Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130188
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.188, "M., M. Á.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 80776 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de abril de 2017, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que condenó a M. Á. M. a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo cometido en más de tres oportunidades (arts. 40, 41, 45, 55 y 119 párrafos 3 y 4 inc. "b", Cód. Penal; v. fs. 73/83, con relación a fs. 37/45 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 92/103 vta.), el que inicialmente fue declarado inadmisible por la Sala interviniente (v. fs. 105/108); pero tras el recurso de queja de la parte (v. fs. 173/181) fue concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 185/187).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 192/197 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 198) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el recurso bajo estudio, el señor defensor oficial formuló dos motivos de agravios:
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por haberse ponderado -a su entender- indebidamente circunstancias agravantes; y la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales -que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 28, Const. nac.)-, el debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 94 vta.).
Sostuvo que el fallo impugnado constituyó un tránsito aparente por la instancia revisora que frustró el derecho al doble conforme, e incurrió en arbitrariedad al ratificar circunstancias agravantes valoradas en la sentencia de primera instancia sin dar respuesta a sus reclamos (v. fs. cit.).
Así, en orden a la prolongación de los abusos y la reiteración delictiva estimados con ese cariz severizante, sostuvo que los argumentos brindados resultaron arbitrarios, pues frente a la indeterminación en cuanto a la cantidad de hechos probados -referidos como más de tres- tampoco es dable sostener que por eso "exceden ampliamente" los valorados a la hora de conformar el concurso de delitos (v. fs. 95 vta.). Además, consideró que implica una doble valoración prohibida, esa pretendida reiteración delictiva y la extensión temporal del sometimiento, al encontrarse abarcadas por el concurso múltiple del delito que se tuvo por acreditado (art. 55, Cód. Penal; fs. cit.).
Le achacó el mismo vicio a la ponderación del "aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima", desde que dicha circunstancia se encuentra contemplada en el tipo penal -art. 119 tercer párrafo en su remisión al primer párrafo del Código Penal- cuando hace alusión a la condiciones particulares de la damnificada como su edad -menor de trece años- o a situaciones de abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, condiciones que traslucen una situación de desigualdad y presumen un aprovechamiento entre el agresor y la víctima (v. fs. 96 y vta.). Indicó que al hacerlo incurrió en una doble valoración prohibida.
Atacó los fundamentos expuestos por el órgano casatorio al haber estimado que la agravante "extensión del daño causado" se encuentra acreditada por la evaluación directa del testimonio de la víctima, sin llegar a apreciarse por qué el estado de angustia relatado constituye un plus de disvalor, más allá del que comúnmente conllevan este tipo de delitos (v. fs. 97).
En definitiva, solicitó la casación del fallo y la desconsideración de las pautas agravantes que reputó erróneamente valoradas.
I.2. Luego, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena en lo que hace a la ausencia de fundamentación del monto de la pena (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 97).
Adujo que el a quo no hizo ninguna mención, como tampoco la sentencia originaria, "...respecto del desarrollo lógico y razonado del camino utilizado para arribar a dicho monto" (fs. 97 vta.), pues no surgía la escala penal elaborada ni su proceso de formación, lo que -a su entender- le impidió a la defensa controlar esa operación intelectual (v. fs. cit. y 98).
Citó el voto minoritario del doctor Zaffaroni en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Estévez" e indicó que "...a partir de la consideración de la escala legal aplicable, para adecuarla al caso en concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes", siendo -a su criterio- ese punto de ingreso, "el mínimo legal", para luego evaluar "...la existencia de agravantes y atenuantes" (fs. 98 vta. y 99); a las cuales consideró que correspondía asignarles "...un monto de punición para luego de sumados y debitados ellos llegar al monto fijo final que será la pena a aplicar" (fs. 99 vta.).
A su vez, aludió a la fundamentación de la pena de prisión, refiriendo que el Tribunal de Casación se limitó a analizar y confirmar las agravantes cuestionadas y consideró ecuánime la fijación del monto punitivo (v. fs. 99 vta.), sin dar una sola razón respecto de esa conclusión (v. fs. cit. y 100), cuando era menester "...la exteriorización de los fundamentos pertinentes para precisar el modo en que cada pauta agravó o atenuó el monto, y para el monto final en sí, como reflejo de los principios de culpabilidad y proporcionalidad" (fs. 100 vta.).
Consideró que el tratamiento dado al agravio implicó un tránsito aparente por la instancia casatoria, con afectación de los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 100 vta. y 101).
Finalmente, en sustento de su postura citó los precedentes P. 83.260 y P. 87.172 de este Tribunal y los Fallos "Miara, Samuel y Castillo de Miara, Beatriz" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 101).
Por todo lo expuesto, solicitó que se case el fallo impugnado y se reenvíen los autos a la instancia anterior, para que debidamente integrado, se dicte una nueva sentencia conforme a derecho sobre la cuestión discutida (v. fs. 103).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la vía intentada (v. fs. 192/197 vta.).
III. Coincido con la solución propuesta. El recurso extraordinario deducido no es de recibo.
IV.1. En primer lugar, cabe señalar que el sentenciante de origen tuvo por acreditado que "...en el domicilio de la calle 896 n° 1410 de Quilmes, desde 2008 hasta enero del 2011, el imputado M. Á. M., en varias oportunidades, muchas más de dos, se colocó encima de su hija, V. V. M. A., y le introdujo en la vagina su pene erecto. Para ello, el imputado M. aprovechó la edad de la víctima -diez años al comienzo de los abusos-, pero también utilizó contra ella fuerza física y amenazas. Estos ataques tenían lugar en diversos horarios, usualmente en la cama de la niña, cuando los demás habitantes de la casa estaban dormidos. El imputado se acostaba con ella, se bajaba los pantalones, a ella también le bajaba los pantalones, se colocaba preservativos, la sujetaba fuertemente y la penetraba por la vagina. Si la niña hablaba o hacía ruidos, el imputado le tapaba fuertemente la boca para que no la escucharan" (fs. 76 y vta.).
Bajo tales presupuestos fácticos incuestionados, el Tribunal de Casación sostuvo que el planteo por el cual la defensa de M. solicitaba la readecuación de la pena impuesta en función de los arts. 40 y 41 del Código Penal no podía prosperar, toda vez que las pautas ponderadas en el veredicto no merecían reproche (v. fs. 81 vta.).
En esa tarea, indicó que "...el sentenciante ha tenido por acreditadas las circunstancias y períodos en que se dieron los reiterados abusos", tomando en cuenta las agravantes solicitadas por la acusación y discutidas durante el debate, pero acotando su alcance. Explicó que la extensión temporal del sometimiento y la reiteración delictiva, acreditados en forma indubitada, exceden ampliamente el número de hechos relevantes a efectos de escala del artículo 55 del Código Penal; y que, por su parte, la extensión en el tiempo cobra autonomía respecto de la reiteración delictiva, por lo que, "...ambas circunstancias han de ser ponderadas al momento de la determinación de la pena" (fs. 81 vta. y 82).
Agregó que tampoco podía ceder la agravante referida a la vulnerabilidad de la víctima, por no comportar una doble valoración -prohibida- de uno de los elementos del tipo. Señaló que "....al momento de los alegatos la acusación solicitó la consideración de la agravante de vulnerabilidad fundad[a] en la situación de desamparo y ausencia de contención familiar de la menor"; y que el abuso con acceso carnal "...supone un tipo autónomo agravado, al que le caben las circunstancias agravantes descriptas a continuación del tercer párrafo del artículo 119", sin que la vulnerabilidad de la víctima figure entre aquellas, por lo que decae "...la doble valoración insinuada" (fs. 82).
Sumó a lo dicho que la extensión del daño causado se basó en los padecimientos producto de la angustia y el dolor advertidos al momento de declarar la víctima (v. fs. 82 cit.).
Concluyó, por fin, que resultaba ecuánime la fijación del monto punitivo impuesto en lo que respecta a la culpabilidad del injusto en análisis.
IV.2. Frente a lo resuelto, el planteo formulado por la defensa se devela insuficiente (art. 495, CPP), para justificar la infracción a los arts. 40 y 41 del Código Penal como así también a las garantías de raigambre constitucional que entiende vulneradas (debido proceso, defensa en juicio y obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana) a tenor de los desarrollos plasmados en la pieza impugnativa.
En cuanto al agravio vinculado con la reiteración delictiva y la prolongación de los abusos, el recurrente se limita a afirmar la existencia de imprecisión en los hechos ilícitos con relación al art. 55 del Código Penal, sin advertir que, según la calificación legal acreditada, el abuso sexual con acceso carnal fue cometido en varias oportunidades, esto es, en al menos tres, reiteración que tuvo lugar entre los diez y los trece años de edad de la niña.
Esta Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que el art. 55 del Código Penal conforma una nueva escala que no resulta más gravosa para el acusado, en cuanto no pena más severamente los hechos que integran el concurso, con motivo o causa de reiteración. El incremento de la sanción penal, resulta, exclusivamente, de la pluralidad de delitos cometidos. Y, el número de hechos cometidos traduce una repetición de decisiones delictuales reveladoras también de mayor peligrosidad, de manera que la acumulación prevista en el art. 55 del Código Penal no excluye la utilización de aquella circunstancia como agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del mismo Código (conf. causas P. 38.316, sent. de 20-II-1990; P. 43.554, sent. de 27-VIII-1991; P. 46.405, sent. de 5-V-1992; P. 54.432, sent. de 5-XI-1995; P. 57.385, sent. de 30-IV-1996; P. 57.137, sent. de 13-XI-1996; P. 57.780, sent. de 13-V-1997; P. 87.383, sent. de 15-XI-2005; e.o.).
Por otro lado, la autonomía entre ambas agravantes -reiteración delictiva y extensión temporal del sometimiento- acreditado por el órgano de revisión, no sólo no fue suficientemente cuestionada por el recurrente, sino que la primera de ellas no presupone necesariamente la segunda, por ello el rechazo de la doble valoración debe refrendarse (doctr. art. 495, CPP).
En orden a la vulnerabilidad de la víctima la sentencia recurrida la valoró como agravante por la situación de desamparo y ausencia de contención familiar y descartó la doble valoración prohibida denunciada porque el abuso sexual con acceso carnal supone un tipo autónomo, al que no caben las circunstancias descriptas en el tercer párrafo del art. 119 del Código Penal, sin que la defensa aporte argumentos suficientes demostrativos de lo contrario.
Lo mismo ocurre con la agravante vinculada con la extensión del daño causado (conf. surge del testimonio de la propia víctima) en el que se destaca su estado de angustia y dolor transcurridos seis años de los hechos (v. fs. 78 vta./80). La ponderación que el a quo hizo de esa circunstancia refiere a cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla, a la competencia de esta Corte salvo supuestos de excepción que no se configuran (doctr. art. 494, CPP).
Lo así decidido impide tener por demostrada la tacha de arbitrariedad que el recurrente le atribuye a las respuestas brindadas por el órgano intermedio, pues de acuerdo a lo reseñado, no se aprecia que el fallo en crisis padeciera de algún vicio que, bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en aquella.
En tal sentido, viene al caso recordar que el objeto de aquella doctrina "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; conf. causas P. 101.193, sent. de 2-V-2009; P. 106.496, sent. de 14-IV-2010; P. 105.807, resol. de 12-X-2011; P. 110.405, resol. de 15-VIII-2012; P. 111.949, sent. de 24-IV-2013; P. 113.327, resol. de 7-VIII-2013; P. 114.590, resol. de 4-IX-2013; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 111.927, resol. de 20-XI-2013; e.o.).
IV.3. El último agravio tampoco tendrá favorable acogida.
IV.3.a. El tribunal del juicio se ocupó en la cuarta cuestión del veredicto de las pautas atenuantes de la pena, y computó como tal que el imputado "no registra sentencias de condena al momento de comisión de los hechos" (fs. 41 vta.). En la quinta cuestión referida a las agravantes ponderó, según se explicó, la "reiteración delictiva", "el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima", "la prolongación de los abusos en el tiempo" y "la extensión de los daños causados" (fs. 42). Finalmente, al momento de fijar el quantum punitivo, teniendo en cuenta la adecuación del hecho en juzgamiento y el mérito de las pautas mencionadas, impuso una pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 44 vta.).
IV.3.b. En el recurso de casación la defensa de M. peticionó, la absolución de su defendido (v. fs. 54). En ese marco, criticó la aumentativa del "daño causado" a la víctima, y el aprovechamiento de la menor por encontrarse dentro de la calificación legal, violentado el derecho de defensa en juicio (v. fs. 53 vta. y 54).
IV.3.c. A su turno y en el marco apuntado, se pronunció el Tribunal de Casación Penal desestimando la queja (v. acápite IV.1.).
IV.3.d. El tratamiento así brindado a tales planteos, no constituye una infracción a la revisión de la sentencia de condena en los términos de la normativa supranacional que cita el recurrente (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), ello en tanto el tribunal intermedio dio adecuada respuesta acomodando su tarea revisora a los parámetros mencionados.
En efecto, el a quo confirmó la ponderación de las pautas aumentativas "reiteración delictiva", "el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima", "la prolongación de los abusos en el tiempo" y " la extensión de los daños causados" teniendo en cuenta para ello los dichos de la víctima y el informe psicológico realizado a la menor, el cual resaltó que las vivencias físicas sufridas son compatibles con el abuso denunciado. Seguidamente abordó la crítica al quantum punitivo y lo rechazó, descartando violación a los arts. 40 y 41 del Código Penal, decisión que adoptó y avaló con cita de doctrina de esta Suprema Corte.
No se advierte entonces la existencia de algún tipo de restricción indebida a los alcances del derecho a la revisión del fallo de condena respecto al monto de la pena (art. 495, CPP), brindando también los fundamentos por los que consideró que debía mantenerse la pena impuesta en la instancia de origen y convalidarse las cuatro agravantes ponderadas.
En lo que respecta a la denuncia de violación a la doctrina establecida en el precedente P. 83.260, "Ruiz", la parte no se ha encargado de demostrar que la ratio decidendi de ese caso resulte trasladable al presente teniendo en consideración las diferencias entre ambos. El quejoso se ha limitado a traer a colación fragmentos de pronunciamientos sin una adecuada vinculación con lo debatido y decidido en este expediente, en un escenario en el que tampoco surge mínimamente demostrado que la revisión de la sentencia condenatoria en lo referido al monto de pena estuviera sometida a algún tipo de cortapisa frustratoria dirimente.
En rigor, alegando falta de fundamentación, la parte no hace otra cosa que poner en evidencia su criterio divergente con la incidencia que las pautas agravantes meritadas por el tribunal tuvieron sobre el quantum de la pena, lo cual no implica ni significa violación legal alguna (causas P. 43.015, sent. de 25-II-1992; P. 55.688, sent. de 31-X-1995; P. 64.969, sent. de 12-III-2003 y P. 77.983, sent. de 11-VI-2003).
A mayor abundamiento, cabe recordar que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal, como pretende dicha parte (conf. causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia