Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127562 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta y declarar mal denegado el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 494 y ccds. del C.P.P.).
P. 127.562-RQ - “Ledesma, Sebastián Gustavo s/ Recurso de queja en causa n° 608 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”.-
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 127.562-RQ, caratulada: “Ledesma, Sebastián Gustavo s/ Recurso de queja en causa n° 608 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, el 23 de junio de 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Defensor General de Dolores, Doctor Daniel Ignacio Arias Duval, contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 3 de Dolores que lo condenó a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor penalmente responsable de delito de desobediencia (dos hechos), revocó la condicionalidad de la pena impuesta en causa 632/143 por el citado Juzgado e impuso pena única de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento (fs. 47/48).
Para arribar a tal decisión, afirmó que no se cumplió con la exigencia del monto de pena del art. 494 del C.P.P. (fs. 47 vta.).
De seguido, aclaró que las críticas de la defensa (inobservancia de la ley sustantiva, violación del debido proceso, defensa en juicio, absurdo en la valoración de la prueba) no trascendieron de una mera discrepancia subjetiva con el temperamento adoptado (fs. 48).
Destacó que los agravios fueron abordados y se brindaron los argumentos en base a los cuales se desestimaron. Adujo que en la vía extraordinaria en trato se desoyeron los fundamentos del fallo Cámara (fs. cit.).
Concluyó que el apelante no logró demostrar la errónea aplicación o interpretación normativa, “resultando insuficiente la dogmática afirmación realizada” (fs. cit.)
2. La defensa oficial presentó queja (fs. 49/59 vta.).
Sostuvo que al momento de interponer el carril extraordinario de inaplicabilidad se especificó la cuestión federal materia de agravio (absurdo en la valoración de prueba; violación del debido proceso y defensa en juicio) y se citaron los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional, circunstancias que, según el recurrente, hacían inoperantes las limitaciones del art. 494 del C.P.P. (fs. 55 vta./57 vta.).
A continuación, afirmó que el Tribunal revisor debió limitarse a examinar si se había planteado la cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad y no debió resolver la aptitud de la misma (fs. 57 vta.).
Por último, indicó que la interpretación del art. 486 del C.P.P. adoptada por la Cámara quebrantó las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad, toda vez que ella misma revisó el fallo invadiendo competencia propia de esta Corte y dejó inoperante la garantía de revisión amplia (art. 8. 2. h. de la C.A.D.H. y 14. 5. del P.I.D.C. y P. -fs. 58/vta./59-).
3. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Como lo puso de manifiesto el defensor oficial, el Tribunal revisor se excedió en el juicio de admisibilidad pues trató el fondo del reclamo al sostener que los planteos de la defensa “fueron examinados por [la] Alzada, brindando los argumentos, en extenso, que condujeron a tal decisión” y que el apelante “no ha podido demostrar un apartamiento o errónea aplicación o interpretación de la normativa en que se ha basado la sentencia dictada oportunamente” (fs. 48; cfe. doct. arts. 483, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.376, res. del 14/X/2015; P. 126.097, res. del 11/XI/2015; P. 126.219, res. del 16/XII/2015; P. 126.184, res. del 16/XII/2015; P. 125.549, res. del 29/XII/2015; P. 126.076, res. del 2/III/2016, e.o.).
4. En función de lo resuelto en el punto anterior, corresponde a esta Corte asumir competencia positiva y examinar la admisibilidad de la vía en trato.
a. Como lo puso de manifiesto la Cámara, no se cumplieron las exigencias formales del art. 494 del C.P.P..
Sin perjuicio de ello, este Tribunal tiene dicho que aun cuando no estén satisfechos tales requisitos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” del Máximo Tribunal nacional; causas P. 111.161, res. del 22/VIII/2012; P. 113.358, res. del 27/II/2013; P. 118.109, res. del 11/VI/2014; P. 120.308, res. del 26/VIII/2015; P. 126.530, res. del 20/IV/2016; entre muchas otras de esta Corte).
Sin embargo, tal situación no acontece en el caso pues los embates de pretenso cariz federal no se desarrollaron con la carga técnica necesaria para sortera las exigencias del art. 494 cit. (arts. 14 y 15 de la ley 48 a contrario sensu):
b. De la lectura de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley surge que el impugnante tachó de absurda la valoración de la prueba. Entendió que no es posible tener por acreditados los dos hechos de desobediencia en base a los dichos de Ethel Bell (denunciante que llamó a la policía informando la violación por parte de Ledesma de la restricción de acercamiento) y de los funcionarios policiales intervinientes (en el primer hecho, la oficial Laura Burgos, a raíz del llamado telefónico, se constituyó en el lugar de los acontecimientos y constató que el imputado, Sebastián Gustavo Ledesma, se encontraba en el domicilio de su hermana Andrea Ledesma, siendo esta vivienda lindante con la de la denunciante Bell -fs. 41 vta./42-).
Según el quejoso, dichos elementos resultan insuficientes para tener por acreditada la tipicidad subjetiva (dolo) y la lesión al bien jurídico. Resaltó que a su asistido nunca se lo encontró en casa de Bell y que no puede afirmarse el dolo por la sola presencia en un domicilio cercano al de ésta última (fs. 41 vta./42 vta.).
A continuación, puso de resalto que la orden de restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Paz en el expediente 27266, en rigor, no prohibía a Ledesma “acercarse al domicilio” de Bell, como lo sostuvo el juzgado de mérito, sino “acceder” al mismo. Por tales motivos, entendió que para desobedecer dicha manda no era suficiente acercarse a la vivienda sino que Ledesma debía acceder, situación que no aconteció pues el encausado fue aprehendido a veinte metros del domicilio en cuestión. Según la defensa, ni siquiera hubo un principio de ejecución del delito de desobediencia (art. 42 del C.P. -fs. 43/44-).
Concluyó que todo lo expuesto derivó en el dictado de un fallo arbitrario y en la violación del derecho al recurso, debido proceso y defensa en juico (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8 de la C.A.D.H.; 14 del P.I.D.C. y P.; 10 de la D.U.D.H.; XXXVI de la D.A.D.D.H. -fs. 44 vta.45-)
b. Ahora bien, siendo que únicamente se examinarán las críticas de pretenso cariz federal, no se efectuará ninguna consideración en torno a la tacha de absurdo en la valoración de la prueba ya que no encuadra dentro de dichas temáticas por ser una doctrina creada pretorianamente por esta Corte (cfe. P. 125.551, res. del 20/V/2015 y P. 121.572, res. del 30/III/2016 de esta Corte).
c. Para el caso de considerar que los fundamentos utilizados para sustentar el absurdo también fundaron la arbitrariedad y la supuesta violación del derecho defensa en juicio y debido proceso, lo cierto es que dichos agravios tampoco son de recibo.
En efecto, la crítica referida al modo en que la Cámara valoró los hechos y la prueba (dichos de la denunciante Bell y de los funcionarios policiales intervinientes) no puede tener acogida favorable en tanto la parte se limitó a expresar un mero criterio discrepante con el temperamento adoptado por el órgano revisor (v. sentencia de fs. 27/31 vta.) sin demostrar que tales argumentaciones configuraran un tópico de cariz federal desarrollado con la suficiencia y carga técnica necesaria.
Por otra parte, la manifestaciones vinculadas con la supuesta falta de acreditación de dolo y las consideraciones sobre la extensión de la orden de restricción de acercamiento del juzgado de paz (si prohibía “acceder” al domicilio de Bell o simplemente “acercarse”) -pieza que la defensa oficial no adjuntó al expediente a pesar de su utilidad (cfe. art. 486 bis del C.P.P.)-, lo cierto es que tales planteos no fueron expuestos en el recurso de apelación (fs. 2/7) oportunidad en la que -en lo que aquí interesa- se cuestionó únicamente la violación del principio in dubio pro reo y la presunción de inocencia fundada en el modo en que se valoraron los testimonios de cargo (dichos de la denunciante Bell y de los funcionarios policiales actuantes). En suma, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la defensa oficial efectuó un viraje argumental pues se agregó matices novedosos que no había sido llevado a conocimiento del a quo y que, en consecuencia, son producto de una reflexión tardía.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta y declarar mal denegado el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia