Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132820
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.820-Q, "González, Luis Guillermo s/ recurso de queja en causa n° 90.400 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de marzo de 2019, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que -en forma unipersonal y en el marco de un juicio abreviado- condenó a Luis Guillermo González a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma; que en el mismo pronunciamiento unificó esa pena con las recaídas en causas n° 3.976/6 y su acumulada n° 4.021/6 en trámite ante el Tribunal en lo Criminal n° 6 departamental, que lo condenó a la pena de cinco años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, en carácter de autor responsable del delito de robo simple en grado de tentativa y coautor del delito de robo agravado por ser cometido mediante el empleo de armas, ambos en concurso real; con la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 17 de Capital Federal en causa n° 4.078, que le impuso la pena única de tres años de prisión en suspenso, con costas, por resultar autor del delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda en concurso real con robo en grado de tentativa; y con la recaída en causa n° 3.624/9 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 9 departamental, que lo condenó a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, con costas, por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda en grado de tentativa; y que, finalmente, le impuso la pena única de doce años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, con declaración de reincidencia y revocación de la condicionalidad oportunamente impuesta (v. fs. 6/11 vta. pie de página).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 15/24 vta.), que al ser declarado inadmisible por la Casación (v. fs. 25/29) motivó la deducción de un recurso de queja (v. fs. 34/44 vta.). Esta Suprema Corte, por resolución de 20 de julio de 2020, admitió la queja y concedió el recurso extraordinario (v. fs. 45/47 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 61/65), dictada la providencia de autos (v. fs. 67) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes se alzó el señor defensor oficial adjunto ante la instancia intermedia, merced al recurso de inaplicabilidad de ley que articuló a favor de Luis Guillermo González, formulando dos agravios.
I.1. En primer término, denunció la errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 17 vta.).
Sostuvo que en el recurso de casación esa defensa había cuestionado el monto de pena aplicado por excesivo y por carencia de fundamentación, y que frente a ello el tribunal revisor se limitó a afirmar que el juez de origen se remitió a las atenuantes y agravantes ponderadas en cada causa, que escogió "...un monto de pena que no parece irracional o desproporcionado ni contrasta con el número y naturaleza de los ilícitos comprendidos en la condena única", que al no apreciarse "...fisuras lógicas en el razonamiento del ‘a quo’ que descalifiquen al acto jurisdiccional como tal, la conclusión a la que hubo arribado para llegar a la pena única aplicada deberá ser considerada como que ha sido el fruto de análisis racional de las circunstancias vertidas en los pronunciamientos en cuestión", y que "...dicha valoración resulta -en principio- ajena a la intervención del tribunal al no haberse dado el caso de absurdo o arbitrariedad" (fs. cit.).
Consideró que tal modo de resolver infringió el deber de revisión amplia del fallo condenatorio, por no exponer el razonamiento efectuado por el juzgador para llegar a una pena muy por encima del mínimo previsto por la escala penal aplicable (v. fs. 17 vta. y 18).
Seguidamente, adujo que su crítica se centraría en dos aspectos: el proceso lógico de construcción de la pena y su fundamentación.
Con relación al primer punto, señaló que no se advierte cuál fue la escala penal construida ni su proceso de formación para el caso concreto, lo que privó a esa parte de un adecuado ejercicio de la defensa. Indicó que, extraída la escala legal aplicable para adecuarla al caso concreto, se obtiene un punto fijo del cual partir a los efectos de ponderar desde allí las atenuantes y agravantes (conf. art. 40, Cód. Penal), debiendo asignársele a cada una un monto de punición para luego de sumados y debitados ellos llegar así al monto fijo final que corresponde aplicar (v. fs. 18/19 vta.).
Respecto a la fundamentación del monto de pena, refirió que la Casación no brindó una sola razón de cómo y por qué llegó a la conclusión a la que llegó y, por tanto, a su juicio las afirmaciones del tribunal resultaron infundadas (v. fs. 19 vta.).
Sostuvo que el órgano casatorio efectuó un examen parcial y arbitrario de los agravios relativos a la estimación de las sanciones impuestas que no se condice con una adecuada revisión integral del fallo, al desnaturalizar el derecho al recurso del imputado en un aspecto fundamental como es el monto de pena (v. fs. 19 vta./20 vta.).
En sustento de su postura citó los precedentes "Miara" y "Squilario" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y "Ruiz" de este Superior Tribunal (v. fs. 21 vta./23).
Por todo ello, solicitó que se case la sentencia dictada y se reenvíe el caso al tribunal intermedio para que -debidamente integrado- pronuncie una nueva decisión conforme a derecho (v. fs. 23).
I.2. En segundo lugar, denunció interpretación arbitraria de los arts. 27 y 58 del Código Penal y violación a la ley sustantiva (v. fs. cit.).
Afirmó que lo decidido por el Tribunal de Casación es contrario a la doctrina de esta Suprema Corte sentada en causa P. 56.880, "Perdomo, Luis Alberto" (sent. de 27-II-2002), como así por la Corte federal en "Romano, Hugo Enrique" (CSJN Fallos: 331:2343).
Adujo haberse agraviado por cuanto la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 9 de Lomas de Zamora en la causa n° 3.624 se encontraba vencida a los efectos de la unificación, y haber planteado que tal unificación debía ser dejada sin efecto. Recordó que el tribunal revisor contestó que la aplicación del art. 58 del Código Penal "...no requiere que el encausado esté cumpliendo pena, ni interesa a los fines que se persiguen, que la misma se encuentre extinguida o compurgada" (fs. 23 vta.).
Contra lo resuelto, el recurrente entendió que al momento de dictarse la unificación, la pena impuesta en la causa n° 3.624 se encontraba vencida, pues habían transcurrido los cuatro años contados a partir de la firmeza de la sentencia condenatoria para tenerla por no pronunciada (conf. art. 27, Cód. Penal); criterio que -según dijo- es el sentado por los superiores tribunales provincial y federal respectivamente en los precedentes citados (v. fs. 23 vta. y 24).
Por lo dicho, solicitó que se case la sentencia recurrida y se declaren erróneamente aplicados y arbitrariamente interpretados los arts. 27 y 58 del Código Penal, dejando sin efecto la unificación dispuesta respecto a la pena fijada en la causa n° 3.624 (v. fs. 24 y vta.).
II. El señor Procurador General dictaminó a favor del rechazo del recurso deducido (v. fs. 61/65), postura con la cual coincido.
III. El agravio vinculado con la errónea revisión de la sentencia de condena por ausencia de fundamentación del monto de pena impuesto (conf. arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP) no es de recibo.
III.1. De las copias digitalizadas surge que el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora -en el marco de un proceso de juicio abreviado llevado adelante en la causa n° 6.446/4 condenó a Luis Guillermo González a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma; en el rubro de las atenuantes, el tribunal no ponderó circunstancia alguna ni tampoco fueron invocadas por las partes; respecto de las agravantes, señaló que tanto en la causa n° 3.976/6 y su acumulada n° 4.021, como en la n° 3.624/9 no se computaron, mientras que en la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 17 de Capital Federal -causa n° 4.078- se había valorado el grado de violencia que los imputados ejercieron sobre una de las víctimas.
En la sentencia se unificó la pena dictada en esta causa con la pronunciada por el Tribunal en lo Criminal n° 6 departamental -causa n° 3.976/6 y su acumulada n° 4.021/6-, dictada el 13 de noviembre de 2013, por la cual se condenó a González a la pena de cinco años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas, en carácter de autor responsable del delito de robo simple en grado de tentativa y coautor del delito de robo agravado por ser cometido mediante el empleo de armas, ambos en concurso real entre sí; la dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 17 de Capital Federal -causa n° 4.078-, por la que se lo condenó a la pena única de tres años de prisión en suspenso, con costas, por ser autor responsable del delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con robo en grado de tentativa; y la del Tribunal en lo Criminal n° 9 departamental -causa n° 3.624/9- del 22 de noviembre de 2012, donde se le impuso la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución en suspenso y costas, por ser coautor responsable del delito de robo agravado por haberse cometido en lugar poblado y en banda en grado de tentativa, hecho ocurrido el 18 de julio de 2012.
En definitiva, el Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora le impuso a González la pena única de doce años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, y revocó la condicionalidad de las penas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 17 de Capital Federal y por el Tribunal en lo Criminal n° 9 departamental (v. fs. 56 digital).
III.2. En el recurso de casación la defensa oficial denunció la inobservancia de los arts. 40, 41, 55 y 58 del Código Penal en lo referente a la determinación del monto de la pena única aplicada (v. fs. 1/5).
Adujo que en el caso se dieron las dos formas posibles de unificación previstas en los arts. 55 y 58 del Código Penal, es decir, unificación de condenas y unificación de penas; circunstancia que -en su opinión- no fue valorada por el juzgador de origen, ya que en tres de las sentencias a unificar se utilizó el método de unificación de condenas (v. fs. 3).
Consideró improcedente que la pena única se haya acercado mucho más al máximo que al mínimo legal aplicable, cuando solo se ponderó una pauta agravante y múltiples atenuantes; en ese sentido, alegó que el fallo era arbitrario por haber quebrantado las formas esenciales del proceso en la valoración de la prueba (conf. arts. 1, 106, 210 y 371, CPP; v. fs. 3 vta.).
Agregó que "...teniendo en cuenta que se deben unificar tres (3) sentencias por el método de unificación de condenas -dictada la última en noviembre de 2013- con una única que responde a la unificación de penas [...] la pena única impuesta no debió superar los nueve (9) años y seis (6) meses de prisión más la declaración de reincidente" (fs. 4 y vta.).
Sumó a lo anterior que la pena dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 9 departamental en el marco de la causa n° 3.624 se encontraba vencida a los efectos de su unificación, motivo por el cual solicitó que se deje sin efecto la decisión de unificarla, por violación al art. 27 del Código Penal.
En resumen, pidió al Tribunal de Casación que reduzca el monto de pena único impuesto y condene a González a nueve años y seis meses de prisión con declaración de reincidencia (v. fs. 4 vta. y 5).
III.3. A su turno y en el marco apuntado se pronunció la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, que desestimó el recurso por improcedente (v. fs. 6/11 vta.).
De modo liminar, señaló que si bien las partes habían pactado como pena única a imponer la de trece años y dos meses de prisión, lo cierto es que "Los arts. 396, 397 y 399 del CPP, cuando se refieren a la pena que debe ser solicitada por el Fiscal y respecto de la cual deben prestar conformidad tanto el imputado como su defensor para tornar viable el trámite abreviado, lo hacen con relación a la sanción por el hecho que se juzga, pero no respecto de la unificación de pena que pudiera corresponder en virtud del 58 del CP. En rigor, la unificación de penas no forma parte de aquello que puede pactarse en el marco de un juicio abreviado ni en ese trámite el requerimiento fiscal configura límite al juez en la determinación de la pena única (Sala I en su integración originaria, sent. del 15/9/09 en causa 37.526 ‘Nuttcen Ojeda’)" (fs. 7 vta. y 8).
Agregó que la defensa confundía institutos de índole procesal de neto corte diferenciado, como es el procedimiento abreviado previsto en los arts. 395 y siguientes del Código Procesal Penal y el procedimiento de unificación de penas (o condenas), regulado por el art. 18 y concordantes del citado cuerpo de leyes; y destacó que las finalidades de ambos institutos son absolutamente disímiles y se rigen por presupuestos distintos: "...el procedimiento de juicio abreviado es una facultad que la ley otorga a las partes para el dictado de la sentencia que ponga fin al proceso", mientras que "...la unificación de penas o condenas es un imperativo legal que surge de la manda contenida en el art. 58 del Código Penal y que tiene por finalidad hacer cumplir con el principio de injerencia penal única del Estado, por intermedio de la aplicación de una única condena (principio de unidad de la reacción penal o de pena total)". Citó doctrina de autor y sostuvo que las previsiones establecidas en el Código Procesal Penal para el juicio abreviado no son de aplicación en el trámite de unificación de penas (v. fs. 8 y vta.).
Sentado lo anterior, afirmó -en concordancia con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal en su memorial- que la decisión recurrida aparecía ajustada a derecho en tanto "...sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en los fallos en los que se impusieran las penas que se unifican, el tribunal lo hace adecuando la sanción a las circunstancias de los artículos 40 y 41 del CP" (fs. 8 vta.).
Al respecto, indicó que los procesos coexistieron adquiriendo firmeza, por lo que -en la inteligencia del art. 58 del Código Penal- correspondía unificarlos. Con remisión a la doctrina de esta Suprema Corte sentada en causas P. 94.132 y P. 104.126 refirió que "...la aplicación de ese precepto no requiere que el encausado esté cumpliendo pena, ni interesa a los fines que se persiguen, que la misma se encuentre extinguida o compurgada", y que "...se impone como solución una única condenación, sin que obste a la aplicación de las reglas del artículo 55 del Código Penal, que las penas se encuentren agotadas, extinguidas o compurgadas". Agregó que la jurisprudencia nacional también ha sostenido que "El art. 58 CP cobra operatividad siempre que el nuevo delito haya sido cometido durante la ejecución de la pena anterior, independientemente de que al momento de dictarse la segunda sentencia condenatoria, la primera se encuentre vencida (C.N.C.F., Sala III, causa n° CCC 10463/2013/TO1/CFC1 - ‘Velasco, Carlos Leandro s/ rec. de casación’, rta. 20/11/2014; en igual sentido, Sala I, causa n° 1824/13 - ‘Vera’, rta. 18/5/2015)"; que "...cuando se trata de procesos paralelos, el hecho de que la primera condena sea de cumplimiento efectivo y la segunda condicional no obsta a la procedencia de la unificación de condenas (Cam. Apel. Contrav. y Faltas CABA, Sala III, 19/4/2007, ‘Reitovich, Saúl P. y otra’, DJ, 2007-III-359; LL; on line)"; y que "La unificación de penas procede, sea que el delito juzgado resulte anterior o posterior al que motivó la condena anterior firme en ejecución (Cam. Apel. Crim. Santa Fe, Sala I, 8/11/1978, ‘Franco, Miguel A. L.’, LL, 1979-590, 231-SP)" (fs. 9 y vta.).
Sumó a lo dicho que "...el art. 58 del CP responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal en el territorio de la Nación, adoptando las medidas necesarias para que ella no desaparezca por razón del funcionamiento de distintas jurisdicciones" y, en coincidencia con el juez Mancini de la Sala II, afirmó que "Las disposiciones del art. 58 del CP tienen por objeto completar la regla de lo que se conoce como el principio de la unidad penal, según el cual cuando medie un concurso real de delitos debe aplicarse una pena total conformada por el sistema de aspersión dentro de la escala prevista en los arts. 55 y 56 del CP (Sala II, 28/9/2006, ‘R., G. s/ recurso de casación’)" (fs. 9 vta.).
A fin de dotar de mayores fundamentos a su respuesta, la Casación sostuvo que "...para sentenciar el tribunal tuvo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, las valoraciones de eximentes, atenuantes y agravantes hechas en las sentencias unificadas y, utilizando sin mencionarlo expresamente el sistema de suma composicional, condenó al aquí imputado a una pena que no aparece irracional o desproporcionada, ni mucho menos contrasta con la naturaleza de los ilícitos comprendidos en la pena única". Añadió que "Nada se opone en el derecho penal patrio a que el cálculo de la sanción resultante de la unificación de condenas se realice por composición o por operación de suma aritmética, dependiendo la elección de factores como la personalidad del condenado y las modalidades de los hechos..." (fs. 10).
En consecuencia, afirmó que no se apreciaban fisuras lógicas en el razonamiento del juez de origen, y que la conclusión a la que arribó para llegar a la pena única debía ser considerada como "...el fruto del análisis racional de las circunstancias vertidas en los pronunciamientos en cuestión", valoración que -en principio- estimó ajena a la intervención del órgano casatorio, al no darse el caso de absurdo o arbitrariedad (v. fs. cit. y vta.).
Concluyó que "...el sentenciante componiendo la pena impuesta en causa nº 3976/6 de cinco (5) años y tres (3) meses, con la pena única de tres (3) años en causa nº 4078, la de un (1) año y seis (6) meses en causa nº 3624/9 y la de cinco (5) años de prisión impuesta en la presente, consideró ajustado a derecho condenar al imputado [...] a la pena única de doce (12) años y ocho (8) meses de prisión, accesorias legales y costas, revocándosele la condicionalidad impuesta en causas nº 4078 y 3624/9, remitiendo a las atenuantes y agravantes consideradas en [aquellos pronunciamientos] y escogiendo un monto de pena que no parece irracional o desproporcionado ni contrasta con el número y naturaleza de los ilícitos comprendidos en la condena única" (fs. 10 vta.).
Y, para más, recordó que esa Sala IV -de conformidad con la doctrina de la Suprema Corte- ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal, y ha sostenido que "...la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni
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