Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129547
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja interpuesta por la defensa particular de D.J.V. (art. 484, 486 bis y conc. del CPP).
2Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por el doctor Ramón Elías Salto a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"V.J.D. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 81.526 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.547-RQ, caratulada: "V.J.D. s/ Recurso de queja en causa N° 81.526 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
I. De las copias aportadas por la parte se infiere que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 10 de agosto de 2017, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa particular contra la sentencia por la que se confirmó la condena impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora a M.P.E. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado por tratarse el autor de un ascendiente de la víctima y por encontrarse ésta bajo su guarda (v. fs. 26-29).
II. El doctor Ramón Elías Salto, letrado particular de M.P.E., interpuso queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 30-37).
Señaló que la inadmisibilidad decretada por el a quo conculcó el derecho al doble conforme consagrado en el art. 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 32 y vta.).
Afirmó que en la desestimación del recurso se sostuvo que éste era una reedición de los argumentos vertidos en el recurso de casación y que representaban una mera divergencia en la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante, siendo que el mismo basamento se utilizó para rechazar el recurso de casación presentado por el defensor por entonces actuante, doctor Fernando Carra, ésta vez respecto de los alegatos brindados en el juicio (v. fs. 32 vta.).
Sostuvo que también la Sala Cuarta puso de relieve que no se había acreditado la existencia de una cuestión constitucional, siendo que -en su parecer- se ha violado groseramente el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, instaurado en los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional, a lo que debe sumarse la desnaturalización de la tarea revisora como se enfatizara supra (v. fs. 32 vta.-33).
Enfatizó que en la vía de inaplicabilidad de ley había repasado los cinco agravios que llevara su predecesor en el cargo en el recurso de casación (v. fs. 33), afirmando el tribunal interviniente sólo trató uno de ellos, lo que transforma la sentencia en arbitraria (v. fs. 33 vta.), ya que debido al carácter constitucional de esos agravios debieron abordarse por aplicación de los precedentes "Di Mascio", "Strada" y "Christou" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 33 vta.).
III. La queja resulta improcedente.
III. 1. En efecto, el auto que desestimó la vía extraordinaria interpuesta se basó en el incorrecto planteamiento de la cuestión federal, en tanto si bien se supera el monto previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal no se han formulado embates sobre la inobservancia o la violación de la ley sustantiva.
En ese contexto se señaló que se ha efectuado en el escrito una reedición de los argumentos traídos y contestados por la Casación, sin refutar esas respuestas y ofrecer, además, sólo una perspectiva diversa sobre la valoración de la prueba y materias de contenido procesal.
Se afirmó, por último, que tampoco es dable acreditar la relación directa e inmediata entre las cláusulas constitucionales que se denuncian como conculcadas y lo debatido y resuelto en el caso, incluso en el ámbito de la arbitrariedad adjudicada al fallo, detallando las razones por las que no era admisible un reclamo sobre éste último aspecto (v. fs. 27-28).
III. 2. El autor de la queja no ha tratado de controvertir eficazmente los fundamentos de la decisión desestimatoria y ha ofrecido sólo una censura dogmática y generalizada acerca de la violación a la doble conformidad judicial, sin que los restantes planteos sirvan para refutar lo resuelto por el a quo.
Es que, si la intención del recurrente era la verificación del tratamiento de todos los agravios que el anterior letrado defensor llevara en la vía casatoria, no basta con la mera mención sintética de los mismos en la presentación directa sino que es menester el aporte documental del recurso como documentación necesaria para evaluar la admisibilidad de la queja (art. 486 bis del CPP).
De allí que, incluso, no es dable vislumbrar en ese contexto si se trató de la introducción tempestiva de agravios constitucionales ni si hubo un yerro en las sucesivas respuestas sobre la reedición de argumentos que según el quejoso fue efectuado de manera equivocada, en tanto para esto último -incluso- debió aportar y no lo hizo la sentencia casatoria y los agravios y la decisión previa a ésta.
Por todo ello, cabe colegir que la vía directa tampoco se autoabastece para que esta Corte pueda abordar las presuntas máculas contenidas en el auto que obturó el acceso a la instancia extraordinaria local (art. 484 cód. cit.).
IV. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional del letrado interviniente.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Lo expuesto es atinente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar la queja interpuesta por la defensa particular de D.J.V. (art. 484, 486 bis y conc. del CPP).
2. Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por el doctor Ramón Elías Salto a los fines regulatorios (art. 30 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia