Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128834
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial a favor de Miguel Ángel Díaz (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° RC-659 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS DE DOLORES".
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.834-RQ, caratulada: "Díaz, Miguel Ángel s/ Recurso de queja en causa N° RC-659 de la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, merced al pronunciamiento dictado el 30 de marzo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que confirmó la del Juzgado en lo Correccional n° 3 que había condenado a Miguel Ángel Díaz a la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso de armas y encubrimiento en concurso real (v. fs. 103/105 vta.).
Para así decidirlo, luego de verificar que no se encontraban cumplidos los recaudos exigidos por el art. 494 del Código Procesal Penal y afirmar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituía el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, señaló que la mera invocación de la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, sin concretar el agravio en particular, no resultaba suficiente para habilitar la vía recursiva intentada (v. fs. 104).
En ese escenario, sostuvo que la defensa se limitaba a discrepar con la forma en que se había resuelto y analizado el pronunciamiento fallado en la presente causa "...mas en ningún momento ha podido demostrar un apartamiento o errónea aplicación o interpretación de la normativa en que se ha basado la sentencia dictada oportunamente, tratándose tan sólo de argumentaciones meramente subjetivas" (fs. 104 y vta.).
Aludió a la arbitrariedad de las sentencias, y concluyó que para interponer recurso extraordinario como pretendía la defensa, debía alegarse o intentar acreditarse que el fallo no respetó las máximas de experiencias, ni las reglas de la lógica, que los jueces que los sustentaron incurrieron en capricho, voluntad o arbitrio para decidir (v. fs. 104 vta.).
II. El defensor oficial presentó queja por recurso extraordinario denegado (v. fs. 107/119).
Sostuvo que al momento de interponer el carril extraordinario de inaplicabilidad se especificó la cuestión federal materia de agravio (arbitrariedad y afectación al derecho a la revisión amplia -v. fs. 20/29 vta.-) y se citaron los fallos Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional, circunstancias que, según el recurrente, hacían inoperantes las limitaciones del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 115 vta./116 vta.).
A continuación, afirmó que el Tribunal revisor debió limitarse a examinar si se había planteado la cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad y no debió resolver la aptitud de la misma (v. fs. 116 vta.).
Por último, indicó que la interpretación del art. 486 del Código Procesal Penal adoptada por la Cámara quebrantó las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad, toda vez que ella misma revisó el fallo invadiendo competencia propia de esta Corte y dejó inoperante la garantía de revisión amplia (118 y vta.).
III. La queja formalizada es improcedente, en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado (art. 486 del CPP).
Si bien es cierto que el a quo al sostener que el impugnante no pudo demostrar "...un apartamiento o errónea aplicación o interpretación de la normativa en que se ha basado la sentencia dictada..." (fs. 104 y vta.), efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad -tal como lo advirtió el quejoso- lo cierto es que el argumento basal de la resolución en crisis consistió en que la defensa se limitaba a ofrecer una opinión discrepante con lo fallado, invocando la violación de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, sin concretar el agravio en particular, lo que no resultaba suficiente para habilitar la vía recursiva intentada.
De tal modo, el autor de la queja no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el aludido óbice formal sobre el cual se edificó la decisión denegatoria (falta de suficiencia del planteo federal incoado).
En este escenario, la denuncia de violación a las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad no puede prosperar en razón de que la fundamentación es genérica y no se refiere concretamente a las constancias de la causa. En definitiva, no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el señor defensor oficial a favor de Miguel Ángel Díaz (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2835
Fin de la sentencia