Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128472
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial departamental a favor de Juan Marcelo Almirón, con costas (art. 486 bis del CPP).
"ALMIRON, JUAN MARCELO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 992 DE LA CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL DE BAHÍA BLANCA, SALA I".
La Plata, 21 de marzo de 2018.-
La presente causa P. 128.472-RQ, caratulada: "Almirón, Juan Marcelo s/ Recurso de queja en causa N° 992 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I",
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante auto dictado el 20 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad incoado contra el decisorio de dicho órgano que no hizo lugar al recurso de apelación y confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que condenó a Juan Marcelo Almirón a la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, como autor penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, amenazas reiteradas -dos hechos-, lesiones leves agravadas y resistencia a la autoridad, en concurso real (v. fs. 77/80 vta.).
II. En objeción a ello, el defensor oficial departamental -doctor Carlos Carnevale- interpuso recurso de queja en los términos del art. 486 bis, Código Procesal Penal (v. fs. 81/83 vta.).
Narró los antecedentes del caso y expuso que en la vía extraordinaria cuestionó la falta de fundamentación legal de la sentencia revisora -arts. 371, CPP; 18, Const. nac.; 15, 168 y 171, Constitución provincial; 8, CADH; 14, PIDCP- (v. fs. 81 vta./82).
De seguido, transcribió una parcela del auto adverso, y lo tachó de arbitrario por incurrir en exceso (v. fs. 82). En dicho marco, reprodujo el art. 486 del Código Procesal Penal, y se explayó sobre las facultades conferidas en pos del juicio de admisibilidad (v. fs. cit.). Concluyó en que se encuentra vedado a la Cámara "analizar la procedencia o no de los agravios" llevados en el carril extraordinario (v. fs. cit. in fine/vta.).
Postuló que se cercena a Almirón el acceso a la jurisdicción y el derecho a obtener una efectiva protección judicial -arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11 y 15, Constitución provincial; 1, 8.2.h y 25, CADH; 14.5, PIDCP- (v. fs. 83).
Para finalizar, requirió que se admita la vía de hecho y se declare mal denegado el recurso extraordinario (v. fs. 83 vta.).
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
1. En primer lugar, la Sala Segunda reseñó los embates llevados a su conocimiento. Expuso que la parte denunció omisión de fundamentación legal en la confirmación del fallo primigenio, específicamente citó -textualmente- el reproche por el cual se queja que el decisorio revisor "no fundamenta debidamente la decisión adoptada" sobre la carencia de motivación para la acreditación del hecho delictivo, y la instancia de la acción penal (v. fs. 77 vta./78). Sentado ello, recordó las causales propias del carril intentado y razonó que "la falta de fundamentación alegada se vincula exclusivamente con el criterio interpretativo" del juzgador en la ponderación de la prueba reunida en la causa, "intentando poner en jaque aspectos del fallo que tienen que ver con el mérito de la decisión y con el alcance o profundidad de lo decidido", cuestiones que -indicó- resultan ajenas al remedio intentado. Reforzó ello con cita de resolutorios de esta Corte (v. fs. 78 vta./79).
Especificó que el deber de fundamentación sólo exige que el acto sentencial halle respaldo legal, es decir "que contenga una cita legal o que cuente con una motivación que permite determinar el itinerario lógico y jurídico que derive la decisión" (fs. 79 in fine). Finalmente, adjetivó de "improcedente" el reclamo de la defensa, y entendió que el decisorio cumplimentaba la exigencia aludida, dirigiéndose los agravios -en puridad- a cuestionar el acierto o error de lo resuelto (v. fs. 79 vta.).
2. De lo reseñado se desprende que, más allá de la terminología empleada por el órgano intermedio, el juicio negativo debe confirmarse.
Ello pues, acotándose el embate a denunciar el exceso del órgano -y desestimado éste- resta agregar que la defensa no controvierte los argumentos que dieron sustento al juicio de admisibilidad negativo, a fin de evidenciar que su ensayo -lejos de cuestionar el acierto o profundidad de la decisión- portara una denuncia concreta de falta de fundamentación, en los términos exigidos por la vía escogida (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov., art. 491, CPP).
IV. En función de lo señalado, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento argumental.
V. Tampoco recibe acogida favorable al agravio vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCP), atento a la generalidad del planteo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial departamental a favor de Juan Marcelo Almirón, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia