Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de queja interpuesto a favor de José María Pindave, con costas (art. 486 bis y ccds. -según ley 14.647-, 491 y 494 -cfe. ley 13.812-, todos del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°802
P. 128.064-RQ - “Pindave, José María s/ Recurso de queja en causa Nº 962/15 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II” .
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.064-RQ, caratulada: “Pindave, José María s/ Recurso de queja en causa Nº 962/15 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, por un lado, rechazó –parcialmente- por improcedente el recurso de apelación en cuanto postula la aplicación al caso de la causal de justificación de legítima defensa, corriendo igual suerte el agravio relacionado con el monto de la pena propuesta y, en consecuencia, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 2 que había condenado a José María Pindave a la pena de cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves; y por el otro, hizo lugar parcialmente al mismo y anuló dicho decisorio en cuanto revocó la condicionalidad de la pena de tres años de prisión y le impuso al nombrado la pena única de tres años y un mes de prisión (fs. 16/24 vta.).
Contra lo así decidido, se dedujo recurso extraordinario de nulidad (fs. 27/31 vta.), el que fue denegado con fecha 16 de septiembre de 2016 (fs. 33/35).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial ante la aludida instancia, doctor Carlos Carnevale, articuló recurso de queja (fs. 36/39 vta.).
Adujo que la decisión que motiva la presente resulta arbitraria por cuanto el a quo realizó un defectuoso análisis de admisibilidad del recurso incoado ya que se excedió ampliamente de las facultades con las que cuenta.
Explicó que de acuerdo a lo establecido por el art. 486 del Código Procesal Penal la Cámara sólo puede controlar “si se trata de uno de los recursos que pueden deducirse ante la Suprema Corte, si hay sentencia definitiva y si el recurso es interpuesto en plazo y forma”, por lo que aquélla no puede analizar la procedencia o no de los agravios expuestos en el remedio extraordinario (fs. 37 vta.).
Indicó que el órgano intermedio “asimila -erróneamente- análisis de admisibilidad con el estudio de la suficiencia (…) soslayando de plano el hecho de que sólo se encuentra facultado para analizar los recaudos formales de admisibilidad del recurso interpuesto, no así para evaluar la suficiencia técnica del mismo”; puesto que esto último “implicaría estudiar la viabilidad o no del planteo de fondo, de la cuestión federal alegada”.
Transcribió un tramo de auto denegatorio y observó que tales consideraciones suponían previamente que el a quo realizó valoraciones sobre la procedencia del mismo “ingresando al análisis de los motivos de agravio”.
Exteriorizó que la declaración de inadmisibilidad del recurso implicó la vulneración de lo normado en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11 y 15 del Constitución provincial; 1, 8.2.h y 25 de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P., en relación con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial (fs. 38 vta.).
3. La queja es improcedente.
a. Para arribar al pronunciamiento desestimatorio, la alzada liminarmente aludió a lo resuelto por esta Corte en la causa P. 126.097.
Luego, apreció que el impugnante desarrolló a lo largo del recurso una crítica respecto a la interpretación que se efectuara sobre las pruebas colectadas en la causa, en especial a lo largo el debate oral realizado, “formulando su razonamiento en base a su propia opinión sobre el modo en que ocurrieron los hechos”.
En dicho escenario, recordó que el objeto de la vía extraordinaria de nulidad debe referirse a la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal o incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces.
Expresó que en autos el recurrente dirige sus cuestionamientos a la apreciación de la prueba y al análisis efectuado de ellas, temas ajenos a la vía intentada.
Para más expuso que este recurso “ tiene por finalidad el contralor del cumplimiento de ciertas formalidades prescriptas por la Constitución Provincial para las sentencias definitivas. Solo apunta al fallo sin que quepa escrutar los procedimientos previos a la sentencia definitiva y tampoco el acierto o la profundidad de lo decidido que es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Su objetivo, entonces, es asegurar la observancia de ciertas formas impuestas a los pronunciamientos de última instancia ” (fs. 34 vta., cursiva en el original).
b. De lo reseñado,
P. 125.796
no se advierte que el Tribunal intermedio se haya excedido en el control de admisibilidad que le corresponde efectuar, desde que examinó los supuestos en los que procede la vía en cuestión y determinó que las críticas ensayadas por el impugnante en el recurso impetrado no encuadraban en ninguno de ellos.
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
De este modo, el quejoso no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal en base al cual se desestimó el remedio impugnativo.
4. En función de todo lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar el recurso de queja interpuesto a favor de José María Pindave, con costas (art. 486 bis y ccds. -según ley 14.647-, 491 y 494 -cfe. ley 13.812-, todos del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia