Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130816
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por la defensa oficial de Fernando Carlos Rysavy, se deja sin efecto el pronunciamiento recurrido y se devuelven los autos al órgano intermedio para que jueces hábiles resuelvan el recurso de casación presentado oportunamente, bajo los límites que impone la garantía constitucional en juego (conf. art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.816-Q, "Rysavy, Fernando Carlos s/ Queja en causa n° 83.194 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Torres, Kogan, Genoud.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, el 5 de diciembre de 2016, aprobó el cómputo de la pena única de prisión perpetua oportunamente impuestas a Fernando Carlos Rysavy en el que se estableció que la condena vencerá el día 25 de abril de 2023 a las 12 hs. y que se encontrará en condiciones temporales de acceder a la libertad asistida a partir del 25 de noviembre de 2022 a las 12 hs., no pudiendo acceder a la libertad condicional por haberle sido revocada el 9 de septiembre de 2016 (v. fs. 5 y vta.).
Contra ello, la defensora oficial, doctora María Celeste Vázquez, dedujo recurso de casación en el que denunció la errónea aplicación del art. 227 ter del Código Penal en lo que respecta a la fecha de vencimiento de la pena, por ello, solicitó la anulación del cómputo y el restablecimiento del vencimiento en veinticinco años (conf. arts. 13 y 16, Cód. Penal). El defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Nicolás Agustín Blanco, sostuvo el recurso y reforzó los argumentos para la readecuación de la fecha de vencimiento en veinticinco años (v. fs. 12/16 vta. y 22/25).
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 17 de octubre de 2017, hizo lugar al recurso de la especialidad, anuló el cómputo y reenvió las actuaciones para que se practicara uno nuevo. En primer lugar, afirmó que las penas perpetuas son relativamente indeterminadas por lo que en el cómputo no se puede fijar la fecha de vencimiento sino sólo el tiempo para acceder a la libertad condicional. En segundo término, explicó que siendo que a Rysavy se le revocó la libertad condicional, el tiempo para acceder a dicho instituto deberá fijarse conforme las pautas del art. 53 del Código Penal de la siguiente manera: una vez transcurridos cinco años desde la revocación firme de la libertad condicional, más los otros cinco años que prevé el citado art. 53 se encontraría en condiciones temporales de acceder a la libertad condicional (v. fs. 31/43).
El defensor oficial, doctor Agustín Nicolas Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la afectación de la garantía contra la reformatio in pejus (v. fs. 57/63).
El Tribunal de Alzada lo desestimó por inadmisible lo que derivó en la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 65/67 y 127/134 vta.).
Esta Corte, el 27 de noviembre de 2019, declaró procedente la queja y concedió el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 139/141).
Oído el señor Procurador General a fs. 146/151 vta., dictada la providencia de autos a fs. 153 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa oficial denunció arbitrariedad, afectación del debido proceso, defensa en juicio y de la prohibición de la reformatio in pejus (v. fs. 57/63).
Explicó que el a quo, sin que existiera recurso fiscal, fue más allá de la petición efectuada por la defensa y adoptó una decisión perjudicial para su asistido (conf. art. 18, Const. nac.). Recordó que en el recurso de casación se requirió la anulación del cómputo por haberse aplicado erróneamente el art. 227 ter del Código Penal, solicitando se fije el vencimiento de la pena perpetua en veinticinco años y no a los treinta y siete años como lo estableciera implícitamente la Cámara (v. fs. 60 y vta.).
A continuación, indicó que siendo que el Ministerio Público Fiscal consintió el cómputo, quedó fijada una fecha de vencimiento de la pena perpetua (25 de abril de 2023) de la que el a quo no podía apartarse en perjuicio de Rysavy pese a lo cual lo hizo al establecer que las penas de prisión perpetua son relativamente indeterminadas y que no resulta posible fijar de antemano su vencimiento sino que ello queda subordinado a la concesión eventual de la libertad condicional y a su cumplimiento satisfactorio (v. fs. 60 vta.).
Puntualizó que, si se aplicara el criterio asentado en el fallo en crisis, su asistido podría permanecer privado de su libertad de manera indeterminada hasta tanto le fuera concedida la libertad condicional (v. fs. 61). Agregó que, por otra parte, conforme el cómputo practicado por la Cámara, podría acceder a la libertad asistida a partir del 25 de noviembre de 2022 mientras que conforme lo fallado por el a quo "...se encontraría en condiciones temporales de acceder al beneficio en cuestión (libertad) una vez transcurridos cinco (5) años desde la revocación firme de la libertad condicional, más los otros cinco (5) años que prevé [...] [el] art. 53 del Código Penal", de ahí que, conforme los lineamientos fijados por el Tribunal de Casación Penal, podría obtener su libertad recién a partir del 9 de septiembre de 2026 (v. fs. 61).
Por último, refirió que el a quo debió resolver la cuestión que le fue llevada a su conocimiento, respetando los aspectos del fallo que se encontraban firmes tales como que la pena de prisión perpetua "...tenía un plazo máximo determinado y que en el peor de los casos se agotaría el 25-IV-23"; en definitiva, sobre esa base el sentenciante debió establecer si era correcto ese plazo, o si, como se reclamaba en el recurso, debía establecerse en menos. En su apoyo, citó el fallo "Olmos" de la Corte nacional (v. fs. 62 y vta.).
Por todo lo expuesto, requirió la anulación del fallo y el reenvío para que se dicte uno nuevo que, dentro de los límites de su jurisdicción, resuelva si resulta válido aplicar el art. 227 ter del Código Penal para la determinación de la fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua (v. fs. 62 vta.).
II. El Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso (v. fs. 146/151 vta.).
Coincido con lo así dictaminado.
III. El recurso es procedente (art. 496, CPP).
En efecto, la defensa oficial demostró que los términos en que el Tribunal de Casación Penal anuló el cómputo de pena y dispuso el reenvío para que se realizara uno nuevo afectaron el principio constitucional que prohíbe la reformatio in pejus, el derecho de defensa y el debido proceso al agravarse de manera ilegítima la situación obtenida por el encausado sin que mediara recurso fiscal (conf. arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.1, 8.2.h., CADH; 435, CPP; conf. mi adhesión al voto de la doctora Kogan en la causa P. 115.904, sent. de 13-VII-2016, mutatis mutandi ).
En tal sentido, la Corte nacional ha sostenido en reiterados pronunciamientos que "...la prohibición de la reformatio in pejus cuando no media recurso acusatorio tiene jerarquía constitucional, por lo cual toda sentencia que ignore este principio resulta inválida en tanto importa que ha sido dictada sin jurisdicción, afectando de manera ilegítima la situación obtenida por el encausado merced al pronunciamiento consentido por el Ministerio Público Fiscal y lesiona, de ese modo, la garantía contemplada por el art. 18 de la Constitución Nacional" (Fallos: 311:2478; 312:1156; 318:1072; 342:1501).
IV. Tal como surge de los antecedentes, el cómputo de pena aprobado por la Cámara fue impugnado únicamente por la defensa oficial que solicitó la readecuación del vencimiento de la pena en veinticinco años de prisión y que se dejara sin efecto la aplicación del art. 227 ter del Código Penal que -a su entender- implícitamente había aplicado la Cámara.
Frente a ello, el Tribunal de Casación Penal, falló por fuera de su competencia y en perjuicio del recurrente al anular el cómputo y ordenar el reenvío para que se practicara uno nuevo en el que no debería constar la fecha de vencimiento de la pena sino el tiempo para acceder a la libertad condicional que -dadas las particularidades del caso- dispuso se fijara conforme el art. 53 del Código Penal.
De este modo, Rysavy quedó en una peor situación a la que se encontraba previo a recurrir el fallo ya que, de practicarse un nuevo cómputo, por un lado, se vería privado de la posibilidad de conocer la fecha cierta del vencimiento de la pena y, por el otro, los plazos para acceder a la libertad condicional serían más extensos que los fijados en el cómputo originario. Como acertadamente lo pusieron de manifiesto la defensa oficial en el recurso en trato (v. fs. 61) y el Procurador General en su dictamen (v. fs. 151), aplicando las reglas del art. 53 del Código Penal -tal como lo propone el a quo-, el plazo temporal para acceder a la libertad condicional recién lo cumpliría el 9 de septiembre de 2026 y, en su caso, la pena vencería el 9 de octubre de 2031.
Cabe recordar que el principio que prohíbe la reformatio in pejus "...vive en el ámbito de los recursos contra las resoluciones jurisdiccionales y, básicamente, significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del imputado, cuando ella sólo fue recurrida por él o por otra persona, autorizada por la ley, en su favor [...] El vínculo entre la llamada prohibición y la inviolabilidad de la defensa ha sido concebido por la Corte Suprema a partir de la sorpresa que provoca un fallo más adverso que el recurrido, cuando el acusador no recurrió, y la jurisdicción del tribunal del recurso sólo fue excitada por el imputado o por otra persona a su favor, pues, de esa manera, el fallo perjudicial 'habría sido dictado sin jurisdicción y, además, afectando de manera ilegítima la situación obtenida por el procesado merced a la sentencia -consentida por el ministerio público- de la instancia anterior y lesionaría, de ese modo, la garantía del art. 18 de la Constitución nacional'" (MAIER, Julio B. J., Derecho procesal penal. Tomo I. Fundamentos., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2016, págs. 554/555).
En definitiva, los perjuicios ocasionados por la anulación del cómputo y el reenvío no son meramente conjeturales sino actuales en tanto colocaron a Rysavy -único impugnante- en un escenario más gravoso del que tenía antes de recurrir (conf. Fallos: 300:671; 307:2236 y 329:1447).
V. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal y reenviar para que jueces hábiles resuelvan los agravios desarrollados por la defensa en el recurso de casación presentado oportunamente, bajo los límites que impone la garantía constitucional en juego y que fueran aquí precisados.
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan, dijo:
A pesar de que considero que las penas perpetuas son más graves que las divisibles pues a diferencia de éstas, las absolutas no tienen a priori fecha concreta de vencimiento (lo que se aprecia a través del art. 16 del Código Penal que establece que su extinción sólo se concretará a los cinco años de concedida la libertad condicional no revocada); adhiero a mi colega ponente.
Ello pues tal como lo explica en su voto, sin recurso del fiscal no tenía el Tribunal casatorio competencia para anular el cómputo practicado y dejar de ese modo al recurrente en un peor escenario.
Con tal aclaración, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Concuerdo con el doctor de Lázzari en que el recurso es procedente, en tanto el Tribunal de Casación falló por fuera de su competencia y en concreto perjuicio del recurrente.
A diferencia de los casos en los que los reclamos se dirigen contra decisiones que eventualmente podrían ocasionar una reforma en perjuicio de los imputados recurrentes, en la situación juzgada no se está ante un agravio meramente conjetural.
Conforme quedó expuesto en el voto al que adhiero, el tribunal revisor, sin dar respuesta a los planteos que la defensa llevó a su conocimiento vinculados con el cálculo para determinar el vencimiento del encierro establecido en el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, dispuso anular el cómputo de pena efectuado por ese órgano y colocó a Rysavy en un escenario más gravoso que el que tenía según los términos de la resolución anterior, al establecer que la nueva decisión a dictarse debería seguir los lineamientos que enunció colocando al condenado en una situación -claramente- más desventajosa que la fijada originariamente (v. esp. fs. 41 vta. -o 111 vta.- y 42 -o 112-, legajo casatorio).
Así entonces, voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado con el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por la defensa oficial de Fernando Carlos Rysavy, se deja sin efecto el pronunciamiento recurrido y se devuelven los autos al órgano intermedio para que jueces hábiles resuelvan el recurso de casación presentado oportunamente, bajo los límites que impone la garantía constitucional en juego (conf. art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2021 10:19:05 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 13:43:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 14:01:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 15:46:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/02/2021 16:37:09 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia