Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 73254
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el planteo de inconstitucionalidad, y declarar improcedente la queja deducida por el agente fiscal, sin costas.
Rigen los artículos 18, 24, 75 incisos 12 y 22, 118 y 120 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 371 quater inciso 7, 450, 452 “in fine”, 530 y 532 del Código Procesal Penal.
"Registrado bajo el Nro. 171 Año 2016"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 29 de marzo de dos mil dieciséis se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Borinsky (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 73254 caratulada “NUÑEZ VANESA CINTIA S/ RECURSO DE QUEJA (ART 433 CPP) INTERPUESTO POR AGENTE FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - BORINSKY.
I. El 5 de agosto del año 2015, el Tribunal de Jurados designado para intervenir en la causa nro. 1072/14 del registro del Tribunal en lo Criminal N° 2 del departamento judicial Bahía Blanca, declaró NO CULPABLE a Cintia Vanesa Nuñez, en orden al delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo por el que fuera acusada (fs. 1/15 de este legajo).
II. El representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación contra el veredicto absolutorio (fs. 18/28), que fue denegado por el a quo (fs. 24), lo que motivó la presentación de la queja ante esta Sede (fs. 25/27).
Argumenta el agente fiscal, que la denegatoria de su pretensión recursiva violenta la garantía constitucional del debido proceso (arts. 18 de CN., 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
Destaca que en la presentación del recurso denegado, había reclamado la inconstitucionalidad de la norma que veda legitimidad al fiscal para impugnar la absolución (art. 452 in fine del CPP), con lo cual el rechazo del recurso resulta –en su opinión- arbitrario e infundado.
Cita doctrina y jurisprudencia vinculada con los derechos reconocidos a las víctimas, en el marco del proceso penal.
Sostiene que la posición conforme con la cual el Ministerio Público Fiscal no es titular del derecho constitucional al doble conforme, provoca una situación de desigualdad contraria al art. 16 de la CN., habida cuenta que aquel derecho les será reconocidos a las víctimas que, teniendo suficientes medios económicos, pueden actuar en el proceso como particulares damnificados, y les será negado a quienes no pueden asumir ese carácter y confían en que sus derechos serán amparados por la actuación del órgano público acusador.
Por último, sostiene que la redacción de las normas que regulan el juicio por jurados, resulta absurda y contradictoria, puesto que el derecho de “las partes” de protestar por decisiones adversas a sus planteos –arts. 338, 338 quater inciso 3 o 371 bis del CPP-, queda vacío de contenido y efectos reales por la imposibilidad de recurrir el veredicto absolutorio.
Por lo dicho, solicita se revoque el fallo cuestionado y se declare admisible la queja interpuesta.
III. Asignado por sorteo de Presidencia el recurso en la Sala I, con noticia a las partes (fs. 29/vta.), el señor fiscal ante esta Sede mantuvo la impugnación deducida (fs. 30/36).
Reclama que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 371 quater inciso 7 y 452 “in fine” del Código Procesal Penal, por violentar normas de rango superior (artículos 15 de la Constitución Provincial; 8.2.h y 25 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre).
Sostiene que no existen dudas sobre el derecho de la víctima a la revisión del fallo ante una instancia superior, y agrega que aquélla, si no actúa en carácter de particular damnificada, es representada en el proceso penal por el Ministerio Público Fiscal.
En esa dirección, afirma que “quitarle legitimación recursiva al Ministerio Público Fiscal como representante de la víctima, afectaría gravemente la misión y finalidad que cumple en el proceso, esto es, de aseguramiento de los derechos de aquélla”.
Alega que, en el caso en trato, se está denegando al damnificado la posibilidad de impugnar una sentencia que ostenta “vicios que descalifican y alteran la sustanciación del debate en la forma que asegura el art. 18 de la CN.”, señalando la “inexistencia de los recaudos legales para tener por configurada la justificante de legítima defensa, situación planteada en el debate, y que llevara a confusión al jurado”.
Por otro lado, advierte que la ley procesal reconoce al imputado la posibilidad de impugnar la decisión del jurado, cuando se plantean cuestiones formales, de derecho o de prueba que pudieran haberlo conducido indebidamente a un veredicto culpable; y sin embargo, esa facultad se le deniega al fiscal “representando a la víctima”, configurándose de esa manera una situación de desigualdad contraria al artículo 16 de la Carta Magna.
En virtud de ello, solicita que se declare admisible la queja, y se resuelva lo peticionado en el sentido requerido por su colega de la instancia.
Por su parte, el señor defensor oficial ante este Tribunal postula el rechazo de la queja intentada por el órgano acusador (fs. 37/41).
Destaca en primer término, que el recurrente no planteó en tiempo y forma la inconstitucionalidad de las normas que obstaculizan la procedencia de su impugnación, tornándola inadmisible.
Agrega otras razones en el mismo sentido propiciado.
Sostiene que el derecho de actuar en juicio en defensa de sus pretensiones, reconocido en los fallos citados por el agente fiscal (“Wald, Otto s/art. 302 Código Penal”, “Santillán”, ambos de la CSJN, y el precedente P. 118926 de la Suprema Corte de Justicia Provincial), le corresponden “a toda persona”, calidad esta última de la que carece el órgano público acusador, y destaca en apoyo de su postura, la doctrina del Máximo Tribunal que emana del fallo “Arce, Jorge Daniel s/Recurso de casación”.
Por otro lado, rechaza la crítica del impugnante contra el fallo por el carácter “infundado” que posee el veredicto del jurado, habida cuenta que el agravio sólo expone esa idea, y carece de un mínimo desarrollo.
Finalmente, sostiene que debe ser rechazado el planteo de inconstitucionalidad de los incisos 2 y 3 del artículo 338 bis del CPP, en tanto inhabilitan a quienes no hubieran alcanzado los veintiún años de edad, y a quien sea personal retirado de las fuerzas armadas, a integrar el jurado, puesto que el impugnante no demostró el interés legítimo en lo que pide (art. 421 del ordenamiento ritual).
Recibido el recurso en la Sala, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente la queja interpuesta?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
El planteo del Ministerio Público Fiscal se dirige, en lo sustancial, a cuestionar la constitucionalidad de ciertas normas que regulan el procedimiento de juicio por jurados, incorporadas recientemente al Código Procesal Penal.
En concreto, crítica el artículo 371 quater inciso 7, que dispone: “La sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible”; y el artículo 452 “in fine”, que establece: “En el procedimiento de juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir”.
En cuanto a la potestad recursiva del Ministerio Público Fiscal, debo destacar que en pronunciamientos anteriores a la entrada en vigencia de la ley 14.543 -que instauró el juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires-, sostuve que el derecho al recurso del fiscal no es asimilable al del imputado, siguiendo la doctrina establecida en tal sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Arce”.
La jurisprudencia dominante ha sido pacífica en afirmar que la garantía fundacional del doble conforme estipulada en los tratados, pactos y convenciones internacionales incorporados como bloque constitucional federal (art. 75 inc. 22º C.N.), no se dirige -al menos en principio- al poder estatal de los Estados partes, sin perjuicio de la posibilidad que puedan conceder las regulaciones internas, pero en este caso han de ser interpretadas de modo taxativo; por lo que siendo el Ministerio Público Fiscal el órgano acusador del poder persecutorio estatal, no lo ampara tal aquiescencia.
Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “...Las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para beneficio de los Estados contratantes...” (Fallos 320:2145), como así también que “...cabe concluir que en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la norma de rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho...” (Fallos 322:2488).
Ahora bien, en el marco del procedimiento instaurado a partir de la reforma que concretó la reglamentación del juicio por jurados populares -ley 14.543-, el legislador estableció la irrecurribilidad del veredicto absolutorio.
La razón o fundamento de tal regulación se encuentra en que el veredicto emana del Pueblo, de la soberanía popular, revistiéndolo de una legitimidad tal que importa que su decisión cierre definitivamente el caso traído a su consideración.
En esa línea de ideas, se ha explicado que: “El veredicto del jurado es una decisión judicial y política emanada directamente del soberano. Por provenir de manera directa de una representación del Pueblo –único titular del poder político en una democracia-, el veredicto del jurado goza de un estatus muy particular, reconocido constitucionalmente. Esta es una de las razones por la cual, en prácticamente todas las latitudes, el veredicto del jurado es irrecurrible” (Andrés Harfuch, “El juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires”, ed Ad-Hoc, páginas 295/296).
Al referirse al contenido político de la institución en cuestión, Julio Maier destaca que el jurado “no es otra cosa que la exigencia, para los funcionarios permanentes que tienen en sus manos la aplicación del poder penal del Estado, de lograr, para tornar posible la coerción estatal (la pena), máxima herramienta coactiva del Estado de Derecho, la aquiescencia de un número de ciudadanos mínimo, que simboliza, de la mejor manera posible –en nuestra sociedad de masas-, política y no estadísticamente, la opinión popular” (Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Editores del Puerto S.R.L., 2004, 2 edición, página 787).
En ese marco conceptual, entiendo que los argumentos desarrollados por el recurrente no resultan eficaces para poner en duda la constitucionalidad de las normas que cuestiona.
De acuerdo a lo señalado más arriba, la regulación legislativa que no le concede legitimidad al Ministerio Público Fiscal para impugnar la absolución del acusado por parte del tribunal de jurados, se enmarca en la reforma integral que reglamentó esa forma de enjuiciamiento en el ordenamiento procesal de la provincia de Buenos Aires, sin que exista norma constitucional alguna que se encuentre en pugna con esta pauta.
Desde esa perspectiva, no son acertados –en mi opinión- los motivos que desarrolla la fiscalía, que giran en torno a su invocada intervención en el proceso penal como representante de los derechos de la persona víctima del hecho, cuando esta última no se constituyó en parte -particular damnificado-.
Ello es así puesto que, el carácter irrecurrible del veredicto absolutorio no tiene que ver con la naturaleza pública o privada del órgano acusador, sino con las características de la integración del tribunal –jurado popular- que dictó el fallo, a las que se hizo alusión precedentemente. De ello se deriva, también, la ausencia de motivos que revelen la afectación al derecho a la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Nación (art. 16 de la CN), planteada en el recurso en trato respecto de las posibilidades económicas de acceder a un patrocinio letrado para constituirse en particular damnificado.
Dada su naturaleza, el tribunal de jurados populares ostenta una legitimación -en un sistema democrático- de particular importancia, desde que se constituye como una muestra plural de la ciudadanía, se encuentra reglamentado bajo estrictas normas que preservan su imparcialidad y, en consecuencia, sus decisiones parten de una plataforma superior de la que disponen los jueces técnicos como integrantes de un aparato estatal de administración.
Por lo demás, la representación de los derechos de la víctima a los que alude el recurrente, a los fines de la pretendida procedencia de la vía impugnaticia intentada, no encuentra respaldo en el diseño del ordenamiento procesal vigente, dada la falta de homogeneidad entre los intereses y fines que persiguen uno y otro (conforme capítulos I y VII del Título IV del Libro I del CPP).
A modo de ejemplo, la posibilidad del órgano acusador privado de continuar con el ejercicio de la acción penal aún en contra de la opinión del Ministerio Público Fiscal (arts. 326, 334, 334 bis y 368 último párrafo del CPP), o la facultad del fiscal de impugnar en favor del imputado (art. 422 segundo párrafo del CPP), permiten apreciar que la actuación de la fiscalía no se circunscribe a defender los “intereses de la víctima”, en los términos planteados por el recurrente para sortear la aplicación de la norma que establece la improcedencia de su pretensión.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal sostiene que el veredicto absolutorio dictado por el tribunal de jurados afecta las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial, y la garantía constitucional del debido proceso, por su falta de fundamentación (ver fs. 20/vta).
A ese respecto, es dable destacar que el artículo 171 de la Constitución Provincial, establece: “Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de este, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de estos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”.
En este punto corresponde señalar, que la exigencia de fundamentación que surge de dicha norma recae únicamente, sobre las sentencias de los jueces o tribunales letrados, y, en cambio, no alcanza “a los veredictos del jurado popular, ya que ni esta, ni ninguna otra norma de la Carta Magna provincial lo mencionan. Por el contrario, el art. 171 de la Constitución provincial habla claramente de las sentencias que, como no puede ser de otra manera, solo pueden ser dictadas por los jueces o tribunales letrados. El jurado emite nada más que un veredicto, nunca una sentencia” (conf. Andrés Harfuch, ob cit, pág. 60).
La ausencia de un fallo escrito en el que los jurados vuelquen la motivación de su decisión, se vincula con la esencia misma del procedimiento, pero ello no quiere decir que el veredicto sea puramente discrecional o arbitrario.
En cambio, la decisión del jurado se da en el contexto de un procedimiento, que consta de una acusación escrita y fundamentada en hechos y derechos, de instrucciones impartidas por el juez, y en el que la cuestión fáctica, probatoria y legal es ventilada en pie de igualdad en el debate público debidamente registrado, todo lo cual constituye la motivación que exige el art. 106 del CPP.
El recurrente no ha desarrollado otros argumentos, en torno a la inconstitucionalidad planteada del art. 371 quater del CPP, que ameriten consideraciones adicionales para su rechazo.
Por último, en lo que se refiere a los incisos 2 “b” y 3 “c” del artículo 338 bis del CPP, que inhabilitan a integrar el jurado a quienes no hubieran alcanzado los veintiún (21) años de edad, y a quien sea personal retirado de las fuerzas armadas, el recurrente planteó que tal regulación afecta el derecho de igualdad de los habitantes ante la ley, reconocido en el art. 16 de la CN.
Sin embargo, entiendo que el recurso no ofrece motivo alguno que demuestre el interés legítimo del presentante (art. 421 del CPP), puesto que más allá de contener razones generales con base en las cuales tilda de inconstitucional dicha regulación, carece de una explicación que señale de qué manera la norma cuestionada habría perjudicado a la parte en el caso concreto.
En función de todo lo anterior, propongo al acuerdo rechazar el planteo de inconstitucionalidad, y declarar improcedente la queja deducida por el agente fiscal, sin costas (artículos 18, 24, 75 incisos 12 y 22, 118 y 120 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 371 quater inciso 7, 450, 452 “in fine”, 530 y 532 del CPP); y, a la primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral. VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad, y declarar improcedente la queja deducida por el agente fiscal, sin costas (artículos 18, 24, 75 incisos 12 y 22, 118 y 120 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 371 quater inciso 7, 450, 452 “in fine”, 530 y 532 del CPP). ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad, y declarar improcedente la queja deducida por el agente fiscal, sin costas.
Rigen los artículos 18, 24, 75 incisos 12 y 22, 118 y 120 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 371 quater inciso 7, 450, 452 “in fine”, 530 y 532 del Código Procesal Penal.
Regístrese y remítase a la Mesa Única General de Entradas del Tribunal para su notificación y oportuna devolución.
Ricardo Borinsky. JUEZ Daniel Carral. JUEZ
Ante mí: Jorge Andrés Alvarez. SECRETARIO
Fin de la sentencia