Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130794
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.794, "Ortigoza, Rogelio Antonio. Recurso de queja en causa n° 86.858 del Tribunal de Casación -Sala II-".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de diciembre de 2017, rechazó por improcedente -con costas- el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial en favor de Rogelio Antonio Ortigoza contra la sentencia dictada, mediante el procedimiento de juicio abreviado, por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que -con integración unipersonal- lo condenó a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor del delito de homicidio en ocasión de robo y a la pena única de trece años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la pena citada y de la de un año de prisión de ejecución condicional impuesta por el Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental, en la causa n° 07-02-3869, revocando la condicionalidad aludida (v. fs. 42/48 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante ese tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 53/74), que fue declarado inadmisible por el órgano intermedio (v. fs. 75/79).
Frente a esa decisión, la misma defensora oficial articuló recurso de queja ante esta Corte (v. fs. 157/174), que resolvió admitirla mediante el dictado de la resolución del 26 de diciembre de 2018, declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, concederlo (v. fs. 175/177 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 182/185 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 186) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La recurrente denunció errónea revisión de la sentencia en el tramo correspondiente a la intervención de Ortigoza en el hecho y en el rol por el que fue condenado (arts. 18, Const. nac.; 8.2. "h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 61 vta.).
Señaló que el órgano intermedio en su tarea fiscalizadora se limitó a convalidar el fallo de grado, utilizando fórmulas genéricas y dogmáticas afirmaciones, afectando el debido proceso, la defensa en juicio y el in dubio pro reo , lo que derivó en una falta de fundamentación de la decisión adoptada (art. 1, Const. nac.; v. fs. 62, 66 vta. y 69 vta.). Indicó que se circunscribió a avalar las declaraciones testimoniales prestadas por Jesús Daniel Juárez, Cintia Jimena Juárez -esposo e hija de la víctima fatal, respectivamente- y Patricia Hermelinda Rojas, valorándolas parcialmente derivando en la incriminación de Ortigoza como uno de los autores del hecho, sin interesarse en compulsar la totalidad de las actuaciones, ni responder a los argumentos defensistas relativos a la falta de certeza sobre la autoría y participación del encausado en el hecho investigado (v. fs. 61 vta./63).
Destacó que no se compulsó debidamente el resultado de la operación de autopsia de la que "...solo valoró que se complementa con el certificado médico [agregado] en cuanto a la causal de la muerte: hemorragia aguda secundaria a las lesiones ocasionadas por el paso del proyectil de arma de fuego", ni se cuestionaron los sentenciantes sobre la ausencia de declaración del hijo de una de las víctimas del despojo Jesús Juárez, que también habría estado presente en el hecho (v. fs. 64 vta. y 65).
Alegó que debió haberse ordenado un reconocimiento en fila de personas por parte de la mencionada testigo Rojas -única que, en su parecer, vio la cara de quien disparó a Tolay-, y agregado el resultado de la instrucción suplementaria ofrecida por el fiscal de juicio, de las pericias de levantamiento de rastros en el lugar de los hechos y de las manchas hemáticas que arrojaron distintos perfiles genéticos -el de la víctima Tolay y el del imputado- (v. fs. 65 vta.).
Aseveró que el fallo impugnado devino arbitrario por infracción a los arts. 1, 18 y 33 de la Constitución nacional y 106 del Código Procesal Penal, a la vez que frustró en este tópico el derecho a la revisión amplia en los términos establecidos por el fallo "Casal" de la Corte federal e infringió la garantía de la doble instancia (v. fs. 68 vta./70).
I.2. En segundo término, afirmó que el tratamiento dado al planteo subsidiario que había llevado en el recurso casatorio, relativo a la determinación de la pena, resultó meramente aparente y tampoco satisface la garantía del "doble conforme" ni el principio de proporcionalidad de la pena (v. fs. 70/71 vta.).
En esa senda explicó que la pretensión fiscal para la calificación legal acordada en el marco de juicio abreviado (art. 41 bis y 165, Cód. Penal; v. fs. 1/6) fue de trece años y cuatro meses de prisión -mínimo de la escala legal correspondiente a ese encuadre normativo-, por lo cual al descartar la calificante genérica el sentenciante debió "...disminuir la pena por el hecho al mínimo de la escala del art. 165 del Código de fondo, y luego determinarse en base a la misma, la pena única", siendo que mantuvo la que formó parte del acuerdo "...sin proporcionar motivación alguna que sustente la decisión de no disminuir proporcionalmente la sanción, lo que convirtió el pronunciamiento en arbitrario" (fs. 72 y vta.).
Adunó a lo expuesto que el decisorio en crisis afectó el debido proceso, la defensa en juicio y los principios del in dubio pro reo , de proporcionalidad de la pena y del acusatorio en su directa vinculación con el derecho del imputado a obtener un examen integral de la sentencia condenatoria (v. fs. 72 vta. y 73).
Solicitó que esta Corte anule la sentencia impugnada y la reenvíe al a quo a fin de que -debidamente integrado- dicte una nueva decisión conforme a derecho (art. 496, CPP; v. fs. cit.).
II. El señor Procurador General propició el rechazo de la queja (v. fs. 182/185 vta.). Coincido con él.
III.1. Del recurso de casación obrante a fs. 18/26 vta. surge que la defensa consideró arbitraria la decisión judicial al incurrir en una absurda valoración de la prueba en infracción a los arts. 1 y 210 del Código Procesal Penal (v. fs. 19 vta.). Indicó que existe una situación de duda sobre la intervención en el hecho de Ortigoza, incurriendo el juzgador en una valoración parcial de la prueba que desmerece el pronunciamiento. Destacó que Cintia Juárez nada dijo en su primera declaración al respecto y sólo aludió a la participación del acusado tres meses después de ese primer aporte a la causa, con el fin de corroborar las expresiones incriminantes que su padre Jesús Juárez lanzó contra el encartado (v. fs. 20 y vta.).
En cuanto al testimonio del aludido Jesús Juárez, sostuvo que fue mutando los roles que atribuyó a quienes ingresaron a su domicilio, siendo que la declaración de Patricia Rojas pone en controversia sus manifestaciones, al haber expresado la testigo que los que salían de la casa de las víctimas lo hacían con pasamontañas, lo cual hacía imposible cualquier identificación (v. fs. 21/22).
En otro orden denunció inobservancia de los arts. 40 y 41 del Código Penal respecto de la individualización de la pena, siendo que la ausencia de agravantes de la sanción imponía la selección del mínimo legal previsto en la escala del delito por el que recayó condena como mejor forma la seguridad jurídica y la aplicación igualitaria de la legalidad respecto de un derecho penal humanista (v. fs. 23 vta./26).
Expresó en esa oportunidad que en el proceso de determinación judicial de la sanción, el juzgador debió partir necesariamente del mínimo de la escala legal aplicable e imponer a su asistido -en la hipótesis de que no prospere su requerimiento absolutorio-, el mínimo de pena en razón de la entidad de la conducta típica endilgada en el caso (art. 165, Cód. Penal) y la ausencia de circunstancias agravantes a ponderar, no debiendo superar la pena única a establecer los diez años y cuatro meses de prisión (v. fs. 25/26 vta.).
III.2. El órgano de juicio tuvo por acreditado, y ello arribó firme a la instancia casatoria (v. fs. 44 vta.) que "...siendo aproximadamente las 21.30 horas del día 30 de agosto de 2014 una persona de sexo masculino, mayor de edad, que coactuaba junto a aproximadamente cuatro o cinco personas de igual sexo, ingresó a una vivienda ubicada en la calle Pitágoras [...] de Sarandí, partido de Avellaneda, y luego de intimidar con armas de fuego a Jesús Daniel Juárez y a Cintia Jimena Juárez se apoderó ilegalmente de un teléfono celular marca Motorola de la empresa Nextel y de una cámara fotográfica efectuando, al retirarse del inmueble, disparos contra Elsa Mónica Tolay, quien murió a consecuencia de los mismos" (fs. 8).
Consideró a Rogelio Antonio Ortigoza autor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (v. fs. 9 vta. y 10).
III.3.a. El tribunal intermedio, para descartar los planteos casatorios señaló que "...las circunstancias contenidas en la investigación penal preparatoria, particularmente los testimonios de los damnificados Cintia Jimena Juárez y Jesús Daniel Juárez -que en forma conteste dirigieron un señalamiento directo en contra de Ortigoza- se conjugan armoniosamente para señalar al acusado como uno de aquellos que, en las circunstancias de tiempo y lugar señaladas en el fallo, ingresaron a su domicilio armados, quienes tras ejercer intimidación se apoderaron de [los bienes ya mencionados en la descripción de la materialidad ilícita y] al retirarse efectuaron disparos que terminaron con la vida de Elsa Mónica Tolay, madre de Cintia y esposa de Jesús Daniel Juárez, quien arribaba a la vivienda alertada de cuanto estaba sucediendo en la casa" (fs. 44 y vta.).
Adunó que "...los señalamientos críticos de la defensa no logran forzar el descarte de aquellas manifestaciones de indudable contenido incriminante al haber efectuado ambos testigos la identificación de Ortigoza en forma plena y categórica" y que "...la especulación [...] en punto a que la identificación efectuada por Cintia Juárez sobre la persona del acusado sólo buscó dar apoyo al testimonio de su padre, no trasciende de ese carácter, pues no existen elementos de convicción tales que permitan otorgar valor de verdad a dicha especulación [...], habida cuenta que la mera circunstancia de que Cintia Juárez aludiera a Ortigoza en su segunda exposición sobre los hechos no puede ser relacionada derechamente con tal manipulación" (fs. 44 vta. cit.).
En cuanto a las sucesivas convocatorias del testigo Jesús Daniel Juárez afirmó que "...dejan en evidencia su temprano reconocimiento de Ortigoza como uno de los que protagonizaron el atraco en su domicilio en un rol coautoral, aun cuando la defensa refiera modificaciones a los concretos actos que habrían realizado unos y otros, mutaciones que no se encarga de puntualizar [...], ni mucho menos justificar que aquella genérica aseveración desplace derechamente a Ortigoza de la factura del delito" (fs. 45).
Aditó que tampoco "...podría poner en controversia el reconocimiento de Ortigoza durante la ejecución del robo en el interior de la vivienda por parte de los damnificados que allí se encontraban, el testimonio de Patricia Rojas, quien en ningún momento estuvo en el interior de la casa, ni observó cuál fue la mecánica de lo que ocurrió allí dentro, tratándose como se trata, de una testigo que arribó al domicilio de las víctimas acompañando a la señora Elsa Mónica Tolay, quien había sido alertada por su hija -la testigo Cintia Juárez- de cuanto estaba ocurriendo en la vivienda familiar" (fs. 45 y vta.).
Resaltó que "...no existe demérito discernible por sostenerse en el testimonio de la víctima, que por su condición de tal no pierde capacidad para expedirse verazmente en juicio, quienes en el caso son dos de sustancial coincidencia en el señalamiento imputativo del acusado, que lo coloca como agente central en la configuración colectiva del robo en cuya ocasión se dio muerte a la señora Tolay" (fs. 45 vta. y 46).
Explicó que el aporte de la testigo Patricia Rojas "...no logra poner en controversia tal aspecto del pronunciamiento, pues aun cuando aluda a que quienes salieron de la casa de las víctimas tenían capucha, ello no fue negado por el señor Juárez, quien explicó que pudo advertir el rostro del imputado debido a que los sujetos que los estaban asaltando se levantaban los pasamontañas a fin de poder examinar con mayor detalle en [el] interior de la vivienda, circunstancias en que pudo identificar al encartado" (fs. 46) y que incluso "...la propia [Patricia] Rojas indicó que el joven que se encontraba en el acceso a la vivienda cuando ella y [Elsa Mónica] Tolay llegaron a la casa se levantó el pasamontañas, lo cual habría facilitado la identificación por parte de Tolay sobre tal sujeto, habida cuenta que escuchó decir a la víctima una expresión semejante a '...sos vos...', tras lo cual fue ultimada a tiros por dicho sujeto" (fs. 46 cit. y vta.).
En razón de los fundamentos expuestos, concluyó en que el examen emprendido por el tribunal originario a fin de justificar la atribución de autoría del acusado Ortigoza en el hecho, no había rebasado los límites impuestos por la sana crítica, ni contenía vicios lógicos que lo invaliden o que el mismo se haya fundado en elementos de convicción que pudieran haber sido valorados de forma absurda o arbitraria, descartando -finalmente- que en el caso pueda existir espacio respecto de un estado de duda beneficiante conforme lo alegado por la defensa (v. fs. 46 vta. y 47).
III.3.b. En orden al segundo planteo dirigido contra la fijación de la sanción impuesta, la Casación destacó que "...el impugnante no demuestra que en dicha decisión [...] se encuentre presente un vicio de arbitrariedad o absurdo, una errónea aplicación de la respectiva norma sustantiva, o una vulneración a garantías constitucionales que puedan incidir en la determinación del quantum de pena, tornándola inusitada o desproporcionada" (fs. 47).
Remarcó que el quantum punitivo se encuentra dentro de la especie de pena y escala legal del delito por el que se condenó a Ortigoza, y que "...no constituye trasgresión de las reglas que disciplinan el proceso de determinación judicial de la pena la imposición de una sanción que no se ubica en el mínimo de la escala legal, desde que el plexo normativo no establece un punto de ingreso fijo a ella siendo la intensidad antijurídica del hecho, entre otros aspectos, los que deben determinar la cuantía sancionatoria sobre la que operarán en definitiva las atenuantes y severizantes que se puedan llegar a computar en cada caso" (fs. 47 y vta.)
Indicó que la respuesta punitiva debe responder en forma proporcional a la intensidad antijurídica del hecho y, por ende, a la responsabilidad del autor, como consecuencia de los principios de ofensividad, proporcionalidad y culpabilidad y que "...al no ser posible determinar con exactitud cuál es el monto de pena que resulta proporcional a la culpabilidad del sujeto activo, el límite al arbitrio del juzgador radica en la razonabilidad de la sanción aplicada, sin que se advierta que la asignada en autos carezca de ella, la cual, además, no es distinta de la pactada por las partes al arribar al acuerdo de abreviación del juicio" (fs. 47 vta.).
Por último resaltó que la mutación de la calificación legal efectuada por el a quo descartando la aplicación de la disposición del art. 41 bis del Código Penal, entrañó una modificación más beneficiosa para el imputado que tuvo reflejo en la retribución punitiva, al haberse fijado para el hecho enjuiciado en estos actuados una sanción cuatro meses más leve que la solicitada por el acusador público, aun cuando la pena única total se mantuvo dentro de los limites propuestos y conformados por las partes (v. fs. cit. y 48).
Concluyó que la pena impuesta "...no luce desentendida de la magnitud de los hechos enjuiciados para establecer la cuantía sancionatoria" (fs. 48).
IV.1. De ello se advierte que el tribunal dio respuesta a todos los reclamos efectuados por la parte en el recurso de casación; y en lo que interesa, se ocupó del cuadro fáctico y el plexo probatorio tenido en cuenta por el inferior, brindando las razones que lo llevaron a dar por probada la autoría responsable de Ortigoza en el hecho investigado.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas en el acápite III.3.a.- para arribar a la confirmación del fallo de condena, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399), en tanto incluyó un juicio crítico de las constancias probatorias (conf. doctr. causa P. 98.459, sent. de 3-IV-2008).
Asimismo, en referencia a la arbitrariedad invocada, no se evidencia en lo resuelto por el Tribunal de Alzada la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234). Y más allá de la discrepancia de la recurrente con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
En relación con el principio in dubio pro reo derivado del de inocencia (arts. 1, CPP y 18, Const. nac.), traído por la defensa no logra evidenciar una situación de excepción por cuanto para las sentencias de mérito y la de revisión, no quedaron márgenes de duda alguno respecto a la acreditación del hecho y la participación del imputado Ortigoza en el mismo.
Y, si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei , si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el juzgador- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva. Nada de ello la recurrente ha logrado aquí justificar.
IV.2. En cuanto al planteo referido a la denuncia de arbitrariedad al momento de establecer el órgano revisor el monto sancionatorio -ver punto III.1.-, se advierte que el mismo se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en cómo debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sobre todo, tomando como premisa que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. doctr. causas P. 106.876, sent. de 1-IX-2010; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 126.777, sent. de 26-X-2016; P. 126.198, sent. de 28-XII-2016; P. 128.324, sent. de 29-VIII-2017; P. 121.430, sent. de 20-IX-2017; P. 127.457, sent. de 11-IV-
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