Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128319
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Alberto Damián Casas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 128.319-RQ - “Casas, Alberto Damián s/ Recurso de queja en causa N° 896/2015 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 128.319-RQ, caratulada: “Casas, Alberto Damián s/ Recurso de queja en causa N° 896/2015 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 2 departamental que condenó a Alberto Damián Casas a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas y lesiones leves agravadas (fs.7/9 vta.).
Para así resolver, liminarmente afirmó que el presente no encuadraba en los presupuestos del art. 494 del Código Procesal Penal, atento el monto de la pena impuesto.
Sentado ello, expresó que “[m]ás allá de la restricción cognoscitiva que emerge del artículo citado precedentemente, cierto es que tampoco se verifica un supuesto de excepción que habilite la competencia de [esta Corte] ya que, por un lado, la sentencia de segunda instancia es confirmatoria de la del órgano de juicio, no encontrándose por ende en crisis el principio del doble conforme”. Agregó que “las críticas que desarrolla el recurrente se vinculan a temáticas de claro corte procesal, las que conforme su naturaleza resultan impropias para habilitar la competencia de la Corte (Fallos S.C.J. P. 125.392; 125.515)” -fs. 8 y vta.-.
De seguido, trajo a colación lo resuelto por este Tribunal en P. 125.623.
En dicho marco, argumentó que “[t]al exigencia puede ser franqueada en el supuesto de un planteo de cuestión federal, introduciendo el agravio con la suficiencia y la carga técnica necesarias para tal fin, y ello no ha sucedido en el particular”.
En consecuencia, decidió que “[l]a cuestión de pretensa naturaleza federal no fue planteada con la exigencia requerida para sortear el valladar establecido legalmente”, ya que el presentante “no fundamentó cuál es la directa relación entre lo decidido y los derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna que considera conculcados, limitándose a alegar que el decisorio impugnado se funda en una errónea y arbitraria valoración de la prueba que viola las reglas de la sana crítica y el deber de motivación de la sentencia, recreando los fundamentos desarrollados durante el juicio y al impugnar la sentencia en relación a la materialidad ilícita y autoría de su defendido y la readecuación de la pena” (fs. 9).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial -doctor José Alberto Raimundo-, articuló recurso de queja (fs. 18/22).
Sostuvo que la denegatoria del carril impugnativo extraordinario afectó directamente derechos y garantías constitucionales de su asistido -derecho de defensa en juicio, debido proceso legal, derecho al recurso, y los principios de inocencia y republicano de gobierno así como la sana crítica racional y el deber de motivación- (fs. 19).
Explicó que este Tribunal ha dado trámite a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en base a la doctrina del absurdo probatorio o valorativo “permitiendo el ingreso de consideraciones relacionadas con la valoración de la prueba y la determinación de los hechos, consagrando [al mismo] como el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que ha permitido acceder [a esta Corte] por esta vía con planteos de índole procesal o de valoración de la prueba, en la medida que aquellos pudieran constituir una cuestión federal” (fs. cit. y vta.).
Respecto de la procedencia, apuntó que en autos aparece inobservada la ley sustantiva “puesto que se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio -art. 18 de la C.N.-, situación que se origina a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado por ésta vía, ya que el mismo no ha respetado las exigencias de debida fundamentación que el Supremo Tribunal Federal al respecto establece, de acuerdo a las prescripciones garantizadoras emanadas de lo mandado por los arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22º de la C.N.; art. II de la D.A.D. y D.H., arts. 7º y 11, apartado 2. de la D.U.D.H., arts. 15. apartado 1 y 26 del P.I.D.C. y P., arts. 9 y 24 de la C.A.D.H. y 11, 25 y 57 de la Constitución Provincial” (fs. 19 vta. cit.).
Consideró que la resolución de la alzada que no concedió el recurso incoado importó el surgimiento de una cuestión federal con posterioridad a la interposición del referido remedio, lo cual -a su entender- “también habilita su revisión por parte de [esta] Suprema Corte”. Así, expuso que tal planteo de carácter federal no es otro que el privar al imputado del derecho al recurso (fs. 20 vta.).
Finalmente, insistió en que el pronunciamiento atacado -al denegar la vía extraordinaria por considerar que el pretenso agravio federal careció de la exigencia requerida a fin de sortear el valladar legal- se basó en una mera afirmación dogmática que, a su criterio, “resulta insuficiente para sostener la denegatoria” (fs. 21).
3. La queja formalizada es improcedente.
De la reseña efectuada en el acápite 1 de la presente, se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la Cámara basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
Así, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal.
Para más, centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de fórmulas dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Alberto Damián Casas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia