Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129108
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de F.G.I.S., con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
" F.G.I.S. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 75.484 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II".
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.108-RQ, caratulada: "F.G.I.S. S/ Recurso de Queja en Causa n° 75.484 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de mayo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de F.G.I.S., contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Lomas de Zamora que condenó a la nombrada a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autora penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 36/39).
II. Frente a la decisión referida, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- merced al recurso de queja que articuló a fs. 41/46.
Manifestó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria "no resulta oponible en el caso" toda vez que se ha puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal (v. fs. 42 vta.).
En ese sentido, argumentó que en el remedio extraordinario se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia del Tribunal de Casación que rechazó por extemporáneo el planteo de la defensa realizado ante la instancia casatoria, afectando la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio -arts. 18 de la Const. nac., 8.2.h y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (v. fs. cit./43).
Afirmó luego que lo así resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena. Para reforzar su postura, trajo a colación el precedente "Casal" de la CSJN (v. fs. 43 y vta.).
De seguido consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y por el Máximo tribunal federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (v. fs. 44).
Expuso que al examinar la admisibilidad del remedio extraordinario, el órgano revisor encubrió su propia omisión. Citó la causa P. 85.977 de este Cuerpo y adujo que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del Código Procesal Penal, pues esa labor debe realizarla un superior (v. fs. cit. y vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 45).
Por lo expuesto, consideró que la decisión del órgano intermedio al declarar inadmisible el remedio de inaplicabilidad de ley en el cual se denunció la violación a la garantía de la revisión amplia y a la defensa efectiva "con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias […] para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria intentada" (fs. cit. y vta.).
En definitiva, arguyó que se vedó a su defendido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano "omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de e[s]a parte resultó defectuoso" (fs. 45 vta.).
III. La queja no es de recibo.
a. En efecto, la Sala Segunda del órgano casatorio, luego de hallar reunidos los recaudos de los arts. 482 y 483 del Código Procesal Penal, señaló que no sucedía lo mismo respecto de las disposiciones del art. 494, en tanto el quantum punitivo impuesto al encartado no superaba el valladar contemplado en la norma de rito.
De seguido, sostuvo que el intento defensista de sortear tales exigencias " no habilita vía alguna de excepción, pues aun cuando manifestó la supuesta naturaleza federal de sus agravios para abrir la instancia extraordinaria intentada, en realidad ellos no presentan tal carácter " (fs. 37 vta.).
En ese raciocinio, juzgó que las críticas esgrimidas en torno a la parcela del auto denegatorio que declaró la inadmisibilidad de los planteos contenidos en el memorial "están referidos a la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (arts. 451 y 458, C.P.P.) y constituyen una temática de naturaleza procesal que, conforme inveterada doctrina de la C.S.J.N., resulta ajena a la competencia federal pretendida" (fs. 38).
Observó que, sin perjuicio de los intentos de la defensa de asignarles naturaleza excepcional con fundamento en las previsiones del párrafo 4° del art. 451 del digesto de forma "sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal" sus apreciaciones "no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en el aludido memorial" (fs. cit.).
b. De lo reseñado, se observa que la parte insiste con el planteamiento de una cuestión federal, haciendo caso omiso a los argumentos expuestos por el a quo que derivaron en la inadmisibilidad de la impugnación.
En definitiva, dejó indemostrada la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del Código Procesal Penal y la supuesta afectación del derecho de defensa en juicio y de la garantía prevista en los arts. 8.2.h. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del PIDCP (conf. P. 78.901, sent. 7-XI-2001; P. 75.534, sent. 21-XI-2001; P. 77.329, sent. 10-IX-2003; P. 81.725, sent. 16-IX-2003; P. 83.841, sent. 9-X-2003; P. 89.368, sent. 22-XII-2004; P. 99.549, sent. 8-VII-2008; P. 128.269-RQ, res. 3-V-2017, e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
De otro lado, las alegaciones en torno a la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la CADH), a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio, no prosperan en razón que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar su relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
En consecuencia, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de F.G.I.S., con costas (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2564
Fin de la sentencia