Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129984
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por improcedente, la queja articulada contra la denegación del recurso extraordinario de nulidad efectuada por la defensa particular a favor de Oscar Rubén Saucedo (art. 486 bis CPP).
2Desestimar, sin más trámite, el recurso de inaplicabilidad de ley también interpuesto por la defensa particular a favor de Saucedo (art. 31 bis ley 5827 t.o.).
3Regular los honorarios profesionales del doctor Matías Leandro Bertoncello por la labor desarrollada en la queja presentada ante esta Suprema Corte en la suma de 10 jus, correspondientes a pesos … (art. 31 "in fine" ley 14.967 y Acuerdo 3869 de 18-X-2017).
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.984-RQ, caratulada: "Saucedo, Oscar Rubén s/ Recurso de queja en causa N° 82.285 del Tribunal de Casación Penal, Sala III ".
I. De acuerdo a las constancias incorporadas por la parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de noviembre de 2016, suspendió el trámite de la queja interpuesta hasta la resolución definitiva de la cuestión de la prescripción e hizo saber a este Tribunal que deberá imprimir el trámite que corresponda y que la resolución final deberá ser comunicada a dicho órgano (v. fs. 16).
II. En dicho contexto, sin que se adjuntare a esta presentación directa la copia de lo decidido por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Bahía Blanca, de lo decidido por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de esa ciudad ni del auto que denegó el recurso de casación esgrimido, la Sala III del Tribunal de Casación Penal por resolución dictada el 4 de julio de 2017, declaró admisible la queja interpuesta y rechazó el recurso intentado, con costas, contra el rechazo del sobreseimiento por prescripción de la acción penal que fuera confirmado por la mentada sala del tribunal de alzada (v. fs. 12-14).
III. Contra dicho decisorio, el doctor Matías Leandro Bertoncello dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley a favor de Saucedo mediante presentación electrónica (v. fs. 6-10 vta.), los que fueron declarados inadmisibles por auto dictado el 2 de noviembre de 2017 (v. fs. 2-5 vta.).
IV. La representación técnica del imputado articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 17-35 vta.).
Respecto de la denegación de la vía de nulidad afirmó que luego de invocar los lineamientos generales de la doctrina de esta Corte en punto a las causales de procedencia de dicho recurso, la Casación omitió indicar si la pieza de la defensa era defectuosa y en caso afirmativo en cuales de esas líneas directrices se ha fallado o ha sido insuficientemente desarrollado (v. fs. 19-20 vta.). Señaló que en el recurso de casación esgrimió como agravio la interpretación extensiva del inc. e) del art. 67 del Código Penal que viola el principio de legalidad previsto en el art. 18 de la Constitución nacional al conferirle a las sentencias del Tribunal de Casación y de esta Corte la capacidad para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal (v. fs. 20 vta. "in fine"-21); que dicha interpretación se apartó de la propia doctrina judicial de esta Corte (v. fs. 21); que se está introduciendo oblicuamente a la "secuela de juicio" como criterio interruptor a pesar de su derogación por la ley 25.990 y a la voz "solamente" utilizada por el legislador para zanjar las diferencias interpretativas en pos de simbolizar un solo acto procesal, la sentencia condenatoria que produce efectos aunque no se encuentre firme, sin que quepa incorporarse las posteriores resoluciones que emitan los tribunales de alzada al ser necesariamente derivaciones de un recurso interpuesto por la defensa (v. fs. 21-22). Puntualizó que estas cuestiones esenciales no han sido tratadas en el fallo del 4 de julio de 2017, ni explicita ni implícitamente y que la señalización de que las sentencias de casación del 6 de agosto de 2009 y de esta Corte del 19 de diciembre constituyen actos interruptorios no abastece el tratamiento del agravio esbozado (v. fs. 22-23). Sostuvo que debe anularse la resolución recurrida por contener un fundamento aparente al omitir pronunciarse sobre las cuestiones esenciales propuestas (v. fs. 23). Señaló, también, la errónea cita de los precedentes de esta Corte invocados por el a quo (en referencia a las causas P. 83.722 sent. 23-II-2005 y P. 94.555 sent. 10-IX-2009) en tanto en estos no se debatió esta cuestión (v. fs. 23 y vta.).
En el mismo contexto, afirmó que se ha afectado el art. 168 de la Constitución provincial porque no se ha dado respuesta a la cuestión de la prescripción de conformidad a los estándares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de que fue ella quien puso de relieve que podría encontrarse prescripta la acción penal en los autos principales, agregando jurisprudencia y doctrina sobre el deber de los tribunales inferiores de no apartarse de los precedentes del Máximo Tribunal salvo que aporten nuevos argumentos que justifiquen la modificación del criterio en cuestión (v. fs. 23 vta.-25 vta.). Puntualizó que la Corte federal en el caso "Pérez, Mirta Yolanda" enfatizó que la sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme implicaba una ley más benigna y, por tanto, resultaba aplicable al caso, no siendo una solución normativa atendible la interpretación analógica in malam partem efectuada por la Cámara y la Casación (v. fs. 25 vta.-26).
En cuanto a la vía de inaplicabilidad de ley, sostuvo que ha sido óbice para su concesión el incorrecto planteamiento de la cuestión federal tomando en cuenta que el delito enrostrado tiene pena menor a los diez años de prisión, más frente lo ordenado por la Corte nacional sobre el art. de la prescripción el legislador provincial y los operadores del derecho le impiden el acceso a la instancia (v. fs. 26 vta.-27). Apuntó una contradicción del a quo en tanto la denegación de la prescripción se equiparó a sentencia definitiva en razón de que ser una cuestión de orden público pero luego no se tratan los agravios por las limitaciones contenidas en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 27). Esgrimió que en el marco de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" invocó cuestiones federales, a saber: la interpretación de una norma de ese carácter debido a la interpretación efectuada sobre el alcance del art. 67, último párrafo, inc. "e" del Código Penal (v. fs. 28 vta.-29), derecho a recurrir el fallo adverso (v. fs. 29 y vta.) y arbitrariedad de la sentencia por el alcance del concepto de sentencia condenatoria adoptado en las instancias previas para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal (v. fs. 29 vta.-35).
V. La queja debe ser desestimada por improcedente.
1. El juicio negativo de admisibilidad efectuado por la Casación en relación al remedio de nulidad debe mantenerse, aunque con ciertas precisiones.
En efecto, aunque no con la exhaustividad en la motivación que reclama el quejoso, el a quo señaló que era correcto el fallo que desestimara la prescripción en la inteligencia que luego de la primer sentencia condenatoria pronunciada el 16 de julio de 2008 deben computarse como sucesivos actos de interrupción el pronunciamiento de Casación de fecha 6 de agosto de 2009 y la decisión de esta Suprema Corte dictada el 19 de diciembre de 2012 (v. fs. 13 y vta.).
De allí que el cuestionamiento efectuado por la defensa, que fuera relacionado en el acápite IV, párrafos segundo y tercero, en puridad, se circunscribe al alcance que debe asignársele al concepto "sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme" que establece el art. 67 ibídem, como último acto procesal interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal, temática vinculada con el acierto y la profundidad de lo decidido, aspectos detraídos del acotado ámbito que prevé el art. 491 del Código Procesal Penal en función de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Para más, cabe señalar que -por lo expuesto- no ha existido la preterición de las cuestiones esenciales que se denuncian, ya que lo central del agravio fue expresamente abordado en la decisión impugnada por las vías del art. 479 del cód. cit. (art. 31 bis ley 5827 t.o.).
2. La vía de inaplicabilidad de ley debe ser desestimada sin más trámite por aplicación de la norma invocada en último término.
En efecto, aun cuando la queja fuere procedente en razón de que al menos el agravio sobre la arbitrariedad en la aplicación de una norma penal fue planteado con la suficiencia y carga técnica necesarias (v. fs. 4-5), es pertinente señalar que esta Corte ha avalado la postura del órgano intermedio respecto de que el fallo de casación revisor de la condena interrumpe el curso de la prescripción (ver los lineamientos establecidos en P. 84.431, sent. de 31-X-2007, P. 90.959, sent. de 3-X-2008, P. 90.736, sent. de 30-IX-2009; P. 105.309, sent. de 29-IV-2015; P. 121.979, res. 16-IX-2015; entre otras).
A lo expuesto cabe sumar que lo establecido sobre esta problemática por la Corte Suprema, en los autos D.749.XLVII, "Demaría, Jorge Luis y otros s/causa 14.358", sentenciada el 8 de abril de 2014 -con remisión incluso a lo resuelto con esa misma comprensión en el caso de Fallos 327:4633, del 26 de octubre de 2004- tampoco favorece la interpretación restringida que propicia la parte, de considerar que únicamente el fallo originario constituye la sentencia de condena contemplada en el art. 67, cuarto párrafo inc. "e" del Código Penal, a los efectos interruptivos.
A ello se suma que los concretos embates giran en torno de la interpretación de una norma de derecho común -art. 67 del Cód. Penal- y no se demuestra en el sub lite que lo fallado exceda el marco de exégesis posible de una norma de derecho común, extremo que se encuentra marginado del conocimiento del cimero Tribunal nacional (CSJN Fallos: 304:1826; 310:896; 304:948; 307:1803; 308:71; 323:629, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por improcedente, la queja articulada contra la denegación del recurso extraordinario de nulidad efectuada por la defensa particular a favor de Oscar Rubén Saucedo (art. 486 bis CPP).
2. Desestimar, sin más trámite, el recurso de inaplicabilidad de ley también interpuesto por la defensa particular a favor de Saucedo (art. 31 bis ley 5827 t.o.).
3. Regular los honorarios profesionales del doctor Matías Leandro Bertoncello por la labor desarrollada en la queja presentada ante esta Suprema Corte en la suma de 10 jus, correspondientes a pesos … (art. 31 "in fine" ley 14.967 y Acuerdo 3869 de 18-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2833
Fin de la sentencia