Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128865
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída a favor de Eduardo Miguel Antonio Del Valle; con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Damián Flores Ortigoza por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"DEL VALLE, EDUARDO MIGUEL ANTONIO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 79.862 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.865-RQ, caratulada: "Del Valle, Eduardo Miguel Antonio s/ Recurso de queja en causa N° 79.862 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 30 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó por improcedente- el recurso incoado contra la decisión de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Quilmes que confirmó el auto del Juzgado de Garantías N° 1 departamental que no hizo lugar a la eximición de prisión intentada a favor de Eduardo Miguel Antonio Del Valle (v. fs. 40/44).
Para así resolver, en primer lugar, expuso que el auto impugnado reviste el carácter de equiparable a definitivo, citando en su apoyo jurisprudencia de la Corte nacional y provincial.
De seguido, procedió al análisis de los planteos federales a efectos de sortear el valladar formal impuesto por el art. 494 del Código Procesal Penal (conf. doctr. "Strada" y "Di Mascio" de la Corte nacional) fs. 41 vta.-.
En ese sentido, sostuvo que las críticas se vinculaban con temáticas de índole procesal (alcance del art. 186 en conjunción con las previsiones del art. 169 del CPP) impropias de una cuestión federal.
En cuanto a la tacha de arbitrariedad introducida por el impugnante, ponderó que no había logrado demostrar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales invocadas, la argüida arbitrariedad, y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 42).
Señaló que de la lectura del recurso surgía que la defensa se había limitado a expresar su disconformidad con lo resuelto sin refutar de modo concreto y razonado el fundamento del decisorio en crisis. En dicho marco, juzgó que la defensa no controvirtió eficazmente los argumentos por los cuales fue descartada la arbitrariedad del pronunciamiento de la Alzada departamental.
Consideró que mantienen plena aplicación las exigencias del art. 494 del ritual, en tanto el reclamo ensayado que invoca la garantía constitucional de permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso no reúne la suficiencia y carga técnica necesaria que este tipo de demandas tiene que evidenciar en la medida que los hechos debatidos no tienen vinculación directa con un agravio federal (v. fs. 43 vta.).
II. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Damián Flores Ortigoza, articuló recurso de queja con cita de los arts. 433 y 486 bis del Código Procesal Penal (fs. 46/48).
En primer lugar, efectuó un somero repaso de los antecedentes de la causa.
A continuación, razonó que el remedio extraordinario debió ser admitido "por tratarse de una sentencia definitiva (artículo 450 del C.P.P.), por estar en juego la libertad del justiciable, como garantía constitucional de la doble instancia" (fs. 46 vta., cursiva y resaltado en el original).
Advirtió que al momento de presentar la vía contemplada en el art. 494, hizo expresa mención de las razones fácticas y jurídicas en que centró sus agravios "y por la cual no encontr[ó] ajustado a derecho las resoluciones dictadas en fecha 27 de abril del año 2016 en perjuicio de [su] asistido". Así, reiteró que la decisión en crisis carece de sustento y vulnera los derechos emergentes de los arts. 1, 3, 106, 144, 371 incs. 2, 4 y 5, 373, 375 y concordantes del digesto adjetivo; art. 15 de la Constitución provincial y 18 de la nacional.
Indicó que según el art. 433 del Código Procesal Penal "corresponde desencadenar este recurso ante los estrados de [esta Suprema Corte], el cual fue interpuesto dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento citado precedentemente", y agregó que "la presentación directa (...) se articul[ó] dentro del plazo previsto por el artículo 486 bis del C.P.P." (fs. 47 vta.).
III. La queja no es de recibo.
De lo reseñado se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, en tanto limitó sus esfuerzos a reeditar los agravios llevados a conocimiento de la instancia anterior.
En definitiva, no removió los obstáculos formales en base a los cuales el a quo desestimó la vía en cuestión, dejando incontrovertido su fundamento.
De este modo, la presente se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Tiene dicho esta Suprema Corte que la decisión que no concede el recurso es el exclusivo objeto impugnable, y la motivación de la presentación directa no puede sino cimentarse en la censura a la errónea inadmisión del recurso.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída a favor de Eduardo Miguel Antonio Del Valle; con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Damián Flores Ortigoza por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia