Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129249
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Eduardo Guillermo Rodríguez (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajo realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Ac. 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.249-RQ, caratulada: "Rodríguez, Eduardo Guillermo s/ Recurso de queja en causa n° 80.282 del Tribunal de Casación Penal Sala I",
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 21 de junio de 2017, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular de Eduardo Guillermo Rodríguez contra la decisión de ese mismo órgano que confirmó la sentencia dictada por el Tribunal en lo criminal n° 7 de Mercedes a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía (v. fs. 3/6).
Para así decidir, indicó que si bien el recaudo previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal relativo al monto de pena estaba cumplido, los agravios de la parte versaban sobre cuestiones procesales, por lo que se no podía identificar una infracción a la ley sustantiva.
Por otro lado, consideró que la tacha de arbitrariedad no resultaba apta para sortear las limitaciones objetivas pues, en rigor, la defensa esgrimía una opinión discrepante con lo resuelto y reeditaba las objeciones expuestas en el recurso de casación. Trajo a colación doctrinas de esta Corte y del Máximo tribunal, relativas al carácter excepcional de la arbitrariedad.
Agregó que el recurrente no había logrado rebatir de forma clara, circunstanciada y fundada los argumentos bridados en la sentencia, por lo que el vicio alegado quedaba huérfano de sustento.
Por último, invocó el precedente P. 106.222 de esta Corte, en el cual se rechaza la tacha de arbitrariedad porque los embates de la parte se vinculaban a cuestiones de orden probatorio y procesal, ajenos a la vía prevista en la ley 48 (v. fs. 3/6).
II. Frente a tal decisión, el Defensor Particular de Eduardo Guillermo Rodríguez -doctor José María Vera- dedujo queja (v. fs. 13/17 vta.).
Alegó que, conforme la pieza recursiva denegada, se planteó la errónea aplicación del art. 80 del Código Penal, por cuanto -en el caso- no se configuró la agravante de alevosía.
Sostuvo que el Tribunal de Casación, a través de un razonamiento inexacto, consideró que iniciado el iter criminis como homicidio simple, durante el transcurso del hecho mutó, pues a consecuencia de los disparos la víctima quedó en estado de indefensión (v. fs. 14).
Indicó que, contrariamente a lo fallado, sus alegaciones no constituyeron una simple discrepancia con lo resuelto. Sostuvo haber postulado la arbitrariedad del fallo en virtud de la inexistencia de elementos de cargo para tener por acreditada la conducta de Rodríguez, y por haber receptado la declaración de la concubina (v. fs. 14 vta.).
Dijo que el fundamento del agravio vertido en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley "se erige sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, constituye una consideración impugnativa referente a la falta de correspondencia entre los elementos probatorios valorados en el pronunciamiento y la conclusión que ellos motivan, representa una crítica dirigida a la prueba de la causa y no a la inteligencia u observancia de la ley fondo" (v. fs. cit.).
Indicó que la cuestión federal fue debidamente planteada de conformidad con los parámetros sentados en los precedentes "Strada" y "Di Mascio", que exigen el agotamiento en las instancias previas. Adujo que el decisorio recurrido partió del error de que lo que se recurría era la valoración de la prueba y no la errónea aplicación de la ley (v. fs. 15 vta.).
Luego, efectuó consideraciones relativas a los precedentes "Strada" y "Christou" y la obligación de esta Corte de abordar los planteos federales sin establecer topes en razón de la materia o el monto de la pena (v. fs. 16 y vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis CPP) en atención a que el quejoso no logró controvertir eficazmente el juicio negativo de admisibilidad practicado en la instancia anterior.
En cuanto a la parcela de la decisión por la cual el Tribunal de Casación desestimó la concurrencia del recaudo establecido en el art. 494 del Código Procesal Penal vinculado con la índole de los agravios, la defensa no logró rebatir el déficit formal relativo a que el planteo de ley sustantiva -en rigor- se vinculaba con cuestiones procesales.
Por el contrario, los propios dichos del quejoso corroboran la conclusión del a quo ; en efecto, si bien de la lectura del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 7/12 vta.) se advierte que el impugnante tituló uno de sus agravios como " Inobservancia de la ley sustantiva o de la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada. Arbitrariedad " (v. fs. 8, resaltado en el original) en la presentación directa el defensor aclara que, en rigor, tal embate "representa una crítica dirigida a la prueba de la causa y no a la inteligencia u observancia de la ley de fondo" (v. fs. 14 vta.). En definitiva, lejos de demostrar haber esgrimido un planteo de ley sustantiva apto para tener acogida en las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal, reafirma la inadmisibilidad decretada por el órgano revisor.
Por otra parte, no se ocupó de acreditar que la tacha de arbitrariedad dirigida a la valoración de la prueba se hubiera planteado con la suficiencia y carga técnica necesarias (conf. Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional; arts. 14 y 15 de la ley 48). A lo que cabe adunar que tampoco acompañó copia de la decisión originaria de la judicatura intermedia, de modo de permitir el correcto confronte de la alegación de pretenso cariz federal (art. 486 bis CPP).
En síntesis, más allá de reiterar su disconformidad con los elementos de prueba ponderados, no efectuó ninguna consideración tendiente a evidenciar que las alegaciones vertidas en el carril extraordinario excedieran de una mera reedición de planteos ya formulados, de modo tal de remover el déficit señalado por el a quo .
Por las razones expuestas, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (arts. 486 bis del CPP cit.).
IV. En lo que concierne a los honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Eduardo Guillermo Rodríguez (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajo realizados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Ac. 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia