Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128935
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja deducida (art. 486 CPP según ley 14.647) y hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto (art. 486 cit.), dejar sin efecto la sentencia cuya copia luce a fs. 31/32 vta. del presente legajo y comunicar lo aquí resuelto al órgano intermedio para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (art. 496, Cód. cit.; art. 31 bis de la ley 5827 conf. texto según ley 13.812-).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 128.935-RQ, caratulada: "Tejerina, Guillermo Adolfo s/ Recurso de queja en causa N° 79.449 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó por improcedente- el recurso de la especialidad incoado contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen que confirmó el rechazo de la eximición de prisión peticionada a favor de Guillermo Adolfo Tejerina (v. fs. 44/47 vta.).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló queja (v. fs. 54/58 vta.).
Sostuvo que el a quo al momento de resolver desoyó los concretos agravios federales.
Expuso que se atribuyó a ese Ministerio la carencia de fundamento argumental autónomo que demuestre la razón por la cual la sentencia atacada restringe de manera directa e inmediata las garantías constitucionales invocadas; sin embargo destacó- que esa defensa se vio obligada a recurrir a esta Corte con el objeto de corregir lo resuelto en la instancia anterior, la cual, mediante una argumentación dogmática rechazó la impugnación.
Agregó que la Sala en cuestión, al declarar inadmisible el recurso, no advirtió que, además del agravio denunciado en relación a la precaria calificación sustentada y por ende la escala penal prevista, esa defensa desde el planteo inicial, sostiene que no hay peligro procesal acreditado que funde la restricción de libertad de su defendido.
Trajo a colación lo dicho en la causa P. 85.977, y alegó que la casación se extralimitó en el análisis de admisibilidad que le es propio y, como consecuencia de ello, vedó el acceso a la jurisdicción en el marco de la ultra garantía de la revisión amplia del fallo de condena "por cuanto la sentencia del TCP que rechaza el recurso de casación, por resultar un pronunciamiento arbitrario basado en afirmaciones dogmáticas, no puede considerarse válida y menos aún una revisión suficiente".
Finalmente dijo que su asistido no tuvo oportunidad de conocer y criticar los argumentos por los cuales el a quo no atendió el planteo referido a la procedencia del beneficio solicitado.
III. En el sub examine, el Tribunal de Casación para desestimar la vía extraordinaria impetrada, luego que juzgó equiparable a definitiva la decisión impugnada, remarcó el carácter procesal de la materia involucrada y, al no hallar abastecidos los requisitos previstos por el art. 494 del Código Procesal Penal, estimó que cabía analizar si mediaba algún planteo federal idóneo para sortear el valladar allí impuesto y, en su caso, si éste había sido formulado con suficiencia.
En dicho marco, expuso que si bien en el caso la defensa ha alegado la existencia de arbitrariedad en la interpretación que la Sala efectúo en torno a las normas de derecho procesal aplicables al presente, no logró evidenciar la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido.
Sustento lo dicho, en el entendimiento de que la parte se limitó a expresar su opinión acerca de qué circunstancias debieron valorarse para conceder el beneficio, pero se desentendió de las razones brindadas por ese Tribunal para desestimar el recurso de casación articulado (la calificación provisoria) a la par que no desarrolló ningún fundamento que ponga de relieve la violación a las garantías invocadas (doctrina del art. 495 del Código Procesal Penal; conf. P. 75.261, sent. de 15-XII-2004; P. 90.723, sent. de 20-XII-2006; entre otras); con lo que, en definitiva, no alcanzó a evidenciar que lo decidido sea fruto de la mera voluntad de los suscriptos o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia, conforme la doctrina del Máximo Tribunal que invoca.
En consecuencia, afirmó que la arbitrariedad llevada a su conocimiento como cuestión federal no fue articulada con la suficiencia y la carga técnica necesarias.
Por otra parte, indicó que las cuestiones federales alegadas (violación a la garantía de debido proceso y defensa en juicio) no fueron acompañadas de fundamento argumental autónomo como para demostrar por qué a su criterio- la sentencia había restringido de manera directa e inmediata las garantías invocadas.
En suma, concluyó que el recurrente no logró demostrar de modo suficiente la relación directa e inmediata entre las garantías que estimó vulneradas y lo decidido y resuelto.
IV. La queja es procedente.
De lo reseñado se advierte tal como lo puso de manifiesto la defensa- que el Tribunal de Casación se excedió y se inmiscuyó en el fondo del reclamo al sostener que no se evidenció arbitrariedad (v. fs. 46 y vta.; conf. doctr. art. 486 bis y concs. del CPP; causa P. 125.376, resol. de 14-X-2015; P. 126.097, resol. de 11-XI-2015; P. 126.219, resol. de 16-XII-2015; P. 126.076, resol. de 2-III-2016; P. 126.861, resol. de 29-VI-2016; P. 126.944, resol. de 31-V-2017; entre otras); por lo que corresponde a esta instancia llevar adelante el juicio de admisibilidad que le ha reservado el legislador local a tenor de lo prescripto por los arts. 486 y 486 bis del ritual.
a. En el recurso de casación (v. fs. 23/30), la defensa argumentó que tanto el Juzgado de Garantías como el Tribunal de Alzada, sin que exista argumento legal suficiente, denegaron el beneficio en cuestión "realizando una interpretación claramente arbitraria y errónea de la normativa Provincial y Constitucional que fuere aplicable al caso".
Señaló que la cuestión que se intentaba motivar en esa oportunidad era la afectación irreparable del derecho constitucional de Tejerina de estar en libertad durante el proceso.
Entendió que el Tribunal de Casación "deb[ía] avocarse al estudio de la presente, en razón de la gravedad institucional [que] implica el dictado del decisorio impugnado". Remarcó que tal resolutorio afecta las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la libertad y principio de inocencia (art. 1, 14 y 18 de la Const. nac.), ello "a partir de una errónea y arbitraria ponderación de las normas que regulan las medidas de coerción". Para más, señaló que el Tribunal de Alzada restringió el análisis en la sola merituación de la pena "sin tener en cuenta el objeto y fin de las medidas cautelares, evitando ponderar las circunstancias del caso particular, como así también la falta de indicios de riesgos procesales".
En abono de su postura, trajo a colación fallos de distintas Salas del Tribunal intermedio sobre el punto.
Sostuvo que en modo alguno la cuestión se puede reducir a verificar qué pena prevé el delito y con ello rechazar la petición eximitoria, pues se requiere inexorablemente que se analice la existencia o no de riesgos procesales que indiquen que su pupilo entorpecerá o no de la investigación o que se profugará.
Puntualizó que los extremos valorados por los magistrados para no conceder la eximición de prisión "demuestran ciertamente aristas de arbitrariedad" toda vez que no se han merituado circunstancias ciertas y objetivas de interés a fin de verificar la existencia de riesgo procesal que obste a la concesión de la medida aludida, pues sólo se ha mencionado la calificación endilgada.
b. Frente a esos planteos, la Casación afirmó que la resolución de la Cámara que confirmó la de primera instancia denegatoria del beneficio pretendido "es derivación razonada del derecho vigente" en función de la calificación asignada, en principio, al hecho imputado abuso sexual con acceso carnal, a tenor de lo normado en el art. 119, párrafo tercero del Código Penal- para el que se prevé una escala que llega a un máximo que supera ampliamente los ocho años de privación de la libertad previstos en el inc. 1° del art. 169 del Código Procesal Penal (quince años); razón que obsta a la excarcelación y por ende a la eximición de prisión (v. fs. 31/32 vta.).
c. Así las cosas, se advierte que el tribunal a quo, bajo la consideración de que lo decidido resultaba "derivación razonada del derecho vigente" confirmó un decisorio que expresamente sostuvo que no debían evaluarse los peligros procesales para la procedencia de la eximición de prisión, fundando la respuesta negativa sólo en la pena en expectativa (v. esp. fs. 16 vta.in fine).
Ese proceder resulta arbitrario porque, en definitiva, no abordó el agravio sobre el punto y, a través de la vulneración de normas procesales, desnaturalizó el derecho de defensa en juicio.
Por lo expuesto, corresponde admitir la queja deducida, hacer al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y dejar sin efecto la sentencia cuya copia luce a fs. 31/32 vta., debiendo comunicarse lo aquí resuelto al órgano intermedio para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (art. 496, cód. cit.; art. 31 bis de la ley 5827 conf. texto según ley 13.812-).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja deducida (art. 486 CPP según ley 14.647) y hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por el señor defensor oficial adjunto (art. 486 cit.), dejar sin efecto la sentencia cuya copia luce a fs. 31/32 vta. del presente legajo y comunicar lo aquí resuelto al órgano intermedio para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente (art. 496, Cód. cit.; art. 31 bis de la ley 5827 conf. texto según ley 13.812-).
Regístrese, notifíquese, cúmplase con la comunicación al Tribunal de Casación Penal y, oportunamente, archívese.-
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia