Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129614
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la queja traída por la defensa de Jonathan Gregorio Encina, con costas (art. 486 bis, CPP).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 129.614-RQ, caratulada: "Encina, Jonathan Gregorio s/ Recurso de queja, en causa n° 82.019 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de agosto de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Jonathan Gregorio Encina, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad incoado frente al resolutorio de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, que confirmó el auto de grado que había denegado la eximición de prisión del nombrado (v. fs. 2/6).
Para así decidir, básicamente, juzgó que -ausentes los presupuestos del art. 494 del CPP- sólo el correcto planteamiento de una cuestión federal permitiría el tránsito por ante esta Corte, a tenor de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la CSJN; situación que no halló patentizada en autos.
En ese razonar, señaló que la parte insistió con cuestiones atinentes a la interpretación y alcance de normas de derecho procesal, sin advertir una cuestión federal suficiente en los términos del art. 14 de la ley 48. Adunó que, en lo demás, el ensayo contenía una simple crítica genérica y dogmática insuficiente para demostrar los extremos de la doctrina invocada.
Concluyó que la defensa no había conseguido demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimó comprometidas, y descartó la tacha de arbitrariedad esbozada.
II. Frente a ello, el señor defensor particular -doctor Antonio Miguel Solivaret- articuló recurso de queja (v. fs. 22/27).
Señaló que la decisión atacada es una sentencia equiparable a definitiva, en virtud del gravamen irreparable que podría sufrir su asistido (v. fs. 24 vta./25).
Recordó que el carril escogido constituye el medio idóneo para la introducción de cuestiones federales a conocimiento de este Cuerpo y esgrimió la afectación de los arts. 18, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; los arts. 10 y 11 de la Constitución provincial; el art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 25 y vta.).
Finalmente, tachó al pronunciamiento de arbitrario (v. fs. cit./26).
III. La queja no prospera.
Ocurre que el impugnante no removió de manera eficaz la falta de suficiencia con que, a criterio del Tribunal de Casación Penal, se desarrollaron los embates de pretensa índole federal (art. 486 bis, CPP).
En efecto, la defensa se limita a reeditar los planteos llevados oportunamente en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, insistiendo en que ellos revisten aptitud para aperturar dicho carril, técnica que deviene infructuosa en tanto -como se puso de relieve en el auto denegatorio- no se advirtió la concurrencia de una cuestión federal suficiente pues sus alegaciones versaron sobre la interpretación y alcance de normas procesales.
De este modo, el quejoso no hizo ningún esfuerzo por demostrar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculaban con lo debatido y resuelto en autos (art. 15 de la ley 48).
IV. Por otra parte, la denuncia de arbitrariedad del auto adverso tampoco es de recibo, pues el juicio de admisibilidad negativo cuenta con la fundamentación suficiente que lo deja salvo de la tacha intentada.
V. Sólo resta indicar que, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, en el caso resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73.016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
I. Rechazar la queja traída por la defensa de Jonathan Gregorio Encina, con costas (art. 486 bis, CPP).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904 y Acuerdo 3871 de esta Corte, de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia