Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130583
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 22 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.583, "Iribarren, Luis Fernando. Recurso de queja en causa nº 82.379 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, por resolución del 30 de septiembre de 2016, declaró mal concedido el recurso de apelación deducido por la defensa de Luis Fernando Iribarren contra el auto del juez de trámite que aprobó el cómputo de pena practicado con fecha 19 de mayo de 2016 (v. fs. 14 y vta.).
Deducido recurso de casación por el señor defensor oficial, doctor Mariano Castro (v. fs. 19/30), el mismo fue declarado inadmisible por la Cámara (v. fs. 31 y vta.). Ello motivó la interposición de una queja (v. fs. 34/40 vta.) que quedó radicada en la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 43).
Dicho órgano se pronunció el 18 de mayo de 2017; allí rechazó por inadmisible la queja, pese a lo cual, ingresó al tratamiento del planteo de fondo, y lo rechazó (v. fs. 60/68).
El señor defensor adjunto de Casación dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 59/66), el que fue declarado inadmisible por el a quo (v. fs. 73/76 vta.), por lo cual la defensa articuló queja ante esta Corte (v. fs. 134/146 vta.), el recurso fue admitido, declarado mal denegado y concedido a favor de Iribarren (v. fs. 147/150 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 156/159 vta., dictada la providencia de autos a fs. 160, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció la arbitrariedad del fallo por basarse en una errónea comprensión de las resoluciones anteriormente dictadas con fundamentos que no abastecen las exigencias estipuladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta Corte, lo que derivó en la violación al derecho a obtener la revisión del fallo por parte de un tribunal superior (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) y al principio de legalidad (v. fs. 61 vta.).
En ese sentido explicó que, en el recurso de casación, la defensa había cuestionado que mantener las diferencias entre las penas de prisión y reclusión implicaba admitir una pena inconstitucional por resultar violatoria a los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución nacional y que la condena a Iribarren de pena de reclusión resultó violatoria al principio de legalidad por encontrarse derogada y ser contraria al principio de igualdad de la ley y al fin resocializador de las penas privativas de libertad (v. fs. 61 vta. y 62).
Cuestionó que la Casación considerara que la parte debió objetar el cómputo previo (mayo de 2009), cuando no tuvo el carácter de tal. Dicho informe fue realizado con el fin de establecer el tiempo de detención en prisión preventiva de Iribarren y así resolver un pedido de excarcelación, por ello no cumplía con los términos del art. 500 y siguientes del Código Procesal Penal a contrario del ahora recurrido efectuado sobre la sentencia condenatoria firme (v. fs. 62 y vta.).
Destacó que lo decidido, es adverso a lo resuelto por esta Corte en el precedente "Vallejos" (P. 122.840, resol. de 2-VII-2014), no pudiendo negar el Tribunal de Casación su competencia para entender en el recurso interpuesto.
Por otra parte, explicó que a pesar de que el tribunal intermedio rechazó la queja se adentró a su tratamiento resolviendo de manera errónea.
Refirió que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pena de reclusión ha quedado derogada, por lo que su aplicación resulta violatoria del principio de legalidad (art. 18, Const. nac.). Citó en apoyo de su postura los fallos de la Corte de la Nación, "Méndez", "Gorosito Ibáñez", "Esquivel Barrionuevo", "Spósito" y "Cerámica San Lorenzo" (v. fs. 63/65 vta.).
Indicó que la derogación de la pena de reclusión lo es a todos los efectos legales por lo que, ante la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio por el cual se prescindió de la doctrina de la Corte federal, solicitó que se tilde el pronunciamiento de arbitrario y reenvíe a fin de practicar nuevo cómputo conforme el art. 7 de la ley 24.390, calculando transcurridos los dos años previstos por el art. 1 de la norma citada- un día de prisión preventiva por dos días de pena privativa de libertad (v. fs. 65 vta.).
II. El dictamen de la Procuración aconsejó el rechazo del agravio esgrimido por la defensa (v. fs. 156/159 vta.).
III. Coincido con esa solución.
El Tribunal de Casación rechazó por inadmisible la queja a tenor de la interpretación que efectuó del art. 450, segundo párrafo, del Código Procesal Penal, aunque abordó el tratamiento de la pretensión del señor defensor oficial respecto a que le sea aplicado a su asistido el cómputo privilegiado de la ley 24.390 por encontrarse a entender de aquel- tácitamente derogada la pena de reclusión y equiparada a la de prisión, agravio que denegó con cimiento en la argumentación que se lee en la resolución obrante a fs. 51 vta./54 vta.
En dirección opuesta a la postulada por la parte, reiteró lo dicho en su intervención ante un pedido de excarcelación de Iribarren en el que la defensa planteó que se le aplique la ley 24.390 (causa 54.980, sent. de 21-V-2013) en donde sostuvo que la sanción de reclusión "...sigue contenida en el Código Penal, desde que su art. 5 la prevé y no ha sido derogada..." además de ser considerada por el art. 57 del citado cuerpo como la más gravosa del derecho penal argentino (v. fs. 51 vta. y 52).
En ese sentido precisó que, aun cuando se haya sancionado la ley 24.660, de un análisis del Código Penal se advierte que ambas especies de penas subsisten al conservarse sus diferencias "...entre otr[a]s, en el contenido de los arts. 13, 26, 44 y 46 del citado digesto legal [...] brindándose claros ejemplos del tratamiento diferenciado entre amb[a]s (p. ej. en la fijación de las escalas [...] para el grado de tentativa de los delitos castigados con penas perpetuas quince a veinte años en el caso de la reclusión y diez a quince años en el de la prisión-)" (fs. 52). A lo que agregó que "...las mismas permanecen inalterables aun cuando la ejecución diaria de la pena de reclusión sea idéntica en la práctica a la de [...] prisión..." lo que impide considerar que la reclusión se encuentra derogada (v. fs. cit.).
Con relación a la previsión del art. 7 de la ley 24.390 refirió que "...los condenados a pena de reclusión no se encuentran favorecidos por el cómputo privilegiado del que gozan los condenados a pena de prisión (en particular el denominado 'dos por uno'), estableciéndose aquí una nueva diferencia entre ambos institutos" (fs. 52 vta.).
Aclaró que en consonancia con ello esta Corte se expidió declarando la inconstitucionalidad del modo en que el art. 24 del Código Penal establecía el cómputo de la prisión preventiva, no siendo trasladable a quienes estuvieran condenados a "reclusión", por lo que no se encuentra a la fecha derogada dicha especie de pena.
Aludió a la doctrina de este Tribunal (causas P. 102.332, sent. de 22-IV-2009; P. 106.418, sent. de 1-IX-2010; P. 105.203, sent. de 2-III-2011; e.o.) que brinda fundadas razones sobre la vigencia de la pena de reclusión enteramente aplicables al sub judice.
En particular, que la tácita derogación de los arts. 6, 7 y 9 del Código Penal, como consecuencia de la sanción de la ley 24.660, y por ende- de las diferencias en la forma de ejecutar las penas de reclusión y prisión, en modo alguno afectan lo relativo al distinto tratamiento que las disposiciones de fondo dan a determinados institutos de la parte general del Código Penal. Ello, y el mantenimiento de la vigencia de los arts. 5 y 57 del mismo ordenamiento, evidencian la existencia de pautas sustantivas que dan sentido a su concepción como pena distinta y más grave que la de prisión (conf. arts. 13, 26, 44 y concs., Cód. Penal; v. fs. 53 y vta.).
Y que "...junto a la cantidad de reformas operadas en el Código Penal posteriores a la sanción de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 24.660 en las que se conmina la pena de reclusión para diversos tipos penales (leyes 25.601; 25.742; 25.816; 25.882; 25.886; 25.890; 25.928) impiden considerar que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada en el voto precedente (ref. in re ‘Méndez, Nancy Noemí s/ homicidio atenuado’, CSJN, sent. de 22-II-2005) sea extensible sin más al caso que nos ocupa" (causa cit.).
Finalmente puntualizó que conforme lo reseñado, el cómputo en autos debe realizarse "...tomando un día de prisión preventiva por uno de reclusión, y en atención a la normativa aplicable al caso, que es anterior al dictado de la ley 25.892 modificando el art. 13 del código de fondo-, el encartado, detenido ininterrumpidamente desde el 31 de agosto de 1995, para poder acceder a la excarcelación en términos de libertad condicional deberá cumplir veinte años de encierro, sumados a los cinco años subsiguientes [...], más los cinco años posteriores a que opere dicho término conforme lo estipula el art. 53 del C.P." (fs. 54 y vta.).
Frente a ese contenido resolutorio, la tacha de arbitrariedad esgrimida por la defensa aparece como una formulación meramente dogmática pues nada más insiste con su criterio de que la reclusión es hoy una especie de pena derogada, sin que los argumentos en sentido contrario brindados por el órgano casatorio le hayan merecido reparo alguno a fin de evidenciar el vicio denunciado (art. 495, CPP).
Corresponde añadir que en el precedente "Méndez" (CSJN, sent. de 22-II-2005), invocado por la defensa en pos de su pretensión a fs. 64, se resolvió únicamente (luego de aclararse en el cons. 6° que no se abordaba la cuestión de la validez constitucional de la reclusión) la improcedencia de computarla en los términos del art. 24 del Código Penal ya que en lo que atañe al modo de ejecución y no más que en este aspecto- dicha pena sí había sido virtualmente derogada por la ley 24.660 (cons. 8° del mismo y CSJN, "Gorosito Ibáñez", sent. de 11-IX-2007; conf. causa P. 118.031, sent. de 26-VIII-2015).
Agregó el precedente P. 102.332 de cita, que incluso teniendo en cuenta lo explicitado en el considerando 8° del voto general, doctores Petracchi, Maqueda y Zaffaroni, no puede colegirse que la pena de reclusión hubiese quedado derogada tácitamente del ordenamiento sustantivo penal.
Por lo demás, resta señalar que esta Corte, tal como lo recordara el a quo, ya ha resuelto la cuestión desestimando planteos análogos al agravio que abriera la competencia (v. causa P. 110.329, "Spósito, Oscar Edelmiro", resol. de 5-III-2014; e.o.).
El mismo se traduce en definir si una vez resuelta la desigual imputación de la prisión preventiva establecida para esa modalidad de pena (art. 24, Cód. Penal) en los primeros dos años- corresponde además otorgar la ventaja del cómputo privilegiado "dos por uno" al condenado a reclusión durante el lapso hasta que adquirió firmeza la condena (conf. art. 7, ley 24.390 aplicable con ultraactividad al sub lite no obstante su derogación por ley 25.430-).
Y como también lo sostuviera el órgano revisor, este Máximo Tribunal provincial ha sostenido que no puede sin más extenderse a los condenados a pena de reclusión el cómputo privilegiados del art. 7 de la ley 24.390 previsto para los condenados a pena de prisión, porque a su respecto ya no se advierten los desajustes que llevaron a la declaración de inconstitucionalidad en "Neuman" (irrazonabilidad, afectación del derecho a recurso, e.o.).
Dicho de otro modo, una cosa es que dos días de prisión preventiva con pena de reclusión sean ponderados como un día de encierro, y otra muy distinta es que cada día de encierro efectivo, luego de transcurridos los dos primeros años en preventiva, deban necesariamente ser contados dobles (conf. mutatis mutandi, causa P. 106.883, resol. de 15-VI-2011).
Como se ha señalado al votar la causa P. 106.416 y su acumulada P. 106.874, sentencia de 1-IX-2010, que cita el señor Procurador General en su dictamen, la razonabilidad de dicho cómputo diferenciado para uno y otro caso aparece resguardada en cuanto se fijó que "siempre" un día de encierro sea y lo siga siendo- un día de encierro y no, como era antes, un cómputo al cincuenta por ciento, sumado a que durante ese cómputo regía el principio de inocencia. Lo contrario podría desnaturalizar la vigencia con relación a las diferencias que se mantienen entre ambas especies de pena (art. 5, Cód. Penal).
También se afirmó que, vigentes los criterios diferenciadores entre ambas especies de pena, nada impide que se otorguen a unos los condenados a prisión- ciertas concesiones que no se confieren a quienes no están en análoga situación los condenados a reclusión- (arg. arts. 16 y 28, Const. nac.; conf. doctr. causa P. 106.416 y su acumulada P. 106.874, cit.; e.o.).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia