Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128809
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Fabián Horacio Montenegro López (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.809-RQ, caratulada: "Montenegro López, Fabián Horacio s/ Recurso de queja en causa N° RC 662 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, merced al pronunciamiento dictado el 23 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 que condenó a Fabián Horacio Montenegro por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes, a la pena única de ocho años y un mes de prisión de efectivo cumplimiento, comprensiva de la de siete años y seis meses de prisión dictada en el marco de la causa n° 259 y acumulada n° 19 que fuera impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1 por ser autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa (dos hechos) y desobediencia, con más el pago de una multa de once pesos con veinticinco centavos (v. fs. 137/139).
Para ello, luego de verificar que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por el art. 494 del Código Procesal Penal, señaló que de una atenta lectura del escrito recursivo se advertía que la parte sólo se limitaba a argumentar la configuración en el caso de un supuesto de arbitrariedad por omisión de fundamentos en referencia a la meritación del monto de pena, a la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal; 210 y 373 del Código Procesal Penal; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 147 vta.).
Agregó que no obstante lo expresado, el recurrente se limitaba a discrepar con la forma en se había resuelto la presente y analizado la sentencia dictada en la instancia, mas en ningún momento demostraba un apartamiento o errónea aplicación o interpretación de la normativa en que se basó la sentencia, tratándose tan sólo de argumentaciones meramente subjetivas (v. fs. 147 vta./148).
Indicó también que para interponer recurso extraordinario alegando un supuesto de arbitrariedad como pretendía la Defensa, debía intentar acreditarse que el fallo no respetaba las máximas de la experiencia ni las reglas de la lógica o bien que los jueces que la sustentaron incurrieron en un capricho, voluntad o arbitrio para decidir (v. fs. 148).
En definitiva, propició la inadmisibilidad del remedio intentado por no encontrarse previsto el caso entre los supuestos contemplados en el art. 494 del Código Procesal Penal ni incurrir en violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 148 vta.).
II. Frente a lo decidido, la señora Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil -doctora María Carolina Brignoles-, en reemplazo del doctor Daniel Ignacio María Arias Duval, presentó recurso de queja (v. fs. 150/162).
Indicó que el Tribunal revisor debió limitarse a examinar si se había planteado la cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad y no extenderse a resolver la aptitud de la misma. Consideró que el a quo efectuó un "autoanálisis" de su propia actuación en base a frases genéricas y dogmáticas (v. fs. 157 vta./158).
Según el quejoso, se debió verificar la concurrencia de los requisitos formales en torno a las cuestiones federales sin expedirse sobre el fondo (v. fs. 158).
Por otra parte, y en orden "... a la imposibilidad de interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en casos como el que nos ocupa ..." (fs. 159, el destacado en el original) trajo a colación un precedente de esta Corte en el que -según su entender- se resolvió lo contrario.
Agregó que el resolutorio que deniega el remedio articulado, contiene manifestaciones respecto de las cuales resulta imposible por su generalidad, ejercer el derecho de defensa en juicio (v. fs. 160 vta./161).
De este modo, alegó que la interpretación del art. 486 del Código Procesal Penal adoptada por la Cámara quebrantó las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad, toda vez que ella misma revisó el fallo invadiendo competencia propia de esta Corte (v. fs. 161).
Por último, expuso que la denuncia de afectación de la garantía de revisión amplia (arts. 8 inc. 2 apdo. "h", CADH y 14 inc. 5, PIDCP), de conformidad con la doctrina fijada en los precedentes Casal, González Arroyo, Martínez Caballero de la Corte nacional y Herrera Ulloa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser resuelta por el Tribunal de Alzada por ser justamente dicho órgano, el que dictó la resolución que se impugna (v. fs. 161 y vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP).
1. Más allá de la desprolija técnica empleada por el Tribunal de Alzada para llevar adelante el juicio de admisibilidad, como así también lo desacertado de algunas consideraciones (tales como que "...restaría evaluar los supuestos previstos en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires" -fs. 147 vta.-, o que el caso no incurre en violación de los mencionados preceptos -fs. 148 vta.-), lo cierto es que dicho escrutinio debe ser confirmado.
De su lectura se aprecia que la Cámara se expidió sobre la suficiencia y carga técnica necesarias con que fue planteado el agravio de naturaleza federal referido a la arbitrariedad. Y dicho extremo es parte integrante del juicio de admisibilidad, lo que de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P. 125.455, res. de 13-V-2015, P. 125.523, res. de 20-V-2015, P. 125.506, res. de 3-VI-2015, P. 125.630, res. de 17-VI-2015, P. 125.577, res. de 17-VI-2015, entre otros).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo de agravio que habilitaba su admisibilidad.
2. Además, la Defensa Oficial no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal por el cual la Cámara -juntamente con lo dicho en el párrafo anterior- afirmó que la parte se limitaba a discrepar con lo resuelto y analizado en la sentencia oponiendo argumentaciones meramente subjetivas.
De hecho, ésta sólo tildó de arbitrario y dogmático el juicio de admisibilidad negativo sin evidenciar la existencia de una relación directa e inmediata entre los tópicos de pretenso cariz federal desarrollados en el carril del art. 494 del ritual (arbitrariedad y violación a la revisión amplia de la sentencia condenatoria -v. fs. 133/141-) y lo debatido y resuelto por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia (v. fs. 118/120 vta.).
Conforme lo expuesto, queda sin sustento la denuncia que alude a supuesta violación de las garantías de juez natural, debido proceso, imparcialidad y revisión amplia del fallo de condena.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Fabián Horacio Montenegro López (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia