Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, y -por mayoría de fundamentos- se casa parcialmente la sentencia recurrida a partir del nivel correspondiente a las pautas agravantes, se excluye la considerada en la sentencia de primera instancia confirmada por el Tribunal de Casación con relación a los antecedentes penales que registra el imputado, y se deja sin efecto la declaración de reincidencia mantenida respecto del procesado Ariel Fernando Ruiz Bolaños, y se remiten los autos al órgano casatorio para que se gradúe finalmente la pena a imponer (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.234-RC, "Ruiz Bolaños, Ariel Fernando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en la causa n° 80.370 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud, Torres.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el dictado del pronunciamiento del 27 de abril de 2017, rechazó por improcedente el recurso de casación presentado por la defensa oficial de Ariel Fernando Ruiz Bolaños y confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que lo condenó a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y declaración de reincidencia por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada -dos hechos en concurso real- (v. fs. 42/50 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 53/59 vta.), el que fue inicialmente declarado inadmisible por la Sala interviniente (v. fs. 65/67), pero tras el recurso de queja de la parte (v. fs. 123/130 vta.) fue concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 135/137 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 142/145 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 146) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia (v. fs. 146), la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial adjunto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto denunció la afectación de los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por entender que se efectuó una revisión aparente de la sentencia de condena, toda vez -que a su criterio- no respondió al agravio traído, esto es, la caducidad del registro de antecedentes (v. fs. 55 vta. y 56).
Así tildó de arbitrario el fallo por haberse mantenido la declaración de reincidencia al apartarse de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia fijada en causa P. 103.538, sentencia de 15-VII-2009 (v. fs. 56 vta.).
A continuación, transcribió las partes pertinentes del citado pronunciamiento de este Tribunal y recordó que en el caso de autos, la propia sentencia recurrida estableció que "...la pena impuesta a Ruiz Bolaños en la causa 299/119 -que fuera valorada al momento de graduar la sanción a imponer y al mismo tiempo utilizada para fundar la reincidencia [en estos actuados]-, venció el 20 de mayo de 2006 (v. fs. 49), de modo que a la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia en esta causa -el 22 de septiembre de 2016-, ya había transcurrido el plazo de 10 años previsto por el art. 51 del C.P., que prescribe la caducidad 'a todos sus efectos' del registro del mencionado antecedente" (fs. 58 vta. y 59).
Por ello, reclamó que se deje sin efecto la sentencia recurrida y se reenvíen las actuaciones al Tribunal de Casación a fin de que se dicte un nuevo fallo conforme a derecho (v. fs. 59).
II. Considero, apartándome de la propuesta del señor Procurador General, que asiste razón al señor defensor oficial adjunto, el recurso debe prosperar.
III. El recurrente atribuye a la sentencia recurrida el vicio de "arbitrariedad" por incurrir en un déficit de motivación al otorgar sólo un fundamento aparente a la decisión y no dar acabada respuesta a los agravios de la defensa (v. fs. 53 vta.).
III.1. De la simple lectura del pronunciamiento de la Casación surge, tal como lo señaló la defensa, que una de las cuestiones planteadas recibió un tratamiento formal y aparente, sea mediante afirmaciones genéricas y dogmáticas, sea por apartamiento de las constancias de la causa.
En efecto, cabe señalar que la entonces defensa oficial departamental había planteado, entre otras cuestiones, la arbitrariedad en la imposición de la pena -a partir de la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal- cuestionando la consideración de los antecedentes penales como agravante (v. fs. 26/28) y la arbitrariedad en la adjudicación de la calidad de reincidente (v. fs. 28 vta./29 vta.), al entender que ambas circunstancias no podían ser valoradas por infringir el art. 51 del Código de Fondo (v. fs. 29); puntualmente, en dicho remedio se denunció como violados principios, derechos y garantías constitucionales, desde que habiendo sido condenado Ruiz Bolaños en esta causa transcurridos más de once años desde la fecha del antecedente condenatorio ponderado (sent. dictada el 15 de octubre de 2001 en causa 299/1199), se pretendió hacer surgir una condena vencida que no debería haber sido informada a tenor del mencionado art. 51 (v. fs. cit.).
III.2. En primer término, la Sala IV del órgano intermedio señaló -con cita de doctrina de esta Corte- al abordar el planteo vinculado a la consideración de "...los antecedentes penales que registra el imputado" como pauta agravante de la pena (v. fs. 10 vta.), que "...el hecho de haber estado sometido a proceso y efectivamente condenado, es un dato válidamente meritable en el marco del artículo 41 del C.P. [..., porque] el sujeto obra con un conocimiento actual o actualizable de la contrariedad de su conducta con el orden normativo penal. En ese sentido, la existencia de una condena anterior, constituye claro indicador de ese mayor grado de conciencia merituable [sic] para la determinación de la pena" (fs. 46 y vta.).
En segundo lugar, en orden a la declaración de reincidencia sostuvo que "...se han cumplido los parámetros del artículo 50 del Código Penal para poder aplicarse la declaración de reincidencia de Ruiz. De las constancias de autos surge a las claras el requisito de temporaneidad requerido por el artículo 50 del Código Penal. Esto es: Ruiz ha sido condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas como autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión con armas, el día 15 de octubre de 2001 en causa 299/1199, condena que venció el 20 de mayo de 2006" (fs. 49).
Agregó que "Claramente no había transcurrido el plazo previsto en el digesto de fondo al momento de la comisión de los hechos de la sentencia que ahora se impugna -3/2/2005 y 21/2/2005- siendo que Ruiz además cumplió condena en calidad de penado en la inteligencia del Acuerdo Plenario de este Tribunal (causa n° 10.347 sent. de 5/10/06), cuyo dato surge de haber accedido al beneficio de la libertad condicional el 19/5/2004. En definitiva surge que el aquí juzgado fue condenado por sentencia firme a la pena de seis años y seis meses, accesorias legales y costas, siendo además que ha cumplido pena privativa de libertad en calidad de penado, surgiendo a las claras los requisitos exigidos en la interpretación sistemática del artículo 50 del Código Penal" (fs. cit.).
Mencionó también que "Así las cosas, una vez contado en autos con el antecedente objetivo de un periodo -independientemente de la duración- de cumplimiento efectivo de la pena, es suficiente para dar por acabado el parámetro temporal exigido por el art. 50 del Código Penal, resultando indiferente para quien suscribe el presente, la tesis que sostiene la necesidad de las dos terceras partes de la pena cumplida" (fs. ídem. vta.).
IV. La reseña efectuada en el apartado anterior en torno al modo y alcance con que el Tribunal intermedio emprendió su labor revisora, me lleva a darle razón a la defensa en la vía recursiva promovida.
Ello así, en tanto la parte denunció que el fallo cuestionado resulta arbitrario al haber soslayado el tratamiento de un agravio conducente para resolver el caso y que fuera llevado a conocimiento y decisión de la instancia anterior en el recurso respectivo (v. esp. fs. 26/29 vta.), vinculado con que se encontraban verificados en estos actuados los extremos inherentes a la caducidad del registro de sentencias condenatorias al momento en que se dictó el pronunciamiento de condena en sede originaria.
En efecto, considero de aplicación al caso en examen el criterio empleado por esta Corte en el marco de la causa P. 103.538, sentencia de 15-VII-2009, a cuyos demás fundamentos me remito en honor a la brevedad y en la que formulé mi voto de adhesión.
Resulta oportuno recordar que el art. 51 del Código Penal, en su parte pertinente, dispone que:
"El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos:
1. Después de transcurridos diez años desde la sentencia (art. 27) para las condenas condicionales;
2. Después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas o penas privativas de libertad;
3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a penas de multa o inhabilitación.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial".
En definitiva, cuando dicha norma sustantiva alude -en lo que importa- a que "El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos", determina que los datos en ellas contenidos perecen como tales a los efectos de ser empleados en perjuicio del condenado.
Es decir, una vez comprobado debidamente el transcurso de los plazos allí estipulados, el precepto anula de manera imperativa la posibilidad de cómputo en contra de quien fuera condenado (conf. doctr., mutatis mutandis , causas P. 87.792, sent. de 7-VI-2006; P. 72.714, sent. de 6-XII-2006; P. 85.040, sent. de 31-X-2007; P. 103.538, cit. y P. 82.940, sent. de 6-X-2010).
En el supuesto de autos surge acreditado fehacientemente, tanto del fallo condenatorio pronunciado por el Tribunal que intervino en el debate oral como del que dictó la Casación en oportunidad de resolver el remedio casatorio impetrado (v. esp. fs. 12 vta. y 49, respectivamente), que la pena de seis años y seis meses de prisión que se le impusiera por sentencia -firme- al procesado Ruiz Bolaños en la causa n° 299/1199 por parte del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 15 de octubre de 2001, venció el 20 de mayo de 2006 -dato que arriba incontrovertido ante esta sede extraordinaria-; de modo tal que al momento del dictado de la sentencia de primera instancia -22 de septiembre de 2016; v. fs. 7/14-, la misma no era computable a todos sus efectos legales conforme lo establece el art. 51 inc. 2 del Código Penal, con lo cual no podía ser ponderada como agravante genérica de la pena (v. fs. 10 vta.) ni tampoco empleada para fundar la declaración de reincidencia del aludido encausado (v. fs. 12 vta.).
V. En consecuencia, propongo casar parcialmente la sentencia recurrida a partir del nivel correspondiente a las pautas agravantes y, en ejercicio de competencia positiva, excluir la considerada en la sentencia de primera instancia, confirmada por el Tribunal casatorio con relación a "...los antecedentes penales que registra el imputado", y dejar sin efecto la declaración de reincidencia mantenida respecto del procesado Ruiz Bolaños (v. fs. 10 vta., 12 vta., 13 vta., 46/47, 49 y vta. y 50).
Deberán reenviarse los autos a la instancia de origen para que se gradúe la pena a imponer de acuerdo a lo decidido (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo :
Adhiero al voto del doctor Pettigiani, aunque con el siguiente alcance.
Tal como refiere el distinguido colega, acierta la defensa cuando se agravia del modo y alcance con que el tribunal intermedio emprendió su labor revisora.
Pues, como sostiene dicha parte, la correcta solución del asunto reclamaba el examen conjunto de todas las normas en juego, esto es, muy particularmente, de los artículos 50 y 51 del Código Penal, en función del plazo decenal al que se alude en el inciso segundo del último precepto indicado, que marca -y según lo denuncia el recurrente aquí se ha incumplido- el tope máximo para la incorporación válida de la consideración de un antecedente penal en contra del imputado y, de acuerdo con el criterio empleado por esta Corte en el marco de la causa P. 103.538, sentencia de 15-VII-2009, cuya doctrina estima inobservada.
Por ello, a tenor del alcance en que fue abierta la vía intentada (v. fs. 135/137 vta.), considero que corresponde hacer lugar al remedio en trato y revocar el pronunciamiento cuestionado por haber incurrido en arbitrariedad al prescindir de dar acabada respuesta a los concretos reclamos de la parte susceptibles de modificar el resultado de la decisión, y, finalmente, reenviar los autos a la instancia a efectos de que se garantice a cabalidad el derecho a la revisión amplia de la sentencia de condena.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, y -por mayoría de fundamentos- se casa parcialmente la sentencia recurrida a partir del nivel correspondiente a las pautas agravantes, se excluye la considerada en la sentencia de primera instancia confirmada por el Tribunal de Casación con relación a los antecedentes penales que registra el imputado, y se deja sin efecto la declaración de reincidencia mantenida respecto del procesado Ariel Fernando Ruiz Bolaños, y se remiten los autos al órgano casatorio para que se gradúe finalmente la pena a imponer (doctr. arts. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N°30
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2020 12:40:15 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 12:54:38 - TORRES Sergio Gabriel -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 12:56:47 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 13:28:59 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 27/05/2020 15:00:19 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 08:41:36 - MARTINEZ ASTORINO Roberto Daniel -
Fin de la sentencia