Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128965
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor defensor oficial de Dolores a favor de Fernando Ezequiel Peirano, con costas (art. 486 bis del CPP)
La Plata, 25 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.965-RQ, caratulada: "Peirano, Fernando Ezequiel s/ Recurso de queja en causa N° CP 2513/16 de la Cámara de Apelaciones de Necochea".
I. De las copias aportadas por la parte se desprende que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea, por auto dictado el 26 de abril de 2017, denegó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial contra la sentencia de dicho tribunal de alzada por la que se confirmó -parcialmente- la condena impuesta a Fernando Ezequiel Peirano como autor penalmente responsable del delito de robo simple, modificando la pena única a tras años y seis meses de prisión y costas (v. fs. 64-67 vta.).
II. El Defensor Departamental de Dolores, doctor Daniel Ignacio Arias Duval, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 71-76).
Señaló que había especificado la cuestión federal que era materia de agravio -la errónea revisión de la determinación judicial de la pena impuesta en los términos de los arts. 18 y 75 inc. 22 C.N. en función del 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP- y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitaba el tratamiento de la cuestión inaplicando el valladar formal prescripto en el art. 494 del CPP (v. fs. 73 vta.-74).
Afirmó que el a quo debió limitarse a examinar si se había planteado la cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad y no extenderse a resolver la aptitud de la misma como tal, ya que con ello ha efectuado un autoanálisis de su propia actuación (v. fs. 74 y vta).
Consideró que la interpretación del art. 486 del CPP adoptada por la Cámara resulta violatoria del derecho del imputado al juez natural, al debido proceso y a la imparcialidad del juzgador, con invocación del precedente "Dieser" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dando cuenta que con también se pone en juego el derecho del imputado a impugnar la condena ante un juez o tribunal superior en los términos del art. 8.2.h de la CADH (v. fs. 75-76).
III. La queja es improcedente.
En efecto, el a quo sustentó el juicio negativo de admisibilidad en que no dándose los presupuestos establecidos en el art. 494 del CPP en razón del monto de la pena impuesto al causante, no se evidenció que se encuentren involucradas cuestiones federales en el recurso ya que no es suficiente la generalizada invocación de violación a determinadas garantías constitucionales, en tanto sólo su correcto planteamiento obligaría a esta Corte a tratar la cuestión como recaudo para un potencial remedio federal en los términos del art. 14 de la ley 48 (v. fs. 65-67).
Tales extremos no fueron cuestionados eficazmente en la queja ya que el escrito portador de la misma sólo ofrece una perspectiva diferente sobre la manera en que la Cámara cumplió con lo normado en el art. 486 del Código Procesal Penal y lo hizo con referencias genéricas y dogmáticas que no han sido suficientes para enervar dicho juicio si se relaciona lo explicitado en el acápite II de la presente.
IV. Para más, las denuncias efectuadas en torno al presunto exceso desplegado en el juicio de admisibilidad en cuestión tampoco es de recibo en atención a que no se observa que el Tribunal de Alzada haya trastocado el sistema pergeñado por la reforma de la ley 14.647, al compulsar si se ha planteado con la suficiencia y carga técnica necesarias las cuestiones federales que excepcionarían los límites a la recurribilidad objetiva previstos en el mencionado art. 494 del ordenamiento ritual.
V. Las censuras en punto a la violación a las garantías del juez natural y de imparcialidad del juzgador, además, es el producto de una reflexión tardía.
En efecto, desde que la vía de hecho fue estructurada conforme los parámetros de la ley 14.647, el autor de la queja conocía que el primer juicio de admisibilidad sobre la vía de inaplicabilidad de ley articulada iba a ser efectuado por el quo sin que en ese momento se esgrimiera situación alguna que se enmarcara en tales postulados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el señor defensor oficial de Dolores a favor de Fernando Ezequiel Peirano, con costas (art. 486 bis del CPP)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia