Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128630
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a fs. 35/39 vta. (art. 486 bis , CPP).
2Rechazar -por improcedente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Carlos Martín García Coronel Díaz, con costas (arts. 494, 496 y concs. del CPP, 31 bis ley 5827).
"GARCÍA CORONEL DÍAZ, CARLOS MARTÍN S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 47.518 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I" .
La Plata, 13 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.630-RQ, caratulada: "García Coronel Díaz, Carlos Martín s/ Recurso de queja, en causa n° 47.518 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 26 de junio de 2014 -en lo que aquí interesa destacar- admitió el recurso homónimo incoado por el señor Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 de San Isidro, que declaró la inconstitucionalidad del art. 189 bis , apartado 2, párrafo octavo, del Código Penal y condenó a Carlos Martín García Coronel Díaz a la pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con costas, por hallarlo autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en concurso real con daño. En consecuencia, casó -por mayoría- la decisión, se pronunció por la constitucionalidad del mentado precepto normativo y condenó por el mismo al encartado, fijando la sanción en cuatro años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 1/8 vta.).
II. Ante tal escenario, el señor defensor oficial Adjunto de aquella instancia -doctor José María Hernández- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 19/27 vta.), el que fue desestimado -por inadmisible- mediante el decisorio del 10 de noviembre de 2016 (v. fs. 28/30 vta.).
Para así resolver, el a quo señaló que en el caso no se hallaban abastecidos los requisitos del art. 494 del Código Procesal Penal, tanto en lo referente al monto punitivo como a la índole de los agravios esgrimidos.
No obstante, recordó que el remedio escogido constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones de naturaleza federal que pudieran encontrarse involucradas, a tenor de la doctrina sentada por la CSJN in re "Strada", "Christou" y "Di Mascio". En ese derrotero, expuso que la defensa no conseguía demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estimaba comprometidas "atento haberse abordado la cuestión y otorgado los argumentos de lo decidido" (fs. 29 y vta.).
En lo sucesivo, llevó a colación diversos precedentes de este alto Tribunal sobre la insuficiencia del agravio relativo a la valoración de los antecedentes condenatorios (v. fs. cit./30).
III. Frente a ello, la defensa oficial dedujo la presente queja (v. fs. 35/39 vta.).
Liminarmente, indicó el cumplimiento de los recaudos de tiempo y forma y reseñó los antecedentes relevantes de la causa.
En punto a la fundabilidad, adujo que el remedio fue erróneamente desestimado, ya que resultan aplicables los precedentes 308:490, L.L. 1987-D-156 y 312:2084 del cimero Tribunal.
Agregó que la negativa casacionista es arbitraria, pues se fundó de modo aparente a través de fórmulas genéricas y abstractas.
Resaltó que el caso se encontraba en condiciones de acceder al conocimiento de la Corte federal, en tanto portaba agravios de tal naturaleza -infracción al principio de culpabilidad por el acto y conculcación al ne bis in idem -, vinculados de manera directa e inmediata con la solución del caso, oportunamente planteados y que ocasionan un gravamen actual.
En ese derrotero, sostuvo que el carril impugnativo local portaba la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad y procedencia, toda vez que denunció la inaplicabilidad del párrafo octavo del art. 189 bis , apartado segundo, del fondal, que impone una pena mayor por el hecho de registrar una condena anterior por un delito doloso cometido mediante el empleo de un arma de fuego.
Finalmente, insistió en la arbitrariedad del pronunciamiento y requirió, para el caso, la declaración de inconstitucionalidad de las limitaciones a la recurribilidad contenidas en el art. 494 del digesto adjetivo.
IV. La queja es procedente.
En efecto, de lo reseñado en el acápite II, se desprende que la sede casacional obturó el acceso de los reclamos a conocimiento de esta Corte cuando, en rigor, los mismos fueron desarrollados eficazmente a tal fin. Ello pues, aun soslayando que en autos se hallan insatisfechos los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, el remedio escogido importó la denuncia de un confronte constitucional que en el marco de la doctrina de Fallos 308:490; 310:324 y 311:2478 del cimero Tribunal, justifica su tratamiento en esta instancia merced la vía intentada (conf. doctr. Ac. 80.570, res. del 17-VII-2003; Ac. 87.203, res. del 22-IX-2004; Ac. 96.735, res. del 24-V-2006; Ac. 101.238, del 5-XII-2007, e/o).
Por ende, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido deviene admisible (arts. 486 y 494, CPP).
V. De todos modos la impugnación no prospera, en tanto los reclamos que la sustentan han sido desestimados por este Tribunal en casos análogos (conf. art. 31 bis de la ley 5827, texto según ley 13.812).
En punto a la petición de inconstitucionalidad del art. 189 bis , inc. segundo, último párrafo del Código Penal, fundada en que dicha norma contraría los principios de culpabilidad y ne bis in idem , este Cuerpo ha decidido que -siendo que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del ordenamiento jurídico- la norma no resulta inconstitucional (conf. P. 114.455, sent. de 9-XII-2013; P. 112.247, sent. de 12-III-2014; P. 119.595, res. del 15-IV-2015; P. 126.859-RQ, res. del 4-VIII-2016; etc.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a fs. 35/39 vta. (art. 486 bis , CPP).
2. Rechazar -por improcedente- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Carlos Martín García Coronel Díaz, con costas (arts. 494, 496 y concs. del CPP, 31 bis ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2823
Fin de la sentencia