impide su reiteración (conf. causa P. 110.873, resol. de 1-IX-2010; P. 117.169 y acum. P. 118.214, resol. de 23-XII-2013; P. 125.715 y acum. P. 125.782, resol. de 19-VIII-2015; P. 122.643, resol. de 7-IX-2016; P. 119.361 y acum. P. 119.368, P. 119.369 y P. 119.375, resol. de 21-IX-2016; P. 124.684 y acum. P. 125.300, resol. de 14-XI-2016; entre otros), en aras de garantizar el derecho de defensa del imputado, esta Corte se abocará a su tratamiento.
V. Sentado ello, la queja no es de recibo.
De lo reseñado en el apartado III se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los fundamentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
En efecto, el quejoso se limitó a insistir en los agravios llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. especialmente fs. 5 vta./6 y fs. 11 vta.) y nada dijo en torno al decisorio que declaró inadmisible el mismo; más aún, lo ignoró por completo y no efectuó consideración alguna tendiente a remover los argumentos que le dieron soporte, siendo precisamente éste el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP).
Tiene dicho esta Suprema Corte que la decisión que no concede el recurso es el exclusivo objeto impugnable, y la motivación de la presentación directa no puede sino cimentarse en la censura a la errónea inadmisión del recurso.
VI. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Lo expuesto es atingente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja articulada por José Luis López conjuntamente con su letrado de confianza (arts. 484 y 486 bis, CPP).
2. Declarar la inoficiocidad de la tarea profesional desarrollada ante esta instancia a los fines regulatorios por el doctor Sergio Carlos Olguin (art. 30 dec. ley 8094/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia