Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129921
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja traída por el señor defensor oficial adjunto a favor de Abel Cristian Sebastián Suárez (arts. 486 bis, CPP).
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 129.921-RQ, caratulada: "Suárez, Abel Cristian Sebastián s/ Recurso de queja en causa N° 80.329 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de julio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de ese órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial San Martín que había condenado a Cristian Sebastián Abel Suárez a la pena única de trece años de prisión, accesorias legales y costas -con más la declaración de reincidencia por segunda vez-, comprensiva de la sanción de siete años y seis meses impuesta en la presente y de la seis años y ocho meses recaída en el marco de la causa n° 701 del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes (arts. 58 del Cód. Penal y 18 del CPP) -v. fs. 21/26-.
II. Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández- articuló recurso de queja (v. fs. 32/39).
Estimó que, contrariamente a lo decidido por el a quo, deviene aplicable la doctrina de la Corte federal sentada en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 35 vta.).
Entendió que lo resuelto importa una negación de la competencia apelada de la Corte provincial, que priva a este Tribunal de velar por la supremacía de la Constitución nacional y el bloque federal -arts. 5 y 31, Const. nac.-.
Tachó de arbitraria la decisión por aparente fundamentación "mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas" (v. fs. 36).
Expuso que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: a) los agravios postulados son de índole federal, pues se debatió en él la frustración por el Tribunal de Casación del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria y porque el mismo inspeccionó ésta sin examinar los agravios planteados; b) esas cuestiones federales se vinculaban de manera directa con la solución del caso; c) fueron oportunamente planteadas; y d) el gravamen que origina es actual (v. fs. cit. y vta.).
En consecuencia, explicó que se presentaban todas las condiciones que habilitan el conocimiento del caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ya que el carril denegado no sólo portaba la fundamentación mínima requerida por toda impugnación para su admisibilidad sino que demostraba directamente su procedencia y la vinculación de ese modo de resolver (la repetición de los argumentos del órgano de juicio) con su consecuencia ineludible: la frustración del control que es la sustancia del derecho a la doble instancia (v. fs. 36 vta. cit./37).
Por lo expuesto, consideró que el límite que en razón de la materia prevé el art. 494 del Código Procesal Penal debe ser inaplicado o declarado inconstitucional, a fin de tutelar el derecho al doble conforme -arts. 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCP- (v. fs. 37 vta.).
Por otra parte, denunció que el órgano casatorio excedió las facultades propias del control de admisibilidad formal. En su apoyo, citó lo dicho por este Tribunal en la causa P. 85.977 (v. fs. cit.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
1. Más allá de la técnica utilizada por el órgano a quo, esto es, la esquemática cita de precedentes de esta Corte, lo cierto es que advirtió -en primer lugar- que se está en presencia de una sentencia definitiva en el marco de la cual la pena impuesta supera la estipulada en el art. 494 del Código Procesal Penal.
De seguido, agregó que la parte dividió en dos sus agravios, uno de los cuales -expuso- versaba sobre cuestiones procesales, lo que descarta su encuadre dentro del concepto de "ley sustantiva". No obstante, añadió que la defensa pretendía sortear la limitación impugnando la sentencia bajo el agravio de revisión aparente del fallo (v. fs. 22).
Sentado ello, entendió que el defensor esgrimió en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio, "…reeditando en dicho recurso extraordinario agravios ya tratados, en vez de rebatir concretamente los argumentos dados en la sentencia que […] pone en crisis" (v. fs. cit.).
Sobre el punto, transcribió parcelas de lo decidido por esta Suprema Corte en la causa P. 108.624.
Puso de resalto que no están involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa (v. fs. 23).
Para más, dijo que es criterio de esta Corte que si bien dichas limitaciones ceden ante la existencia de arbitrariedad o absurdo, lo cierto es que ambas causales no han podido ser demostradas por el recurrente (v. fs. cit.).
Trajo a colación lo resuelto en la causa P. 106.222 por esta sede en punto a la ajenidad de la naturaleza federales de los planteos que bajo ese pretenso ropaje se vinculan con cuestiones de orden probatorio y derecho procesal (v. fs. 23 vta.).
Asimismo apreció que el reclamo del recurrente se desentiende de lo efectivamente decidido, lo que según doctrina de este Tribunal "impide sobrepasar el tamiz de la admisibilidad". En este tramo mencionó lo decidido en la causa P. 106.514 (v. fs. cit./24).
Por último, recordó que el carril escogido es "una vía excepcional y no un remedio ordinario donde se busca […] una tercera instancia para reeditar los planteos ya formulados…" (v. fs. 24 vta.).
2. Frente a ello, la defensa dirigió sus esfuerzos a reiterar los cuestionamientos llevados en la vía extraordinaria y aseverar que revisten entidad para ser tratados, lo que no logra contrarrestar la falta de aptitud del planteo federal cimentado en que no logró demostrar de manera directa e inmediata cuestiones federales que habilitaran la excepción.
3. Así las cosas, el auto impugnado cuenta con fundamentación suficiente que lo pone a salvo de la tacha de arbitrariedad esgrimida la parte.
4. Resta agregar que la denuncia de exceso tampoco es de recibo.
Cabe recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. causa P. 127.655, resol. de 21-XII-2016; P. 127.955, resol. de 29-III-2017; P. 127.720, resol. de 12-VII-2017; P. 128.683, resol. de 1-XI-2017; P. 127.963, resol. de 22-XI-2017; P. 128.826, resol. de 29-XI-2017; P. 129.202, resol. de 29-XI-2017; P. 128.710, resol. de 20-XII-2017; entre otras)
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilitara su admisibilidad.
IV. Finalmente, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación y que la recurrente no pudo conmover- no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de esa índole al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja traída por el señor defensor oficial adjunto a favor de Abel Cristian Sebastián Suárez (arts. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia