Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 116788
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 116.788 de este Tribunal, caratulada: “RUIZ DÍAZ, Yelmina Verónica s/ Recurso de Queja (art. 433 del C.P.P.) interpuesto por la Asesoría de Incapaces” Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO-KOHAN, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en función de la Queja interpuesta por la Dra. María Palacio, titular de la Asesoría de Incapaces de Tres Arroyos, departamento judicial Bahía Blanca, en virtud del Recurso de Casación que fuera denegado por el Tribunal en lo Criminal de la misma circunscripción en fecha 22 de marzo de 2022, incoado a su vez contra la sentencia del mencionado Tribunal en la que se resolvió condenar a Yelmina Verónica Ruíz Díaz a la pena de tres (3) años de ejecución condicional, costas del proceso, más el cumplimiento de las conductas del art. 27 del Código Penal, por hallarla autora penalmente responsable del delito de incendio agravado por peligro de muerte de una persona, en función de lo normado por el art. 186 inc. 4° del Código Penal.
II. a) Se agravia de lo resuelto por el citado Tribunal al rechazar el recurso presentado por resultar extemporáneo, manifiesta que surge su legitimación en base a los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22° de la C. N.), y que su necesaria intervención ha sido reconocida por la SCBA.
Cita en apoyo de su postura numerosa jurisprudencia y diversos tratados internacionales que bregan por la protección del niño y su posibilidad de ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos a través de su representante, estableciendo que, si bien en los fallos citados las víctimas eran menores de edad, resulta aplicable el mismo criterio para víctimas incapaces o con capacidad restringida, debido a que la ley 14.442 y el artículo 103 del Código Civil establecen la actuación del Ministerio Tutelar tanto para menores como para personas incapaces.
b) En cuanto al recurso de Casación, entiende que el mismo es admisible, toda vez que fue interpuesto en plazo y forma.
Denuncia como motivo de agravio, la inobservancia del deber de escuchar a la víctima, en violación de lo dispuesto por el art. 83 del CPP y el art. 5 de la ley n° 27.372, omisión que considera agravada debido a que la víctima era una persona vulnerable con discapacidad y merecía atención especializada, conforme lo dispone el art. 6 de la ley 27.373 y el 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378.
Asimismo, denuncia defectos graves en el procedimiento, por omitir la necesaria participación de la Asesoría de Incapaces prevista en el art. 202 del CPP y el 38 de la ley 14.442.
Considera que el Tribunal sentenciante nunca le dio intervención en todo el proceso a la Asesoría de Incapaces, y que tampoco fue escuchada la opinión de la víctima previo a aceptar el acuerdo de juicio abreviado y dictar sentencia.
Por ello, considera que la falta de intervención de su Ministerio en este proceso impidió ejercer una adecuada defensa de los derechos del señor Julio Antonio Menna (víctima del mismo), afectado así los principios del debido proceso, defensa en juicio y tutela judicial efectiva, lo que justifica la declaración de nulidad de la sentencia dictada.
Por otra parte, la omisión de escuchar a la víctima respecto del convenio de juicio abreviado arribado por las partes, significó un grave perjuicio a su derecho de ser oído, conforme la Ley n° 27.372.
Por todo lo desandado, solicita a este Tribunal que recepte favorablemente la queja y oportunamente declare la nulidad de la sentencia por violar el derecho de la víctima de ser oído y cercenar su asistencia y protección al omitir la necesaria intervención de la Asesoría de Incapaces en el proceso.
III. Radicada la Queja por sorteo en esta Sala, notificadas las partes, la Señora Fiscal Adjunta ante esta instancia, Dra. Daniela Bersi tomó conocimiento de la radicación y su integración, la cual consintió expresamente, asimismo solicitó pasen los autos para su pronta resolución; por su parte el Señor Defensor Oficial Adjunto ante esta sede, Dr. Nicolás Agustín Blanco se notificó de la radicación y hallándose en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y, en su caso, procedente la Queja interpuesta? 2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. La queja fue interpuesta en tiempo oportuno y se adjuntó la documental que ordena acompañar el art. 433 del Código Procesal Penal, por lo tanto, la misma resulta admisible.
II. En lo que hace a su procedencia, debo discrepar con lo resuelto con el “a quo”, en tanto considero que la Asesora de Incapaces está legitimada para recurrir de la sentencia, y el remedio resulta temporáneo conforme lo explicitaré a continuación.
III. En efecto, el recurso presentado por la misma no es extemporáneo, y ello es así porque si bien la sentencia condenatoria se dictó con fecha 1/11/2019, la Asesora de Incapaces, recién se notificó espontáneamente del mismo el día 16 de febrero de 2022, presentado en la misma fecha reserva de recurrir a casación, para seguidamente presentar el recurso (esto es, dentro del plazo de 20 días de notificada la resolución judicial que establece el art. 451 del C.P.P.).
IV. Asimismo considero que, por imperio de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos " A.777, XLVII, Recurso de Hecho, Arteaga Catalán, Ricardo Belarmino s/ causa nº 24.114" (rto. 27 de noviembre de 2.014) y "CSJ 518/2001 (47-L)/CS1, Recurso de Hecho, Larena, Segundo Manuel s/ abuso sexual agravado por acceso carnal - causa nº 24.556/10-" (Rto. el 8 de marzo de 2.015), aquella se encuentra legitimada para recurrir en la instancia casatoria.
Cabe destacar que en los precedentes citados la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado: "...Que esta Corte entiende que asiste razón a la apelante en cuanto alega que en la sentencia cuestionada se resolvió sin sustento normativo alguno en contra de la legitimación de la Defensora de Incapaces y de Menores para recurrir una sentencia absolutoria que, en su posición, contradecía el superior interés de la menor presunta víctima del delito contra la integridad sexual, hecho que constituyó materia de debate y en el que interviniera en su representación. Esto por cuanto se consta en el presente que en el fallo, por un lado, se han desconocido expresas normas procesales invocadas por la recurrente que, al impedirle a la mencionada funcionaria actuar como querellante en el proceso penal, obstaban lógicamente aplicable a su respecto las exigencias que en su caso resultarían aplicables a esa parte que por otro lado, ha mediado un claro apartamiento de las disposiciones normativas que le reconocían expresamente a aquellas facultades recursivas respecto de las decisiones adversas a los niños, niñas y adolescentes que representaba en atención a su competencia funcional. Que a juicio del Tribunal, este proceder resulta particularmente descalificable en tanto, al resolverse de ese modo, se desatendió el principio del "interés superior del niño" por el que , en consonancia con lo establecido en el artículo 3.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y conforme lo sostuviera esta Corte en reiteradas oportunidades, los órganos judiciales han de aplicar las normas analizando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses de éstos puedan verse afectados por la decisiones y medidas que se adoptan (Fallos: 331.2047, entre muchos otros). En el caso, este principio no fue observado en tanto, al adoptarse un temperamento contrario a la legitimidad recursiva de la Defensora de Menores e Incapaces, que carecería además de todo sustento normativo, se frustró la revisión de una decisión cuestionada por ser contraria a los derechos de una menor de edad presunta víctima de un delito contra su integridad sexual...".
Los sujetos que por diversas cuestiones poseen un mayor grado de vulnerabilidad, reciben una mayor protección en el sistema normativo y con el apoyo de organismos estatales que estén especializados y que velen por el resguardo de dichos individuos.
La Corte Suprema Nacional ha considerado que todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución (Fallos 268:266). No se observa, en efecto, cuál puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de su derecho -así fuere el de obtener la imposición de una pena- y el de quien se opone a tal pretensión, puesto que la Carta Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate (Fallos: 268:266; 299:17; entre otros).
Por tanto, creo que hoy en día se encuentra fuera de toda duda, que la Constitución o el "sistema constitucional integrado" compuesto por los distintos textos incorporados a la misma le brindan a aquella persona damnificada por un ilícito la debida protección judicial y el acceso a la justicia.
Por tanto, a la vista de lo expuesto, es que estimo que la Asesora de Incapaces se encuentra legitimada para interponer recurso de casación contra la sentencia dictada en autos.
V. En cuanto al recurso, el mismo fue interpuesto por parte legitimada y en tiempo oportuno contra una sentencia condenatoria (arts. 448 y 451 del C.P.P.).
No obstante no abastecer el límite de pena requerido por el 452 inc. 2 del rito -las partes firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que pactaron la imposición de una pena para la imputada de tres (3) años de ejecución condicional, y el Tribunal “a quo” la condenó por la misma pena-, la gravedad del hecho enrostrado, su carácter de superior jerárquico respecto del imputado y la garantía de una tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia, más la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo y judicial previsto por el art. 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, cuyo texto se ve reforzado con la sanción de la ley 15.232, que tutela los derechos de la víctima en el proceso penal provincial, ameritan la apertura de la vía casatoria.
En efecto, las actuales circunstancias referidas a la estructura social de nuestro país, ha dado lugar al surgimiento de lo que los sociólogos denominan sociedades de riesgo, en las cuales los principios básicos del derecho penal liberal han entrado en crisis.
Este nuevo derecho penal no significa una negación de aquellos postulados clásicos surgidos al calor de las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, pero no cabe duda que algunos de sus principios merecen revisión al calor de la moderna sociedad de masas.
De este modo, surge un nuevo actor históricamente secundario en el marco del sistema penal: la víctima. Contrariamente al imputado, que es el centro del procedimiento penal, ya que todo gira en torno a su culpabilidad, el ofendido es una figura marginal, en contraste con el proceso civil donde el ofendido juega un papel decisivo como demandante, que en el procedimiento penal es reemplazado por el fiscal. La víctima sufre física, psicológica, espiritual y socialmente a consecuencia de la agresión a la que es sometida.
En la materia hay un concepto generalizado internacionalmente que entiende como “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.
Oportuno es apuntar que se ha expresado que como categoría dogmática, la víctima en el derecho penal, “es el sujeto pasivo y el titular del bien jurídico protegido”.
Ahora bien, tanto la manda preambular de afianzar la justicia , esgrimida por el constituyente originario de 1.853 al enumerar los objetivos que dieron surgimiento al Estado Federal argentino, como así también la garantía prevista en el art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de las personas y de los derechos en todo procedimiento administrativo y judicial, imponen el pleno reconocimiento de la víctima como sujeto procesal en el ámbito del proceso penal provincial.
Ello, a su vez se ve reforzado por lo previsto en el inciso 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevé que: “ Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales ”.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre determina en su artículo XVIII que: “ Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos ”, mientras que la Declaración Universal de Derechos del Hombre sostiene en su art. 8 que “ Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley ” y en su art. 10, que “ Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal ”.
Cláusulas similares prevé el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como podrá claramente observarse del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, todos ellos resultan ser instrumentos internacionales incorporados con jerarquía constitucional al texto de la ley suprema.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho respecto al derecho a ser oído y a la tutela judicial efectiva, en el célebre caso “Bulacio c/ Argentina” (CIDH, 18/9/2003) que “ esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa, ha sido tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, con olvido de que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de los sucedido y que se sancione a los eventuales responsables. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos ”.
Postura similar ha seguido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Espósito”, sosteniendo que “ … los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ”.
Asimismo, este Tribunal en la voz de su Sala II, in re “Sasso” (Sala II, causa n° 97.666 “Sasso, Federico s/ recursos de casación interpuestos por Particulares Damnificados y Fiscal General” y su acumulada n° 97.672 “Sasso, Gustavo s/ recurso de casación”, sent. del 31/VIII/2020, reg. nro. 891), ha refrendado dichas apreciaciones al sostener que: “… la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares, “a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables” (Corte IDH, “Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia”, sentencia del 11 de mayo de 2007, Consid. 146) ”.
“ En palabras de la Corte IDH, todo Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores, así como a quienes encubran dichas violaciones, “y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado (Corte IDH, caso “Bulacio vs. Argentina”, sentencia de 18 de septiembre de 2003, párrafo 110) ”.
“ En orden al concepto de reparación integral a las víctimas, también mencionado como fundamento de su interés en la persecución penal, la Corte IDH ha hecho especial énfasis en la necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos que afectan derechos individuales, aclarando que “la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima” (Corte IDH, casos de la “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, sentencia del 15 de septiembre de 2005, párrafos 214, 282 y 294 a 299, y de la “Masacre de Ituango vs. Colombia”, sentencia del 1 de julio de 2006, párrafo 339, entre otros) ”.
“ La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente “Santillán, Francisco Agustín s/recurso de casación” (S. 1009, XXXII, sentencia del 13 de agosto de 1998), adoptó un criterio similar al de la CIDH, al reconocer la necesidad de conceder a la víctima, constituida en carácter de querellante, la posibilidad de obtener en el proceso penal, al margen de la actuación del Ministerio Público, un pronunciamiento útil relativo a sus pretensiones, en el marco de su derecho a la jurisdicción consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ”.
“ Esta moderna comprensión de la problemática vinculada con la comisión de un delito, con el consecuente derecho de las víctimas o de sus familiares a la investigación y el juzgamiento de sus responsables, reclama de los Estados parte acciones positivas tendientes a garantizarles su derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 1.1 y 2, CADH), particularmente en aquellos casos en los que tal prerrogativa podría no verse satisfecha ante una decisión, pretendidamente arbitraria o inadecuada desde el punto de vista jurídico, que no recepte toda o parte de su pretensión formulada en el juicio ”.
Asimismo, se sostuvo en el mentado precedente que “… la postulada interpretación sobre los alcances del artículo 8, numeral 2, de la CADH, por otra parte, es la que más se compadece con su tenor literal, pues si se atiende bien a las dos frases que componen su encabezado, se podrá apreciar que la primera de ellas, relativa al principio de inocencia, es la única que se refiere a las personas inculpadas de delitos. La segunda frase, en cambio, se refiere a “toda persona”, mientras que en los incisos siguientes sólo
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