Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°852
P. 127.795-RQ - “Franco, Luís Antonio s/ Recurso de queja en causa N° 70.503 del Tribunal de Casación, Sala IV”.
///Plata, 23 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.795-RQ, caratulada: “Franco, Luís Antonio s/ Recurso de queja en causa N° 70.503 del Tribunal de Casación, Sala IV”,
1. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de mayo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Luís Antonio Franco, contra la decisión de ese órgano que resolvió casar parcialmente la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial San Martín, readecuando la pena impuesta en función de la pauta atenuante mal rechazada, fijando la misma en once años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma de fuego, sin costas en esta instancia (fs. 39/42).
Para arribar a tal decisión, afirmó que si bien se cumplió con el recaudo del monto de pena del art. 494 del C.P.P., no acontece lo mismo con la índole de los agravios (fs. 40).
En tal sentido, sostuvo que la denunciada violación del derecho a ser oído como consecuencia de no haberse practicado la audiencia de visu que pauta el art. 41 inc. 2º del C.P., se debía rechazar por la plena aplicabilidad de la doctrina de los propios actos, en el entendimiento de que conforme surge del memorial presentado por el mismo recurrente, éste desistió de la celebración de la audiencia de informe pautada por el art. 456 in fine del rito, ejerciendo la facultad conferida por el art. 458 del mismo plexo normativo.
Expresó que “la propia defensa en el pleno ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento ritual decidió no sustanciar audiencia alguna, ámbito en el cual debía llevarse a cabo el comparendo de su asistido” y que “atento el carácter eminentemente técnico de dicha diligencia, podría -no obstante su desistimiento- haber solicitado el comparendo personal del imputado a efectos que los sentenciantes tuviesen oportunidad de tomar contacto personal con el imputado, cuestión que tampoco llevó a cabo” (fs. cit.).
Adunó a ello el criterio establecido en el precedente P. 108.337 de esta Corte (fs. 40 vta./41) y concluyó que, en el caso, “no se vislumbra elemento alguno que haga presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, toda vez que del contenido del mismo se desprenden cuestionamientos de índole probatorio que no resultan susceptibles de ser abordados a través del recurso de inaplicabilidad de ley” (fs. 41).
Con relación a la denunciada violación del art. 41 inc. 2º in fine del Código Penal, sostuvo que la audiencia de visu allí establecida encuentra su realización legalmente condicionada a través del mismo texto por la expresión “en la medida requerida para cada caso” (conf. P. 98.546, sent. 12/X/2011 de esta Corte).
Por todo lo expuesto, resolvió que “el recurso no presenta la idoneidad y carga técnica necesaria para abrir la instancia pretendida, desde que no cumple con el planteo suficiente de una cuestión federal que resulte apta para conceder la vía extraordinaria intentada” (fs. 41 vta.).
2. Contra esa forma de resolver se alzó el doctor Nicolás Agustín Blanco -Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación- mediante recurso de queja -cfe. art. 486 bis, C.P.P., t.o. ley 14.647- (fs. 46/51 vta.).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de admisión de la vía y de repasar los antecedentes que consideró relevantes del caso, para justificar la fundabilidad de su intento, advirtió que resulta aplicable al caso lo fallado en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” por la C.S.J.N., y arts. 5 y 31 de la C.N. (fs. 47 vta./48).
Tachó a la negativa de arbitraria “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la [p]rovincia” (fs. 48).
Remarcó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal en atención a que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída (arts. 18 y 75 C.N., 8.1. C.A.D.H.); b) se vincula de manera directa con la solución del caso porque amerita la anulación de la sentencia atacada y su reenvío para el dictado de un nuevo pronunciamiento que garantice el derecho del imputado a ser oído; c) está en relación directa con la solución, pues de acogérselas, habrá de permitir que dicho pronunciamiento reduzca la pena impuesta; d) fue oportunamente planteada pues se originó de manera originaria en la sentencia casatoria y e) el gravamen es actual (v. fs. 48 y vta.).
Con sustento en la doctrina de los aludidos fallos federales, expresó que esta Corte se encuentra obligada a intervenir como instancia previa al Máximo Tribunal nacional (fs. 48 vta./49). Agregó que las limitaciones estipuladas por la ley procesal sobre la materia deben ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales por quebrantar los arts. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121 y 124 de la C.N. “a fin de tutelar el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, a ser oído” (fs. 49).
Puso de resalto que la sede intermedia, defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia e ingresando en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal, desnaturalizando así la función asignada por el art. 486 del digesto adjetivo. Citó, al efecto, lo resuelto en causa P. 85.977 (fs. 49 vta./50).
Explicó que la referida audiencia personal con el imputado es una obligación constitucional y convencional destinada a garantizar el derecho del mismo a ser oído y a la no arbitrariedad de la sentencia condenatoria (fs. 50 vta.). En tal sentido, esgrimió el apartamiento de la doctrina de la Corte federal en el precedente “Maldonado”. (fs. 51).
Concluyó que el recurso denegado no sólo portaba la fundamentación mínima requerida por toda impugnación para su admisibilidad sino que demostraba directamente su procedencia, y que los límites establecidos en el art. 494 del C.P.P. deben ser inaplicados o, en su caso, declarados inconstitucionales (v. fs. 51).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Si bien de la reseña que antecede surge que el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad, y se inmiscuyó en la fundabilidad del recurso -como acertadamente lo puso de manifiesto el quejoso a fs. 49 vta.-, el juicio negativo debe ser mantenido.
Tal cual surge de la reseña efectuada en el punto 1., la Alzada desestimó el carril extraordinario por estimar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesaria, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18 de la C.N., 8.1. y 5.6. de la C.A.D.H.).
Frente a ello, el quejoso no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 32/38 vta.) y, una vez más, planteó las pretensas cuestiones federales de modo genérico sin vincularlas con las particulares características del caso. En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (art. 14 de la ley 48).
Por otra parte, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los fallos del Máximo Tribunal nacional tampoco es de recibo. En efecto, la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados (v. fs. 47 vta.), en especial “Maldonado”, resultarían aplicables al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquellos y el presente.
Por último, huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo (v. punto 1.) se corresponde con el criterio fijado por esta Corte en numerosos precedentes similares al sub lite (cfe. doct. P. 110.459, res. del 4/IV/2012; P. 109.331, res. del 9/XII/2010, P. 109.001, res. del 26/X/2010, P. 109.618, res. del 2/VII/2010, e.o.).
En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia