Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128998
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial de Juan Alberto Pérez (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.998-RQ, caratulada: "Pérez, Juan Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 80.314 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 27 de abril de 2017, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Juan Alberto Pérez contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó la acción de habeas corpus contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes que luego de condenar al nombrado a la pena de prisión perpetua por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, revocó el arresto domiciliario y dispuso que cobre vigencia la prisión preventiva oportunamente impuesta, de conformidad con lo previsto en el art. 371 in fine del Código Procesal Penal (v. fs. 68/70 vta.).
Para arribar a esta decisión, equiparó a definitiva el tramo de la decisión que dispuso revocar el arresto domiciliario y afirmó que no se cumplieron las exigencias del art. 494 del ritual (v. fs. 68 vta./69).
De seguido, explicó que los agravios de pretensa índole federal no cuentan con la suficiencia y carga técnica necesaria en tanto no se demostró la relación directa e inmediata entreéstos y la sentencia de casación pues si bien la parte alegó la afectación de garantías constitucionales, sus manifestaciones se limitaron a temáticas de carácter procesal (art. 14, ley 48 -fs. -69 y vta.-).
Por último, descartó la tacha de arbitrariedad en tanto estimó que no se demostró que el fallo en cuestión adoleciera de graves defectos de fundamentación o razonamiento. En su apoyo, citó precedentes de la Corte nacional (v. fs. 69 vta./70).
II. El defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, dedujo queja (v. fs. 73/81 vta.).
Recordó que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se denunció arbitrariedad por fundamentación aparente y violación del derecho al recurso (art. 8.2.h., CADH y 14.5., PIDCP -fs. 75 vta.-).
De seguido, manifestó que la detención del art. 371 del ritual no puede aplicarse de oficio y que debió efectuarse una interpretación constitucional de dicha norma, lo que no aconteció en el presente pues se quebrantó el debido proceso (art. 18, Const. nac. -fs. 76 vta./77-).
Destacó que contrariamente a lo decidido por el a quo , las cuestiones federales se plantearon con la suficiencia y carga técnica necesarias por lo que solicitó se declare admisible la impugnación a los fines de resguardar el derecho a la doble instancia (v. fs. 77 vta./79 vta.).
Concluyó que a quo intentó encubrir su propia omisión y excedió los límites fijados por el art. 486 del Código Penal, circunstancia que afectó la imparcialidad del jugador y el acceso a la jurisdicción en tiempo útil (art. 8.1., CADH -fs. 79 vta./81 vta.-).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis del CPP).
El juicio de admisibilidad negativo debe confirmarse aunque por motivos distintos.
En rigor, la causal de desestimación no radica en el incumplimiento de los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal ni en la supuesta deficiencia en el planteamiento de los agravios de pretensa índole federal sino en que la resolución impugnada no es definitiva ni equiparable a ella (conf. art. 482, CPP).
Cabe recordar que el art. 482 cit. es una de las reglas generales, entre otras (v. arts. 479 a 488), que deben cumplir todos los recursos extraordinarios. De ahí que recién cuando se abastezcan todas ellas, se podrá ingresar al examen particularizado del objeto y finalidad de cada una de las vías impugnativas específicas (conf. arts. 489, 491 y 494 del CPP; conf. mutatis mutandi P. 128.487, res. del 3-V-2017 y P. 127.613, res. del 14-VI-2017).
IV. Sentado lo anterior, tal como se adelantara, la decisión del Tribunal de Casación que rechazó la acción de habeas corpus contra la sentencia que revocó el arresto domiciliario y dispuso que cobre vigencia la prisión preventiva oportunamente impuesta, no es definitiva ni equiparable a tal pues, en rigor, lo que la defensa oficial cuestiona no es una decisión que restrinja la libertad sino la confirmación de la prisión preventiva que ya venía cumpliendo (conf. mutatis mutandi, P. 126.617-RC, res. del 1-V-2016; P. 126.814, res. del 13-IX-2017).
Por último, resulta pertinente recordar que esta Corte tiene dicho que las pretensas cuestiones federales traídas por la defensa no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.) en tanto la justificación de ese extremo es lógicamente anterior a la consideración de estas problemáticas (P. 122.306, res. del 17/VI/2015; P. 122.397, res. del 1/VII/2015; P. 123.664, res. del 1/VII/2015, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial de Juan Alberto Pérez (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia