Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129283
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de Diego Andrés Ruiz (art. 484, 486 bis y concs. del CPP. según ley 14.647).
"Ruiz, Diego Andrés s/ Recurso de queja en causa N° 3908 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.283-RQ, caratulada: "Ruiz, Diego Andrés s/ Recurso de queja en causa N° 3908 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III",
I. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento del 26 de mayo de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad deducidos por la defensa oficial a favor de Diego Andrés Ruiz contra la decisión de ese mismo órgano que confirmó la sentencia del Juzgado de Paz Letrado de Almirante Brown que lo había condenado a la pena de mil quinientos pesos de multa por infracción al art. 74 inc. "a" del decreto ley 8031/73 (v. fs. 15/17).
Para así decidir, en lo que respecta al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, expresó que de acuerdo a la doctrina de esta Corte, el art. 489 del Código Procesal Penal procede cuando se hubiese controvertido y decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local, lo que no ocurría en autos, pues el recurrente no había individualizado norma alguna y había denunciado la violación del debido proceso y la imparcialidad del juzgador, aludiendo expresamente al art. 18 de la Constitución nacional y tratados internacionales. Agregó que la temática traída era propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Por otro lado, encuadró los agravios vertidos en el acápite IV "b", en el recurso extraordinario de nulidad. Luego de explicar los supuestos en los que procede esa vía impugnativa, de acuerdo a la normativa constitucional y procesal y precedentes de este Tribunal que se encargó de citar, manifestó que los cuestionamientos de la parte no encuadraban en aquellas previsiones pues se vinculaban con cuestiones de orden procesal y pretendían cuestionar el acierto o error de lo decidido, cuestiones detraídas de aquel carril impugnativo.
Por último, refirió que la denuncia de menoscabo de garantías constitucionales reafirmaba la conclusión expuesta. En función de lo dicho rechazó los recursos extraordinarios en los términos de los arts. 484, 489 y491 del Código Procesal Penal (v. fs. 15/17).
II. Frente a ello, el titular de la Defensoría Penal n° 28 de Lomas de Zamora -doctor Sergio Robles- dedujo "queja por recurso de inaplicabilidad de ley denegado" (v. fs. 18/25 vta.).
Denunció que el Tribunal de Alzada rechazó sin más el recurso de inaplicabilidad de ley con fundamento en que la parte no había sustentado el planteo de inconstitucionalidad en normas de la constitución provincial (v. fs. 18).
Señaló que de la lectura de la pieza recursiva denegada se advierte que -contrariamente a lo afirmado por el Tribunal de Alzada- la tacha de inconstitucionalidad del proceso previsto en el decreto ley 8031 se sustentó en la inobservancia de los arts. 11, 15, 56 y 57 de la Constitución provincial (v. fs. 18 y vta.).
Agregó que, aún en el supuesto de que la defensa no hubiese fundado sus agravios en dicho cuerpo normativo, el recurso debió ser declarado admisible pues portaba cuestiones de índole federal (v. fs. 19).
Luego, indicó que conforme la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" resultan inconstitucionales las normas legales o jurisprudenciales locales que obturan el acceso a la Suprema Corte provincial, por razones de materia o monto de pena; sostuvo que la limitación prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal colisiona con ese criterio (v. fs. 19 y vta.).
De seguido, se dedicó a cuestionar el pronunciamiento por el cual la Cámara rechazó el recurso de apelación, transcribiendo parcelas del decisorio en relación al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del decreto ley 8031. En definitiva, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del procedimiento contravencional, la nulidad de todo lo actuado y la absolución de Ruiz (v. fs. 20/24).
III. La queja no prospera (art. 486 bis CPP).
Preliminarmente cabe señalar que, en oposición al pronunciamiento en virtud del cual la Cámara rechazó el recurso de apelación, el defensor oficial interpuso "recurso extraordinario" (v. fs. 5/14 vta.) con fundamento en los arts. 161 inc. 1 y 3 de la Constitución provincial y 479, 489, 491 y 494 del Código Procesal Penal.
Tal como surge de la reseña plasmada en el punto "I", al efectuar el juicio de admisibilidad, la Alzada encuadró dicha pieza impugnativa como recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y nulidad y -desde ese andarivel- los rechazó en función del incumplimiento de los recaudos de admisibilidad previstos en los arts. 489 y 491 del Código Procesal Penal.
Ahora bien, sin perjuicio de la técnica empleada por el a quo al efectuar el examen de admisibilidad y encuadrar jurídicamente los agravios de la parte, lo cierto es que la defensa oficial no controvirtió los fundamentos del juicio negativo decretado por el Tribunal de Alzada.
En efecto, el quejoso dirige sus reclamos a cuestionar el rechazo de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley a partir de la premisa equivocada de que el mismo fue declarado inadmisible en virtud de la deficiente articulación del planteo constitucional (v. fs. 18) cuando -en rigor- no media declaración de inadmisibilidad a su respecto.
Tampoco se ocupó objetar el encuadre que de su genérica impugnación de fs. 5/14 vta. efectuó la Cámara, ni evidenciar que los reclamos allí esgrimidos fueran propios de la vía prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal.
De este modo, el argumento a partir del cual se estructuró la queja no se compadece con lo efectivamente resuelto, por lo que cabe concluir que el objeto y finalidad de la vía directa (art. 484 CPP.) no se encuentra abastecido.
Por ello, la Suprema corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de Diego Andrés Ruiz (art. 484, 486 bis y concs. del CPP. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2787
Fin de la sentencia