Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128714
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Lorena Paola Valente, con costas (arts. 482, 486 y 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, de. ley 8904/77).
“VALENTE, LORENA PAOLA S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 79.924 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA I”.
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La Presente causa P. 128.714, caratulada: “Valente, Lorena Paola S/ Recurso de queja, en causa n° 79.924 del Tribunal De Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad incoado por la defensa técnica de Lorena Paola Valente, contra la decisión de ese órgano que rechazó la queja deducida ante la resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que –a su vez- denegó el recurso casatorio intentado frente a la confirmación del auto que no hizo lugar al sobreseimiento y cambio de calificación legal requerido por la defensa y elevó la causa a juicio (fs. 2/4 vta.).
Para así resolver, juzgó que “el objeto procesal en crisis resulta sentencia incuestionablemente definitiva” y que se encontraron satisfechos los recaudos de tiempo y forma de la impugnación.
Luego, observó que, en rigor, la defensa expresó su disconformidad con las respuestas brindadas por esa sede a las críticas desarrolladas en el recurso casatorio, por lo que la vía de nulidad intentada no resultaba idónea para cuestionar la posición del Tribunal.
Finalmente, citó precedentes de esta Corte referentes a la procedencia del canal escogido y concluyó que “al no encontrarse supuesto alguno de los enunciados en el artículo 168 de la Constitución [p]rovincial, ni agravio federal suficiente que permita excepcionar dicha carencia”, la impugnación es inadmisible (fs. cit.).
II. Ante tal escenario, los señores Defensores Particulares –doctores Gastón Maximiliano Nicocia y Miguel Ángel Nicocia- articularon recurso de queja (fs. 51/62 vta.).
En primer lugar, recordaron –in extenso- los planteos llevados en el carril extraordinario de nulidad denegado, entre los que resaltaron la vulneración al debido proceso y a la defensa en juicio, la ausencia de tratamiento a determinadas cuestiones por parte del órgano casatorio, el tilde de arbitrariedad del resolutorio y la consecuente gravedad institucional que ello produjo (fs. 52/58 vta.).
Con respecto a la fundabilidad de la vía directa, efectuaron transcripciones parciales del auto denegatorio y arguyeron que el Tribunal intermedio dictó una decisión arbitraria, en tanto la defensa denunció “un supuesto de gravedad e interés institucional evidente y manifiesto” que permitiría la flexibilización de las exigencias de forma para el acceso a esta Corte (fs. 59, con destacado en el original).
En ese discurrir, señalaron que el revisor no estableció adecuadamente cual fue el yerro para concluir la inadmisibilidad del remedio esbozado, por lo que su decisión carece de la fundamentación específica requerida por el art. 486 del digesto adjetivo (fs. cit. vta.).
Expusieron que el a quo “omitió considerar que el recurso de es[a] defensa claramente superó las limitaciones objetivas que prevé e[l] art. 494 del C.P.P., e involucró de manera directa e inmediata la cuestión federal aludida…” (fs. cit./60).
Por lo demás, alegaron exceso en la extensión del juicio desplegado por la sede casatoria, razón por la que entendieron que la queja interpuesta es admisible. A tal fin, citaron lo resuelto por este Cuerpo en la causa P. 125.632 (fs. 60/62).
III. La queja no prospera (art. 486 bis del CPP).
Ocurre que el juicio de admisibilidad negativo debe ser mantenido en esta instancia, aunque por diverso fundamento.
a. En efecto, cabe recordar que este alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que las vías contempladas en el art. 479 del Código Procesal Penal proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo por tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación, o las que aun recayendo sobre una cuestión incidental producen el mismo efecto respecto de la principal (arts. 161 inc. 3 aps. “a” y “b” de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; cfr. doct. Ac. 92.293, 6/VII/2005; Ac. 96.323, 4/X/2006; Ac. 96.632, 31/VIII/2007; Ac. 99.201, 11/VI/2008; entre otros).
En tal sentido, la decisión que originó el presente iter impugnaticio –en tanto denegó el sobreseimiento y cambio de calificación legal solicitado por la defensa, y dispuso la elevación de la causa a juicio- al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del CPP.
Ello es así pues la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. Ac. 92.293, res. del 6/VII/2005).
b. Por otra parte, las pretensas cuestiones federales traídas (violación al debido proceso y la defensa en juicio, entre otros) así como la arbitrariedad argüida no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es, lógicamente, anterior a la consideración de estas problemáticas (conf. P. 116.052, res. del 26/III/2013; P.115.978, res. del 28/VIII/2013; P. 116.185, res. del 5/III/2014; P. 117.596, res. del 19/III/2014; entre otras).
c. Finalmente, en lo que atañe a la invocada existencia de gravedad institucional, es dable destacar que tal extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de las características prealudidas.
En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (conf. doct. Ac. 88.681; Ac. 99.627; Ac. 99.994; Ac. 99.008; Ac. 99.007 y Ac. 106.372, 15/IV/2009; P. 105.783, resol. del 9/XII/2009; conf. CSJN, Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Lorena Paola Valente, con costas (arts. 482, 486 y 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, de. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia