Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129180
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Oscar Alberto Aloise; con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Alejandro R. Montone por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.180-RQ, caratulada: "Aloise, Oscar Alberto s/ Recurso de queja en causa N° 80.264 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 7 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano que rechazó el recurso de la especialidad articulado contra la decisión que -a su turno- confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 de La Plata que denegó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba y declaró su incompetencia para conocer en las actuaciones seguidas a Oscar Alberto Aloise (v. fs. 30/33).
Para así resolver, luego de afirmar la definitividad de la decisión, sostuvo que no se hallaban cumplidos los requisitos propios de la vía contemplada en el art. 494 del Código Procesal Penal. A efectos de superar tales limitaciones objetivas, procedió al examen de las cuestiones federales esgrimidas por la parte, concluyendo en que los planteos de ese tenor -en rigor- no guardaban relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en autos. Ello en tanto, se vinculaban con cuestiones de orden probatorio y procesal y se desentendían de lo efectivamente decidido.
II. Frente a ello, el defensor particular de Aloise -doctor Alejandro R. Montone- articuló queja (v. fs. 34/41 vta.).
Sostuvo que, contrariamente a lo afirmado por el a quo , en el caso se demostró la concurrencia de una cuestión federal en los términos del art. 14 de la ley 48; específicamente, se refirió a la afectación de la garantía de juez natural generada por la declaración de incompetencia del juez correccional (art. 18 y 75 inc. 22 Constitución nacional; 26 DADH; 14.1 PIDCP; 8.1 CADH; 10, 11, 15 18, 56 y 57 de la Const. pcial.) y a la arbitrariedad y aparente revisión de los agravios dirigidos a cuestionar la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba (v. fs. 38 vta./40).
Denunció que el tribunal revisor respondió dogmáticamente a sus reclamos, sin hacerse cargo de los concretos y fundados embates de la parte y se excedió en las facultades otorgadas por el art. 486 del Código Procesal Penal pues juzgó la arbitrariedad de su propio fallo. Refirió que, de acuerdo a los parámetros establecidos en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" esta Corte debe atender las cuestiones federales como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federales (v. fs. 40/41).
III. El juicio de admisibilidad negativo debe ser mantenido en esta instancia, aunque por diverso fundamento. Ello en tanto, contrariamente a lo afirmado por el a quo , la decisión en crisis -en cuanto confirma la decisión que dispuso la denegatoria de suspensión de juicio a prueba y la declaración de incompetencia, ordenando la remisión a la Receptoría General de la Cámara departamental a fin de que otorgue intervención al Tribunal en lo Criminal que corresponda- no cumple con el recaudo de definitividad previsto en el art. 482 del Código Procesal Penal
IV. Al respecto, cabe recordar que los recursos extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las sentencias definitivas, entendiendo como tales a las que terminan la causa o hacen imposible su continuación o aquellas que, recayendo sobre una cuestión incidental, producen ese mismo efecto respecto de la causa principal (arts. 161 inc. 3 apdos. "a" y "b" de la Constitución de la Provincia; 19, 479 y 482 del Código citado; causa P. 123.096, resol. de 15-IV-2015; P. 122.432, resol. de 29-XII-2015; P. 121.374, resol. de 29-VI-2016; P. 124.438, resol. de 14-XII-2016; P. 123.503, resol. de 21-XII-2016; P. 125.316, resol. de 22-III-2017; entre otras).
En lo que hace a la confirmación de la denegatoria de suspensión de juicio a prueba, esta Corte tiene reiteradamente dicho que, al no terminar la causa ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal (conf. causa P. 104.366, resol. de 4-XI-2009; P.109.251, resol. de 3-III-2010; P. 111.313, resol. de 19-XII-2012; P. 115.978, resol. de 28-VIII-2013; P.121.986, resol. de 22-XII-2015; P.124.803, resol. de 29-XII-2015; P.119.558, resol. de 6-IV-016; P.124.179, resol. de 18-V-2016; P. 123.980, resol. de 10-VIII-2016; P. 124.794, resol. de 31-VIII-2016; entre otros).
Ello es así en tanto el decisorio tiene como consecuencia la obligación de que el imputado siga sometido a proceso, por lo que tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. Ac. 92.293, res. del 6-VII-2005).
En lo que respecta a la restante parcela de la decisión, cabe recordar que esta Corte ha resuelto reiteradamente que los pronunciamientos en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extra provincial (conf. doctr. Ac. 85.674, 19-II-2003; Ac. 87.325, 30-IV-2003; Ac. 97.034, 7-VI-2006), denieguen la competencia federal (conf. doctr. Ac. 88.397, 17-XII-2003; Ac. 91.347; 17-V-2006; Fallos: 302:1626; 324:4469, entre otros) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a los litigantes o la suerte o existencia del derecho de fondo (conf. doctr. Ac. 92.003, 27-X-2004; Ac. 91.136, 22-XII-2004; Ac. 94.035, 16-III-2005; Ac. 94.521, 11-V-2005; Ac. 97.034, ya cit.).
A lo indicado, cabe sumar que el Máximo Tribunal federal se ha expedido en el mismo sentido, señalando que las decisiones que resuelven cuestiones de competencia no autorizan -en principio-, la apertura de la instancia federal, en tanto no constituyen sentencia definitiva, a excepción de aquéllos que comportan la denegación del fuero federal, situación que no acontece en el sub lite (Fallos: 306:2101; 311:1232; 323:2329; 329:5586; e/o).
V. Cabe agregar que las pretensas cuestiones federales desarrolladas por la defensa oficial no suplen la ausencia de definitividad de la resolución impugnada (Fallos: 254:12; 256:474; 267:484; 276:366; 296:552; 304:1344; etc.)
VI. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Oscar Alberto Aloise; con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales del doctor Alejandro R. Montone por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2851
Fin de la sentencia