Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129045
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a fs. 131/142 y vta. (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales de los doctores Cristian Cúneo Libarona y Alejandro Julián Drago por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segunda párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"NICLAS, STEFAN KRAUSE -PARTICULAR DAMNIFICADO- S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 80.231 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE SAN ISIDRO, SALA II, SEGUIDA A LEDESMA, JUAN RAMÓN Y MAIDANA, JOSÉ ALEJANDRO".
La Plata, 3 de mayo de 2018.
La presente causa P. 129.045-RQ, caratulada: "Niclas, Stefan Krause -particular damnificado- s/ Recurso de queja en causa N° 80.231 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala II, seguida a Ledesma, Juan Ramón y Maidana, José Alejandro",
I. Conforme surge de las piezas aportadas por la parte, el 22 de septiembre de 2014, el Juzgado en lo Correccional n° 6 San Isidro, pronunció veredicto absolutorio respecto de Juan Ramón Ledesma y José Alejandro Maidana en orden al delito de usurpación de inmueble (art. 181 inc. 1° del Código Penal) y dejó sin efecto la medida dispuesta en el incidente de lanzamiento (v. fs. 6/29).
I. 1. En oposición a tal decisión, tanto el Fiscal como los representantes del particular damnificado interpusieron recursos de apelación, los que fueron resueltos el 21 de mayo de 2015 por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que revocó la absolución y condenó a Juan Ramón Ledesma a la pena de seis meses de prisión en suspenso y a José Alejandro Maidana a la de un año de prisión en suspenso, por resultar coautores del delito de usurpación de propiedad (v. fs. 79/80 y vta.).
I. 2. Luego, el 22 de febrero de 2017, la Sala II de la mencionada Cámara, a raíz de lo resuelto por este Tribunal -en P. 126.099, res. del 16-XII-2015- conforme el criterio expuesto en la causa P. 108.199, declaró admisible el recurso de apelación, revocó la sentencia anterior y, en consecuencia, absolvió a los nombrados en orden al delito de usurpación (v. fs. 83/93 y vta.).
I. 3. Frente a ello, los letrados patrocinantes de Stefan Krause Niclas, particular damnificado, doctores Cristian Cúneo Libarona y Alejandro Julián Drago, dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 95/110), los que fueron desestimados por la mentada Sala II el 8 de mayo de 2017 (v. fs. 128/130 y vta.).
Para adoptar tal decisión, en cuanto a la vía contemplada en el art. 494 del Código Procesal Penal, estimó que la resolución impugnada no abastecía las previsiones de ese precepto en razón de que había revocado la sentencia condenatoria y absuelto a Ledesma y Maidana (v. fs. 129).
Finalmente, en punto al cuestionamiento contenido en el recurso extraordinario de nulidad relativo a la violación al principio de contradicción y debido proceso al haberse omitido conferirle traslado a los acusadores previo a fallar, juzgó que la intervención de esa Cámara estuvo motivada en los recursos extraordinarios interpuestos por los imputados y delegada por esta Corte a los fines de asegurar el doble conforme de la sentencia. Por ello, entendió que el trámite del recurso se formalizó conforme lo estipulado en los arts. 421 y sigs. del Código Procesal Penal y no advirtió art. alguno que determinase la obligación de correr traslado a las partes -fuesen acusadores o defensores- para que se pronunciasen respecto de las impugnaciones planteadas por la otra parte (v. fs. 129 vta./130).
II. En oposición a tal decisión, los mencionados patrocinantes del particular damnificado, articularon recurso de queja (v. fs.131/142 y vta.).
Luego de repasar los antecedentes del caso (v. fs. 131/17 y vta.), afirmaron que la denegatoria de los recursos resulta arbitraria por contener un fundamento aparente y violatoria del derecho a la jurisdicción, del debido proceso legal, del principio de igualdad así como del derecho al recurso (v. fs. 138).
II. 1. En cuanto a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley expusieron que la cámara no analizó los agravios relativos a la errónea aplicación de la ley sustantiva, a la doctrina legal referida a ella ni al principio de congruencia así como tampoco las cuestiones federales argüidas.
Sostuvieron que únicamente se limitó a verificar si la resolución revocaba una absolución o imponía una pena mayor a diez años, lo cual -a su criterio- demuestra un excesivo rigor formal que se traduce en la violación al derecho al doble conforme que le asiste al particular damnificado. Citó el art. 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 138 y vta.).
Agregaron que en el recurso hicieron expresa referencia al criterio de este Tribunal relativo a que la vía prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal resulta el carril idóneo a los fines del abordaje de las cuestiones federales planteadas (v. fs. cit./139).
Consideraron que el recurso debe ser admitido toda vez que se cuestionó el alcance del principio de congruencia que requiere la interpretación de las normas federales que lo recogen (v. fs. cit./140).
II. 2. De otro lado, en punto al recurso de nulidad, entendieron que afirmar que el ordenamiento procesal no prevé su petición, además de arbitrario resulta violatorio del principio de contradicción (v. fs. 140 vta.).
Añadieron que frente a la apelación articulada en oposición a la primigenia absolución, la Cámara confirió vista a las partes. Empero ahora aquélla sostiene que no resulta necesario, olvidando que el modelo de enjuiciamiento de la provincia es acusatorio y que los recursos deben ser sustanciados, lo que torna nulo el fallo (v. fs. 141 vta.).
III. El juicio de inadmisibilidad debe mantenerse aunque por motivos diferentes a los expuestos por la Cámara (art. 486 del CPP).
III. 1. El art. 494 del Código Procesal Penal, establece que el recurso allí previsto sólo procede contra las sentencias definitivas que revoquen una absolución o impongan una pena de reclusión o prisión mayor a diez años.
Además, afirma que el Ministerio Público Fiscal podrá deducirlo en caso de sentencia adversa cuando hubiese pedido una pena de reclusión o prisión superior a diez años.
El mencionado art. culmina prescribiendo que en ambos supuestos el recurso únicamente podrá fundarse en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina legal referida a ella.
En dicho marco y teniendo en consideración que la impugnación fue deducida por los representantes del particular damnificado debe señalarse que este Tribunal en reiteradas oportunidades se ha expedido en sentido afirmativo acerca de la legitimación recursiva del tal parte (Ac. 90.724, res. del 12-X-2005; P. 117.523, res. del 10-X-2012; P. 115.459, res del 4-IX-2013; P. 116.479, res. del 30-X-2013; P. 125.632, res. del 1-VII-2015; P. 124.339, res. del. 6-IV-2016, entre muchas otras).
El art. 79 del Código Procesal Penal -conf. ley 13.943- enumera los derechos y facultades correspondientes a aquél y en su inciso séptimo establece que podrá "recurrir en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal, aún cuando dicho representante no recurra" y, en lo relativo a los recursos ante la Suprema Corte de Justicia, el art. 481, párr. 2, del Código citado -conf. ley 13.183-, dispone en lo pertinente que "el particular damnificado, podr[á] recurrir con los requisitos previstos en este Código".
III. 2. Sentado ello, se advierte que en lo que concierne al análisis de las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal, el caso encuentra asidero en el segundo párrafo referido a la sentencia adversa respecto de la pretensión del Ministerio Público Fiscal.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, no se encuentra abastecido el requisito relativo al monto de pena requerido, de modo que quedan fuera de la competencia del Tribunal los cuestionamientos en torno a la figura del art. 181 del ordenamiento de fondo.
Y si bien es criterio reiterado de esta Corte que la vía incoada resulta idónea para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324), la admisibilidad del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que será menester su correcto planteamiento, pues sólo así esta Corte se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento según los precedentes referenciados, lo cual no acontece en el caso.
En primer lugar, porque las alegaciones de la parte en torno a lo decidido por la cámara respecto del principio de congruencia, en el caso solo trasuntan cuestiones de hecho y de derecho procesal, sin demostrar que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata, la cuestión de índole federal que alega (Fallos: 325:2192; 310:1542; conf. doctr. Ac. 100.508, 5-III-2008; Ac. 105.252, 29-XII-2008; Ac. 101.268, 18-II-2009; e.o.).
En cuanto a la arbitrariedad por falta de fundamentación (v. fs. 106 vta.) debe señalarse que las formulaciones de la parte, en tanto constituyen una visión divergente a la tenida por el Tribunal de Alzada en punto a la ausencia de comprobación de violencia, no logran demostrar la concurrencia de tal vicio.
Viene al caso recordar que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales -aquí, como se dijo, los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba- pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (por muchos, CSJN, expte. G. 1999. XL, in re "Gobet, Jorge Aníbal, c/ Telefónica de Argentina. ENTel. Estado Nacional, s/ Accidente de trabajo", sent. de 13-VI-2006, publ.: ED 2-XI-2006, 5-54331).
IV. En cuanto al recurso extraordinario de nulidad, debe señalarse que el mismo sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; conf. P. 123.057, res. del 29-XII-2014; P. 121.470, res. del 11-II-2015; P. 122.638, res. del 11-III-2015; P. 123.967, res. del 24-VIII-2016 e.o.).
Ello no se da en el caso ya que, a pesar de que la parte cita el art. 168 de la Constitución provincial, en rigor, sus agravios intentan cuestionar el acierto o error de lo fallado en punto a aspectos procedimentales previos al dictado de la sentencia, temática completamente detraída del acotado marco del recurso en examen (P. 123.947, res. del 23-XII-2014; P. 121.562, res. del 22-XII-2015; P. 124.683, res. del 10-VIII-2016; P. 125.175, res. del 24-VIII-2016, e.o.).
V. Sólo resta indicar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos(conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-17).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
I. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a fs. 131/142 y vta. (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales de los doctores Cristian Cúneo Libarona y Alejandro Julián Drago por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segunda párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia