Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128570
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la defensa oficial de Marcelo Silvio Martínez, Claudia Marcela Agüero, Juan Carlos Manteceri y Daniela Aguilera, con costas (art. 486 bis , CPP).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.570-RQ, caratulada: "Martínez, Marcelo Silvio; Agüero, Claudia Marcela; Manteceri, Juan Carlos y Aguilera, Daniela s/ Recurso de queja, en causa n° 9.474 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de noviembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Marcelo Silvio Martínez, Claudia Marcela Agüero, Juan Carlos Manteceri y Daniela Aguilera, contra la decisión de ese órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, que los había condenado a la pena de cuatro años de prisión, por hallarlos coautores penalmente responsables del delito de facilitación a la prostitución (v. fs. 8/10).
Para así resolver, juzgó -en primer término- que el ataque referido a la vulneración a la doble instancia no resultaba apto, en tanto del propio iter impugnativo se desprendía que la sentencia de condena fue revisada y confirmada por esa instancia, por lo cual la intervención de la Suprema Corte no devenía necesaria a fin de tutelar la mentada garantía (v. fs. 9).
Por otra parte, aseveró que los agravios que la parte encapsuló como federales y la tacha de arbitrariedad no trascendían de una mirada diversa sobre la ponderación del mérito de la prueba -art. 14 de la ley 48- (v. fs. cit. y vta.).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial departamental -doctora María Eugenia Smud- articuló recurso de queja (v. fs. 20/23 vta.).
En primer lugar, sostuvo que "según la propia naturaleza de la queja, lo que se discute es la admisibilidad del recurso y cuestiones formales, no cuestiones sustantivas (art. 433 del CPP)" -fs. 21-.
En punto a la fundabilidad, expuso que el carril extraordinario se dedujo contra una sentencia definitiva, recordó las limitaciones a la recurribilidad plasmadas en el art. 494 del ritual y planteó su inconstitucionalidad, en tanto -desde su óptica- afecta gravemente principios y garantías constitucionales. Citó, al efecto, los derechos de administración de justicia, a peticionar ante las autoridades, a la igualdad, defensa, debido proceso y al recurso -arts. 1, 14, 16, 18 y 75 inc. 22 de la Const. nac.; 1, 8 y 24 de la CADH; y 3, 14 -primera y quinta- y 26 del PIDCP- (v. fs. cit. vta./22 vta.).
A continuación, esgrimió que este alto Tribunal no puede sustraerse del conocimiento del agravio esbozado -arbitrariedad por ausencia de fundamentación- en razón de una limitación procesal local que violenta la doble instancia (v. fs. 22 vta./23).
En ese discurrir, entendió aplicables los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines del tratamiento de la cuestión de naturaleza federal llevada en el carril extraordinario que intentó (v. fs. 23 y vta.).
III. La queja no prospera.
Aun soslayando la deficiente técnica empleada por el Tribunal de Alzada en el examen de admisibilidad desplegado, lo cierto es que la defensa no logró remover el déficit formal de falta de suficiencia y carga técnica de los agravios de pretensa índole federal.
En efecto, la Cámara estimó que la tacha de arbitrariedad no era más que una mirada diversa sobre la ponderación del mérito de la prueba.
Frente a ello, la quejosa desplegó una técnica infructuosa pues limitó sus esfuerzos a reeditar lo expuesto en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y a remarcar que el mismo portaba planteos federales cuando, en rigor, debió explicar los motivos por los cuales tales argumentaciones sí configuraban agravios de dicha naturaleza, expuestos con suficiencia y carga técnica necesaria y vinculados directa e inmediata con la sentencia del a quo que confirmó el fallo de primera instancia.
IV. Finalmente, el planteo de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal tampoco es de recibo, en tanto dicha norma no ha sido el obstáculo para el progreso de las críticas defensistas sino que fue la propia técnica que utilizó en su impugnación la que impidió el acceso de los reclamos a conocimiento de esta Corte, a tenor de la doctrina sentada por el cimero Tribunal en Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la defensa oficial de Marcelo Silvio Martínez, Claudia Marcela Agüero, Juan Carlos Manteceri y Daniela Aguilera, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia