Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 130642
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja articulada por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, por improcedente (art. 486 bis del CPP).
La Plata, 16 de mayo de 2018.
La presente causa n° 130.642-RQ, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación- s/ Recurso de queja en causa N° 88.539 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Heine, Juan Ariel Cristian ".
I. De acuerdo a las copias traídas por la parte, la Sala V del Tribunal de Casación Penal, por auto dictado el 27 de marzo de 2018, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante dicho órgano contra la decisión por la que se dispuso la morigeración de la prisión preventiva de Juan Ariel Cristian Heine bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con el control de un sistema de monitoreo electrónico (v. fs. 23-25 vta.).
El tribunal intermedio señaló que la sentencia no tiene carácter definitivo y, además, al disponer una morigeración de la prisión preventiva, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación ulterior que requiera tutela inmediata, siendo que el recurrente no logró demostrar dicho extremo (v. fs. 24 y vta.).
A lo expuesto sumó que las cuestiones federales que trae en el recurso, en puridad, son de índole procesal; la gravedad institucional alegada no pone de relieve la existencia de una situación de ese tenor y que ni dichos argumentos ni la invocación de arbitrariedad del decisorio dejan de lado la ausencia de definitividad del fallo, extremo lógicamente anterior a la consideración de los mismos (v. fs. 24 vta.-25).
II. El Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 27-33 vta.).
Afirmó en cuanto a la falta del carácter definitivo de la resolución que objetó por esta vía, que la medida de morigeración habilitada pone en riesgo cierto la celebración del juicio oral pues, la naturaleza de los delitos imputados -asociación ilícita, amenazas, usurpación de título, daño, entre otros- y las circunstancias de la causa hacen presumir fundadamente que Heine podría entorpecer la investigación y frustrar medidas probatorias propias del juicio, por lo que el precedente P. 95.680 invocado por el a quo para fundamentar dicha carencia no es pertinente en razón de que la concesión de la libertad ambulatoria en ese antecedente acaeció durante la etapa extraordinaria, en la que existen riesgos procesales menores que los que pueden producirse en el estadio en el que se encuentran las actuaciones (v. fs. 29 vta.-30).
Señaló que el tribunal intermedio incurrió en afirmaciones dogmáticas y en exceso de atribuciones al abordar el agravio formalizado en torno a la existencia de gravedad institucional, en tanto debió limitarse a examinar si el planteo encuadraba en alguno de los supuestos reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación o por este Tribunal y no a decidir sobre su existencia o inexistencia (v. fs. 30 y vta.), siendo que lo denunciado era la alteración de todo el sistema de medidas cautelares si se podía obtener la libertad por el mero transcurso del plazo de dos años sin contemplar los peligros procesales verificados en la causa. En ese contexto enfatizó -con invocación del precedente Formar S.A. de la CSJN- que la situación descripta equiparía a definitivo el fallo apelado (v. fs. 30 vta.).
En lo que se refiere a la cuestión federal denunciada especificó que el a quo incurre en afirmaciones dogmáticas y en apartamiento de las constancias de la causa. En primer lugar, puso de relieve que una de las causales de arbitrariedad de sentencias se fundó en el "apartamiento de la doctrina legal aplicable" y que el Máximo Tribunal de la Nación ha equiparado a definitiva aquellas decisiones que se apartan de la doctrina legal aplicable (v. fs. 31 y vta.). En lo tocante a la falta de suficiencia y carga técnicas del agravio federal señaló que se encargó de desarrollar acabadamente los motivos de arbitrariedad del pronunciamiento atacado con expresa mención de la doctrina legal que resultaba pertinente en el caso, dando cuenta que esa cuestión no es de naturaleza procesal debido a la afectación del debido proceso y el equilibrio del sistema de medidas de coerción (v. fs. 31 vta.) y que guardan relación directa e inmediata con la cuestión a decidir (v. fs. 33 y vta.).
III. La presentación directa resulta improcedente.
La decisión atacada, al morigerar los efectos de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, sólo importa un mecanismo menos oneroso de ejecución de una medida de coerción que, en principio, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf., mutatis mutandi, P. 121.671, res. 1-VI-2016; P. 126.617-RC, res. 1-V-2016; P. 126.814, res. 13-IX-2017; etc.).
Nótese que ese dispositivo -incluso- no concede la libertad ambulatoria antes del fallo final de la causa, sino que pone de manifiesto que el tiempo de privación de la libertad en encarcelamiento preventivo -el juez Ordoqui lo cuantifica en 4 años, 6 meses y 4 días al 1° de marzo de 2018 (v. fs. 3)- resulta irrazonable en los términos del art. 7.5 CADH y, por ese conducto, se dispuso la mentada medida menos gravosa de cumplimiento de la prisión preventiva (v. fs. 5-6).
IV. En cuanto a la gravedad institucional denunciada, si bien es cierto que el tribunal intermedio excedió sus atribuciones legales al entender que no se advertía una situación aprehensible bajo ese parámetro, es del caso señalar que de las copias aportadas a la presentación y de los términos del resolutorio recurrido no se infiere que la situación planteada exceda lo estrictamente personal al no vislumbrarse que las particularidades que exhibe este proceso deban trasladarse de manera necesaria a otros u ocasionar un menoscabo directo e inmediata al sistema de medidas cautelares establecido por la legislación adjetiva provincial.
Para más, si lo que pretendió el Ministerio Público -aunque sin invocarlo expresamente- fue amplificar la tradicional doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la nación ha edificado en torno a la gravedad institucional de acuerdo al precedente "Demaría, Jorge Luis y otros s/ causa 14.358", sent. 8-IV-2014, no ha demostrado idóneamente que la cuestión en debate exceda el interés individual de la parte ni que afecte al de la comunidad ni a la administración de justicia, al no haber efectuado más que manifestaciones dogmáticas sobre tales aspectos.
V. Por último, no constatada la definitividad del fallo o su equiparación, incluso desde la perspectiva de la gravedad institucional, es correcto lo afirmado por el a quo en punto a que la invocación de afectación de garantías constitucionales o arbitrariedad no suplen dicho extremo al resultar lógicamente necesaria la corroboración del primero para analizar luego dichos extremos (conf., P. 122.306, res. del 17-VI-2015; P. 122.397, res. del 1-VII-2015; P. 123.664, res. del 1-VII-2015; P. 123.664, res. del 1-VII-2015, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja articulada por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, por improcedente (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°703
Fin de la sentencia