Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de V.M.F. (art. 486 bis y concs. del CPP).
"V.M.F. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 23.156 DE LA CAMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE SAN MARTIN, SALA I".
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.845-RQ, caratulada: "V.M.F. s/ recurso de queja en causa N° 23.156 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín, mediante el pronunciamiento del 21 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra su propio decisorio
que confirmó lo fallado por el Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental en cuanto condenó a V.M.F. a la pena de un año y dos meses de prisión en suspenso y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas agravadas por el uso de armas (v. fs. 28/30).
Para así resolver, señaló que la vía en abordaje no reunía el recaudo objetivo de admisibilidad establecido por el art. 494 del Código Procesal Penal, en función del monto de la pena impuesta en autos a Vidal.
No obstante ello, expuso que la misma constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas.
En dicho marco y luego de repasar los motivos de agravio llevados a su conocimiento -transgresión del principio de legalidad, derivación de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Const. nac.); inobservancia de los arts. 210, 366 y 373 del CPP, lo que determinó una arbitraria y absurda valoración por parte del a quo para acreditar el rol autoral del imputado; y violación del principio constitucional in dubio pro reo -, razonó que tal extremo no se da en autos, en tanto la parte "insiste con cuestiones de derecho procesal, sin advertirse en la especie cuestión federal suficiente en los términos del art. 14 de la Ley 48".
En consecuencia, sostuvo que la defensa no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estima comprometidas.
De seguido precisó el carácter excepcional de la arbitrariedad y que la misma no constituye una tercera instancia para las simples discrepancias del recurrente.
En función de lo expuesto, consideró que la cuestión que la recurrente planteó de naturaleza federal "no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos y valoración probatoria sobre los que e[s]a Sala sustentó la sentencia impugnada (...), por lo que el recurso carece (...) de fundamentación autónoma". Sumó a ello que dicho requisito no se satisface con la invocación genérica de causales de inobservancia de un precepto legal, o de arbitrariedad o la aseveración de una solución jurídica distinta cuando no se vinculan directamente con el contenido del fallo que resuelve las respectivas cuestiones (v. fs. 29 vta.).
Concluyó que la cuestión federal invocada por la impugnante no se formuló con la suficiencia y carga técnica necesaria para autorizar excepcionalmente el desplazamiento de las limitaciones objetivas de recurribilidad previstas en el art. 494 del ritual.
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia, doctora Carolina R. Martinez, articuló recurso de queja (v. fs. 33/36 vta.).
Inicialmente, efectuó una reseña de los antecedentes de la causa con especial mención a los embates llevados en el carril denegado (v. fs. 33 vta./34).
Advirtió que los motivos desarrollados en el recurso oportunamente interpuesto se instituyen precisamente en dos causales distintas, ya que se puede establecer que la afectación del principio de inocencia y su desprendimiento y la lesión a la defensa en juicio a partir de una fundamentación aparente y en contravención a la ley, ingresan en la categoría de cuestión federal (v. fs. 35)
Expuso que dado que lo que se encuentra en crisis es la interpretación y consecuente aplicación de una norma de derecho de fondo y de forma que han llevado a cabo las instancias anteriores y su contradicción con principios constitucionales, esta instancia resulta igualmente habilitada en este tipo de supuestos dada la gravedad institucional que importan los vicios denunciados, o por vía de la doctrina de la arbitrariedad.
Finalmente, dijo que la decisión del a quo importó una restricción indebida del remedio impugnativo en tanto se apartó de las reglas que rigen el debido proceso legal frustrando el ejercicio del imputado a reclamar la intervención de un Tribunal Superior para que se atiendan sus pretensiones y sin brindar una fundamentación suficiente con apoyo en las normas legales en vigencia.
III. La queja es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
De la reseña efectuada en el apartado I. surge que el argumento central que derivó en el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se basó en la falta de suficiencia y carga técnica necesaria en el planteamiento de las pretensas cuestiones federales.
En oposición a tal temperamento, las alegaciones de la parte no resultan idóneas para remover tal obstáculo formal, en tanto las mismas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo , limitándose a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal.
De este modo, el quejoso no hizo ningún esfuerzo por demostrar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida, se vinculaban con lo debatido y resuelto en autos (art. 15 de la ley 48).
IV. Finalmente, el planteo de gravedad institucional esbozado tampoco puede tener acogida favorable, en tanto dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de tales características. En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (conf. doctr. P. 120.874, resol. de 17-VI-2015; P. 124.861, resol. de 13-IV-2016; P. 128.268, resol, de 12-VII-2017, e.o.; conf. CSJN, Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de V.M.F. (art. 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia