Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 120122
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar - por mayoría- al recurso de queja interpuesto por el Fiscal General Adjunto, Dr. Cosme Iribarren.
II. Casar el pronunciamiento impugnado y Remitir la causa a la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro para que, integrada con Jueces hábiles, dicte una nueva resolución de conformidad con lo indicado precedentemente; sin costas, atento el resultado favorable.
Rigen los arts. 433, 448, 450, 452, 454, 460, 461, 531 y 532, del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 120122 caratulada “NIETO, MARCOS JONATAN S/ RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR FISCAL”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA - BORINSKY.
I. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Isidro (en el marco de la causa N°34225 de su registro interno y por mayoría) confirmó el auto dictado por el Juzgado de Ejecución N°1 local, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 inciso 10 del Código Penal e incorporó a Marcos Jonatan Nieto en el régimen de la libertad condicional.
II. Contra dicha decisión interpuso recurso de casación la acusación estatal, cuya denegatoria dio lugar a la presente queja.
La fiscalía denuncia que al dictar dicha resolución en la que se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 14 inciso 10mo del Código Penal, se causó un gravamen irreparable, que demanda la intervención del superior, en tanto se vulneró la norma prevista en el artículo 1° de la Constitución Nacional, ya que, con su decisión, la jurisdicción avanzó sobre potestades propias del Poder Legislativo Nacional.
Además, tal declaración de inconstitucionalidad, amén de la extralimitación, importó una errónea aplicación de la ley penal sustantiva en tanto se aparta de la doctrina fijada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en la materia.
III. Radicada la queja en la Sala, se notificó a las partes; y la incidencia ingresó a esta Sede el 14 de septiembre de 2022.
El Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Fernando Luís Galán, presentó memorial el 9 de septiembre del corriente año y sostuvo la procedencia formal del recurso deducido.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera : ¿Es admisible la queja deducida? en su caso, ¿es procedente el recurso intentado?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Las facultades recursivas de la acusación han sido legisladas e interpretadas de manera restrictiva, dado que, en términos generales es posible afirmar que dicho órgano no ostentan un amparo constitucional al respecto.
Este criterio se desprende de la doctrina emanada del fallo “Arce, Jorge Daniel” (Fallos:320/2145) de la CSJN, donde se estableció que: “La garantía de la doble instancia en materia penal, ha sido consagrada en beneficio del inculpado” , y que: “...el Ministerio Público no se encuentra amparado por la garantía de la doble instancia en materia penal prevista en el art. 8°, párr. 2°, inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto es un órgano del Estado y no el sujeto destinatario del beneficio” .
Para mayor precisión, en el marco de la presente la acusación estatal ha tenido un doble conforme en contra de su pretensión.
Si bien la presentación de la fiscalía muestra un respetable disenso con la denegatoria en punto a la admisibilidad recursiva, no logra contrarrestar los argumentos por los cuales la Alzada departamental explica que la vía escogida no encuadra en los supuestos en función de los cuales la acusación estatal estaría habilitada para impugnar ante esta Sede.
La mención que hace la decisión de los colegas de la instancia anterior en punto a cómo debe ser interpretada la facultad que emerge del inciso cuarto del artículo 452 del digesto de forma, se enlaza adecuadamente con las restricciones que prevé el artículo 450 del Código Procesal Penal y, por tanto, la sola invocación de los preceptos del artículo 448 no alcanzan para sostener una causa federal suficiente, desde que es necesario -previo a ello- estar frente a una resolución que se encuentre habilitada para ser tratada ante esta Sede, porque se trata de una sentencia definitiva o de una resolución equiparable a ella.
En consecuencia, propongo al Acuerdo: declarar inadmisible la queja interpuesta, sin costas (arts. 450, 452, 465, 494, 530 y 531 del C.P.P.); y a la primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo :
Abro respetuosa disidencia al voto de mi colega de Sala, doctor Carral.
El planteo de gravedad institucional esbozado por el impugnante debe tener acogida favorable, habida cuenta la invalidación dispuesta de una disposición legal, con lo que por esta vía se ingresa en el ámbito propio de las facultades del Poder Legislativo de la Nación, extremo que está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional.
Con ello, concurren cuestiones excepcionales que autorizan la intervención de esta instancia (TCPBA, Sala I, c. 80.819, rta. 14 de febrero 2017, reg. 144/17, entre otros).
Surge de autos que la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución N° 1, en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 10 del CP e incorporó a Marcos Jonatan Nieto en el régimen de libertad condicional.
Me he expedido con anterioridad a la cuestión relativa a la constitucionalidad del art. 14 del Código Penal (ver Sala I, causas N° 78.929 y 79.379 caratuladas: "OLIVA, Juan Carlos s/ Recurso de casación" y “GONZALEZ TOLA, Gustavo Alejandro s/ recurso de casación” de la Sala I, sent. de fecha 10/11/16, reg. 958/16, e/o).
En efecto, el análisis de la validez supralegal de una norma de jerarquía inferior constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y la declaración de inconstitucionalidad debe ser estimada como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino en casos de estricta necesidad (Fallos 260:156, 286:76; 288:325; 300:241; v. de la Sala VI, c. 55.418, “Beheran, Ana María s/Recurso de Casación”, sent. del 18/04/2013, reg. 83/13, entre otros).
Se trata de un remedio extremo, que sólo puede operar cuando resulte imposible compatibilizar la ley con la CN y los tratados internacionales que la integran (Fallos 328:1491), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocada (v. Fallos 315:923; 321:441 y SCBA, P. 70498, Ac. 29-XII-2004).
Además, a poco que nos introducimos en los antecedentes del debate parlamentario de la Ley 25.892, observamos que el legislador tuvo en cuenta razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos, lo que no ha sido arbitrario, sino por el contrario se han considerado aquellos hechos que por su entidad, gravedad y magnitud, conmueven a la sociedad. El legislador ha meritado la necesidad de que todo condenado por un delito grave no acceda a la libertad anticipada, como un modo de propender a que internalice la gravedad de la lesión social que ha provocado su conducta ilícita, y de esta manera, lograr los fines de la resocialización de la pena (Fundamentos del Proyecto de Reforma –Cámara Alta, Senadores Bussi y Pichetto, entre otros).
En el tópico la CSJN señaló que “… la garantía de la igualdad exige que concurran objetivas razones de diferenciación que no merezcan la tacha de irrazonabilidad (Fallos 302:484 y 313:1638 considerando el voto del juez Belluscio). Ello determina la existencia de alguna base válida para la clasificación, distinción o categoría adoptada, lo que significa que debe haber algún motivo sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (doctrina de Fallos 138:313; 147:402) considerando tal aquel conducente a los fines que imponen su adopción ...”
De tal modo, la gravedad del delito es un parámetro válido diferenciador que no trastoca el principio de igualdad, pues es una pauta indicativa de que ella se aplica no “por lo que es”, sino “por lo que hizo”, adecuándose así a un derecho penal de acto.
Asimismo, la liberación anticipada del condenado no es un derecho absoluto, que debe otorgarse de manera automática sino que es uno de los tantos dispositivos que las normas que rigen la ejecución de las penas privativas de la libertad consagra a los efectos de alcanzar ese objetivo bajo el régimen de progresividad, pero no es el único. Es que frente a la imposibilidad de acceder a la especie no obstante se permite al penado la inclusión en otros beneficios que flexibilizan el modo de cumplimiento de la pena, como ser su ingreso en el régimen abierto o salidas transitorias, prisión discontinua o semidetención toda vez que el impedimento rige exclusivamente respecto del art. 13 del CP (en el caso, en relación al art. 104 de la ley 12256), pero no es válido razonablemente hacerlo extensivo a aquellas otras hipótesis (v. fallo de la Sala VI en causa nro. 56.934 “Suarez Bouza, Gabriel Marcelo s/Recurso de Casación”, rta. 18/11/13, reg. 544 y causa. nro.59.857 “Paredes, Roberto Gustavo s/Recurso de Queja (art. 433 del CPP)”, rta. 28/02/14, reg. 93).
En estos términos, no encuentro que se altere el fin de la pena ni el principio de progresividad, toda vez que si bien la ley intensifica el tratamiento resocializador al negarle la obtención de la libertad condicional a quienes cometieron ciertos delitos (art. 14 “segunda parte” CP); ello no impide al penado el avance en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre.
Por ello propongo hacer lugar al recurso de queja interpuesto por el Fiscal General Adjunto, Dr. Cosme Iribarren, casar el pronunciamiento impugnado y remitir la causa a la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro para que, integrada con Jueces hábiles, dicte una nueva resolución de conformidad con lo indicado precedentemente; sin costas, atento el resultado favorable. ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
A un lado la reflexión sobre la posibilidad de incluir al condenado en otros beneficios que flexibilizan el modo de cumplimiento de la pena y que el impedimento cuestionado rige exclusivamente en el caso del artículo 13 del Código Penal, a efectos de alcanzar la mayoría exigida constitucionalmente (artículo 18 de la Constitución Nacional; 168 y 171 de la Constitución Provincial) en lo que ha sido materia de agravio y disenso entre mis colegas, adhiero al voto del doctor Maidana, por sus fundamentos y a esta cuestión, también VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Carral dijo :
En atención al resultado del tratamiento de la cuestió precedente, corresponde - por mayoría-: Hacer lugar al recurso de queja interpuesto por el Fiscal General Adjunto, Dr. Cosme Iribarren, Casar el pronunciamiento impugnado y Remitir la causa a la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro para que, integrada con Jueces hábiles, dicte una nueva resolución de conformidad con lo indicado precedentemente; sin costas, atento el resultado favorable (arts. 433, 448, 450, 452, 454, 460, 461, 531 y 532, CPP.). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo :
Adhiero al voto del doctor Carral, y me pronuncio en el mismo sentido. ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo :
Adhiero al voto del doctor Carral y me pronuncio en el mismo sentido.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. Hacer lugar - por mayoría- al recurso de queja interpuesto por el Fiscal General Adjunto, Dr. Cosme Iribarren.
II. Casar el pronunciamiento impugnado y Remitir la causa a la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro para que, integrada con Jueces hábiles, dicte una nueva resolución de conformidad con lo indicado precedentemente; sin costas, atento el resultado favorable.
Rigen los arts. 433, 448, 450, 452, 454, 460, 461, 531 y 532, del Código Procesal Penal. Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2022 08:24:36 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 13/10/2022 09:38:14 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2022 10:35:18 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2022 10:38:02 - AGUERRE Matias - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 13/10/2022 10:44:50 hs. bajo el número RS-1112-2022 por GONZALEZ PABLO GASTON.
Fin de la sentencia