Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130599
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.599, "P., M. R. s/ Recurso de queja en causa nº 85.683 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Soria.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 14 de febrero de 2018, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad presentado por el defensor particular de M. R. P., doctor Javier Adrián Garín, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora que absolvió al nombrado en orden al delito de homicidio en grado de tentativa por haber obrado en estado de inimputabilidad y le impuso una medida de seguridad, fijando su duración mínima en seis años a partir del 6 de junio de 2017. En consecuencia, resolvió que no era acertado fijar un tope mínimo de duración y ordenó mantener la medida de seguridad hasta tanto P. fuera evaluado nuevamente por los profesionales en psiquiatría forense que se designaran al efecto, fijando el plazo máximo de duración de la medida en dieciséis años y ocho meses (v. fs. 183/189 del legajo casatorio).
Frente a ello, la defensa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 196/209 vta.), que fue denegado por la Sala IV el 22 de marzo de 2018 (v. fs. 211/213).
Contra lo así decidido, la asistencia técnica articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 281/294 vta.).
Esta Corte, el 21 de junio de 2018, admitió la presentación y concedió la vía del art. 494 del ritual. En tal sentido, estimó que las cuestiones federales planteadas relativas a la vulneración de la garantía del debido proceso y de los principios de legalidad, igualdad ante la ley, proporcionalidad, razonabilidad, defensa en juicio, y arbitrariedad por apartamiento del fallo "Antuña" de la Corte nacional, se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar la etapa de admisibilidad (v. fs. 299/301 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 208/313 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 314) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció -a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad- la arbitrariedad de la sentencia del Tribunal de Casación.
Conforme surge en forma expresa en la queja resuelta por esta Corte, se admitieron los agravios de índole federal introducidos por la defensa (ver reseña en el punto II de la resolución de este Tribunal de fs. 299/300) sin distinción alguna por lo que cabe aquí darles respuesta a todos ellos para cumplir con el derecho del recurrente a ser oído (conf. arts. 8.1, CADH y 14.1, PIDCP).
I.1. En primer término cuestionó el tope máximo de duración de la medida de seguridad fijada a su asistido P. en dieciséis años y ocho meses.
Desde el punto de vista del recurrente, con tal proceder se inobservaron los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Antuña", referidos a que la medida de seguridad debe ser proporcional, sin posibilidad de exceder la pena que hubiera correspondido por el hecho en concreto.
Resaltó que su asistido carece de antecedentes penales y no fueron oportunamente alegadas circunstancias agravantes para incidir en la aplicación de una pena superior al mínimo de la escala (v. fs. 199 y vta.).
Agregó que una persona declarada inimputable no puede estar sometida a condiciones más gravosas que las que surgirían de la sanción aplicable a una capaz de culpabilidad.
Explicó que más allá de la peligrosidad, lo que cobra relevancia para la delimitación de la medida de seguridad es la pena esperable para el ilícito cometido (tentativa de homicidio simple) pues es lo que garantiza el respeto del principio de proporcionalidad.
En este punto interpretó que por aplicación de los precedentes "Tarifeño" y "Mostaccio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la expresa postura -minoritaria- de los Ministros Lorenzetti y Zaffaroni en "Amodio", no podía imponerse una medida de seguridad con un plazo superior a la que fuera pretendida por el Fiscal, quien al finalizar el juicio la había establecido en cuatro años, pues ello se traduciría en un exceso de jurisdicción, al resolver en forma extra petita .
Concluyó así que el tope máximo de la medida debió fijarse en los términos solicitados por el Ministerio Público -cuatro años- citando los precedentes "R. M. J. s/ insania" y "Antuña" de la Corte nacional, entre otros (v. fs. 199 vta./202 vta.).
I.2. Como segundo agravio, tachó de arbitraria la ejecución de la medida en la Unidad n° 34 de Melchor Romero pues estimó que debió admitirse la petición de la defensa de cumplirla en un establecimiento psiquiátrico privado (v. fs. 203/204).
Alegó que la obra social OSBA con que cuenta su defendido habilitaba su internación en una clínica privada (v. fs. 203) y que si se dispusiera que continuara con su tratamiento en un establecimiento fuera de la órbita del servicio penitenciario se lo haría en virtud de una orden judicial por lo que no habría riesgo de externación.
Resaltó que durante el juicio oral, los profesionales de la salud manifestaron que el paciente podía ser externado del servicio penitenciario siempre que se asegurara su tratamiento en otra institución (v. fs. 203/204).
Asimismo, criticó por infundado el supuesto desinterés de la familia de P. en tanto intervinieron en diversas etapas del proceso en forma autónoma o por intermedio del doctor Garín, acompañándolo durante el tiempo de encierro y haciendo las peticiones pertinentes para el cuidado de su salud (v. fs. 203 vta.).
Destacó que el servicio penitenciario no resulta un ámbito apto para el cumplimiento de la medida de seguridad. Señaló que las graves deficiencias se advierten en el expediente de salud y en el habeas corpus iniciado por la madre de su asistido, insistiendo en la internación en la clínica de la obra social.
Nuevamente, citó el precedente "Antuña" en lo referente a la distinción entre las internaciones civiles y penales, al cumplimiento de las finalidades terapéuticas en ambos casos y a que el juez penal "...puede disponer que dicha internación sea cumplida en un establecimiento penitenciario pero nada impide que lo sea en otro tipo de establecimiento si así resultare aconsejable" (fs. 204 y vta.).
Refirió que debe admitirse, en su caso, la intervención oportuna de la justicia civil para continuar la supervisión del tratamiento (v. fs. 205).
I.3. Como tercer agravio, solicitó que se analice la posible violación en el caso de la garantía que prohíbe la reformatio in pejus bajo el argumento de que se modificó lo decidido en primera instancia, en perjuicio del imputado cuando solo la defensa había recurrido el dictado de la medida de seguridad.
I.4. Por todo lo expuesto, requirió la fijación en cuatro años improrrogables del plazo máximo de la medida de seguridad, sin perjuicio de obtener su externación anticipada bajo criterio médico psiquiátrico debidamente fundado.
Asimismo, solicitó se admita su cumplimiento en una clínica o establecimiento psiquiátrico no perteneciente al servicio penitenciario (v. fs. 209 vta.).
II. El señor Procurador General emitió su dictamen a fs. 308/313 vta. propiciando el rechazo del recurso.
III. De modo preliminar y muy sucintamente voy a repasar algunos de los datos más relevantes de los antecedentes del caso.
III.1. El 6 de junio del 2017, el Tribunal en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora, tras celebrar el juicio oral y público por el hecho de tentativa de homicidio imputado a M. R. P., tuvo por probado que "...el 11 de diciembre de 2015, aproximadamente a las 20 hs., en el domicilio de la calle [...] partido de Lomas de Zamora, M. R. P. intentó matar a Roberto Osvaldo Algarañaz mediante una puñalada que le asestó en el cuello con un cuchillo del tipo tramontina, cuya hoja se encontraba cortada casi por la mitad, no logrando darle muerte por razones ajenas a su voluntad, pero colocándolo en efectivo peligro de muerte, provocándole lesiones de carácter grave" (fs. 295 vta.).
Al tratar las eximentes de culpabilidad, el Tribunal tuvo por acreditado que P. padecía un trastorno mental agudo, cuadro de psicosis descompensada, esquizofrenia paranoide y esquizofrenia simple que le impidió comprender la criminalidad de su acto y dirigir sus acciones, declarándolo inimputable.
Asimismo, coincidieron en la peligrosidad que revestía -al momento de juzgarlo- para sí y para terceros por lo que dispusieron la necesidad de realización de un tratamiento psicofarmacológico.
Estimaron que no contaba con suficiente continencia familiar a los fines de llevar a cabo un tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico con la persistencia y regularidad que su patología de por vida requiere (dados los antecedentes de una externación previa de un instituto privado y el abandono del tratamiento farmacológico) y que reunidos los recaudos de los arts. 34 del Código Penal y 20 de la ley 26.657, la única posibilidad de neutralizar el peligro para sí o para terceros, en particular para su ex pareja, su hijo y la familia de aquélla, era la imposición de una medida de seguridad.
También el tribunal dispuso que debía cumplirse en la Unidad n° 34 de Melchor Romero donde se encontraba alojado, en tanto posibilitaba la continuidad de su tratamiento (v. fs. 313) fijándose con una duración mínima en seis años a partir del dictado de la sentencia (v. fs. 313 vta.).
III.2.a. El 14 de febrero de 2018, el Tribunal intermedio, a través del voto del juez Kohan, al que adhirió el doctor Natiello, hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad.
Luego de recordar el catálogo de derechos mínimos específicos para quienes padecen trastornos psíquicos que surge del fallo "R.M.J." de la Corte nacional (considerando 9° -v. fs. 185-), consideró -en lo referido a la duración de la medida- que resultaba acertado que "...la internación soporte las limitaciones temporales de la pena del delito que se le imputa al sujeto, rodeándose de idénticas garantías que esta última y que su prolongación sea determinada por el castigo máximo que hubiese correspondido en caso de aplicarse condena". En su apoyo, citó doctrina (v. fs. 186).
Descalificó la fijación de un plazo mínimo de duración -tal como lo había hecho el Tribunal de mérito- puesto que ello, desde su punto de vista, no se condice con la naturaleza de la medida de seguridad que debe ser proporcionada a la peligrosidad y no sólo a la escala penal del delito. En función de ello, estimó que debe existir proporción entre la medida y los motivos psiquiátricos que ameritan su disposición y que su duración en concreto, dependerá del grado de evolución de su destinatario (v. fs. 186).
Agregó que tal como lo puso de manifiesto la defensa, del precedente "Antuña" se desprende la necesidad de fijar un tope máximo de duración, pudiendo disponerse el cese con antelación de verificarse determinadas circunstancias (v. fs. 186 vta.).
III.2.b. En lo que atañe al lugar de internación, resolvió que los motivos del órgano de mérito para rechazar su alojamiento fuera de la órbita del servicio penitenciario no fueron debidamente controvertidos por la parte (v. fs. 186 vta.).
Recordó que el tribunal del juicio sostuvo que P. egresó anticipadamente de su anterior internación y no continuó con el tratamiento farmacológico prescripto; que los miembros de la familia no se interesaron en su salud mental o evolución, ni programaron alternativas futuras de internación en algún centro distinto a la Unidad n° 34; que no constaba que se hubieran generado a través de la obra social alguna orden de internación en algún centro dependiente de aquélla o que hubiesen obtenido un certificado de discapacidad teniendo en consideración que OSBA solo cubriría una internación por treinta días; que la patología excedía en mucho a la familia como para poder hacerse cargo y brindarle un marco de contención, sobre todo un seguimiento exhaustivo que evite descompensaciones (v. fs. 187).
En función de lo expuesto, el juez Kohan concluyó que hasta tanto el interno sea evaluado nuevamente por los profesionales en psiquiatría y demás especialistas forenses que se designen (art. 518, CPP), era necesario mantener la medida de seguridad, "...no pudiendo exceder del máximo de la escala penal del delito en cuestión, en el caso, dieciséis años y ocho meses" (fs. 187/188).
IV. Considero que el agravio vinculado con la fijación del tope máximo de duración de la medida de seguridad en dieciséis años y ocho meses que la defensa tachó de arbitrario por apartarse de los precedentes "R., M. J." y "Antuña" de la Corte nacional, es procedente (conf. art. 496, CPP).
Tal como lo sostuve al votar en la causa P. 126.897, caratulado "G. J., F. A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 69.983 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" (sent. de 8-V-2019), en nuestro sistema penal las medidas de seguridad encuentran su regulación en el art. 34 del Código Penal (conf. inc. 1, párrs. segundo y tercero), y si bien no se establecen parámetros expresos para su determinación o limitación temporal, lo cierto es que su delimitación, ejecución y control, deben respetar el cumplimiento de un conjunto de derechos mínimos receptados en la normativa constitucional e infraconstitucional, tal como lo reconociera el Tribunal de Casación Penal en la sentencia puesta en crisis.
No puede soslayarse que estas medidas se ejecutan sobre personas con discapacidad, es decir sobre un grupo especialmente vulnerable, que son objeto de tutela a través de distinta normativa. Entre los diferentes instrumentos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.), el más relevante en la materia es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) -que adquirió jerarquía constitucional mediante la ley 27.044 (promulgada el 11 de diciembre del 2014)-.
A su vez, aún sin gozar de la misma jerarquía, las "Reglas Nelson Mandela" (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, resol. aprobada por la Asamblea General el 17-XII-2015) establecen, en su regla 109, bajo el título "Reclusos con discapacidades o enfermedades mentales" que "No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible". Cabe agregar que el valor de estas reglas ha sido reconocido por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (conf. Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, sent. de 15-IX-2005. Serie C n° 133, párr. 99), y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ( in re "Verbitsky, Horacio s/Hábeas corpus" causa n° V.856.XXXVIII, sent. de 3-V-2005).
A nivel nacional, la ley 26.657 (promulgada el 2 de diciembre de 2010) a la cual adhirió la Provincia a través de la ley 14.580, considera como parte integrante del marco normativo nacional a los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 49/119 del 17 de diciembre de 1991 que resalta el derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo posible y a recibir el tratamiento que mejor se corresponda con sus necesidades de salud y proteja -al mismo tiempo- la seguridad física de terceros.
Asimismo, el principio 16 refiere a la admisión involuntaria y a la necesidad de que se constate que debido a esa enfermedad mental existe un riesgo grave de daño inmediato o inminente para esa persona o para terceros.
Los "Principios y Buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas", adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución 1/08, del 13 de marzo de 2008, resaltan que la privación de libertad de una persona en un hospital psiquiátrico u otra institución similar deberá emplearse como último recurso, y únicamente cuando exista una seria posibilidad de daño inmediato o inminente para la persona o terceros.
V. Bajo ese marco normativo, desde mi punto de vista, el fallo objeto de embate, si bien declama el reconocimiento de los derechos antes reseñados parece desatender en el caso concreto los lineamientos fijados en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Veamos. En el fallo "Antuña" (Fallos: 335:2228, por remisión al dictamen del Procurador General) se sostuvo que la disposición de una internación coactiva, sin la indicación de su límite temporal máximo, contraviene la doctrina expuesta en el precedente de Fallos 331:211 (causa "R.M.J. s/insania", cons. 14°). Y si bien en el caso que nos ocupa ese límite máximo se encuentra determinado (el Tribunal de Casación Penal lo estableció en dieciséis años y ocho meses), corresponde precisar que en el antecedente al que se hizo mención (Fallos: 335:2228) se afirmó que "...el tribunal que dispone una medida de seguridad de naturaleza penal debe fijar el plazo máximo hasta que la medida podrá extenderse, asegurando una razonable proporcionalidad entre el ilícito cometido y la medida ordenada, como la que aseguraría al limitar la pena que sería aplicable al caso si el imputado no fuera incapaz de culpabilidad".
El argumento de proporcionalidad propugnado en base al plazo durante el cual la persona podría haber estado sometida a una pena privativa de la libertad si hubiera sido capaz de culpabilidad (v. punto VI del dictamen del señor Procurador General, "Antuña"), no parece haber sido considerado en el presente caso donde directamente se fijó como límite dieciséis años y ocho meses, esto es, el máximo de la pena en abstracto sin vinculación alguna al supuesto juzgado.
El alcance que la Casación otorga al principio de proporcionalidad es restrictivo ya que sólo lo vincula con la subsistencia de la peligrosidad y los motivos psiquiátricos (v. fs. 186), apartándose así del mencionado fallo el cual, conforme se expuso, afirma que la imposición de una medida de seguridad debe asegurar una razonable proporcionalidad con el ilícito cometido -y no sólo con la peligrosidad-.
En definitiva, desoyó el planteo de falta de fundamentación respecto al procedimiento mensurativo y el pedido de cuantificación concreta que partiera de la pena -hipotética- que habría recaído para el caso de que el encartado fuera capaz de culpabilidad, extremo que no puede tenerse por cumplido únicamente con el monto máximo de la escala penal en abstracto.
Al así resolver, el fallo impugnado prescindió de dar una respuesta adecuada conforme al agravio que había sido llevado a su sede y que resultaba conducente para la decisión, todo lo cual lo descalifica como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 247:111; 249:37; 301:978; 314:737, 1366 y 1434 y 318:2678, e.o.; conf. causas P. 126.256, sent. de 26-X-2016 y P. 126.897, op. cit.).
VI. Los restantes embates, por el contrario, no son de recibo.
VI.1. En cuanto a la imposibilidad de fijar un monto en la medida de seguridad que sea superior al determinado por el Ministerio Público Fiscal en la instancia, de la mano de la interpretación del sistema acusatorio-adversarial, lo cierto es que el argumento central lo sustenta en una postura minoritaria (la expuesta por los doctores Zaffaroni y Lorenzetti en "Amodio"), sin que ello venga constitucionalmente impuesto ni surja de los restantes precedentes que cita, "Tari
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