Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128240
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta a favor de Cristian Alberto Salvo; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 128.240-RQ - “Salvo, Cristian Alberto s/ Recurso de queja en causa N° 80.373 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II."
///Plata, 10 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.240-RQ, caratulada: "Salvo, Cristian Alberto s/ Recurso de queja en causa N° 80.373 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II",
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, mediante el pronunciamiento del 31 de octubre de 2016, no concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la resolución de ese órgano que "falló y confirmó parcialmente la sentencia impugnada en cuanto condenó a Cristian Alberto Salvo por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo, a la pena cuyo monto se redujo y se estableció en un año (1) y seis (6) meses de prisión con costas; cuyo monto también se redujo y estableció en 9 (nueve) años y 9 (nueve) meses, accesorias legales y costas" (fs. 9/11).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial ante la aludida instancia, doctor Hernán Rocha, articuló recurso de queja (fs. 13/21 vta.).
En punto a la admisibilidad y, en lo atinente al monto de pena, entendió que la competencia emana de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" ya que en autos se ha afectado la ley sustantiva por violación de los derechos constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal (fs. 13 y vta.).
Refirió que la procedencia del recurso tiene respaldo en la inobservancia de normas contenidas en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, los que detalló, por cuanto en la sentencia "se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, situación que se origina a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado (...) ya que en el mismo no se han respetado las exigencias de la debida fundamentación previstas por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el art. 106 del C.P.P." (fs. 13 vta.).
En el apartado IV aludió a los antecedentes de la causa (fs. 14/15).
De seguido, consideró que la respuesta dada por el a quo a su planteo "ha sido insuficiente y por ello infundada y arbitraria" (fs. 15).
Expuso que la Cámara incurrió en la misma arbitrariedad que el órgano de mérito, al no fundar ni explicar de manera acabada por qué la versión de su defendido resultaba mendaz e inverosímil y solo se limitó a decir que ya había sido juzgado en otro proceso donde habría cometido un ilícito en poder de la motocicleta sustraída en autos. A tal fin, efectuó una serie de consideraciones sobre el punto (fs. cit./16 vta.).
Luego, sostuvo que se valoró de manera absurda la prueba colectada, en tanto el magistrado sentenciante aludió a los dichos de Duffau y del teniente Grilli quienes tuvieron intervención, insiste, en un hecho diferente al juzgado en autos y por el que el encausado ya había sido condenado en otra causa, "testigos estos que en la audiencia reconocieron impropiamente a [su] asistido -por haberlo visto en otro hecho- y no conforme con ello se estableció en el resolutorio una concordancia con el acta de fs.24/27, también de la otra causa pero incorporada por su lectura a este debate" (fs. 18).
De ese modo, entendió que se valoró prueba que nada tiene que ver con la presente causa "y que de manera arbitraria e injusta se ha incorporado a este juicio".
Más adelante expresó que sus planteos realizados en el debate -en cuanto a que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio por afectación al principio de oralidad- "han radicado en torno a la prueba documental de la causa N° 3738/12 del registro del Juzgado en lo Correccional N° 2 Departamental, que se ha incorporado por su lectura aun habiendo mediado oposición de la defensa (...) atacando el principio de oralidad y los fines que el legislador tuvo en cuenta al redactar el artículo 366 del ritual" (fs. 19).
Insistió en que en el apartado de la sentencia en que se analizaron las pruebas que formaron el ánimo del juzgador "no existieron elementos autónomos que permitan cuanto menos elaborar un mínimo estado de sospecha en relación a la autoría" (fs. 19 vta.).
Afirmó que "una vez más la valoración de la prueba colectada en el debate ha sido valorada de manera absurda y arbitraria, y no de manera lógica y razonada, ya que no es posible sostener la imputación que pesa sobre [su] asistido, en base a una serie de testimonios poco eficaces y relacionados con otro proceso" (fs. 20 vta.).
Finalmente, consideró que la Cámara incumplió con el recaudo de motivación y fundamentación (arts. 168 de la Const. pcial y 106 del C.P.P.).
Por último, en el acápite V titulado "LA RESOLUCION DE INADMISIBILIDAD DEL RECURSO", luego de transcribir un fragmento de la misma, alegó que "la falta de fundamentación en la resolución que se ataca, afecta la garantía del debido proceso y [el] derecho de defensa en juicio"; por lo que "teniendo en cuenta la doctrina (...) de los fallos 'Strada' (...), 'Christou' (...) y, especialmente, 'Di Mascio' (...) en donde se dispuso la necesidad de flexibili[z]ar los recaudos formales en aquellos casos en que aparezca planteado un agravio de naturaleza federal, y teniendo en cuenta que se ha cumplido formalmente con el recaudo exigido por el art. 486 del C.P.P. -Ley 14.647- y siendo que nuevamente se ha limitado a reiterar los fundamentos del rechazo del recurso de apelación (...) solicit[ó] a [esta Corte], haga lugar a la presente queja" (fs. 21).
3. Más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en relación a que la parte omitió adjuntar copia del pronunciamiento de la Cámara que confirmó el fallo de primera instancia, lo cierto es que la queja no prospera.
a. En efecto, el a quo -luego de analizar el cumplimiento de los recaudos previstos en los arts. 482 y 483 del digesto adjetivo-, juzgó que la impugnación intentada era impertinente "pues no se impugna una sentencia definitiva que haya revocado absolución o impuesto pena de reclusión o prisión mayor a diez (10) años".
En virtud de ello, se abocó a analizar si se había invocado debidamente una cuestión federal que habilitara la intervención de este Tribunal, conforme la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Mascio".
En dicho marco, señaló que el impugnante no logró invocar fundada y debidamente la arbitrariedad mediante la que tacha el fallo que ataca. Explicó que "[t]al como ocurrió con el recurso de apelación resuelto por e[s]a Sala, la Defensa dirige sus agravios contra la valoración de la prueba, pero sin explicar el absurdo y/o falta de lógica que afirma advertir". Agregó que, en otros palabras, sólo se observa una insistencia con la disconformidad con la prueba considerada para dictar la condena (fs. 9 vta.).
Sentado ello, argumentó que "no corresponde al máximo Tribunal provincial, una tercera revisión ordinaria del caso, sino que el conocimiento y la jurisdicción estará limitada a determinar si existió una valoración arbitraria, es decir carente de fundamentación, o reñida con la lógica y el sentido común, circunstancia que (...) no parece debidamente invocada y resulta una simple afirmación carente de motivación"; ello toda vez que lo que cuestiona se relaciona con cuestiones de hecho y prueba ajenas al conocimiento de las instancias extraordinarias -art. 15 de la ley 48- (fs. cit.).
De otro costal, en lo atinente a la denuncia de vulneración del derecho de defensa en juicio por afectación al principio de oralidad en virtud de la incorporación por lectura de la prueba documental existente en otra causa penal, dijo no advertir que la mera mención de la afectación a principios constitucionales pueda habilitar la vía extraordinaria. Sobre el punto adujo que tal agravio "fue debidamente analizado en oportunidad de expedirse (...) respecto de la apelación impetrada, sin que la parte haya siquiera controvertido los argumentos allí expuestos".
b. De lo reseñado, se aprecia que la parte no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario -reeditando los cuestionamientos allí esgrimidos-, dejando incontrovertidos sus fundamentos.
En efecto, limitó sus esfuerzos a censurar los pronunciamientos de las instancias anteriores, denunciar genérica y dogmáticamente la falta de fundamentación de la resolución de inadmisibilidad y a peticionar que se flexibilicen los recaudos formales en aquellos casos en que aparezca planteado un agravio de naturaleza federal con cita de los precedentes "Di Mascio" y "Strada" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En suma, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta a favor de Cristian Alberto Salvo; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia