Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128186 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor General del Departamento Judicial de Dolores, Doctor Daniel Ignacio Arias Duval, a favor de Luis Enrique Rodríguez Lorda contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.186-RQ - “Rodríguez Lorda, Luis Enrique s/ Recurso de queja en causa n° RC 634 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”.-
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.186 -RQ, caratulada: “Rodríguez Lorda, Luis Enrique s/ Recurso de queja en causa n° RC 634 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, el 26 de octubre de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial Luis Enrique Rodríguez Lorda contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 3 que lo condenó a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas (fs. 64/65).
Para arribar a tal decisión, trajo a colación los precedentes “Strada” y “Di Mascio” de la Corte nacional y afirmó que la mera invocación de la violación del derecho de defensa en juicio, del debido proceso (art. 18 de la C.N.) y de los arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P. no resulta suficiente para habilitar la vía intentada.
Concluyó que la parte se limitó a exponer una mera opinión discrepante con el temperamento adoptado, extremo que no resulta apto para habilitar la vía intentada.
2. El Defensor General, Doctor Daniel Ignacio María Arias Duval, presentó queja (fs. 67/73 vta.).
Indicó que el Tribunal revisor debió limitarse a examinar si se había planteado la cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad y no extenderse a resolver la aptitud de la misma. Consideró que el a quo efectuó un “autoanálisis” de su propia actuación en base a frases genéricas y dogmáticas.
Según el quejoso, se debió verificar la concurrencia de los requisitos formales en torno a las cuestiones federales sin expedirse sobre el fondo. Adunó que la interpretación del art. 486 del C.P.P. adoptada por la Cámara quebrantó las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad, toda vez que ella misma revisó el fallo invadiendo competencia propia de esta Corte.
Por último, expuso que la denuncia de afectación de la garantía de revisión amplia (art. 8. 2. h. de la C.A.D.H. y 14. 5. del P.I.D.C. y P.), de conformidad con la doctrina fijada en los precedentes “Casal”, “González Arroyo”, “Martínez Caballero” de la Corte nacional y “Herrera Ulloa” de la Corte I.D.H., no puede ser resuelta por la Alzada por ser justamente dicho órgano, el que dictó la resolución que se impugna.
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP).
a. La denuncia de exceso en la jurisdicción, vinculada con la supuesta violación de las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad, no puede tener acogida favorable.
En efecto, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal -extremos respecto de los cuales se expidió el a quo- es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o.).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
b. Por otra parte, la defensa oficial no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal vinculado con la falta de carga técnica de las denuncias de pretensa índole constitucional pues se limitó a tildar de arbitrario y dogmático el juico de admisibilidad negativo sin evidenciar la existencia de una relación directa e inmediata entre los tópicos de pretenso cariz federal desarrollados en el carril del art. 494 del ritual (fs. 55/62) y lo debatido y resuelto por la Alzada al confirmar el fallo de primera instancia (fs. 39/42).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor General del Departamento Judicial de Dolores, Doctor Daniel Ignacio Arias Duval, a favor de Luis Enrique Rodríguez Lorda contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia