Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130819
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.819, "Acosta, Pablo Ezequiel s/ recurso de queja en causa n° 83.397 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" y su acum. P. 131.240, "Acosta, Leandro Nahuel s/ queja en causa n° 83.397 y su acum. 83.396 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de octubre de 2017 -en lo que interesa- rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de Pablo Ezequiel Acosta y Leandro Nahuel Acosta contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que los condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de homicidio (art. 79, Cód. Penal; v. fs. 99/107 vta.).
El defensor particular de los imputados, doctor Reinaldo Bandini, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 160/174), el que fue declarado inadmisible por la mencionada Sala (v. fs. 265/269). Contra ello, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso las respectivas quejas (causas P. 130.819-Q por Pablo Ezequiel Acosta y P. 131.240-Q por Leandro Nahuel Acosta) y esta Corte, mediante resolución del 2 de mayo de 2019, las admitió y concedió la vía extraordinaria (v. fs. 293/296 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 367/369 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 370), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Preliminarmente, el recurrente transcribió los agravios llevados al órgano intermedio (v. fs. 163 vta./170).
De seguido, denunció la arbitrariedad de la sentencia por carecer de motivación, contener errores in procedendo e in iudicando y confirmar sin certeza la condena de los imputados, en violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, "doble confronte", del favor rei y de la presunción de inocencia.
Aseveró que la motivación aparente del fallo impugnado operó en violación a la presunción de inocencia (arts. 18, Const. nac.; 8.2.h, CADH y 14.2, PIDCP) atento que su confirmación "...solo proviene de crear la apariencia de certeza a través de un análisis parcial y fragmentado de los argumentos del recurso de casación". Agregó que el a quo "...se limita a reproducir casi textualmente algunos de los fundamentos de la sentencia traída en crisis" (fs. 171 y vta.).
Entendió que el fallo se apartó de los lineamientos establecidos en el precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden al análisis de la autoría material y la calificación legal, privando a los justiciables de una verdadera revisión (v. fs. 172).
Solicitó se deje sin efecto la sentencia en crisis y se absuelva a los imputados, atento la inexistencia de pruebas que permitan construir el grado de certeza necesario para arribar a una condena.
Pidió que al evaluar la situación particular de cada uno de los imputados se tenga en cuenta que la testigo de cargo Marcela Fabiana Barros dijo no conocer el nombre del hermano menor de "Chuky" (apodo que le corresponde a Pablo Ezequiel Acosta), de modo que la supuesta presencia de Leandro Nahuel Acosta en el lugar del hecho no estaría acreditada, menos aún su participación.
Peticionó la aplicación del beneficio de la duda previsto en el art. 1 del Código Procesal Penal (v. fs. 173).
Para el supuesto que se considere que se trata de un hecho punible, requirió se encuadre la conducta de los imputados en la figura legal prevista en el art. 95 del Código Penal, esto es homicidio en riña y se les imponga la pena mínima de dos años de prisión.
Finalmente, de mantenerse la calificación legal del delito de homicidio simple, requirió se les aplique la pena mínima de ocho años de prisión (v. fs. 173 y vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo de la impugnación (v. fs. 367/369 vta.), temperamento que acompaño.
III. Los planteos relativos a la acreditación de los hechos, la valoración de la prueba, el cambio de calificación legal y la determinación del monto de la pena reeditan, en lo sustancial, los llevados a conocimiento del Tribunal de Casación (v. fs. 34/46), sin que la defensa haya reparado en las respuestas dadas en esa oportunidad a fin de demostrar que la decisión controvertida conlleve alguna de las situaciones denunciadas y de ese modo tiña su condición de acto jurisdiccional válido (arg. art. 494, primer párrafo, CPP).
En efecto, los órganos jurisdiccionales que intervinieron en las instancias previas dieron por acreditado que "...el día 24 de agosto de 2014 siendo aproximadamente las 5.00 horas, dos personas de sexo masculino mayores de edad, una del sexo femenino y otras cuatro no identificadas, en la calle Plumerillo 2431 de la localidad de Villa Fiorito, Partido de Lomas de Zamora, intercepta[ron] a Hugo Rodolfo Vera y mediante golpes aplicados por al menos tres de ellos con sus puños y sus pies en la cabeza, le provoca[ron] lesiones de tal magnitud que días después ocasiona[ron] su muerte, como consecuencia de los traumatismos cráneo encefálicos que le causaron" (fs. 13 vta., 101 y vta.).
El hecho descripto fue calificado como homicidio en los términos del art. 79 del Código Penal.
En orden al agravio relativo a la arbitrariedad en la valoración probatoria, el Tribunal de Casación consideró que las determinaciones del tribunal de juicio sobre la materialidad fáctica antes descripta y la coautoría asignada a los hermanos Acosta resultaban ajustadas a derecho.
Convalidó el mérito probatorio atribuido al testimonio de Marcela Fabiana Barros, quien al momento de los hechos se encontraba atendiendo el kiosco de su madre y "...vio cuando Chuky, el hermano de éste y su esposa Rosi, todos conocidos del barrio, junto a otras personas que se acercan al lugar, comienzan a pegarle a Hugo, a quien conoce del club, dándole golpes en todo el cuerpo, logrando ver cuando Chuky lo agarra de la cabeza ya estando la víctima en el suelo, y tanto él como Rosi, lo golpean contra el cordón" (fs. 101 vta.).
Dio cuenta de los dichos vertidos en igual sentido por Julia Magdalena Portillo, quien se encontraba en el kiosco y escuchó los gritos que provenían de la calle. Recordó también el testimonio de Elsa Inés Zapata, esposa de la víctima, quien relató que su marido trabajaba en el club deportivo de la zona, y que aproximadamente un mes antes de los sucesos, mientras se encontraba en el club, Ezequiel Acosta y su esposa Daiana Rosa Montiel, al momento de pagar las entradas quisieron pagar por dos personas "...pero al observar Hugo que eran más cobró por el monto que efectivamente correspondía, quedando desde esa situación 'las cosas mal'" (fs. cit.).
Resaltó que las conclusiones médicas coincidían con la mecánica del suceso descripto por la testigo presencial, "...en cuanto a las condiciones físicas constatadas por personal médico de UPA, el lugar donde recibe las primeras curaciones, para luego ser trasladado al sanatorio Bernal" (fs. 102).
Referenció las explicaciones vertidas en la audiencia de debate por el doctor Adalberto Bombicini, quien habiendo tomado vista de la operación de autopsia y de la historia clínica concluyó que Vera falleció por politraumatismos ocasionados por múltiples golpes con elementos duros y romos, en la zona del cráneo y del cerebro, señalando también que de la historia clínica surgía que presentaba traumatismos en la zona abdominal, en la espalda y en ambas órbitas, "...que se denomina en la jerga médica ojos de mapache, se constató hematoma en párpado inferior y superior [...] esto es signo de fractura de base de cráneo..." (fs. cit.).
Resaltó, en consonancia con los juzgadores de la instancia, que el relato de Montiel difirió de lo declarado en el debate por su esposo apodado "Chuky", contraponiéndose a su vez con lo expresado por la testigo presencial Barros y el doctor Bombicini.
Consideró que la declaración del imputado Pablo Ezequiel Acosta no encontró apoyatura probatoria en ninguna de las piezas procesales aportadas o incorporadas por su lectura al debate, por lo que debía valorarse como un mero intento de mejorar su situación procesal (v. fs. 102 vta.).
En cuanto aquí interesa, el a quo ratificó el valor de las probanzas que vinculaban a los imputados en el quehacer delictivo tenido por acreditado y tuvo presente las explicaciones brindadas por su antecesor en orden al valor cargoso de los testimonios ponderados.
Indicó que el juzgador dejó establecido que los atacantes, más de tres personas, propinaron una fuerte golpiza en especial en la cabeza de Vera, quien se encontraba solo, indefenso y en un estado avanzado de ingesta alcohólica, lo que le impedía coordinar los movimientos para oponer una defensa real a la agresión (v. fs. cit.).
Especificó que en el caso no se configuró una riña, como lo pretendía la defensa, la cual, a los efectos del art. 95 el Código Penal, "...es el súbito acometimiento recíproco y tumultuario o el enredo en una pelea o la lucha recíproca entre más de dos personas y en la que los contendientes se confunden entre sí mezclándose mutuamente, no pudiéndose discernir quién de los intervinientes efectivamente efectuó los golpes letales" (fs. 102 vta. cit.).
Aseveró que la muerte de Vera se produjo por los múltiples golpes que sufrió en la zona craneal y circulante, tal como afirmara el doctor Bombicini.
Consideró que los agresores sabían que los golpes que aplicaban, por su cantidad y violencia, sumado al estado de indefensión, lógicamente desencadenarían en la muerte de la víctima. Destacó que tanto Barros como su madre lograron ver a las personas que atacaban a Hugo y dieron detalles acerca de ellas y del modo y lugar de los golpes (v. fs. 103).
Compartió el análisis del tribunal de grado en torno a que "...los enjuiciados han actuado en común para la ejecución de Vera, pues cada uno ha efectuado un aporte objetivo para la realización de un elemento del tipo, con dominio funcional del hecho y plena responsabilidad personal, de modo tal que, aun cuando ninguno logre efectuar la totalidad de los aportes causales exigidos por la estructura típica, se les puede atribuir las resoluciones restantes como si fueran propias" (fs. cit.).
En rechazo de lo postulado por el casacionista, el órgano intermedio afirmó que "...no se da en el hecho en análisis una falta de determinación del verdadero autor de las lesiones recibidas. No existieron dos grupos que acometan unos contra otros de consuno, sin saber cuál es el papel que cada uno llevó en la pelea, no existiendo solamente el factor numérico de choque, sino que tampoco el elemento de agresión mutua" (fs. cit.).
Fruto del examen llevado a cabo, el tribunal casatorio confirmó la materialidad ilícita, entendió que debía mantenerse el tipo legal seleccionado para su calificación y concluyó que la sentencia impugnada cumplía acabadamente con la motivación que el ordenamiento procesal exige.
Rechazó también la petición de reducción del quantum punitivo por excesivo y su fijación en ocho años de prisión.
Para así decidir expuso su postura, coincidente con la de esta Suprema Corte, sobre la falta de obligación de partir siempre del mínimo de la escala penal (causas P. 56.481, sent. de 27-II-1996 y P. 38.661, sent. de 6-II-1990) y la inexistencia de un punto de ingreso a la escala (causa P. 79.708, sent. de 18-VI-2003; v. fs. 103 vta. y 104). A lo que agregó que no existe método alguno que permita transformar los juicios valorativos en cantidades numéricas.
IV. Frente a la confirmación así fundada por el Tribunal de Casación de los hechos del caso y las pruebas que lo acreditarían, como de la intervención que les cupo a Pablo Ezequiel Acosta y Leandro Nahuel Acosta, el recurso de la defensa repite los motivos de agravio postulados ante aquella sede revisora, sin ensayar crítica alguna respecto de las decisiones allí adoptadas.
A resultas de esa insuficiencia recursiva, no explica la parte de qué manera la fiscalización llevada a cabo se habría apartado de los lineamientos del precedente "Casal", ni que el pronunciamiento dictado importe arbitrariedad en su relación con las garantías constitucionales que denunció vulneradas.
El recurrente ha dejado de lado las reflexiones con las cuales el a quo ratificó la ponderación que del material convictivo hizo el tribunal de juicio, sin que nada de esa argumentación específica, según fue referida en el punto III, haya sido motivo de agravio alguno susceptible de excitar la competencia de esta sede extraordinaria (art. 495, CPP).
V. La defensa adujo vulnerado el in dubio pro reo en función de su discrepancia con el criterio de la judicatura de grado, validado por la Casación, para tener por comprobada la coautoría de los imputados Acosta en el hecho cuestionado, punto sobre el cual no se ha puesto de manifiesto vicio o defecto alguno de magnitud tal que lleve a la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido.
Si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de todas las probanzas en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de lo cual se ha logrado justificar.
VI. Por otra parte, el Tribunal de Casación estimó correcta la calificación legal del hecho establecida por la instancia originaria en los cánones del art. 79 del Código Penal, al igual que la responsabilidad asignada a Pablo Ezequiel Acosta y Leandro Nahuel Acosta a título de coautores; tales decisiones, fundadas con sujeción a las circunstancias probadas de la causa y en las consideraciones jurídicas reseñadas en el apartado III, no han sido censuradas por la parte a fin de habilitar la revisión de esa sede extraordinaria.
Es que el señor defensor se opuso a tales determinaciones con base en los mismos fundamentos contenidos en el recurso de casación (conf. fs. 34/46 de dicha pieza y 170/173 vta. del escrito en estudio), no obstante que ellos fueron abordados y desestimados por el sentenciante, al amparo de la interpretación que realizó sobre el ámbito de tipicidad de la figura actuada, y las notas distintivas de la coautoría que juzgó presentes en el caso; entonces, al no hacerse cargo en lo más mínimo de ese contenido decisorio, el recurrente no consigue demostrar la errónea aplicación del derecho postulada (conf. doctr. art. 495 cit.).
Por las razones expuestas, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia