Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127420 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial departamental a favor de Ángel Gabriel Moyano; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°569
P. 127.420-RQ - “Moyano, Ángel Gabriel s/ Recurso de queja, en causa n° 80.160 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II”.
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.420-RQ, caratulada: “Moyano, Ángel Gabriel s/ Recurso de queja, en causa n° 80.160 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II”,
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de mayo de 2016, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa de Ángel Gabriel Moyano, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 5 departamental, que lo condenó a la pena de seis meses de prisión y multa de un mil pesos, con costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil; sanción cuyo cumplimiento se dejó en suspenso (fs. 37/38 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial de San Isidro -doctor Hernán Rocha-, articuló recurso de queja (fs. 40/45 vta.).
Liminarmente, y con respecto al monto de la sanción que el art. 494 del C.P.P. exige, entendió que la competencia emana de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes “Strada” y “Di Mascio”, toda vez que en autos se ha afectado la ley sustantiva por violación de los derechos constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad del citado precepto normativo (fs. 40 y vta.).
De seguido, indicó que la procedencia del recurso tiene respaldo en la inobservancia de diversas normas contenidas en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, los que detalló, por cuanto en la sentencia “se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, situación que se origina a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado (…) ya que en el mismo no se han respetado las exigencias de la debida fundamentación previstas por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el art. 106 del C.P.P.” (fs. cit./41).
En los párrafos subsiguientes, dedicó sus embates a cuestionar la valoración probatoria efectuada por el juzgador, y tildó al resolutorio de arbitrario e infundado. En abono de su postura, transcribió -parcialmente- jurisprudencia y opinión doctrinaria (fs. 42/44 vta.).
Finalmente, en el acápite VI titulado “LA RESOLUCION DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO” , luego de transcribir un fragmento de la misma, alegó que “la falta de fundamentación en la resolución que se ataca, afecta la garantía del debido proceso y [el] derecho de defensa en juicio”; por lo que “teniendo en cuenta la doctrina (…) de los fallos ‘Strada’ (…), ‘Christou’ (…) y, especialmente, ‘Di Mascio’ (…) en donde se dispuso la necesidad de flexibilizar los recaudos formales en aquellos casos en que aparezca planteado un agravio de naturaleza federal, y teniendo en cuenta que se ha cumplido formalmente con el recaudo exigido por el art. 486 del C.P.P. -Ley 14.647- y siendo que nuevamente se ha limitado a reiterar los fundamentos del rechazo del recurso de apelación (…) solicit[ó] a [esta Corte], haga lugar a la presente queja” (fs. 45).
III. La queja no prospera.
a. En efecto, la Cámara -luego de analizar el cumplimiento de los recaudos previstos en los arts. 482 y 483 del digesto adjetivo-, juzgó que la impugnación intentada “no cumple con los requisitos de pertinencia y de forma (…) para la interposición exitosa del recurso (…)”. Así, señaló que no se avizora que el carril escogido se encuentre fundado en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella, sino que -por el contrario-, las críticas esbozadas se sustentan “en el cuestionamiento de la valoración de los hechos realizada por e[s]a Sala, sin que se explicite instancia alguna en que se haya aplicado la norma erróneamente”. Continuó su raciocinio en que, de igual modo, no se encuentra abastecido el requisito referente al quantum punitivo impuesto; razón por la que concluyó en la inadmisibilidad del reclamo “por no cumplir con los extremos exigidos por la norma” (fs. 37/38).
b. De lo reseñado, se advierte -más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en torno a la técnica utilizada por el a quo para concluir en la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado- que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad del mismo.
En definitiva, la parte no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario -reeditando los cuestionamientos allí esgrimidos-, dejando incontrovertido su fundamento, en tanto limitó sus esfuerzos a censurar el fallo de primera de instancia y la resolución de la Cámara que lo confirmó, y a peticionar que se flexibilicen los recaudos formales en aquellos casos en que aparezca planteado un agravio de naturaleza federal con cita de los precedentes “Di Mascio” y “Strada” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En suma, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial departamental a favor de Ángel Gabriel Moyano; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia