Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Franco Rolando Romero, con costas (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
"ROMERO, FRANCO ROLANDO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 83.493 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV".
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.682-RQ, caratulada: "Romero, Franco Rolando s/ Recurso de queja, en causa n° 83.493 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de septiembre de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad incoados por la defensa técnica de Franco Rolando Romero, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 8 de Lomas de Zamora que, en el marco de un proceso abreviado, lo había condenado a la pena de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego (v. fs. 7/10 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Gabriel Fernando González Ponce- articuló recurso de queja (v. fs. 16/17 vta.).
Básicamente, indicó que en el caso se vulneró la defensa en juicio, se incurrió en absurdo valorativo del plexo probal, y se dictó un resolutorio cuya fundamentación contraría las constancias obrantes en la causa. Agregó que tal argumentación había sido plasmada "en su hora en el recurso de inaplicabilidad de ley y nulidad -el cual hago extensivo en el presente- (…)" (fs. 17 y vta.).
III. La queja no es de recibo (art. 486 bis, CPP).
El Tribunal de Casación Penal desestimó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley pues, insatisfechos los recaudos del art. 494 del digesto de forma, juzgó que las argumentaciones defensistas -lejos de evidenciar alguna causa federal suficiente- se vinculaban con cuestiones de índole probatorio, donde la parte pretendía -en rigor- obtener una tercera revisión de los hechos y de la prueba. Asimismo, señaló que tampoco se efectuó un planteo suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad, recordó la doctrina de la CSJN sobre el tópico y concluyó que el tramo recursivo no reunía la suficiencia y carga técnica necesaria, en tanto no logró demostrar la existencia de una relación directa e inmediata entre la cláusula constitucional invocada y lo debatido y resuelto (v. fs. 8/9 vta.).
En punto al rechazo del recurso extraordinario de nulidad intentado, el a quo recordó los supuestos a los que conduce el art. 491 del Código Procesal Penal y, en puridad, razonó que el ensayo no encapsulaba en ninguno de ellos (v. fs. 9 vta./10).
IV. De la reseña que antecede se advierte que la defensa no se hace cargo de lo efectivamente resuelto, en tanto aquélla -en la vía en abordaje- no controvirtió todos y cada uno de los fundamentos sobre los cuales la casación basó el juicio de admisibilidad negativo.
Ocurre que el quejoso limita sus esfuerzos a afirmar la concurrencia de agravios federales, remitiéndose -concretamente- a los argumentos esbozados en los canales deducidos (v. fs. 17 vta.), lo que se traduce en una técnica inidónea a los efectos del objeto y finalidad de la vía de hecho bajo análisis.
Dicha falencia sella la suerte adversa de su pretensión ante esta instancia.
V. Solo resta señalar que, en atención a los lineamientos efectuados por esta Corte en el Acuerdo 3871 del 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido de art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja traída por la defensa técnica de Franco Rolando Romero, con costas (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia