Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128601
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja articulada por la defensa técnica de M.D.J., con costas (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"M.D.J. S/ RECURSO DE QUEJA POR DERECHO PROPIO, EN CAUSA N° 72.360 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI, Y M.D.J. S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 72.360 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.601-RQ, caratulada: "M.D.J. s/ Recurso de queja por derecho propio, en causa n° 72.360 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI", y su acollarada P. 128.672-RQ, caratulada: " M.D.J. s/ Recurso de queja, en causa n° 72.360 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, el 7 de junio de 2016, hizo lugar -parcialmente- al remedio de la especialidad incoado por la defensa técnica de M.D.J. contra la sentencia de grado, casó -parcialmente- la misma y lo absolvió de los sucesos denominados como "Hecho 3" y "Hecho 4". En consecuencia, redujo la sanción impuesta al nombrado, la que fijó en siete años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con corrupción de menores agravado por la edad de la víctima (v. copias obrantes a fs. 16/21 y fs. 26/27, de la causa P. 128.672-RQ, acollarada al presente).
II. Contra dicho resolutorio, el señor defensor Particular -doctor Guillermo Gabriel Duré- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/9, causa acollarada cit.), el que fue desestimado -por inadmisible- en aquella instancia, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de octubre de 2016 (v. fs. 11/13 de la misma).
III. Ante tal escenario, el encartado articuló recurso de queja en forma pauperis, el que se registró como P. 128.601-RQ (v. fs. 1 de la presente).
En virtud de ello, se remitieron copias a su asistencia letrada, a fin que se otorgue cauce jurídico a la misma. Finalmente, el doctor Duré presentó el remedio de hecho previsto en el art. 486 bis del Código Procesal Penal, que se registró por Secretaría como P. 128.672-RQ y se acollaró a la presente el 27-IV-2017 (fs. 15).
IV. Sentado lo anterior, se analizará la vía de hecho deducida a favor de Martínez por su asistencia técnica (P. 128.672-RQ).
En ella, la defensa insistió en el carácter federal del agravio denunciado en la impugnación extraordinaria, referido a la tacha de arbitrariedad del resolutorio que no valoró la retractación de la denuncia como "la clara aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado" (fs. 28 vta., causa cit.).
Recordó los precedentes "Strada", "Di Mascio", "Verbitsky", "Bucciarelli" y "Giroldi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y remarcó la necesidad de tránsito por ante esta Corte a los fines del acceso de los reclamos al Máximo Tribunal nacional, por vía del art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit./29 vta.).
En puridad, expuso que el a quo sólo manifestó su discrepancia con los argumentos defensistas sin fundamentar la inexistencia de vulneraciones a las garantías de su pupilo -concretamente, a la defensa en juicio y al debido proceso-, y citó los arts. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 29 vta./30).
V. La queja no es de recibo.
1. En efecto, la Sede casatoria sustentó el juicio de admisibilidad negativo en que, insatisfechos los recaudos previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal, sólo el correcto planteamiento de una cuestión de naturaleza federal lograría sortear aquel valladar, en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 11 vta.).
En ese derrotero, sostuvo que la parte se desentendió de lo efectivamente resuelto por ese órgano e insistió en sus planteos, limitándose a exponer su discrepancia, sin lograr -de tal forma- demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimó conculcadas (v. fs. 12).
Para más, recordó el carácter excepcional de la arbitrariedad y juzgó que la cuestión que el recurrente esbozó como de naturaleza federal "no constituye una crítica concreta y razonada" de los argumentos en que esa Sala sustentó su decisión, por lo que concluyó en la inaptitud del embate federal pretendido (v. fs. cit. y vta.).
2. De lo reseñado, se advierte que los cuestionamientos traídos en la queja no logran conmover lo resuelto por el órgano intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha dedicado la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de los planteos -arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la CSJN, lo que afectó las garantías de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 28 vta./30)-, desentendiéndose de los motivos por los cuales el a quo obturó su progreso y que han quedado expuestos precedentemente.
En suma, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo desplegado por el Tribunal casatorio (arts. 486 y 486 bis, CPP).
VI. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja articulada por la defensa técnica de M.D.J., con costas (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia