Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 125687
En la ciudad de La Plata, a 23 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 125.687 "V., R. E. Particular damnificada- s/ Recurso de queja en causa n° 900.809 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II seguida a C. A. M.-".
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de septiembre de 2014, desestimó los recursos de apelación de la fiscalía y de la particular damnificada y, en consecuencia, ratificó la absolución de C. A. M. en orden al delito de abuso sexual simple (v. fs. 486/488).
La señora R. E. V. en su carácter de particular damnificada- con el patrocinio letrado del doctor Marcelo Manuel Magdalena dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 460/484), el que fue declarado inadmisible por el Tribunal de Alzada (v. fs. 486/488). Contra esa decisión, esa parte articuló queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 582/591 vta.). Por resolución del 17 de agosto de 2016, este Cuerpo admitió la misma y concedió la vía extraordinaria en trato (v. fs. 595/596 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 612/620 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 621, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El hecho por el cual se dictó absolución en las dos instancias previas fue calificado en la requisitoria fiscal como abuso sexual simple en los términos del art. 119, párrafo 1 del Código Penal y descripto del siguiente modo: "En fecha indeterminada pero en el período de tiempo comprendido entre el 14 de noviembre de 2005 y el 20 de noviembre de 2008, en la oficina contigua al drugstore de la estación de servicios Shell, [...] de la localidad y partido de Lanús, el Sr. C. A. M., aprovechando la relación de dependencia que lo unía con la Srta. R. E. V., empleada del establecimiento, abusó sexualmente de ésta última, en el horario de trabajo cumplido por la empleada, mediante tocamientos inverecundos en los glúteos" (fs. 372 vta.).
II. Ante esta Corte la recurrente alegó la falta absoluta de perspectiva de género en el enfoque de juzgamiento del caso de violencia contra la mujer denunciado (v. fs. 469 vta.). Sostuvo que el acoso y el abuso sexual de mujeres en el ámbito laboral es una de las manifestaciones de la violencia de género de mayor crecimiento en los últimos años, por lo que entendió que dicha situación reclama en nuestro país un adecuado tratamiento en el marco del derecho penal.
Aludió a que muchas veces las mujeres cargan con el estereotipo de ser quien provoca al abusador, cuando en realidad son las víctimas del mismo (v. fs. 470). Y que esa mirada es también una forma de violencia de género que fortalece el desequilibrio cultural a favor del hombre y en desmedro de la mujer, reduciéndola a un objeto sexual.
En apoyo de su postura trajo a colación fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como así también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que en su preámbulo refiere a la existencia de la relación social de poder y dominación desigual y discriminatoria en demérito de las mujeres (v. fs. 470 y vta.).
Señaló que pese al derecho a la igualdad consagrado en nuestra Constitución nacional desde 1853, las mujeres continúan siendo un grupo que sufre discriminaciones a partir de su género y que ello se ve reflejado asimismo- cuando deben recurrir a los tribunales de justicia a fin de lograr la resolución de un conflicto, tal como ocurre en este caso (v. fs. 471).
Alegó que en la sentencia de la Sala Segunda, sólo en el voto del doctor Little se hace una mención, aunque dogmática, de la valoración de la prueba con relación a la normativa de la ley 26.485 y a la Convención de Belém do Pará, satisfaciendo de modo aparente la exigencia de adecuada fundamentación, pues los sentenciantes omitieron evaluar los agravios planteados por esa parte (v. fs. 472).
Por ello, tachó de arbitrario el fallo por carecer de la debida perspectiva de género en la valoración de los hechos y las pruebas, lo cual según dijo "...significa que los jueces no tomaron real y efectivamente en consideración la relación social y cultural de poder y dominación desigual y discriminatoria que nos perjudica a las mujeres, ni las características del contexto en las que se desarrolló el hecho de violencia de género que me ha tocado padecer a manos del encartado (relación laboral de dependencia con el agresor)" (fs. 472). Explicó también que fue despedida por no haber accedido a las "apetencias del abusador sexual" (fs. 470).
La recurrente alegó que es indudable la prueba de la falta de consentimiento de la víctima respecto de los tocamientos de índole sexual y controvirtió el argumento empleado por la Cámara a ese respecto. La defensa objetó que, según la Cámara, una pretendida relación íntima que, además, negó- entre la víctima y el victimario implicaría consentir que el hombre, en todo momento y lugar, dispusiera del cuerpo de la mujer para manosearlo a su antojo, con lo cual su conducta sería atípica (v. fs. 474 y sigs.).
La parte sostiene que, a contrario de lo concluido por el Tribunal de Alzada, la damnificada fue categórica "...en todas sus deposiciones respecto de la negativa ante los tocamientos inverecundos del encausado" (fs. 475 y vta.), y que el fallo atacado revela concepciones estereotipadas, soslayando o descalificando su declaración a pesar de que, según la Corte Interamericana, constituye el elemento probatorio fundamental en este tipo de procesos pues "...en un contexto judicial que incluya la perspectiva de género, se debe tener presente con fundamental relevancia, la declaración testimonial de esta víctima..." (fs. 476).
Planteó que, además, existe prueba testimonial que analizó más adelante, a fs. 476 y siguientes- que corrobora los dichos de la denunciante e insistió en que, aun cuando se tratara de una relación amorosa, la mujer no quedaba privada de protección penal en caso de faltar su consentimiento (v. fs. 476 vta. y 477).
Al alegar sobre las probanzas, la defensa se ocupó de las objeciones a los testimonios que corroboraban la versión de la víctima (testigos cuya credibilidad fue puesta en duda por tener acciones legales iniciadas contra el acusado), se refirió al mérito de quienes depusieron a favor del imputado así como a la aplicación del principio de la duda, y resaltó los dichos de quienes no tenían pleito alguno con aquél (v. fs. 477 y sigs.).
Para concluir su fundamentación sobre el vicio de arbitrariedad y la falta de perspectiva de género en la valoración probatoria, analizó las conclusiones de las pericias psicológicas practicadas a las partes (v. fs. 482).
III. El señor Procurador General propició el acogimiento del remedio intentado (v. fs. 612/620 vta.), y así corresponde resolver, según se verá a continuación.
IV. La Cámara de Apelación y Garantías confirmó el veredicto absolutorio dictado en la instancia de mérito.
El doctor Soukop que inauguró el acuerdo- señaló (v. fs. 444 y sigs.):
"...la lectura de la sentencia, de impecable factura, nos revela una cuidadosa síntesis inicial en orden a las líneas argumentales de la Fiscalía, el particular damnificado, como de la Defensa, repasando luego las versiones que a lo largo del debate expusieron los múltiples testigos, para recalar en caracterizada doctrina y precedentes jurisprudenciales sobre aquellas aristas y notas que caracterizan los distintos sistemas de valoración de la prueba, incluyendo en ello la normativa del art. 31 ley 26485, el precedente 'Leiva M.C.' de la CSN, y la Convención de Belem do Pará (conf. ley 24632)"
"Antes de adentrarnos en el detallado análisis de la prueba producida, el sentenciante considera estructurado el cargo en la directa imputación que efectúa la denunciante, abonada por el único testigo –F.-, que refiere haber observado los tocamientos en los glúteos únicos indicados en la intimación-, aunado a otros hechos de naturaleza semejante, pero ajenos al debate, y el estado de aflicción de la víctima, mientras trabajó a las órdenes del incusado, todo ello según el reporte de ex compañeros y allegados"
"Adelanta su parecer indicando que tanto las participaciones de conocimiento que sustentan la acusación, como las que dan credibilidad a la versión del incuso y la de aquellos que la abonan, dando por cierta la relación íntima entre M. y su empleada, poseen grietas, que obturan en definitiva la aprobación de lo que cada bando sostiene".
"Cabe hacer mención que el incusado nada ha dicho sobre el pretendido vínculo, pues se acogió a su derecho a no deponer (art. 18, C.N.) en la etapa inicial, al igual que durante el debate, siendo entonces sólo los testigos quienes refutaron la versión de la denunciante, al explayarse sobre el pretendido vínculo íntimo".
El revisor consideró "impecable y aguda" la ponderación realizada en la instancia de mérito respecto de cada testimonio y continuó:
"Si bien la denunciante ha negado enfáticamente la relación con el encartado, como las salidas junto al aludido, B. y A., la visita a la finca del conocido de M. de apellido V. o las relaciones sexuales con los compañeros de trabajo S. y N., como su intervención en la foto a la que hacen referenciaéstos, manteniéndose en su negativa en las múltiples audiencias de careo sostenidas con los aludidos, lo cierto es que el sentenciante no ha advertido notas de mendacidad en los que la contradicen, y respecto de V., en el contradictorio con A., la notó menos solvente, evaluación de las participaciones de conocimiento, que como indicara ‘supra’ no adolecen de las notas típicas de absurdo o arbitrariedad que sólo podrían mellar el análisis de racionalidad practicado por el sentenciante, al fundar su convicción sobre las mismas".
"Adentrándonos en los distintos testimonios, y manteniendo la línea sostenida en el fallo, se dijo que salvo Hudson, que a juicio del sentenciante es aquella que aparece como la única fuente no contaminada, ni por parentesco, amistad con V. o interés, que no es lo que acontece con el resto de aquellos que abonaron de alguna manera la versión de la denunciante, ya sea percibiendo los tocamientos (caso de F.) o los estados de angustia o llanto motivados en aquellos (A., S., G., C. y G.), deteniéndose en tal sentido el decisorio en ponderar cuidadosamente aquellas circunstancias que le restaban crédito a las participaciones de conocimiento de todos ellos; en el caso de F. único observador del abuso-, por un juicio de daños y perjuicios derivado de la causa penal seguida contra el nocente, o por las acciones legales iniciadas contra el incuso en los casos de A. y C., o por la relación familiar de los restantes".
"Las notas que afeblecían ambas versiones en orden a la supuesta relación íntima que sostenían la denunciante y el empleador M., y de cuya existencia se nutriría el consentimiento que alejaría la tipicidad del abuso, ha sido motivo de cuidadoso análisis a lo largo del fallo, y en verdad no encuentro mácula a partir del juicio de racionalidad que basado en las reglas de la psicología, experiencia común y el recto entendimiento, ha llevado al Magistrado a estimar no acreditada con suficiencia la intolerancia de la denunciante en orden al hecho intimado, aspecto este último medular para la resolución del caso, pues el factum limitado sólo a los tocamientos en los glúteos, en la oficina contigua al 'Drugstore'-, sólo hacía referencia en verdad a un sólo acontecer de abuso, lo que si bien guardaba correspondencia con el marco legal asignado desprovisto de toda nota de reiteración (art. 55 C.P.), no parece compadecerse con los múltiples hechos a los que alude la Fiscalía en su alegato final, cometidos supuestamente durante los años 2005 a 2008, singularidad e insuficiencia a la vez, dado que no encuentro el suceso debidamente circunstanciado, [...] todo lo cual ha de llevar a la homologación de lo actuado...".
Por su parte, el doctor Little adhirió y añadió que no debían emplearse en la argumentación referencias al carácter de la denunciante para no incurrir en una revictimización. También mencionó, aunque sin explicar cómo se aplicaban al caso, el precedente "Leiva" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. de 1-XI-2011) y el "respeto acérrimo" de los principios receptados en la Convención de Belém do Pará y en la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (v. fs. 445 vta./446 vta.).
V. Esa misma perspectiva había sido la adoptada en la absolución dictada por el juez en lo correccional, quien expresó: "...los tocamientos, per se, no dirimen la contienda eso está acreditado-, sino en la medida de correr el velo de la supuesta relación afectiva o como se le quiera rotular- entre V. y M...." (fs. 399). El magistrado se interrogó: "...¿fue o no fue R. V. novia-pareja-amante de C. A. M., a la sazón jefe de la joven mientras esta se desempeñaba a las órdenes del empresario en la estación de servicio y, por ende, los roces y/o tocamientos se consienten en el trance de un vínculo suplementario al laboral?" (ibídem). Luego insistió en que "...el tema del vínculo suplementario al contrato de trabajo cruza todo este juicio en la medida de propender a la resignificación de los tocamientos" (fs. 400).
A lo largo de su análisis de los testimonios y los alegatos de las partes el juez correccional adoptó ese punto de vista, concerniente a la supuesta relevancia de un pretendido "vinculo suplementario al laboral" (v. fs. 400 vta. y sigs.) y lo mantuvo en lo que tituló como "examen definitivo" del caso (v. fs. 405 vta.), concluyendo que por la duda, la posición entre las partes antagónicas "...no logra inclinarse hacia la hipótesis del abuso, los tocamientos inverecundos no consentidos" (v. fs. 407 vta.), a consecuencia de lo cual consideró no demostrada la materialidad ilícita (v. fs. 408 vta.).
VI. El recurso es procedente, pues tal como lo sostiene la impugnante el fallo es arbitrario al haber sido dictado sin perspectiva de género, aun cuando la parte así lo había solicitado al alegar sobre la falta de aplicación real de la ley 24.632 que aprobó la Convención de Belem do Pará y de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (v. fs. 429/430 vta.).
VI.1. El fallo transcripto deja en evidencia en lo que resulta inteligible de la argumentación del a quo-, que el tribunal además de no haber considerado creíble a la denunciante, computó como aspecto "medular para la resolución de[l] caso" (fs. 445) que, de haber mediado una relación íntima entre las partes, cabía derivar que la mujer había consentido el hecho objeto de la acusación.
Ahora bien, sin perjuicio de otras consideraciones, este fundamento, por prejuicioso, no puede dar sostén constitucionalmente válido al pronunciamiento impugnado.
Por otra parte, el uso formal en la sentencia del derecho internacional de los derechos humanos, limitándose a la cita de normas pero sin aplicarlas, es inútil para justificar que se ha juzgado con perspectiva de género.
VI.2. La jueza Highton de Nolasco señaló en el caso "Leiva" (sent. de 1-XI-2011) fallo mencionado pero en modo alguno atendido por los juzgadores-: "3°) Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer 'Convención de Belem do Pará' (aprobada a través de la ley 24.632), en su preámbulo sostiene que la violencia contra la mujer constituye '...una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales...', '...una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres...'. Asimismo, al referirse a cuáles son los derechos que se pretende proteger a través del instrumento, menciona en primer término que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 3°). 4°) Que por otra parte, la ley 26.485 de 'Protección Integral de la Mujer' (reglamentada mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de orden público (artículo 1°) y define los diversos tipos de violencia a la que puede ser sometida una mujer así como también las distintas modalidades en que suele ser ejercida (artículos 5° y 6°); pone en cabeza de los poderes del estado la obligación de adoptar políticas y generar los medios necesarios para lograr los fines perseguidos por la norma (artículo 7°); y finalmente establece un principio de amplitud probatoria '...para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos...', tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31)".
En esta materia, esta Suprema Corte tiene dicho que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la "Convención de Belem do Pará", el juzgador debe analizar y ponderar necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, al ilícito en juzgamiento (conf. causas P. 128.910, sent. de 17-VIII-2016; P. 128.468, sent. de 12-IV-2017; P. 130-580, resol. de 11-VII-2018; e.o.) y que la violencia sexual constituye una de las formas específicas de violencia contra la mujer (causa P. 124.615, sent. de 20-IX-2017).
Según tales criterios, en este caso corresponde el juzgamiento con perspectiva de género en virtud del contexto de desigualdad negativo para la mujer en el cual se denunció como producido el abuso sexual, desigualdad derivada de la relación asimétrica de poder propia del vínculo de empleo que tenía la víctima con el imputado. El juzgar con esa perspectiva propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género.
VI. 3. El empleo de estereotipos de género en el razonamiento de los jueces constituye uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad, y conduce a descalificar su credibilidad y a asignarles una responsabilidad tácita por los hechos denunciados, por ejemplo, en virtud de su relación real o supuesta- con el agresor.
En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando lo que resulta pertinente, mutatis mutandi, para este juicio-, "...el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado (supra párr. 398), es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como
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