Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128906
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Luis Alberto Roccatagliata; con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
///Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.906-RQ, caratulada: “Roccatagliata, Luis Alberto s/ Recurso de queja en causa Nº 80.122 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, con fecha 5 de abril de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad deducidos contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó el recurso de la especialidad incoado contra la decisión de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora que confirmó la del Juzgado en lo Correccional Nº 5 departamental que no hizo lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba formulada a favor de Luis Alberto Roccatagliata (fs. 10/14).
Para así resolver, sostuvo que “el objeto procesal en crisis resulta una sentencia incuestionablemente definitiva”.
En primer lugar, en relación a la vía contemplada en el artículo 494 del Código Procesal Penal, refirió que en el caso no se advertían involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa.
En dicho marco, destacó que la parte no demostró la existencia de absurdo o arbitrariedad. Sobre el punto, trajo a colación lo dicho por esta Corte en la causa P. 106.222 (fs. 11 y vta.).
Asimismo observó que el reclamo del impugnante se desentendía de lo efectivamente decidido. En su apoyo, citó un fragmento de lo resuelto en la causa P. 106.514 (fs. 11 vta. cit./12).
En segundo lugar, dijo que el recurso extraordinario de nulidad carecía del debido desarrollo y fundamentación necesaria, en tanto los reclamos llevados a su conocimiento, lejos de constituir la denuncia de incumplimiento del artículo 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pretendían en rigor controvertir el acierto o sentido de lo resuelto, extremos detraídos del acotado margen del recurso en examen (fs. 13).
2. Frente a ello, el doctor Luciano Pauls, con el patrocinio letrado del doctor Julián Schettini, articuló recurso de queja (fs. 15/20).
Por un lado, criticó los fundamentos dados por el a quo para denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Así, señaló que la Ley 24.316 incorporó el instituto en cuestión al Código Penal y no a los códigos de rito. Expuso que si se considerase que se está en presencia de una figura de derecho procesal “lo cierto es que e[s]a parte discutió cuestiones constitucionales que tienen que ver con su aplicación y que escapan a las reglas atinentes al proceso”.
Indicó que no se alegaron cuestiones de orden probatorio sino tan sólo el derecho de su asistido a que se suspenda su juicio a prueba.
De seguido explicó que “[u]na fundamentación que consiste solamente en citar a un tribunal superior sin expresar los motivos por qué supuestamente e[s]a parte se desentendió de lo efectivamente decidido, no sólo resulta arbitraria por ser totalmente aparente carente de motivación, sino que además incurre en vicios de logicidad pues es una falacia ad verecundiam en la que el argumento para sustentar la inadmisibilidad consiste en apelar a la autoridad sin hacer mención de por qué dicha doctrina se aplicaría al caso” (fs. 16 vta.).
En lo atinente a la restante vía denegada advirtió que oportunamente se desarrolló acabadamente la falta de fundamentación del fallo impugnado y los agravios de naturaleza federal que el mismo ocasionaba. Consideró que la vulneración a lo dispuesto por el artículo 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires resulta evidente si se tiene en cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Acosta” (fs. 17 vta./18).
Puntualizó que en autos no se llevó a cabo una interpretación correcta y armoniosa del artículo 76 bis del Código Penal con los principios tutelados por nuestra Constitución y reconocidos por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En su apoyo se refirió al precedente “Norverto” (fs. 18 cit. y vta.).
3. El juicio de admisibilidad negativo debe ser mantenido en ésta instancia, aunque por diverso fundamento.
4. En efecto, este Tribunal tiene dicho que los recursos extraordinarios previstos en el artículo 479 del Código Procesal Penal, sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o las que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 aps. “a” y “b” de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; causa P. 123.096, resol. del 15-4-2015; P. 124.508, resol. del 26-8-2015; P. 122.432, resol. del 29-12-2015; P. 123.490, resol. del 20-4-2016; P. 123.637, resol. del 18-5-2016; P. 121.374, resol. del 29-6-2016; P. 124.438, resol. del 14-12-2016; P. 123.503, resol. del 21-12-2016; P. 125.316, resol. del 22-3-2017; entre otras).
En tal sentido, la decisión impugnada (denegatoria de suspensión de juicio a prueba), al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del artículo 482 del Código Procesal Penal (cfe. causa P. 104.366, resol. del 4-11-2009; P. 109.251, resol. del 3-3-2010; P. 111.313, resol. del 19-12-2012; P. 115.978, resol. del 28-8-2013; P. 122.548, resol. del 16-7-2014; P. 124.101, resol. del 4-11-XI-2015; P. 121.986, resol. del 22-12-2015; P. 124.803, resol. del 29-12-2015; P. 124.556, resol. del 9-3-2016; P. 124.801, resol. del 16-3-2016; P. 119.558, resol. del 6-4-016; P. 124.179, resol. del 18-5-2016; P. 123.980, resol. del 10-8-2016; P. 124.794, resol. del 31-8-2016; entre otros).
Ello es así en tanto la resolución en cuestión tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (cfe. Ac. 92.293, res. del 6/VII/2005).
Por otra parte, las pretensas cuestiones federales no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta a favor de Luis Alberto Roccatagliata; con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia