Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 121330
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 121330 caratulada “V.B., N.G. S/ RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR FISCAL (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino -en el marco de la causa n° 7292 de su registro interno (corresp. I.P.P. n° 12-01-000531-21-01)-, rechazó el recurso interpuesto por el titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de ese departamento judicial, Dr. Horacio Oldani, y confirmó la decisión del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de dicha jurisdicción, que concede la suspensión del juicio a prueba en las presentes actuaciones seguidas a V.B., N.G. en orden al delito de abuso sexual, dos hechos, en concurso real (arts. 55, 119 primer párr. C.P.).
II. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación el fiscal que al ser declarado inadmisible por la Cámara, motivó la presentación de la queja en tratamiento.
El impugnante sostiene que dicha resolución interpreta erróneamente el artículo 76 bis del Código Penal y la doctrina jurisprudencial correspondiente, incluso anteriores fallos del mismo organismo.
Sostiene que la Cámara consideró la procedencia de la suspensión de juicio a prueba como si se tratara de un delito convencional, sin tener en cuenta el hecho grave, preciso y concordante que surgiera del contexto de violencia de género que presupone el delito endilgado respecto de una víctima mujer, más precisamente una niña de 9 años al momento de los hechos, y su conjugación con las normas supranacionales que imponen una lectura del caso con perspectiva de género. Cita doctrina y jurisprudencia nacional e internacional que apoya su tesitura.
Destaca que esta Sala ha intervenido con motivo del recurso de casación impetrado por el casacionista y ha fallado en el sentido de anular la decisión de la instancia que denegaba la suspensión del juicio a prueba que a la postre concede, como así también la decisión dictada en consecuencia por la Cámara -la cual sostuvo en la mentada oportunidad y frente al recurso de apelación de la defensa la procedencia de la suspensión a juicio prueba-, exigiendo un nuevo dictamen fiscal, lo que importa señalar la necesidad imprescindible del dictamen fiscal que avale el acuerdo de referencia.
En ese marco, y tras expedirse sobre la admisibilidad del recurso, atento que la resolución en crisis le causa un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior, en tanto que la concesión de la suspensión de juicio a prueba importa la consecuente posibilidad de la extinción de la acción, acompaña precedentes jurisprudenciales que avalan su postura en cuanto al carácter vinculante del dictamen fiscal.
Aduna a ello la oposición de la progenitora de la víctima, en representación de sus derechos, frente a la vía alternativa intentada, en el marco de la ley de víctimas.
Por lo expuesto solicita se revoque lo decidido.
Hace reserva del caso federal.
III. Asignado por prevención el recurso a esta Sala (cfr. anterior intervención en causa 118732), la Presidencia del Tribunal notificó a las partes técnicas, presentando memorial la Sra. Fiscal Adjunta de Casación, plantea la admisibilidad del recurso en tanto generar en el Ministerio Público Fiscal un gravamen irreparable, y que se haga lugar al mismo, en tanto que el caso importa un supuesto de violencia de género o violencia contra una niña mujer, delimitado por la ley 24.632 (que aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer) y que, consecuentemente, excluye que se le pueda otorgar al incusado el beneficio en cuestión. A ello aduna, la clara oposición de la progenitora de la víctima. Finalmente destaca que “[e]l consentimiento fiscal para la suspensión del proceso a prueba, exigido por la normativa legal, no es un mero dictamen sobre la procedencia del instituto sino que deviene vinculante al juzgador en tanto aquél es el exclusivo ejecutor de la acción pública” y en tal andarivel, la fiscalía ha emitido dictamen debidamente fundado y motivado en los hechos de la causa.
A su turno, el Defensor Adjunto ante esta Sede propició la inadmisibilidad de la queja deducida, considerando además que no se advierten en el caso ni la gravedad institucional señalada, ni cuestión federal en juego. A ello aduna que tal posibilidad recursiva no se encuentra habilitada para el Ministerio Público Fiscal del fuero juvenil, conforme artículo 62 de la ley 13.634. Subsidiariamente, plantea que de ser admitido el recurso, no procede el mismo, en tanto que no logra rebatir los fundamentos dados por la Cámara para confirmar el acto jurisdiccional de la instancia, que concede el instituto de referencia en relación al joven.
Habiendo ejercido el joven V.B., N.G. su derecho a ser oído ante este Tribunal de Casación, de conformidad con lo establecido por los arts. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, 3 y 60 Ley 13.634, en la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre de 2022 y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible la queja deducida? en su caso ¿es procedente el recurso de casación articulado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral dijo:
a) Admisibilidad
En términos de admisibilidad de la queja presentada en esta Sede debe tomarse en consideración que se ataca una resolución doblemente conformada por la instancia local. Vale decir que, para su viabilidad, se exige la demostración de la existencia de un agravio de índole federal que permita conmover los argumentos de la resolución atacada.
En tal sentido, ha señalado nuestro máximo tribunal local que “[i]nicialmente corresponde señalar que al admitir formalmente el recurso, esta Corte decidió aplicar lo resuelto en las causas P. 122.114 (resol. de 29-XII-2015) y mutatis mutandis P. 112.755 (resol. de 11-XI-2015) sobre la equiparación a definitivas de resoluciones que conceden la suspensión del juicio a prueba, por ocasionar un agravio de insusceptible reparación ulterior (siendo la decisión recurrida previa a la reforma del art. 61, ley 13.634 -t.o. según ley 14.765-). Y, aun cuando no se hallaban satisfechos los demás requisitos del art. 494 del ritual, se habilitó la vía a efectos de tratar los planteos de pretensa índole federal invocados por la parte (v. fs. 507/508), siendo con esa acotación aquí abordados…” (causa P. 121.548, "Fernández, Juan Pablo -fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 11.509 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II", sent. 13/12/2017).
En otro orden, y también al punto de abocarme a la admisibilidad o no de la queja impetrada, he de tratar el planteo realizado por la defensa en cuanto a la imposibilidad del ministerio público fiscal de contar con recurso en el caso de marras, propulsando, en consecuencia, su inadmisibilidad.
A mi modo de ver, no resulta correcto que el Ministerio Fiscal carezca de la posibilidad de interponer un recurso de casación contra la sentencia que dicte un Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, sino que la vía para él establecida según el inc. 2° del artículo 62 de la ley 13.634 nunca ha de ser más amplia que la regulada para los procesos de adultos.
Es que, la norma citada, incluso, atribuye la posibilidad de instar la revisión de la sentencia ante estos estrados cuando se hubiere incurrido en algunas de las hipótesis previstas en los arts. 448 y 449 del C.P.P., como es el caso de autos, donde la acusación sostiene el quebranto de lo dispuesto en el inciso primero de la primera de las normas mencionadas.
Con todo ello, me permito aclarar, en términos de admisibilidad del recurso intentado ante esta sede, que toda resolución que ha transitado por una decisión adversa doblemente conformada en la instancia local departamental, puede ser estimada en punto a abocarse al tratamiento recursivo, cuando se está frente a un agravio federal suficiente.
Vale decir, cuando el agravio en el que se apoya el recurso tenga un desarrollo donde se constate un innegable carácter federal, no pueden obturar su admisibilidad cuestiones formales que impliquen sustraerse a su conocimiento y tratamiento, sumado al perjuicio de imposible reparación ulterior que ello acarrea, en línea con la doctrina sentada por la Corte Federal en "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311: 2478).
En ese marco, entiendo que en tanto se han invocado normas nacionales e internacionales en juego que imponen una mirada con perspectiva de género en el caso y que la fiscalía considera que se encuentran en pugna los derechos de la niña víctima y del imputado, también niño al momento de estos actuados, consecuentemente, debe abordarse la presente en el marco de una perspectiva de género y de infancia, considero que el tema a decidir amerita su abordaje.
Por lo que he de considerar admisible el recurso impetrado y, en consecuencia, pasar al tratamiento referido a la procedencia del mismo.
b) Procedencia
En este punto, adelante que el recurso no logra enervar los fundamentos dados por la instancia al confirmar la suspensión de juicio a prueba concedida al joven.
Deviene necesario comenzar con una aclaración en relación con la decisión tomada por esta sala en estos actuados, en tanto haber sido invocada por la fiscalía en el marco de la vía intentada. Efectivamente, en el marco de la causa 118732 este Tribunal decidió anular la decisión jurisdiccional que había rechazado la suspensión del juicio a prueba en beneficio del aquí imputado, y consecuentemente, la resolución de la Cámara que revocó aquella y concedió el beneficio, en tanto el dictamen del fiscal en tal oportunidad refería a una víctima distinta de la vinculada al presente proceso. Dable es destacar que la Fiscalía ante este Tribunal incurre nuevamente en la mención de dos víctimas, S. y M. -ambas hermanas, respecto de las cuales se iniciaron dos procesos distintos y conforme destaca la Cámara, en el resolutorio aquí en crisis, la causa iniciada respecto de los hechos que tiene por víctima a S. se ha archivado, manteniendo intangible el status de inocente del incuso-. En tanto que aquella primigenia decisión contenía en el dictamen fiscal de oposición a la suspensión del juicio a prueba un defecto de carácter esencial, que invalida esa actuación y todo lo actuado en consecuencia de ello, se procedió a su nulidad, destacando que ello no implicaba ingresar en el análisis del acierto o error de las razones con base en las cuales la Cámara se pronunció en el sentido señalado.
Con ello, queda claro que esta Sala no se ha expedido previamente sobre el punto central en discusión, ni ha sostenido que tal dictamen era necesariamente vinculante, pues la anuencia fiscal si bien es en principio necesaria en todos los supuestos que contempla la normativa del artículo 76 bis del Código Penal, de esta premisa no puede concluirse que toda oposición fiscal a la prosperidad de la petición de la suspensión de juicio a prueba, asuma la misma entidad obstativa, independientemente de su contenido y fundamentación.
En esa inteligencia, estimo -al igual que mis colegas de las instancias anteriores- que las razones invocadas por la acusación estatal no resultan lógicas ni suficientes, máxime cuando "…la sola referencia al tipo de delito que se le enrostra al joven, descontextualizado de todo otro dato de la causa, y del propio devenir vital del joven, resulta a todas luces un argumento insuficiente que torna la oposición fiscal carente de fundamentación, y por otra parte, contraría no sólo la normativa especializada del fuero, sino el principio de objetividad que ha de primar en el ejercicio funcional de su ministerio…"
Refuerza ese temperamento proclive a otorgar la suspensión del juicio a prueba, las reglas expresamente impuestas, incluida una medida cautelar de prohibición de acercamiento y/o contacto hacia las víctimas .
Ergo, la pretensión del fiscal de encuadrar el delito imputado dentro del contexto de violencia de género no resulta atendible, si se presenta desprovista de fundamentación y remite a términos generales para justificar la necesidad de celebrar el juicio.
Invoca en este punto la fiscalía profusa jurisprudencia respecto de la pretensa imposibilidad de habilitar el instituto de suspensión de juicio a prueba respecto de víctimas de violencia de género, y la imperatividad de una perspectiva de género en la jurisdicción.
Dado que la materia sobre la que estamos convocados a decidir ingresa en el terreno de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, ratificados a su vez en el derecho interno, corresponde, en consecuencia, estar a los lineamientos estipulados desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emergentes del caso “ Almonacid ” (26/9/2006), según los cuales si bien los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico; cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efecto jurídico.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN) estableció que la jurisprudencia de la Corte IDH debe servir de guía para la interpretación de las disposiciones de la CADH (caso “ Giroldi ”, Fallos 318:514), lo que extendió luego a las opiniones de la Comisión IDH (caso “ Bramajo ”, Fallos 319:1840) para finalmente adoptar la doctrina del control de convencionalidad (caso “ Mazzeo ”, Fallos 330:3248). Ello así, en tanto la sujeción a los Tratados Internacionales impone obligaciones a los tres poderes del Estado , cada uno de acuerdo con el ámbito de su propia incumbencia, no obstante, todos con un solo objetivo común que articuladamente tiende a asegurar el cumplimiento del resguardo de derechos a los que el Estado Nacional se ha comprometido.
Confunde en este punto el casacionista que el caso sea evaluado desde una perspectiva de género que, como tal, contemple la particular situación en la que se encuentra la víctima, en tanto la misma resulta ser una niña en el marco de una sociedad que a partir de cánones desiguales y opresivos tornan su calidad de mujer en una vulnerabilidad extra a considerar, y que el caso importe desde el agresor violencia de género, y ello así, pues tal generalización no es de recibo, máxime si quien resulta agresor al momento de los hechos era también un niño.
Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará” (párr. 227, caso “González y otras (“campo algodonero”) vs. México, sent. 16/11/2009), y ello así, en tanto, asumir lo contrario implicaría reconocer que todo delito cometido en contra de una mujer, sin ninguna otra consideración, implicaría de por sí asumir que el caso implica incluir su consideración dentro de la violencia de género, por su sola inclusión en tal grupo. Aduno a ello que tal mirada importaría un disvalor respecto de la misma acción ejercida en relación a un niño víctima de abuso sexual e incluso respecto de aquel que no se halle identificado en una mirada binaria respecto de los géneros. En todo caso, reconocer una mayor vulnerabilidad en una sociedad patriarcal respecto del género femenino, no importa per se evadirse de la debida justificación particularizada en el caso concreto para sostener la violencia dirigida contra una mujer, por su sola calidad de tal.
En el caso concreto, el incuso al momento de los hechos era un adolescente en un estado de extrema vulnerabilidad, situación que no puede ser desatendida y que valoran debidamente los jueces de la instancia. Era un adolescente que sus primeros diez años los vivió sin sus referentes parentales (padre y madre), sustituyendo tales roles sus abuelos en Paraguay. Que a tal edad, en el marco de las extremas carencias económicas, fue arrancado de su centro de vida, amistades, vínculos, para traerlo a vivir a otro país y ser incluido en el hogar que su progenitora había constituido con otra pareja, con quien tenía una hermana, a la cual no conocía. Frente a una adaptación difícil, en plena adolescencia, y sin referentes que lo guíen, estuvo en situación de calle, siendo sucesivamente acogido por diversos amigos y sus familias, contexto en el cual sucedieron los presentes hechos. Sin minimizar los mismos, como justificadamente señalan los jueces de la instancia, el joven en los casi tres años que pasaron desde que acontecieron los hechos que le son endilgados, logró restablecer el vínculo con su progenitora y grupo familiar de pertenencia, se encuentra finalizando la escuela secundaria que había abandonado y, a su vez, trabaja, se ha insertado socialmente y ha tenido una actitud reflexiva respecto de los sucesos en los que se vio involucrado en su adolescencia (conforme los parámetros y objetivos del fuero juvenil, art. 33 ley 13.634) y no se ha visto involucrado en ningún otro delito penal, ni como menor ni como mayor, contando con 21 años a la fecha.
En ese marco, efectivamente advierte con razón el Ministerio Público Fiscal, en el caso se encuentra en juego la ponderación de las normativas nacionales e internacionales que en materia de violencia contra la mujer y niñez existen y que deben ser analizadas de modo integral, máxime cuando en el caso, tanto la víctima como el imputado son niños. Véase que en el punto, no he puesto en discusión la opinión contraria al instituto de la progenitora de la víctima, pues aun cuando como señalan los jueces de la instancia la ley 15.232 no se encontraba en vigencia al momento de estos actuados, la importancia de la consideración de los derechos de la víctima y su acceso a la justicia la precede e incluso, en el marco de la mentada ley, su opinión aun siendo tenida en cuenta, no es vinculante y no puede erigirse en un baremo obturador de la decisión jurisdiccional debidamente fundada y motivada.
En ese andarivel, debe sellar la suerte del presente recurso las normas que por antonomasia regulan la materia de infancia, esto es, aquellas que conforman el corpus iuris de la infancia y que se halla detallado en nuestra norma local (art. 10 ley 13.298, cuya complementaria es la ley 13.634 que rige el FRPJ).
Pues como ha dicho nuestra Suprema Corte en el precedente previamente citado y que resulta aplicable al caso “…se desentiende de lo fallado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, al no controvertir adecuadamente la línea interpretativa del fallo, que parte de la singularidad de la regulación que el ordenamiento destina a los menores en infracción con la ley penal (conf. directrices fijadas en las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores", "Reglas de Beijing" [19.1]), aludida en el preámbulo de la "Convención sobre los Derechos del Niño" (art. 75 inc. 22, Const. nac.); cuyas particularidades no pueden no ser desconsideradas, tal como lo puso de resalto la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Rojas Machado, José Luis s/ causa n° 3202" (Fallos: 329:4770)…” (causa P. 121.548, citada precedentemente).
Que en coincidencia, la CSJN in r
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